Publicado el 16/04/2020 en SerIndustria
Marcos Zocaro
Desde que se decretó el aislamiento social el pasado 20 de marzo, producto de la pandemia desatada por el coronavirus, la economía ha profundizado sus problemas: salvo excepciones, las actividades productivas se encuentran paralizadas, comercios y empresas con las puertas cerradas y sin ingresos, al igual que los trabajadores independientes y los informales, la cadena de pagos peligra con cortarse, las líneas de crédito bancario para PyMEs son insuficientes, la recaudación tributaria se desploma y el panorama a corto y mediano plazo es bastante desalentador.
Antes esto, el gobierno ha tomado algunas medidas intentando atenuar la crisis. Una de las principales ha sido el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE): un bono de $10.000 destinado a los sectores más vulnerables, como son los trabajadores informales, trabajadores de casas particulares y monotributistas sociales y categorías A y B. Incluso, dado la extensión de la cuarentena, se estudia ampliar este beneficio a las categorías C y D del monotributo.
Asimismo, para ayudar al pago de salarios en el sector privado, la AFIP lanzó el “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción-ATP”, donde los empleadores deberán registrarse hasta el día de hoy jueves 16 de abril (en un primer momento la fecha límite era el 15 de abril, pero fue prorrogado a último momento), con el objetivo de ser potenciales acreedores de alguno de los beneficios del Programa: desde postergación por dos meses del pago de contribuciones patronales al SIPA hasta una asignación compensatoria al salario.
Por otra parte, AFIP corrió la fecha límite de la “adhesión temprana” al Plan de pagos de la Ley 27.541 hasta el 30 de mayo y extendió el Plan Permanente de Facilidades de pago hasta el 30 de junio; y suspendió la aplicación de medidas cautelares hasta el 30 de abril.
También se amplió por dos meses la vigencia de los certificados que acreditan la condición PyME de las empresas y se postergó hasta el 30 de abril la carga del formulario 572 (SIRADIG) que los empleados en relación de dependencia deben realizar a los efectos del Impuesto a las Ganancias del 2019.
A pesar de esto, el Fisco nacional no prorrogó la presentación y pago de los impuestos que vencen en estos días, como es el caso del IVA. Sin embargo, existen rumores de que se eximirá del Impuesto a las Ganancias a las actividades económicas más golpeadas por la crisis.
Muchos fiscos provinciales sí han aplazado el pago de sus impuestos. Tal es el caso de la provincia de Buenos Aires, donde ARBA, además de suspender embargos hasta el 31 de mayo, estableció prórrogas para el pago de Ingresos Brutos (el Anticipo 3 vencerá desde el 4 de mayo), del Inmobiliario (la cuota 2 vencerá el 14 de mayo) y corrió por 60 días el vencimiento de las cuotas de los Planes de pago vigentes.
A pesar de estas medidas paliativas, la economía siente fuertemente el impacto de la pandemia y el aislamiento social, y las arcas fiscales no quedan exentas de la crisis.
Según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en los primeros 12 días de abril la recaudación tributaria nacional, comparándola con el mismo período que el 2019, se desplomó un 28,2% en términos reales (es decir, considerando la inflación). Por su parte, la recaudación provincial cayó un 58,6% real.
Analizando este panorama, donde además el aislamiento social se ha extendido (al menos) hasta el 26 de abril y la mayoría de los negocios y empresas tienen sus puertas cerradas: ¿cuáles serán los ingresos fiscales en mayo? Las proyecciones no son alentadoras.
Con la intención de obtener recursos extras, en estos días también se presentaría ante el Congreso un proyecto para crear un impuesto extraordinario a “la riqueza”, alcanzando a patrimonios superiores a los US$3 millones.
Ante la merma de la recaudación tributaria, y la dificultad actual de contraer deuda en el mercado, el Estado debe recurrir a la emisión monetaria para financiar el déficit. Tengamos en cuenta que sólo el Ingreso Familiar de Emergencia del mes de abril representa una erogación cercana a los $80.000 millones. Es así como la base monetaria se ha incrementado un 40% desde principios de marzo y casi un 90% respecto de abril 2019, con el riesgo inflacionario que esto puedo acarrear en el mediano plazo.
Como se aprecia, la situación es por demás complicada. Con desequilibrios fiscales y freno de la actividad económica, más la necesidad de financiamiento (tanto para solventar los gastos extraordinarios que demanda el sistema de salud como los beneficios fiscales y demás ayudas a la población más vulnerable), los márgenes de maniobra son cada vez más escasos. Y la cuarentena económica aún no tiene fecha de salida.