Publicado el 9/10/2018 en el Blog de Economía del Sector Público 

 

 

Marcos Zocaro

Crítica posterior a la publicación: una vez publicado el artículo que transcribo a continuación, y luego de repensar el tema una y otra vez, y de varias y extensas charlas con especialistas en derecho, he cambiado mi opinión sobre la utilización de la blockchain para fines electorales. En un principio, tal como comento en este artículo, creía en las “bondades” de esta tecnología aplicada a los regímenes electorales, no sólo por su bajo costo sino también por su “transparencia”; sin embargo, ya no creo que la blockchain aporte 100% de transparencia al sistema electoral, siendo la votación “tradicional”, el voto en papel, el mejor método para verificar la correcta voluntad del voto. De todas formas, copio el artículo para contribuir al debate.

 

Satoshi Nakamoto. No es un saludo japonés. Ni una comida tailandesa. Es el seudónimo del creador (o creadores, porque al día de hoy no se conoce su identidad, ni siquiera si es una persona o son varias) de la primera criptomoneda: el Bitcoin. Hace una década, este personaje empezaba a revolucionar las finanzas con la creación de estas nuevas monedas, a la cual rápidamente le surgieron competidores en todos los rincones del mundo (como Ethereum o Ripple). Pero quizá la mayor innovación no haya sido la creación del Bitcoin en sí, sino de su tecnología subyacente, sobre la cual funcionan la mayoría de las criptomonedas: nos referimos a la tecnología Blockchain o cadena de bloques.

¿Qué es la tecnología Blockchain?

Se trata de una enorme base de datos almacenada en forma virtual y donde cada usuario del sistema tiene una copia actualizada y totalmente sincronizada en su computadora. Pensémoslo como un libro de contabilidad digital, cuyas hojas o registros individuales de información (bloques) pasan a formar parte del libro (cadena de bloques) luego de obtener la aprobación del resto de los usuarios del sistema. Y cada bloque nuevo tiene una identificación numérica, equivalente a una firma digital (hash), que lo hace correlativo al bloque anterior.

Podemos imaginarlo también como un gran libro electrónico de actas donde se registran operaciones o sucesos, pero en lugar de existir un escribano que certifique estas actas una a una, esta validación la efectúa el conjunto de usuarios del sistema, sin necesidad de agentes externos o intermediarios. Y una vez plasmada en la blockchain, la información no puede ser borrada ni modificada. Además, la información contenida en estos bloques es de acceso público para todos los usuarios, salvo por ciertos datos privados: así se posibilita el control sobre las transacciones.

Por ejemplo, al comprarle un Bitcoin a otra persona, la transacción no es confirmada ni autorizada por ningún Banco Central ni agencia gubernamental, sino que la validación viene dada por el consenso del propio sistema: el resto de los usuarios (mineros) de la red, mediante sus computadoras (nodos) compiten entre sí para resolver ciertos algoritmos y el primero que lo logra consigue, por un lado, darle validez a la transacción y, por el otro, obtiene como recompensa una determinada cantidad de Bitcoins (es así como se crean nuevas unidades de estos activos).

Como vemos, el sistema funciona en forma descentralizada y la incorporación de nueva información se produce por el consenso de todos los usuarios, lo que prácticamente impide la manipulación o falsificación de los bloques (imaginemos que quisiéramos falsificar un registro: deberíamos lograr que millones de usuarios distribuidos por el mundo se pusieran de acuerdo).

Hoy en día, por ejemplo, las principales entidades financieras se encuentran evaluando la implementación de la tecnología blockchain en su negocio, lo que les ayudará a reducir notablemente el costo y el tiempo insumidos a la hora de realizar transferencias de dinero entre diferentes países. Incluso, se podría utilizar esta tecnología para registrar los datos de las transacciones llevadas a cabo en la subasta de bonos soberanos, reduciendo el costo de financiamiento público [1].

Aplicación a los sistemas electorales

Pero la utilización de blockchain no se limita solo a su faceta financiera, sino que sus usos podrían ser múltiples. Tal es así, que en un futuro no muy lejano podríamos incluso aplicar esta tecnología en nuestros sistemas electorales.

