Publicado el 27/04/2019 en Contadores en Red

 

Marcos Zocaro

Mediante la Reforma Tributaria aprobada por la Ley 27.430, vigente desde el 01/01/2018, se introdujeron varias modificaciones en la Ley de Impuesto a las Ganancias (LIG), siendo quizá la más importante la implementación del ya famoso Impuesto Cedular (Arts. 90.1 a 90.7 de la LIG).

En esta oportunidad describiré los aspectos más sobresalientes de la denominada Deducción Especial del Art. 90.6 de la LIG.

Antes que nada, recordemos que el Impuesto Cedular engloba tanto a la denominada “renta financiera” (desde intereses de plazo fijo hasta la compraventa de acciones) como también a la enajenación de inmuebles, siempre que estas ganancias sean de fuente argentina y hayan sido obtenidas por personas humanas o sucesiones indivisas.

Y recordemos también cómo es el esquema de liquidación de esta nueva cédula; para eso, tomemos como ejemplo la venta de un bono en dólares:

 

Mediante este esquema vemos que, contra el precio de venta del bono, podemos computar tanto su costo de adquisición como los gastos directos e indirectos relacionados con la operación (último párrafo del Art. 90.6 de la LIG), más quebrantos de ejercicios anteriores (en caso de existir), más la Deducción Especial del primer párrafo del citado Art. 90.6, en la cual nos enfocaremos a continuación.

El Art. 90.6 de la LIG establece que las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país podrán computarse una Deducción Especial contra las siguientes ganancias de fuente argentina enmarcadas en el Impuesto Cedular:

*intereses del inciso a) del Art. 90.1 de la LIG (por ejemplo: intereses de plazos fijos en pesos y sin cláusula de ajuste),

*intereses del inciso b) del Art. 90.1 de la LIG (por ejemplo: intereses de plazos fijos en dólares),

*ganancias brutas por enajenación de los conceptos del inciso a) del Art. 90.4 de la LIG (por ejemplo: enajenación de bonos en pesos y sin ajuste), y

*ganancias brutas por enajenación de los conceptos del inciso b) del Art. 90.4 de la LIG (por ejemplo: venta de bonos en dólares).

Es importante resaltar que no se incluye al Art. 90.4 inciso c): es decir, no podremos computar la Deducción Especial contra ninguna de las ganancias derivadas la enajenación de acciones, certificados de fideicomisos financieros ni cuotapartes de fondos comunes de inversión cerrados. Tampoco se aplicará contra los resultados positivos por la venta de inmuebles del Art. 90.5 ni contra los dividendos del Art. 90.3 de la LIG.

Asimismo, los beneficiarios del exterior no podrán hacer uso de esta Deducción, en ninguna circunstancia.

El monto de esta Deducción Especial será “…equivalente a la suma a la que alude el inc. a) del Art. 23, por período fiscal y que se proporcionará de acuerdo con la renta atribuible a cada uno de esos conceptos“. Es decir, para el año 2018 tenemos un valor total de $66.917,91, el cual deberemos proporcionar.

Para efectuar el cálculo de la mencionada proporción nos remitimos a lo dispuesto por el Art. 149.17 del Decreto Reglamentario (DR) de la LIG, según el cual se considerarán de manera individual cada una de las diferentes “categorías” de ganancias detalladas previamente (Art. 90.1 inc. a), Art. 90.1 inc. b), Art. 90.4 inc. a), y Art. 90.4 inc. b) de la LIG). 

Veámoslo con un simple ejemplo. Supongamos que una persona humana obtuvo en 2018 un total de $100.000 de “rentas financieras”, las cuales fueron: $10.000 (10% del total) de intereses por un plazo fijo en pesos sin cláusula de ajuste, y $90.000 (90%) por la enajenación de bonos en dólares.

Sabemos que la Deducción Especial para el 2018 es de $66.917,91, por lo que proporcionaremos este valor de la siguiente forma:

*$6.691,791 (10% de los $66.917,91) contra intereses de PF, y

*$60.226,119 (90% de la DE) contra ganancia por la venta de bonos en dólares.

Tengamos en cuenta que, en el caso de los intereses en pesos y sin ajuste, la alícuota del impuesto será del 5%; mientras que para las ganancias derivadas de la venta de bonos en dólares, la tasa a aplicar asciende al 15%. A raíz de la existencia de diferentes alícuotas (y de diferentes gastos asociados a cada clase de renta), vemos la importancia de proporcionar bien la Deducción Especial, a los efectos de liquidar correctamente cada cédula.

Por último, el Art. 90.6 de la LIG dispone que el cómputo de la Deducción Especial “no podrá dar lugar a quebranto y tampoco podrá considerarse en períodos fiscales posteriores, de existir, el remanente no utilizado”.

