Publicado el 4/2/2020 en CeSUR
Marcos Zocaro
La presión tributaria
La presión tributaria argentina (es decir, el monto total de impuestos recaudado por el Estado comparado con el PBI) se ubica actualmente en niveles del 30%. La pregunta sobre la que giran todas las discusiones referidas al tema es si este porcentaje es elevado. Si lo comparamos con los países más desarrollados, parecería que no. Sin embargo, ¿podemos afirmar que los ciudadanos argentinos recibimos por parte del Estado servicios públicos cuya calidad es equiparable a la que reciben los ciudadanos de, por ejemplo, Dinamarca? La respuesta es un rotundo no. Por tal motivo podríamos asegurar que la presión tributaria local es alta.
Y para empeorar el panorama, al analizar el sistema tributario advertimos que está conformado por una maraña de gravámenes, muchos de los cuales parecen tener sólo la funcionalidad de incrementar la carga burocrática de los contribuyentes.
Según cálculos efectuados por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), nuestro sistema tributario está compuesto por unos 163 tributos diferentes en todos los niveles de gobierno: 40 nacionales, 41 de las diferentes provincias y 82 de todos los municipios del país. Pero de este universo impositivo, sólo un puñado son los principales responsables de la recaudación.
Por ejemplo, en 2019 la recaudación tributaria nacional ascendió a $5.023.566,2 millones, siendo los tres pilares de este monto: el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Ganancias (IG) y la Seguridad Social, que en conjunto significaron el 75,7% de la recaudación total[i]. Dicho de otra forma, más de 35 impuestos nacionales recaudaron en su conjunto menos del 25% del total.
A nivel provincial, la situación es similar: por ejemplo, si tomamos los datos de la provincia de Buenos Aires (PBA), del total recaudado en el año 2019 (unos $366.005.390.776), cerca del 72% corresponde sólo al Impuesto sobre los Ingresos Brutos[ii].
¿Son necesarios el resto de los impuestos que recaudan un escaso porcentaje de la recaudación total (y que suelen ser distorsivos)? ¿O debería rediseñarse el sistema tributario, procurando reducir la cantidad de tributos inútiles y enfocándose en los que sí recaudan el mayor porcentaje de recursos?
También se suele medir la presión tributaria en los términos de cuántos días laborales necesita, por ejemplo, un empleado en relación de dependencia para saldar sus obligaciones fiscales totales: el “Día de la independencia tributaria” se ubica entre junio y julio de cada año.
Otra forma fácil de observar la presión fiscal puede ser analizando qué porcentaje del precio de un producto determinado es responsabilidad de los impuestos. Por ejemplo, el IARAF determinó que en una gaseosa cuyo precio de venta al público es de $82, unos $39,56 son explicados por tributos (Tasa municipal de Seguridad e Higiene, impuestos a los Débitos y Créditos bancarios, a las Ganancias, IVA, Seguridad Social, y la lista continúa).
La otra presión tributaria
Además de la presión fiscal “visible”, determinada por el efectivo pago de impuestos, nos encontramos también con la presión fiscal “oculta”: aquella que no nos demanda en forma directa el pago de impuestos, pero que de todas formas implica la pérdida de dinero y de tiempo.
Existen innumerables regímenes de recaudación a escala nacional, provincial y hasta municipal. Depositamos $1.000 en el banco, controlamos el movimiento en nuestro homebanking y automáticamente vemos que, como si fuese obra de algún virus informático, los $1.000 se transforman en $980. Y cuando consultamos, nos dicen que los $20 son a cuenta del pago de impuestos, y esos $20 se suman a otros montos que nos van reteniendo y/o percibiendo otros agentes de recaudación, y a la hora de pagar los impuestos vemos que los montos que nos fueron “sacando a cuenta” superan con creces los impuestos a pagar. Y ahí nacen los saldos a favor, y así nos transformamos en acreedores del Fisco. Y al querer solicitar la devolución de ese saldo, deberemos satisfacer una serie de requisitos muchas veces de difícil cumplimiento, por lo tanto, seguiremos acumulando saldos a favor. Y esto no hace más que acrecentar nuestra “carga fiscal”. Y mientras nos sucede todo esto, muchas veces rogamos no tener que actuar nosotros como agentes de recaudación, con toda la carga administrativa que esto implicaría.
Y si hablamos de la obligación de ser agentes de recaudación, debemos señalar que, en muchos casos, a pesar de la inflación del 2019, no se han actualizado los ingresos anuales que obligan a los contribuyentes a inscribirse como agentes. Esto llevaría a más contribuyentes a sumarse al universo de agentes.