Por ejemplo, la organización de las elecciones legislativas argentinas del año 2017, significaron para el Estado nacional un gasto total de $5.179 millones [2]. Mientras que para los comicios nacionales del 2019 (en los que a diferencia de los anteriores también se elegirán presidente y vice) se proyectan gastar más de $8.000 millones [3]. De estos totales, los rubros del gasto con mayor ponderación son la impresión de boletas, la logística del recuento de votos y la seguridad electoral, entre otras erogaciones vinculadas directamente con el acto eleccionario en sí (por ejemplo, en los comicios del 2017 sólo la contratación de la logística del Correo Argentino representó una suma superior a los $2.500 millones de pesos [4]).

Imaginemos la magnitud de ahorro de dinero que significaría en un futuro la implementación de la votación a distancia mediante el uso de blockchain: cada ciudadano (con su identidad digital previamente validada y encriptada) podría ejercer su derecho de pasar por las urnas, pero desde la comodidad del sillón de su casa y con solo un clic en su celular.

Y no sólo hablamos de ahorro monetario, sino también de tiempo: al finalizar la votación, los resultados podrían estar prácticamente al instante y ya no habría que esperar horas para conocerlos, e incluso no serían necesarios los tediosos recuentos de votos.

Asimismo, la tecnología blockchain permite el anonimato de los votantes, garantizando el voto secreto.  Además, al efectuar el recuento el sistema puede corroborar que no haya más de un voto por persona; igualmente existe la posibilidad de que cada elector cambie su voto (emita un nuevo voto) en reiteradas oportunidades (al menos hasta la hora de cierre de los comicios), limitando así situaciones de coacción por parte de una tercera persona (el voto válido será el último emitido).

¿Y el aspecto ecológico? Es evidente que el nuevo proceso electivo, al no insumir una gran cantidad de papel, tendría efectos positivos en el medio ambiente. Sin embargo, aquí deberá compararse este beneficio ambiental con el incremento en el consumo de energía requerido para el funcionamiento de la tecnología blockchain.

La Fundación Democracy Earth [5], del argentino Santiago Siri, es una de las tantas organizaciones que está investigando y desarrollando el uso electoral de esta tecnología. Y experimentos pilotos de pequeña magnitud se han desarrollado con éxito en varias partes del mundo (como Virginia Occidental -EEUU-, Tsukuba -Japón- y México [6]).

Además de transformar radicalmente el sistema de elecciones presidenciales y legislativas (y cualquier otro tipo de elección), la tecnología blockchain también podría utilizarse para que todos los ciudadanos puedan participar en forma directa en la votación de las leyes, cumpliendo así el sueño de muchos de una democracia directa, en el sentido más estricto de esa palabra.

Y si seguimos adentrándonos en esta incipiente tecnología y sus posibles usos, veremos que también podría servir para transparentar la gestión de los diversos gobiernos: por ejemplo, las licitaciones, contrataciones y posteriores ejecuciones de obras podrían registrarse en el sistema blockchain, convirtiéndose en registros públicos inalterables y a su vez auditables fácilmente (y en tiempo real) por toda la ciudadanía. Incluso podrían implementarse smart contracts (contratos basados en blockchain y capaz de ejecutarse y hacerse cumplir por sí mismo, en forma automática, cuando se cumplan los términos del contrato y sin necesidad del control y aprobación de ningún funcionario).

Conclusiones

En definitiva, si las promesas de esta nueva tecnología llegaran a cumplirse, blockchain puede transformarse en una poderosa herramienta que no solo facilite nuestra vida cotidiana, sino que también sea una gran fuente de ahorro de gasto público y que, además, contribuya a la transparencia en la gestión de gobierno.

Ante este panorama, y aunque aún quede muchísimo por estudiar (en especial sobre el efectivo costo del sistema), para no quedar rezagados en la carrera hacia el futuro es importante que nuestros actuales policy makers estén a la altura de las circunstancias: un primer objetivo, al menos, podría ser procurar la educación de las nuevas generaciones en estas novedosas y disruptivas tecnologías.

