Publicado el 30/07/2019 en Diario Perfil
Marcos Zocaro
El nuevo Régimen de Promoción
El pasado 22 de mayo el Congreso nacional aprobó la Ley de Economía del Conocimiento (Ley 27.506), la cual entrará en vigencia el próximo 1 de enero y tendrá como misión reemplazar a la ya añeja Ley de Software. Se trata de una batería de incentivos fiscales cuyos destinatarios ya no son únicamente los integrantes de la industria de la programación, sino que abarca a otros sectores tan disruptivos como la biotecnología, la nanociencia o la ingeniería nuclear. Se pretende fomentar así a las actividades económicas que requieren un uso intensivo de tecnología, personal altamente calificado y que también tienen la característica de ser exportables.
Entre los principales beneficios de esta nueva norma podemos encontrar:
*una tasa reducida del 15% en el impuesto a las Ganancias,
*la exclusión del sistema de retenciones y percepciones en el IVA,
*menores contribuciones patronales, y
*un bono fiscal equivalente al 1,6 de las cargas sociales (que puede elevarse a 2 en el caso de empleados con doctorado).
Asimismo, todos estos incentivos gozarán de estabilidad fiscal (al menos) hasta el año 2029, inclusive. Así, los beneficiarios no podrán ver nunca incrementada su carga tributaria total determinada al momento de su inscripción en el régimen. Y si bien esto se refiere a la carga tributaria a nivel nacional, las provincias también fueron invitadas a incorporarse al régimen de promoción (por ejemplo, en las Legislaturas bonaerense y entrerriana ya han ingresado los respectivos proyectos de adhesión).
Para poder acceder al régimen, las empresas que desarrollen algunas de las actividades comprendidas en éste (software, biotecnología, geología, servicios profesionales de exportación, industria aeroespacial, entre otros), deberán acreditar el cumplimiento de ciertos requisitos (en las condiciones que establezca la reglamentación) como, por ejemplo, la realización de mejoras continuas en la calidad de sus servicios y productos, la concreción de una determinada cantidad de exportaciones, la inversión en investigación y desarrollo, y/o la capacitación de los empleados afectados a las actividades promovidas.
En el caso de pequeñas empresas, con una antigüedad menor a 3 años desde el inicio de actividades, para detentar los beneficios el único requerimiento será desarrollar en el país como actividad principal alguna de las promovidas por el régimen.
Impulso de actividades estratégicas para el país
En un mundo globalizado donde ya existen aplicaciones móviles que reemplazan a los taxis, al delivery y hasta a los bancos tradicionales (aplicaciones que en ciertos casos alcanzaron un valor de mercado mucho mayor que varias petroleras multinacionales juntas); en un mundo donde la biotecnología colabora con el desarrollo de alimentos o con la producción más eficiente de energía, o donde la tecnología nuclear posee aplicaciones prácticas en rubros tan variados como la medicina o el arte; es de suma importancia que Argentina no quede rezagada en esta vertiginosa carrera al futuro en la que participan los principales actores globales. De ahí surge la relevancia de la flamante Ley de Economía del Conocimiento, que amplía el universo de empresas beneficiadas por la Ley de Software.
El nuevo régimen de promoción será clave para la integración de nuestro país con el mundo y promete no sólo la creación de nuevas fuentes de empleo, junto con la capacitación constante de los trabajadores, sino también la generación de divisas y el mejoramiento de la balanza comercial argentina gracias al aumento cuantitativo y cualitativo de las exportaciones.
A su vez, podría dinamizar otros sectores productivos y no solo aquellos directamente favorecidos por la Ley: las nuevas tecnologías y la transformación digital atraviesan toda la cadena de valor de la economía.
Si bien la contrapartida de estos incentivos será el costo fiscal que deberá afrontar el Estado, y que los legisladores estiman en unos $10 mil millones para el 2020, se calcula que a mediano y largo plazo las ganancias en materia de productividad y desarrollo económico superen con creces dicho costo.
Esperemos tener pronto la correspondiente reglamentación de la Ley de Economía del Conocimiento y que ésta sea sencilla y no incluya trámites engorrosos que terminen obstaculizando el acceso de las empresas al régimen. Será responsabilidad de nuestros legisladores que el futuro no se nos escape.