Resumiendo, la Deducción Especial del Art. 90.6 de la LIG:

*se aplica a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en Argentina (No incluye a Beneficiarios del Exterior);

*computable contra las ganancias del Art. 90.1 y del 90.4 incisos a) y b) de la LIG (fuente argentina);

*su monto es equivalente al mínimo no imponible del Art. 23 inc. a) de la LIG (para 2018: $66.917,91);

*el monto debe proporcionarse de acuerdo con cada uno de los tipos de ganancias citados; y

*su cómputo no podrá dar lugar a quebranto, y tampoco podrá considerarse en períodos fiscales posteriores (de existir) el remanente no utilizado.

 

 

 

 

Publicado el 3/06/2019 en Diario Perfil 

 

Marcos Zocaro

Si bien este nuevo tributo entró en vigencia en enero de 2018, recién en 2019 empezó a estar en boca de todos debido a la proximidad de su vencimiento. Pero, ¿de qué se trata esta nueva obligación?

Decimos nuevo pero en realidad no es más que una modificación al ya existente y conocido por todos Impuesto a las Ganancias: con la famosa Reforma Tributaria que rige desde el año pasado, se eliminaron de este gravamen ciertas exenciones financieras de las cuales gozaban las personas (por ejemplo, sobre los intereses de plazos fijos) y se creo un nuevo sistema de liquidación del impuesto para este tipo de ganancias.

Desde ahora, independientemente de seguir abonando Ganancias por su trabajo en relación de dependencia y/o por su actividad profesional o comercial (a una alícuota que puede llegar al 35%, según la famosa escala del artículo 90 de la Ley), las personas tendrán que pagar el nuevo gravamen sobre las ganancias financieras, denominado Impuesto Cedular, con tasas del 5% y 15%.

Cabe resaltar que esta nueva obligación recae sobre las personas humanas y no sobre las empresas, las cuales tributan sobre todas sus ganancias a la tasa del 30%.

 

Cuánto se pagará

Las principales ganancias gravadas serán los intereses de plazos fijos y de títulos públicos, como así también los beneficios que se obtengan por la venta de bonos y de cuotapartes de fondos comunes de inversión.

Sobre dichas ganancias brutas se podrán descontar ciertos gastos relacionados con las operaciones, además de una Deducción Especial que para el año 2018 asciende a casi $67.000 (y que para el 2019 estará por encima de los $85 mil).

Luego, sobre la ganancia resultante se aplicará un 5% de impuesto en caso de que los instrumentos sean en pesos y sin cláusula de ajuste, y la alícuota se elevará al 15% en caso de que sean en pesos con cláusula de ajuste (por ejemplo, un plazo fijo UVA) o en moneda extranjera.

 

Exención

Una de las pocas exenciones que sigue en pie son las ganancias derivadas de la compraventa de acciones, siempre y cuando estas operaciones sean efectuadas en la Bolsa local. Es así como, por ejemplo, si obtenemos beneficios por vender acciones de YPF en la Bolsa de Buenos Aires, no vamos a pagar impuesto; en cambio, si la enajenación de acciones de YPF la concretamos en la Bolsa de Nueva York, por más que se trate de la misma empresa, en ese caso sí pagaremos impuesto.

 

Dividendos

Otro aspecto importante de la Reforma es la implementación de una retención sobre los dividendos y utilidades que las empresas le distribuyan a sus socios: al momento del pago, las empresas deberán retener un 7% de los dividendos e ingresar el monto a la AFIP. De esta forma, el objetivo buscado por el legislador es desalentar la distribución de utilidades y que las empresas opten por reinvertirlas en su actividad, favoreciendo la actividad económica en su conjunto.

Es importante destacar que las personas que no se encuentren inscriptas en el Impuesto a las Ganancias y cobren dividendos, sufrirán la correspondiente retención en “carácter de pago único y definitivo”, por lo que no tendrán la obligación ni de inscribirse ni de presentar declaración jurada por estos conceptos.

 

Cuándo y cómo se pagará

Cada persona deberá analizar si las ganancias financieras obtenidas desde enero a diciembre 2018 superan los $67.000 (sin contar los dividendos que se hayan percibidos) y, en caso de sobrepasar ese monto, estará obligada a presentar una declaración jurada ante AFIP y abonar el impuesto resultante.

Hay que tener en cuenta que a pesar de que a un trabajador en relación de dependencia se le retiene el Impuesto a las Ganancias al momento del cobro del sueldo, si obtuvo rentas financieras superiores al mínimo deberá, de todas formas, presentar la declaración jurada por dichas ganancias y abonar el impuesto, ya que la retención practicada por su empleador sólo corresponde a su sueldo. Similar es el caso de jubilados y monotributistas.