Notas al pie

[1] Ver www.eleconomista.es/banca-finanzas/noticias/9067419/04/18/Santander-lanza-un-servicio-de-transferencias-internacionales-basado-en-blockchain.html y https://cripto247.com/mercados/austria-utilizara-la-blockchain-de-ethereum-para-una-subasta-de-bonos-por-usd-1-300-millones-178270

 

[2] https://www.argentina.gob.ar/rendicion-de-gastos-elecciones-2017

 

[3] https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2019/jurent/pdf/P19J30.pdf (págs. 20 a 23)

 

[4] https://comprar.gob.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliegoCiudadano.aspx?qs=BQoBkoMoEhw4xMshFUwmvM9zEc%7C/a27j2y/mMP9mAP6bywQvZsmHoWPOktUAsWapI1P4ba6y%7CFbSnXT76STWI7wjmwK8iD1tWGmoypzayrACzE%7CS1rfSPQ==

 

[5] https://www.democracy.earth/

 

[6] https://www.ebm2018.org/

 

 

 

Publicado en 2019 en la Revista Contexto Profesional (Consejo de Cs. Económicas, Delegación La Plata) 

 

Marcos Zocaro y Fabián Ferrario

Introducción

Desde que entró en vigencia el nuevo texto de la Ley de Impuesto a las Ganancias (LIG) en enero de 2018 (modificada por la Ley n° 27.430 de Reforma Tributaria) [1], gran parte de la renta financiera, como así también la ganancia originada en la compraventa de inmuebles, han quedado gravadas (en cabeza de personas humanas y sucesiones indivisas) mediante el denominado Impuesto Cedular.

Dentro del concepto de renta financiera podemos encontrar desde el beneficio derivado de la compraventa de acciones hasta el interés que nos da un plazo fijo. Esta renta (en caso de ser de fuente argentina), junto con la ganancia derivada de la enajenación y transferencia de derechos sobre inmuebles, queda enmarcada en el nuevo Impuesto Cedular de los artículos agregados a continuación del Art. 90 de la LIG.

Antes de avanzar, es importante destacar que, a pesar de haberse emitido varias Resoluciones Generales (RG) por parte de AFIP y la Comisión Nacional de Valores (CNV), y haberse dado a conocer hace pocas semanas un Proyecto de Reforma del actual Decreto Reglamentario (DR) de la Ley, aún restan reglamentar aspectos básicos del nuevo impuesto cedular. Por ejemplo: ¿cómo deberán los contribuyentes no inscriptos liquidar e ingresar el impuesto correspondiente a los intereses de plazos fijos?

Renta Financiera

El nuevo apartado 4) del Art. 2 de la LIG incluye dentro del concepto de “ganancias” a los resultados derivados de la enajenación de acciones, cuotas y participaciones sociales, cuotapartes de fondos comunes de inversión (FCI), certificados de participación de fideicomisos financieros, monedas digitales (criptomonedas), bonos y demás valores, cualquiera sea el sujeto que las obtenga.

Fuente

Según la nueva redacción del Art.7 de la LIG, son de fuente argentina todas aquellas ganancias provenientes de la tenencia y enajenación de acciones, bonos, monedas digitales y demás valores, siempre que el emisor se encuentre domiciliado, establecido o radicado en Argentina. Por ejemplo, YPF es una empresa constituida en nuestro país, por lo que los beneficios derivados de la compraventa de sus acciones serán de fuente argentina, por más que ésta se efectúe en una Bolsa del extranjero.

Exenciones

El Art. 20 inciso w) de la LIG exime (siempre en cabeza de personas humanas residentes en Argentina), las ganancias originadas en la compraventa de acciones en la medida de que las operaciones se concreten mediante mercados autorizados por la CNV.

A su vez, el rescate de cuotapartes de FCI abiertos, también estará exento siempre y cuando estos fondos se integren por acciones que cumplan los requisitos de exención citados y su ponderación en el fondo sea como mínimo un “…porcentaje que determine la reglamentación…”. Si bien esta reglamentación a la fecha en que escribimos estas líneas no ha sido aprobada, existe un Proyecto de Reforma del DR que establecería este porcentaje en un 75%, y agrega que “si se produjera una modificación en la composición de los activos que los disminuyera por debajo del 75% durante un período continuo o discontinuo de, como mínimo, 30 días en un año calendario…” no regiría la exención.    

También se exime a las ganancias obtenidas por beneficiarios del exterior (en la medida en que no residan en jurisdicciones no cooperantes o los fondos invertidos no provengan de jurisdicciones no cooperantes) en la compraventa de acciones cotizantes en el mercado local, compraventa e intereses de títulos públicos (salvo LEBACs), rescate de cuotapartes de FCI abiertos, obligaciones negociables y títulos de deuda de fideicomisos financieras del país [2].

Por otra parte, el Art. 20 ya no se exime a los intereses de plazos fijos ni los beneficios derivados de títulos públicos.

