Publicado el 1/5/2020 en CeSur
Marcos Zocaro
La corrupción es uno de los mayores males que azota a nuestra sociedad, siendo su principal exponente la que rodea a la Obra Pública y a las contrataciones públicas en general.
Se han intentado una innumerable cantidad de medidas para evitarla, o al menos disminuirla: desde “Oficinas Anticorrupción” hasta el establecimiento de severas penas y sanciones. Pero la corrupción casi siempre sale airosa.
Dado este panorama, ¿cómo podrían utilizarse las nuevas tecnologías en la lucha contra este flagelo? El abanico de posibilidades es amplio, pero la herramienta que aparece como más interesante y disruptiva es la blockchain o “cadena de bloques”, creada hace más de una década.
Pero, ¿de qué se trata esta tecnología? Podemos pensar a la blockchain como una enorme base de datos virtual y compartida por todos los usuarios del sistema: cada uno tiene una copia actualizada y totalmente sincronizada de esa base en su computadora.
O imaginémoslo como un libro contable digital, cuyas hojas o registros de información (bloques) pasan a formar parte del libro (cadena de bloques) luego de obtener la aprobación del resto de los usuarios. Y cada nuevo bloque tiene una identificación numérica que lo hace correlativo al bloque anterior, otorgándole trazabilidad al sistema.
Es decir, en lugar de existir un escribano que certifique cada acta o registro, esta validación la efectúa el conjunto de usuarios, sin necesidad de agentes externos o intermediarios. Y una vez plasmada en la blockchain, la información no puede ser borrada ni modificada.
Además de inalterable, la información contenida en estos bloques es de acceso público para todos los usuarios: así se posibilita el control sobre las transacciones.
En otras palabras, el sistema funciona en forma descentralizada y la incorporación de nueva información se produce por el consenso de todos los usuarios, lo que prácticamente impide la manipulación o falsificación de los registros (imaginemos que quisiéramos falsificar alguno: deberíamos lograr que miles de usuarios distribuidos por el mundo se pusieran de acuerdo).
Hoy en día, por ejemplo, la blockchain es la base para el funcionamiento del Bitcoin y otras monedas digitales, y su uso se está extendiendo a otros sectores, desde la medicina y el registro de las historias clínicas, hasta la logística y cadena de suministros de varias industrias.
Esta tecnología también podría implementarse en las licitaciones y contrataciones estatales, quedando grabada en este registro (invariable y de acceso público) cada operación realizada, desde las propuestas recibidas en las licitaciones hasta la más mínima erogación de dinero, desde el inicio del proyecto hasta su culminación. Cualquier ciudadano podría auditar las operaciones y estar seguro de que los registros no han podido ser modificados por nadie. Se trataría de una contabilidad pública totalmente transparente.
Muchos gobiernos del mundo ya lo implementan, como, por ejemplo, la ciudad brasilera de San Pablo para las obras de infraestructura, o Estonia para sus registros fiscales, o el gobierno español de Aragón para sus licitaciones.
En Argentina existen algunos casos de aplicación, como por ejemplo el municipio santafesino de San Lorenzo que lo utiliza en su Presupuesto Participativo; y a nivel nacional el Boletín Oficial se registra en la blockchain, al igual que el proceso de licitación del programa COMPR.AR, todos ellos con el apoyo del proyecto Blockchain Federal Argentina (BFA).
Sin embargo, el uso de este instrumento dista de ser masivo y generalizado, más bien son casos puntuales, poco desarrollados y que en general no abarcan todo el proceso de la obra pública. Además, lamentablemente, a principios del mes de abril se ha autorizado en Argentina cierto “regreso” a la utilización de los expedientes en papel…
Dejando de lado cuestiones coyunturales, a los fines de que el día de mañana cualquier ciudadano tenga la posibilidad de auditar el proceso de la obra pública “registrado” en la blockchain, y dado que se trata de un sistema muy reciente y complejo, el Estado debería asegurarse que la población acceda a un mínimo de educación y capacitación sobre el tema.
Sin dudas, la trazabilidad brindada por la blockchain podría implicar mucha más transparencia en todo el proceso de la obra pública y ser una gran herramienta para combatir la corrupción. Esperemos que el Estado acompañe y promueva su estudio e implementación.