En los últimos días, ante las reiteradas quejas por el mal funcionamiento de sus sistemas, sumado a la complejidad del impuesto, AFIP implementó un nuevo mecanismo simplificado para cumplir con esta obligación tributaria: en caso de haber obtenido en 2018 rentas financieras por un monto menor a $200.000 no se deberá presentar una declaración jurada con el detalle de las operaciones realizadas, sino que sólo habrá que generar el Volante Electrónico de Pago (VEP) con el impuesto a pagar. Es importante mencionar que esto sólo facilita el trabajo administrativo de cargar la información en la web de AFIP, pero la compleja liquidación del tributo el contador la deberá seguir haciendo en sus papeles de trabajo.

La fecha en la cual comenzará a vencer este impuesto será el 19 de junio próximo.

 

 

 

Publicado el 10/6/2019 en Criptonoticias y en Iproup

 

Marcos Zocaro

Hasta el 2017, las leyes tributarias argentinas ni siquiera mencionaban la palabra criptomoneda, ni mucho menos bitcoin. Y ni hablar de la tecnología blockchain. Sin embargo, debido a la popularidad que ganaron estos activos financieros, sobre todo el bitcoin y su cotización de casi US$20 mil a fines de 2017, con la última reforma del Impuesto a la Ganancias quedaron gravados desde enero de 2018 todos los beneficios derivados de la compraventa de monedas digitales.

Aquí el primer problema: la Ley menciona a las monedas digitales (y no específicamente a las criptomonedas), pero sin brindar una definición de qué se debe entender legalmente con ese concepto. Y la Reglamentación del impuesto, publicada a fines de 2018, tampoco arrojó luz sobre el tema.

Asumiendo que las criptomonedas como el bitcoin, ripple, ethereum y cualquier otra crypto entran en el concepto de moneda digital de la Ley, veamos cuánto deberemos pagar de impuesto desde 2018.

Tengamos en cuenta que siempre nos vamos a referir a personas y no a empresas. Y recordemos que las cryptos las podemos adquirir tanto mediante su compra a otro sujeto como también a través de su minado (ver recuadro).

La alícuota del Impuesto a las Ganancias para los beneficios generados por la compraventa de criptomonedas será del 15% sobre la base imponible. Para calcular esa base, debemos tomar el precio de venta, restarle el costo de compra (o de minado) y a eso restarle también otras deducciones y gastos. Y aquí nos topamos con el segundo problema: las deducciones y gastos que podremos computar (e incluso la forma de liquidar/calcular el impuesto) variará dependiendo de si la fuente de las ganancias es argentina o extranjera.

Según la Ley, los beneficios derivados de la compraventa de cryptos serán considerados de fuente argentina cuando el emisor de esos activos se encuentra en el país. De lo contrario, serán de fuente extranjera.

Pero, ¿qué sucede con las criptomonedas como el bitcoin que no cuentan con un emisor centralizado, sino que son minadas en la red? ¿Cuándo se considerará que son de fuente argentina?

Además, ¿cómo podemos determinar si una compra de bitcoin se concreta en territorio argentino o en el exterior, cuando la transacción se efectúa en la red, sin un espacio físico determinado? ¿Se tomará en cuenta la residencia de compradores y vendedores, o su ubicación espacial al momento de la transacción?

Al día de la fecha no contamos con la correspondiente respuesta legal, por lo que este aspecto fundamental del impuesto aún se encuentra envuelto en una nebulosa.

Supongamos que podemos determinar fehacientemente que la ganancia por la venta de una crypto es argentina, y que esa es nuestra única ganancia financiera del año. En este caso para calcular el impuesto tomamos el precio de venta y le restamos:

*primero, el precio de compra (o costo, en caso de haberlas minado),

*luego, los gastos relacionados con la operación (por ejemplo, comisiones),

*y finalmente una Deducción Especial que, para el año 2018, es de $66.917,91.

Al resultado obtenido le aplicaremos la alícuota del 15% y el monto así determinado será el impuesto que tendremos que pagarle al fisco nacional.

Veamos un esquema:

En estos casos (ganancia de fuente argentina) el gravamen se calcula en forma independiente al Impuesto a las Ganancias tradicional, por eso también se lo conoce como impuesto cedular. Por ejemplo, una persona que tenga ingresos por su actividad profesional independiente, liquidará el Impuesto de manera habitual por ese concepto y, en paralelo, lo hará por las ganancias generadas con sus cryptos (pero las dos liquidaciones estarán dentro del mismo Impuesto a las Ganancias, no se trata de dos tributos diferentes).

En caso de que las ganancias por la venta de cryptos sean de fuente extranjera, la alícuota también será del 15% pero el cálculo del impuesto será diferente: no se liquidará de la misma forma que el analizado impuesto cedular y, por ejemplo, ya no tendremos derecho a la comentada Deducción Especial.

Así y todo, como ya adelantamos al inicio de la nota, al día de la fecha la ley ni siquiera nos brinda una definición de qué debemos entender por moneda digital, por lo que hasta tanto no tengamos una mayor claridad sobre el asunto, será prácticamente imposible liquidar y pagar el impuesto vigente para dichos instrumentos.