Impuesto Cedular

Aquellas rentas financieras de fuente argentina obtenidas por personas humanas y sucesiones indivisas, tributan conforme el Impuesto Cedular descripto en los artículos incorporados a continuación del Art. 90 de la LIG (Art. 90.1, 90.2, 90.3 y 90.4). Éste es un impuesto proporcional (no progresivo) y su esquema de liquidación es bastante simple; veamos un ejemplo esquemático, tomando el caso de la venta de títulos públicos:

El Art. 90.1 de la LIG describen cómo deberán tributar, las personas humanas y sucesiones indivisas residentes, por los rendimientos, intereses y descuentos derivados de colocaciones de depósitos a plazo (plazos fijos, títulos públicos, etc.), siendo las alícuotas del 5% (para inversiones en pesos y sin cláusula de ajuste) o del 15% (para colocaciones en pesos con cláusula de ajuste (como un plazo fijo UVA) o en moneda extranjera (ej: bono en dólares)).

Pero ¿qué ocurre con títulos públicos obtenidos a un precio diferente a su valor nominal? ¿Y si el título abona intereses en períodos superiores a los 12 meses? El procedimiento a aplicar está detallado en el Art. 90.2 de la LIG. Por cuestiones de espacio no lo desarrollaremos aquí, pero será tema de un futuro artículo.

Si avanzamos en el texto de la LIG, llegamos al Art. 90.3, el cual grava (en cabeza de personas humanas y sucesiones indivisas) la distribución de dividendos y utilidades de fuente argentina, a una tasa del 7% (para los ejercicios 2018 y 2019) y 13% (desde el 2020), siendo la entidad pagadora la obligada a practicar la retención [3].

Por su parte, el Art. 90.4 de la LIG grava las ganancias de fuente argentina derivadas de operaciones de compraventa de acciones, bonos, criptomonedas y demás activos financieros, con las siguientes alícuotas:

*5% si se trata de compraventa de bonos, obligaciones negociables, cuotapartes de FCI abiertos y demás valores, siempre que sean en pesos y sin cláusula de ajuste; y

*15% en caso de que las operaciones citadas en el punto anterior sean en moneda extranjera o en pesos con cláusula de ajuste. También se incluyen aquí las operaciones con acciones criptomonedas, cuotapartes de FCI cerrados y certificados de participación de fideicomisos financieros.

Es importante resaltar que el concepto de moneda digital no es definido por la LIG. Sin embargo, en el Proyecto de reforma del DR (aún no aprobado) se define a estos “activos” como: “…la representación digital de valor que puede ser objeto de comercio digital y cuyas funciones son la de constituir un medio de intercambio, y/o una unidad de cuenta, y/o una reserva de valor, pero que no tienen curso legal, ni se emiten, ni se encuentran garantizadas por ningún país o jurisdicción.». No obstante, esta definición es imprecisa: ¿y si alguna criptomoneda es emitida por un país (por ejemplo, el Petro venezolano)? ¿Cómo se determina la fuente de una criptomoneda “creada” en la nube, sin lugar físico determinado? En fin, AFIP deberá dar precisiones sobre el tema.

El Art. 90.4 de la LIG también establece cómo se determinará la ganancia bruta al momento de la enajenación. En el caso de acciones, certificados de fideicomisos financieros y cuotapartes de FCI cerrados, por ejemplo, el costo de adquisición será actualizado mediante el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) del INDEC.

Asimismo, el Art. 90.6 dispone una Deducción Especial que puede ser computada por las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país en el caso de las ganancias de fuente argentina, siempre que se trate de rendimientos del Art. 90.1 de la LIG y/o beneficios originados en compraventa de bonos, obligaciones negociables, cuotapartes de FCI abiertos y demás valores (Art. 90.4 de la LIG, pero sólo incisos a y b). Esta Deducción Especial es por un monto equivalente al mínimo no imponible del Art. 23 inciso a) de la LIG, “…se proporcionará de acuerdo a la renta atribuible a cada uno de esos conceptos”, y no podrá dar lugar a quebranto.

Es importante recordar que aquellos quebrantos originados en la enajenación de acciones, bonos, cuotapartes de FCI, criptomonedas y demás valores, son considerados como quebrantos específicos y sólo pueden computarse contra las utilidades netas de la misma fuente y que provengan de igual tipo de operaciones, en los ejercicios fiscales en que se experimentaron las pérdidas o en los cinco años inmediatos siguientes.