Al referirnos a la presión tributaria “oculta” también tenemos que mencionar a los variopintos regímenes informativos (cuyo incumplimiento puede venir acompañado de duras sanciones), a las tediosas habilitaciones municipales, e incluso a los confusos y cambiantes marcos normativos.
La utopía de la estabilidad fiscal
Y si hay algo que agregarle a la presión tributaria comentada, es la falta de estabilidad fiscal, el constante cambio de las reglas de juego y el menosprecio por la seguridad jurídica, que no ayudan mucho a la planificación empresaria y a la seducción de las inversiones.
Convivimos con reformas permanentes en las leyes impositivas, creación de nuevos impuestos, e incluso la sanción de normas reglamentarias que en forma inconstitucional modifican el espíritu original de las leyes.
Un ejemplo, no sólo de la ausencia de estabilidad fiscal, sino de la poca planificación por parte del Estado, es la Reforma Tributaria sancionada a fines de 2017 mediante la Ley 27.430: para lograr la aprobación legislativa de la Reforma, el oficialismo tuvo que ceder ante el pedido de la oposición e incorporar el famoso Impuesto a la Renta Financiera en el nuevo paquete impositivo. Impuesto que recaudó muy poco, influyó en el inicio de la corrida cambiaria del 25 de abril de 2018 (cuando los Fondos Comunes de Inversión empezaron a desprenderse de sus tenencias de LEBAC para esquivar el impuesto), y que a fines de 2019, encima, fue prácticamente derogado.
Asimismo, a fines de 2019 también se suspendió la baja del Impuesto a las Ganancias empresarias: la mencionada Ley 27.430 había fijado una disminución gradual de la alícuota societaria en Ganancias, reduciéndose del 35% previo a 2018, al 30% en 2018 y 2019 y al 25% a partir del 2020; sin embargo, la reciente Ley 27.541 (Ley de “Solidaridad”) determinó que la tasa del 30% continúe también en 2020.
Lo que se escribe con la mano, se borra con el codo.
Y si hablamos de Ingresos Brutos, las provincias también suspendieron en 2020 la baja de alícuotas que había sido acordada en el Consenso Fiscal del año 2017.
Por último, y sin ánimos de acabar con los innumerables ejemplos de la carencia de estabilidad fiscal en Argentina, podemos mencionar lo que seguro sea el caso más emblemático: lo acontecido hace días con el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento (reemplazo del viejo Régimen de Promoción de la Industria del Software). Aprobado en el Congreso en 2019, casi por unanimidad, el nuevo Régimen estableció, desde el 2020, beneficios fiscales y previsionales a todo el sector del Conocimiento (desde empresas informáticas y de ciencias aplicadas, hasta servicios profesionales de exportación). Por ejemplo, una alícuota de sólo el 15% en el Impuesto a las Ganancias, reducción de contribuciones patronales y bonos fiscales para el pago de impuestos, entre otras ventajas. Pero, sin lugar a duda, uno de los principales atractivos lo representaba el hecho de que durante diez años todos los beneficiarios gozarían de estabilidad fiscal: por ningún motivo podrían ver incrementada su carga tributaria nacional total (calculada al momento de inscripción en el Régimen).
Sin embargo, el 20 de enero pasado, una Resolución suspendió virtualmente la aplicación del Régimen y se rumorea que en pocas semanas saldrá una nueva normativa modificando los beneficios originales e, incluso, disminuyendo el período de estabilidad fiscal a 5 años. En definitiva, un Régimen aprobado por el consenso de casi todas las fuerzas políticas y que aseguraba para sus beneficiarios la estabilidad fiscal por 10 años, apenas duró unos días intacto…
Palabras finales
De ninguna manera se está poniendo en discusión la necesidad de los impuestos y el rol que poseen como contrapartida principal del gasto público. Pero lo ideal (quizá utópico) sería diseñar un sistema tributario sencillo, progresivo y estable, que no asfixie a los contribuyentes (no sólo en el pago de los impuestos, sino en innecesarias obligaciones formales), donde no abunden los impuestos menores que no recaudan prácticamente nada y que sólo sirven para acrecentar el caos burocrático, y donde los continuos vaivenes de la coyuntura socioeconómica no se traduzcan siempre en la incorporación al sistema de nuevos y distorsivos tributos.
[i] https://www.argentina.gob.ar/economia/ingresospublicos/recaudacion
[ii] www.gba.gob.ar/hacienda_y_finanzas/direccion_provincial_de_politica_tributaria/recaudacion_provincial