 

 

 

Publicado el 9/10/2018 en el Blog de Economía del Sector Público 

 

 

Marcos Zocaro

Crítica posterior a la publicación: una vez publicado el artículo que transcribo a continuación, y luego de repensar el tema una y otra vez, y de varias y extensas charlas con especialistas en derecho, he cambiado mi opinión sobre la utilización de la blockchain para fines electorales. En un principio, tal como comento en este artículo, creía en las “bondades” de esta tecnología aplicada a los regímenes electorales, no sólo por su bajo costo sino también por su “transparencia”; sin embargo, ya no creo que la blockchain aporte 100% de transparencia al sistema electoral, siendo la votación “tradicional”, el voto en papel, el mejor método para verificar la correcta voluntad del voto. De todas formas, copio el artículo para contribuir al debate.

 

Satoshi Nakamoto. No es un saludo japonés. Ni una comida tailandesa. Es el seudónimo del creador (o creadores, porque al día de hoy no se conoce su identidad, ni siquiera si es una persona o son varias) de la primera criptomoneda: el Bitcoin. Hace una década, este personaje empezaba a revolucionar las finanzas con la creación de estas nuevas monedas, a la cual rápidamente le surgieron competidores en todos los rincones del mundo (como Ethereum o Ripple). Pero quizá la mayor innovación no haya sido la creación del Bitcoin en sí, sino de su tecnología subyacente, sobre la cual funcionan la mayoría de las criptomonedas: nos referimos a la tecnología Blockchain o cadena de bloques.

¿Qué es la tecnología Blockchain?

Se trata de una enorme base de datos almacenada en forma virtual y donde cada usuario del sistema tiene una copia actualizada y totalmente sincronizada en su computadora. Pensémoslo como un libro de contabilidad digital, cuyas hojas o registros individuales de información (bloques) pasan a formar parte del libro (cadena de bloques) luego de obtener la aprobación del resto de los usuarios del sistema. Y cada bloque nuevo tiene una identificación numérica, equivalente a una firma digital (hash), que lo hace correlativo al bloque anterior.

Podemos imaginarlo también como un gran libro electrónico de actas donde se registran operaciones o sucesos, pero en lugar de existir un escribano que certifique estas actas una a una, esta validación la efectúa el conjunto de usuarios del sistema, sin necesidad de agentes externos o intermediarios. Y una vez plasmada en la blockchain, la información no puede ser borrada ni modificada. Además, la información contenida en estos bloques es de acceso público para todos los usuarios, salvo por ciertos datos privados: así se posibilita el control sobre las transacciones.

Por ejemplo, al comprarle un Bitcoin a otra persona, la transacción no es confirmada ni autorizada por ningún Banco Central ni agencia gubernamental, sino que la validación viene dada por el consenso del propio sistema: el resto de los usuarios (mineros) de la red, mediante sus computadoras (nodos) compiten entre sí para resolver ciertos algoritmos y el primero que lo logra consigue, por un lado, darle validez a la transacción y, por el otro, obtiene como recompensa una determinada cantidad de Bitcoins (es así como se crean nuevas unidades de estos activos).

Como vemos, el sistema funciona en forma descentralizada y la incorporación de nueva información se produce por el consenso de todos los usuarios, lo que prácticamente impide la manipulación o falsificación de los bloques (imaginemos que quisiéramos falsificar un registro: deberíamos lograr que millones de usuarios distribuidos por el mundo se pusieran de acuerdo).

Hoy en día, por ejemplo, las principales entidades financieras se encuentran evaluando la implementación de la tecnología blockchain en su negocio, lo que les ayudará a reducir notablemente el costo y el tiempo insumidos a la hora de realizar transferencias de dinero entre diferentes países. Incluso, se podría utilizar esta tecnología para registrar los datos de las transacciones llevadas a cabo en la subasta de bonos soberanos, reduciendo el costo de financiamiento público [1].

Aplicación a los sistemas electorales

Pero la utilización de blockchain no se limita solo a su faceta financiera, sino que sus usos podrían ser múltiples. Tal es así, que en un futuro no muy lejano podríamos incluso aplicar esta tecnología en nuestros sistemas electorales.

Por ejemplo, la organización de las elecciones legislativas argentinas del año 2017, significaron para el Estado nacional un gasto total de $5.179 millones [2]. Mientras que para los comicios nacionales del 2019 (en los que a diferencia de los anteriores también se elegirán presidente y vice) se proyectan gastar más de $8.000 millones [3]. De estos totales, los rubros del gasto con mayor ponderación son la impresión de boletas, la logística del recuento de votos y la seguridad electoral, entre otras erogaciones vinculadas directamente con el acto eleccionario en sí (por ejemplo, en los comicios del 2017 sólo la contratación de la logística del Correo Argentino representó una suma superior a los $2.500 millones de pesos [4]).