Por último, existe una situación especial referida al costo computable y contemplada en la Ley 27.430: en el caso de enajenación de valores comprendidos en los incisos a) y b) del Art. 90.4 de la LIG, cuyas ganancias por enajenación hubieran estado exentas o no gravadas previo a la Reforma, el costo a computar será el último precio de adquisición o el último valor de cotización de los valores al 31/12/2017, el que fuera mayor. Así, se permite computar un costo seguramente mayor al incurrido.

Renta de fuente extranjera

Hasta aquí hemos analizado rentas financieras de fuente argentina, pero ¿cuál es el tratamiento para aquellas de fuente extranjera? Principalmente tenemos: 1) ganancias de fuente extranjera obtenidas por una persona humana residente en Argentina por la enajenación de activos financieros (por ejemplo, beneficios derivados de la compraventa de acciones de una empresa extranjera cotizante en Wall Street), y 2) rendimientos de fuente extranjera obtenidos por personas humanas residentes en Argentina (por ejemplo: intereses generados por un plazo fijo en Uruguay).

En el primer caso, los beneficios estarán alcanzados a la alícuota del 15% establecida en el tercer párrafo del Art. 90 de la LIG. Mientras que en el segundo caso la renta tributará en los términos del primer párrafo de citado artículo.

Enajenación de inmuebles

La Reforma Tributaria agrega al Art. 2 de la LIG, el apartado 5, que considera ganancias a: “…los resultados derivados de la enajenación de inmuebles y de la transferencia de derechos sobre inmuebles, cualquiera sea el sujeto que las obtenga…”.

 Ahora bien, esta definición es muy amplia, ya que no todos los resultados provenientes de la venta de inmuebles o de la transferencia de derechos sobre éstos, estará alcanzada por el impuesto. Para ello, debemos analizar lo dispuesto en el Art. 86 inciso a) de la Ley 24.730del cual se desprende que solo estarían alcanzadas por el impuesto las operaciones citadas siempre que el enajenante o cedente hubiera adquirido el bien inmueble a partir del 01/01/2018. En cambio, si se trata de inmuebles adquiridos con anterioridad a esa fecha y el comprador lo vende con posterioridad, ese inmueble no va a estar alcanzado por el Impuesto a las Ganancias, sino que va a estar dentro del objeto del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI), impuesto no derogado por la Reforma.

A los fines señalados, resulta de suma importancia determinar el momento en que se configura la adquisición del Inmueble, es decir, corresponde conocer si el inmueble fue comprado antes o después del 01/01/2018.

La reforma modificó el segundo párrafo del Art. 3 de la LIG, que le dio al hecho de la posesión igual consideración que a la transmisión de dominio, extendiendo este concepto tanto para la venta como para la adquisición de inmuebles.

El Proyecto de reglamentación que se estaría elaborando contemplaría los siguientes supuestos para considerar configurada la adquisición:

  1. a) se hubiere otorgado la escritura traslativa de dominio;
  2. b) se suscribiere boleto de compraventa u otro compromiso similar, siempre que se obtuviere la posesión;
  3. c) se obtuviere la posesión, aun cuando el boleto de compraventa u otro compromiso similar se hubiere celebrado con anterioridad;
  4. d) se hubiese adquirido el boleto de compraventa u otro compromiso similar -sin que se obtuviere la posesión- o de otro modo se hubiesen adquirido derechos sobre inmuebles; o
  5. e) se hubiese producido el ingreso al patrimonio del causante o donante, en caso de bienes recibidos por herencia, legado o donación…”.

Exención

Otro aspecto a considerar de la Reforma es que extendió la exención no solo al valor locativo de la “casa habitación”, sino que también se encuentra eximido a partir del ejercicio 2018 el resultado derivado de la enajenación de dicho inmueble (inciso o) del artículo 20 de la LIG). La reglamentación debería definir qué se entiende como inmueble afectado a “casa-habitación” y el Proyecto que está circulando definiría a aquel inmueble con destino a vivienda única, familiar y de ocupación permanente del contribuyente”.

Impuesto Cedular

El beneficio (siempre en cabeza de personas humanas o sucesiones indivisas) generado por la venta de inmuebles y la transferencia de derechos sobre inmuebles (situados en Argentina) adquiridos a partir del 01/01/2018 queda alcanzado por el impuesto cedular del Art. 90.5 de la LIG, a una alícuota del 15%.