Imaginemos la magnitud de ahorro de dinero que significaría en un futuro la implementación de la votación a distancia mediante el uso de blockchain: cada ciudadano (con su identidad digital previamente validada y encriptada) podría ejercer su derecho de pasar por las urnas, pero desde la comodidad del sillón de su casa y con solo un clic en su celular.

Y no sólo hablamos de ahorro monetario, sino también de tiempo: al finalizar la votación, los resultados podrían estar prácticamente al instante y ya no habría que esperar horas para conocerlos, e incluso no serían necesarios los tediosos recuentos de votos.

Asimismo, la tecnología blockchain permite el anonimato de los votantes, garantizando el voto secreto.  Además, al efectuar el recuento el sistema puede corroborar que no haya más de un voto por persona; igualmente existe la posibilidad de que cada elector cambie su voto (emita un nuevo voto) en reiteradas oportunidades (al menos hasta la hora de cierre de los comicios), limitando así situaciones de coacción por parte de una tercera persona (el voto válido será el último emitido).

¿Y el aspecto ecológico? Es evidente que el nuevo proceso electivo, al no insumir una gran cantidad de papel, tendría efectos positivos en el medio ambiente. Sin embargo, aquí deberá compararse este beneficio ambiental con el incremento en el consumo de energía requerido para el funcionamiento de la tecnología blockchain.

La Fundación Democracy Earth [5], del argentino Santiago Siri, es una de las tantas organizaciones que está investigando y desarrollando el uso electoral de esta tecnología. Y experimentos pilotos de pequeña magnitud se han desarrollado con éxito en varias partes del mundo (como Virginia Occidental -EEUU-, Tsukuba -Japón- y México [6]).

Además de transformar radicalmente el sistema de elecciones presidenciales y legislativas (y cualquier otro tipo de elección), la tecnología blockchain también podría utilizarse para que todos los ciudadanos puedan participar en forma directa en la votación de las leyes, cumpliendo así el sueño de muchos de una democracia directa, en el sentido más estricto de esa palabra.

Y si seguimos adentrándonos en esta incipiente tecnología y sus posibles usos, veremos que también podría servir para transparentar la gestión de los diversos gobiernos: por ejemplo, las licitaciones, contrataciones y posteriores ejecuciones de obras podrían registrarse en el sistema blockchain, convirtiéndose en registros públicos inalterables y a su vez auditables fácilmente (y en tiempo real) por toda la ciudadanía. Incluso podrían implementarse smart contracts (contratos basados en blockchain y capaz de ejecutarse y hacerse cumplir por sí mismo, en forma automática, cuando se cumplan los términos del contrato y sin necesidad del control y aprobación de ningún funcionario).

Conclusiones

En definitiva, si las promesas de esta nueva tecnología llegaran a cumplirse, blockchain puede transformarse en una poderosa herramienta que no solo facilite nuestra vida cotidiana, sino que también sea una gran fuente de ahorro de gasto público y que, además, contribuya a la transparencia en la gestión de gobierno.

Ante este panorama, y aunque aún quede muchísimo por estudiar (en especial sobre el efectivo costo del sistema), para no quedar rezagados en la carrera hacia el futuro es importante que nuestros actuales policy makers estén a la altura de las circunstancias: un primer objetivo, al menos, podría ser procurar la educación de las nuevas generaciones en estas novedosas y disruptivas tecnologías.

Notas al pie

[1] Ver www.eleconomista.es/banca-finanzas/noticias/9067419/04/18/Santander-lanza-un-servicio-de-transferencias-internacionales-basado-en-blockchain.html y https://cripto247.com/mercados/austria-utilizara-la-blockchain-de-ethereum-para-una-subasta-de-bonos-por-usd-1-300-millones-178270

 

[2] https://www.argentina.gob.ar/rendicion-de-gastos-elecciones-2017

 

[3] https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2019/jurent/pdf/P19J30.pdf (págs. 20 a 23)

 

[4] https://comprar.gob.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliegoCiudadano.aspx?qs=BQoBkoMoEhw4xMshFUwmvM9zEc%7C/a27j2y/mMP9mAP6bywQvZsmHoWPOktUAsWapI1P4ba6y%7CFbSnXT76STWI7wjmwK8iD1tWGmoypzayrACzE%7CS1rfSPQ==

 

[5] https://www.democracy.earth/

 

[6] https://www.ebm2018.org/

 

 

 

Publicado en 2019 en la Revista Contexto Profesional (Consejo de Cs. Económicas, Delegación La Plata) 

 

Marcos Zocaro y Fabián Ferrario

Introducción

Desde que entró en vigencia el nuevo texto de la Ley de Impuesto a las Ganancias (LIG) en enero de 2018 (modificada por la Ley n° 27.430 de Reforma Tributaria) [1], gran parte de la renta financiera, como así también la ganancia originada en la compraventa de inmuebles, han quedado gravadas (en cabeza de personas humanas y sucesiones indivisas) mediante el denominado Impuesto Cedular.

Dentro del concepto de renta financiera podemos encontrar desde el beneficio derivado de la compraventa de acciones hasta el interés que nos da un plazo fijo. Esta renta (en caso de ser de fuente argentina), junto con la ganancia derivada de la enajenación y transferencia de derechos sobre inmuebles, queda enmarcada en el nuevo Impuesto Cedular de los artículos agregados a continuación del Art. 90 de la LIG.

Antes de avanzar, es importante destacar que, a pesar de haberse emitido varias Resoluciones Generales (RG) por parte de AFIP y la Comisión Nacional de Valores (CNV), y haberse dado a conocer hace pocas semanas un Proyecto de Reforma del actual Decreto Reglamentario (DR) de la Ley, aún restan reglamentar aspectos básicos del nuevo impuesto cedular. Por ejemplo: ¿cómo deberán los contribuyentes no inscriptos liquidar e ingresar el impuesto correspondiente a los intereses de plazos fijos?

Renta Financiera

El nuevo apartado 4) del Art. 2 de la LIG incluye dentro del concepto de “ganancias” a los resultados derivados de la enajenación de acciones, cuotas y participaciones sociales, cuotapartes de fondos comunes de inversión (FCI), certificados de participación de fideicomisos financieros, monedas digitales (criptomonedas), bonos y demás valores, cualquiera sea el sujeto que las obtenga.

Fuente

Según la nueva redacción del Art.7 de la LIG, son de fuente argentina todas aquellas ganancias provenientes de la tenencia y enajenación de acciones, bonos, monedas digitales y demás valores, siempre que el emisor se encuentre domiciliado, establecido o radicado en Argentina. Por ejemplo, YPF es una empresa constituida en nuestro país, por lo que los beneficios derivados de la compraventa de sus acciones serán de fuente argentina, por más que ésta se efectúe en una Bolsa del extranjero.

Exenciones

El Art. 20 inciso w) de la LIG exime (siempre en cabeza de personas humanas residentes en Argentina), las ganancias originadas en la compraventa de acciones en la medida de que las operaciones se concreten mediante mercados autorizados por la CNV.

A su vez, el rescate de cuotapartes de FCI abiertos, también estará exento siempre y cuando estos fondos se integren por acciones que cumplan los requisitos de exención citados y su ponderación en el fondo sea como mínimo un “…porcentaje que determine la reglamentación…”. Si bien esta reglamentación a la fecha en que escribimos estas líneas no ha sido aprobada, existe un Proyecto de Reforma del DR que establecería este porcentaje en un 75%, y agrega que “si se produjera una modificación en la composición de los activos que los disminuyera por debajo del 75% durante un período continuo o discontinuo de, como mínimo, 30 días en un año calendario…” no regiría la exención.    

También se exime a las ganancias obtenidas por beneficiarios del exterior (en la medida en que no residan en jurisdicciones no cooperantes o los fondos invertidos no provengan de jurisdicciones no cooperantes) en la compraventa de acciones cotizantes en el mercado local, compraventa e intereses de títulos públicos (salvo LEBACs), rescate de cuotapartes de FCI abiertos, obligaciones negociables y títulos de deuda de fideicomisos financieras del país [2].

Por otra parte, el Art. 20 ya no se exime a los intereses de plazos fijos ni los beneficios derivados de títulos públicos.

Impuesto Cedular

Aquellas rentas financieras de fuente argentina obtenidas por personas humanas y sucesiones indivisas, tributan conforme el Impuesto Cedular descripto en los artículos incorporados a continuación del Art. 90 de la LIG (Art. 90.1, 90.2, 90.3 y 90.4). Éste es un impuesto proporcional (no progresivo) y su esquema de liquidación es bastante simple; veamos un ejemplo esquemático, tomando el caso de la venta de títulos públicos:

El Art. 90.1 de la LIG describen cómo deberán tributar, las personas humanas y sucesiones indivisas residentes, por los rendimientos, intereses y descuentos derivados de colocaciones de depósitos a plazo (plazos fijos, títulos públicos, etc.), siendo las alícuotas del 5% (para inversiones en pesos y sin cláusula de ajuste) o del 15% (para colocaciones en pesos con cláusula de ajuste (como un plazo fijo UVA) o en moneda extranjera (ej: bono en dólares)).

Pero ¿qué ocurre con títulos públicos obtenidos a un precio diferente a su valor nominal? ¿Y si el título abona intereses en períodos superiores a los 12 meses? El procedimiento a aplicar está detallado en el Art. 90.2 de la LIG. Por cuestiones de espacio no lo desarrollaremos aquí, pero será tema de un futuro artículo.