Para la determinación de la ganancia bruta se deduce del precio de venta o transferencia el costo de adquisición actualizado por IPIM desde la fecha de compra hasta la fecha de venta o transferencia, siempre que se trate de bienes inmuebles comprados a partir del 01/01/2018. Además, se podrán computar los gastos (comisiones, honorarios, impuestos, y demás erogaciones) vinculados directa o indirectamente con la operación.

Un apartado especial merece el caso de venta de inmuebles fuera del país realizada por residentes en Argentina. El Art. 127 de la LIG considera como “…ganancias de fuente extranjera las comprendidas en el artículo 2º, que provengan de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en el exterior…”, y dada las modificaciones introducidas en el Art. 2 de la LIG, al incorporar dentro del objeto del gravamen el inciso 5, también van a estar alcanzadas las ganancias generadas en el exterior por la venta de inmuebles adquiridos con posterioridad al 01/01/2018, obtenidas por personas humanas y sucesiones indivisas residentes del país. Pero estas rentas del exterior, tienen un tratamiento distinto a las previsiones del Art. 90.5 de la Ley: tributan a la tasa proporcional del 15% del tercer párrafo del artículo 90 de la LIG.

Palabras finales

Como podemos apreciar, la Reforma ha sido compleja y la LIG y demás normas (escasas) emitidas hasta el momento no han clarificado muchos aspectos esenciales, por lo cual seguramente veamos en los próximos meses un aluvión de reglamentaciones y resoluciones emitidas por el Fisco.

(1) Para ampliar sobre la Reforma: “Comentarios sobre la Reforma Tributaria 2018. Impuesto a las Ganancias-Revalúo Impositivo”, Fabián Ferrario y Marcos Zocaro, CheckPoint, Ed. La Ley (enero 2018).
(2) El Decreto 279/2018, la RG (AFIP) 4227/2018 y la RG (CNV) 733/2018, regulan la forma en que liquidarán e ingresarán el Impuesto correspondiente los beneficiarios del exterior.
(3) Para un mayor análisis: “Gobierno corporativo. El nuevo impuesto sobre los dividendos y su impacto en materia societaria”, Marcos Zocaro y Martín Gulayín, Profesional y Empresaria, Errepar (agosto 2018).

 

 

 

Publicado el 4/09/2017 en el Blog de Economía del Sector Público

 

Marcos Zocaro

Siempre que el país incursiona en épocas electorales, o incluso cuando las arcas fiscales empiezan a crujir, es habitual escuchar a políticos sugiriendo la implementación de un impuesto sobre la renta financiera. Pero, ¿qué es precisamente esta renta? En términos generales, se podría definir como aquel beneficio que resulta de la valorización de una inversión financiera en el tiempo. Así, este concepto engloba desde las ganancias derivadas de la compraventa de acciones hasta el interés obtenido por un plazo fijo bancario.

Es importante destacar que gran parte de la renta financiera ya se encuentra sujeta a gravámenes. Por ejemplo, las empresas tributan Ganancias por todos sus beneficios bursátiles, e incluso por el interés que le devenguen sus plazos fijos. En cambio, las personas físicas gozan de exenciones en relación a estas ganancias, e inclusive tampoco tributan Bienes Personales sobre sus plazos fijos.

Es por este hecho que muchos políticos centran sus propuestas de reforma tributaria en la eliminación de las exenciones a los plazos fijos en manos de las personas, o incluso en la implementación de nuevos impuestos. Pero, dejando de lado la demagogia electoralista que impregna estas ideas, deberíamos preguntarnos si sería razonable gravar estos instrumentos financieros. Además, ¿cuáles serían las consecuencias económicas de hacerlo?

 

Gravar rentas ficticias

En la Argentina, donde la legislación tributaria vigente no contempla un mecanismo de actualización por inflación, cobrar un impuesto a los beneficios generados por los plazos fijos podría no ser del todo “razonable”: la tasa obtenida es menor a la tasa de inflación y por ende no existe ganancia real alguna.

Por ejemplo, en el año 2016 el nivel inflacionario rondó el 41%, mientras que la tasa de interés anual que abonaron los bancos en ese período por colocaciones mensuales a plazo fijo en pesos varió entre 18,95% y 25,42% (en promedio), sin llegar nunca a superar la inflación.