Si avanzamos en el texto de la LIG, llegamos al Art. 90.3, el cual grava (en cabeza de personas humanas y sucesiones indivisas) la distribución de dividendos y utilidades de fuente argentina, a una tasa del 7% (para los ejercicios 2018 y 2019) y 13% (desde el 2020), siendo la entidad pagadora la obligada a practicar la retención [3].

Por su parte, el Art. 90.4 de la LIG grava las ganancias de fuente argentina derivadas de operaciones de compraventa de acciones, bonos, criptomonedas y demás activos financieros, con las siguientes alícuotas:

*5% si se trata de compraventa de bonos, obligaciones negociables, cuotapartes de FCI abiertos y demás valores, siempre que sean en pesos y sin cláusula de ajuste; y

*15% en caso de que las operaciones citadas en el punto anterior sean en moneda extranjera o en pesos con cláusula de ajuste. También se incluyen aquí las operaciones con acciones criptomonedas, cuotapartes de FCI cerrados y certificados de participación de fideicomisos financieros.

Es importante resaltar que el concepto de moneda digital no es definido por la LIG. Sin embargo, en el Proyecto de reforma del DR (aún no aprobado) se define a estos “activos” como: “…la representación digital de valor que puede ser objeto de comercio digital y cuyas funciones son la de constituir un medio de intercambio, y/o una unidad de cuenta, y/o una reserva de valor, pero que no tienen curso legal, ni se emiten, ni se encuentran garantizadas por ningún país o jurisdicción.». No obstante, esta definición es imprecisa: ¿y si alguna criptomoneda es emitida por un país (por ejemplo, el Petro venezolano)? ¿Cómo se determina la fuente de una criptomoneda “creada” en la nube, sin lugar físico determinado? En fin, AFIP deberá dar precisiones sobre el tema.

El Art. 90.4 de la LIG también establece cómo se determinará la ganancia bruta al momento de la enajenación. En el caso de acciones, certificados de fideicomisos financieros y cuotapartes de FCI cerrados, por ejemplo, el costo de adquisición será actualizado mediante el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) del INDEC.

Asimismo, el Art. 90.6 dispone una Deducción Especial que puede ser computada por las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país en el caso de las ganancias de fuente argentina, siempre que se trate de rendimientos del Art. 90.1 de la LIG y/o beneficios originados en compraventa de bonos, obligaciones negociables, cuotapartes de FCI abiertos y demás valores (Art. 90.4 de la LIG, pero sólo incisos a y b). Esta Deducción Especial es por un monto equivalente al mínimo no imponible del Art. 23 inciso a) de la LIG, “…se proporcionará de acuerdo a la renta atribuible a cada uno de esos conceptos”, y no podrá dar lugar a quebranto.

Es importante recordar que aquellos quebrantos originados en la enajenación de acciones, bonos, cuotapartes de FCI, criptomonedas y demás valores, son considerados como quebrantos específicos y sólo pueden computarse contra las utilidades netas de la misma fuente y que provengan de igual tipo de operaciones, en los ejercicios fiscales en que se experimentaron las pérdidas o en los cinco años inmediatos siguientes.

Por último, existe una situación especial referida al costo computable y contemplada en la Ley 27.430: en el caso de enajenación de valores comprendidos en los incisos a) y b) del Art. 90.4 de la LIG, cuyas ganancias por enajenación hubieran estado exentas o no gravadas previo a la Reforma, el costo a computar será el último precio de adquisición o el último valor de cotización de los valores al 31/12/2017, el que fuera mayor. Así, se permite computar un costo seguramente mayor al incurrido.

Renta de fuente extranjera

Hasta aquí hemos analizado rentas financieras de fuente argentina, pero ¿cuál es el tratamiento para aquellas de fuente extranjera? Principalmente tenemos: 1) ganancias de fuente extranjera obtenidas por una persona humana residente en Argentina por la enajenación de activos financieros (por ejemplo, beneficios derivados de la compraventa de acciones de una empresa extranjera cotizante en Wall Street), y 2) rendimientos de fuente extranjera obtenidos por personas humanas residentes en Argentina (por ejemplo: intereses generados por un plazo fijo en Uruguay).

En el primer caso, los beneficios estarán alcanzados a la alícuota del 15% establecida en el tercer párrafo del Art. 90 de la LIG. Mientras que en el segundo caso la renta tributará en los términos del primer párrafo de citado artículo.

Enajenación de inmuebles

La Reforma Tributaria agrega al Art. 2 de la LIG, el apartado 5, que considera ganancias a: “…los resultados derivados de la enajenación de inmuebles y de la transferencia de derechos sobre inmuebles, cualquiera sea el sujeto que las obtenga…”.