Siguiendo con los ejemplos, en julio 2017 el Banco Nación retribuyó con una tasa nominal activa (TNA) de 18,5% a los plazos fijos a 30 días. Sin embargo, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el mes de junio, la proyección de inflación para el 2017 se ubicó en 21,6%. Aquí también es notoria la pérdida de poder adquisitivo del plazo fijo frente a la inflación.

Para mayor ejemplificación, en la siguiente Tabla se analiza la incidencia de un gravamen sobre los intereses de plazos fijos, teniendo en cuenta la tasa de inflación.

 

Plazo Fijo mensual sin impuesto durante el año 2016 (*)

Fuente: Elaboración propia.(*)

(*) Para simplificar, se supone una inflación mensual promedio del 2,5% durante el año 2016, y una tasa promedio mensual de 1,5% para los plazos fijos. Considerando estos guarismos, la tasa real sería de -1%. Por otra parte se considera la renovación total (capital + intereses) de los plazos fijos a su vencimiento.

Como se puede apreciar, sin impuesto y considerando sólo la inflación, la tasa real anual ya es negativa en más de un 11%. Ahora bien, ¿cómo sería el análisis si sobre los intereses nominales recayera un impuesto del 35%, o sencillamente se eliminase la exención vigente en Ganancias para este tipo de rentas en cabeza de las personas físicas? Al no existir ajuste por inflación, se considera la ganancia nominal, sobre la cual recae la alícuota del 35%. De esta forma, se abona un impuesto anual de $6,85. Ahora, al recalcular la rentabilidad real, considerando la tasa de inflación más el impuesto, se llega a un resultado negativo cercano al 15% anual.

Por consiguiente, un impuesto sobre los intereses derivados de los plazos fijos, sólo acrecentaría la pérdida del poder adquisitivo de estos instrumentos; pérdida que aun sin impuesto ya es notoria debido a la inflación.

¿Cuál sería la reacción de las personas al enfrentarse a esta nueva imposición? Es probable que los depositantes vean disminuidos sus incentivos al ahorro y los bancos tengan una merma considerable de los depósitos, reduciendo su capacidad de otorgar créditos. El mercado se achicaría aún más de lo que hoy ya representa (en Argentina el crédito interno al sector privado significa solo el 14% del PIB)

 

Recaudación estimada de un tributo sobre los plazos fijos

Según el Mensaje del Presupuesto Nacional 2017, el monto estimado de ingresos que el Fisco dejaría de percibir durante el 2017 al otorgar exenciones impositivas sobre los plazos fijos rondaría los $23.000 millones: el gasto tributario en relación al impuesto a las ganancias sería de $22.723 millones y, respecto del impuesto sobre los bienes personales, sólo de $297,7 millones.

Si bien los montos nominales parecen importantes, en términos proporcionales este costo fiscal representa tan sólo un 0,23% del PBI en el primer caso, y un valor prácticamente nulo en el segundo. Por su parte, comparándolo con la recaudación de cada impuesto, las exenciones significan un 4% del total recaudado del impuesto a las ganancias y un 0,02% en el caso del tributo patrimonial.

O sea, el valor máximo en que se incrementaría la recaudación en caso de eliminar las exenciones (suponiendo que no existan cambios en el comportamiento de los ahorristas), sería bastante modesto.

 

Palabras finales

Si lo que se busca es contar con un robusto sistema financiero que genere incentivos genuinos al ahorro, lo ideal quizá no sea gravar los plazos fijos, uno de los pocos instrumentos a los que, debido a su falta de sofisticación financiera, puede acceder gran parte de la población local. Además, mientras siga virtualmente vedada la posibilidad de realizar ajustes por inflación, también configura un absurdo gravar rentas ficticias. Desde el punto de vista fiscal su impacto en términos de recaudación tampoco sería relevante.

En tiempos en donde una reforma impositiva exige racionalidad al sistema tributario, los escasos grados de libertad en la reducción de impuestos obliga a los decisores de política a no sumar mayores distorsiones.

Publicado en enero 2018 en la Revista Impuestos n° 20, La Ley.

 

Fabián Ferrario y Marcos Zocaro

  1. Introducción

A la hora de idear la reforma de un sistema tributario, es fundamental cumplir con dos premisas: por un lado, implementar impuestos lo más equitativos y progresivos posibles, donde la carga tributaria se distribuya según la real capacidad contributiva de cada agente económico; y por el otro, que dicho régimen impositivo provoque la menor cantidad de distorsiones en el sistema económico-productivo.