 Ahora bien, esta definición es muy amplia, ya que no todos los resultados provenientes de la venta de inmuebles o de la transferencia de derechos sobre éstos, estará alcanzada por el impuesto. Para ello, debemos analizar lo dispuesto en el Art. 86 inciso a) de la Ley 24.730del cual se desprende que solo estarían alcanzadas por el impuesto las operaciones citadas siempre que el enajenante o cedente hubiera adquirido el bien inmueble a partir del 01/01/2018. En cambio, si se trata de inmuebles adquiridos con anterioridad a esa fecha y el comprador lo vende con posterioridad, ese inmueble no va a estar alcanzado por el Impuesto a las Ganancias, sino que va a estar dentro del objeto del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI), impuesto no derogado por la Reforma.

A los fines señalados, resulta de suma importancia determinar el momento en que se configura la adquisición del Inmueble, es decir, corresponde conocer si el inmueble fue comprado antes o después del 01/01/2018.

La reforma modificó el segundo párrafo del Art. 3 de la LIG, que le dio al hecho de la posesión igual consideración que a la transmisión de dominio, extendiendo este concepto tanto para la venta como para la adquisición de inmuebles.

El Proyecto de reglamentación que se estaría elaborando contemplaría los siguientes supuestos para considerar configurada la adquisición:

  1. a) se hubiere otorgado la escritura traslativa de dominio;
  2. b) se suscribiere boleto de compraventa u otro compromiso similar, siempre que se obtuviere la posesión;
  3. c) se obtuviere la posesión, aun cuando el boleto de compraventa u otro compromiso similar se hubiere celebrado con anterioridad;
  4. d) se hubiese adquirido el boleto de compraventa u otro compromiso similar -sin que se obtuviere la posesión- o de otro modo se hubiesen adquirido derechos sobre inmuebles; o
  5. e) se hubiese producido el ingreso al patrimonio del causante o donante, en caso de bienes recibidos por herencia, legado o donación…”.

Exención

Otro aspecto a considerar de la Reforma es que extendió la exención no solo al valor locativo de la “casa habitación”, sino que también se encuentra eximido a partir del ejercicio 2018 el resultado derivado de la enajenación de dicho inmueble (inciso o) del artículo 20 de la LIG). La reglamentación debería definir qué se entiende como inmueble afectado a “casa-habitación” y el Proyecto que está circulando definiría a aquel inmueble con destino a vivienda única, familiar y de ocupación permanente del contribuyente”.

Impuesto Cedular

El beneficio (siempre en cabeza de personas humanas o sucesiones indivisas) generado por la venta de inmuebles y la transferencia de derechos sobre inmuebles (situados en Argentina) adquiridos a partir del 01/01/2018 queda alcanzado por el impuesto cedular del Art. 90.5 de la LIG, a una alícuota del 15%.

Para la determinación de la ganancia bruta se deduce del precio de venta o transferencia el costo de adquisición actualizado por IPIM desde la fecha de compra hasta la fecha de venta o transferencia, siempre que se trate de bienes inmuebles comprados a partir del 01/01/2018. Además, se podrán computar los gastos (comisiones, honorarios, impuestos, y demás erogaciones) vinculados directa o indirectamente con la operación.

Un apartado especial merece el caso de venta de inmuebles fuera del país realizada por residentes en Argentina. El Art. 127 de la LIG considera como “…ganancias de fuente extranjera las comprendidas en el artículo 2º, que provengan de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en el exterior…”, y dada las modificaciones introducidas en el Art. 2 de la LIG, al incorporar dentro del objeto del gravamen el inciso 5, también van a estar alcanzadas las ganancias generadas en el exterior por la venta de inmuebles adquiridos con posterioridad al 01/01/2018, obtenidas por personas humanas y sucesiones indivisas residentes del país. Pero estas rentas del exterior, tienen un tratamiento distinto a las previsiones del Art. 90.5 de la Ley: tributan a la tasa proporcional del 15% del tercer párrafo del artículo 90 de la LIG.

Palabras finales

Como podemos apreciar, la Reforma ha sido compleja y la LIG y demás normas (escasas) emitidas hasta el momento no han clarificado muchos aspectos esenciales, por lo cual seguramente veamos en los próximos meses un aluvión de reglamentaciones y resoluciones emitidas por el Fisco.

(1) Para ampliar sobre la Reforma: “Comentarios sobre la Reforma Tributaria 2018. Impuesto a las Ganancias-Revalúo Impositivo”, Fabián Ferrario y Marcos Zocaro, CheckPoint, Ed. La Ley (enero 2018).
(2) El Decreto 279/2018, la RG (AFIP) 4227/2018 y la RG (CNV) 733/2018, regulan la forma en que liquidarán e ingresarán el Impuesto correspondiente los beneficiarios del exterior.
(3) Para un mayor análisis: “Gobierno corporativo. El nuevo impuesto sobre los dividendos y su impacto en materia societaria”, Marcos Zocaro y Martín Gulayín, Profesional y Empresaria, Errepar (agosto 2018).