La combinación de estas consignas, en la práctica muchas veces se vuelve una tarea casi utópica, sobre todo si el sistema tributario existente sufre de graves distorsiones difíciles de subsanar en el corto o mediano plazo.

Un ejemplo de esto, como veremos en las próximas líneas, es el de la Provincia de Buenos Aires.

Luego de heredar a finales del 2015 una Provincia con grandes desequilibrios económicos, la gestión actual debió enfrentarse al dilema de cómo iniciar rápidamente y con los ingresos disponibles (principalmente: impuestos, deuda pública y fondos de la coparticipación federal) un  proceso  de  recuperación  de  las  cuentas  públicas,  disminuyendo  el  déficit  fiscal, reactivando la economía y comenzando las obras de infraestructura necesarias para el desarrollo.

En el tema impositivo, lejos de optar por una política de shock, el Gobierno se propuso iniciar una modificación gradual y previsible de la estructura tributaria provincial, cuyo puntapié inicial fue la sanción de la ley Impositiva del 2016, continuó con la ley de 2017 y pretende acentuarse con la ley del año entrante.

A pesar de las necesidades financieras, debido a la existencia de una elevada presión tributaria, tanto a nivel local como nacional (en este último caso superando el 32% del PBI), el Gobierno provincial no cuenta con mucho margen para incrementar aún más la carga impositiva sin asfixiar a los sectores productivos, con la consecuente merma de la actividad económica. A su vez, a diferencia de Nación, el menú tributario no es amplio: la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) cobra básicamente cinco impuestos (Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotores y Embarcaciones Deportivas, Sellos y Transmisión Gratuita de Bienes), siendo notoriamente preponderante el primero de ellos.

De estos tributos, quizá el que recae sobre los Ingresos Brutos sea el más distorsivo y perjudicial para la economía: es regresivo, no neutral, grava las ventas de todas las etapas del proceso productivo y, a diferencia de lo que ocurre con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo hace de manera acumulativa, generando un efecto en cascada, incrementando así los precios finales de los bienes y servicios y trasladando la mayor carga tributaria a los consumidores finales. Esto también fomenta la integración vertical: las grandes empresas se ven favorecidas al expandir sus actividades sobre el mercado de sus insumos, evitando así el costo adicional que significa el impuesto sobre impuesto. Además, este tributo se ha caracterizado  en  muchas  oportunidades  por  gravar  en  forma  diferencial  a  los  bienes extra-jurisdicción, dando lugar al fenómeno de las aduanas internas (1).

Por los motivos expuestos, muchos economistas y legisladores proponen su eliminación; a pesar de que estas propuestas no sean más que un anhelo difícil de cumplir: la recaudación de prácticamente todas las provincias del país están basadas en este impuesto, y sin otro gravamen de similares magnitudes y/o una fuente de financiamiento extra para seguir haciendo frente al gasto público, sería imposible su eliminación.

En la Provincia de Buenos Aires, en el ejercicio 2016, la recaudación de Ingresos Brutos ascendió a $115.234 millones, mientras que por ejemplo el guarismo para el Impuesto Inmobiliario se acercó a los $9493 millones, siendo de $158.081 millones la recaudación de todos los impuestos cobrados por ARBA. Se puede apreciar fácilmente la importancia de Ingresos Brutos sobre la totalidad de los recursos tributarios: un 72,8% frente a un 6% del gravamen sobre las propiedades (2).

A su vez, comparándolo con el 2007, por ejemplo, lo recaudado por Ingresos Brutos significó un 65,7% y por Inmobiliario un 9,4% de la recaudación tributaria total: vemos como el peso del impuesto a la actividad económica fue incrementándose, a la vez que disminuyó la importancia recaudatoria del gravamen sobre las propiedades.

Entre las causas de este fenómeno, podemos encontrar la falta de revalúo periódico de los inmuebles, o al menos una indexación de dichos valores por la inflación del período; indexación de la que, en cambio, sí goza de forma implícita el impuesto sobre los Ingresos Brutos (debido a que su recaudación se basa en el precio de los bienes y servicios transados y prestados).

Por ejemplo, si observamos los datos correspondientes al Impuesto Automotor de los últimos tres años, vemos como este recauda incluso más que el Inmobiliario, debido a que el valor de los vehículos sí está actualizado. Un verdadero despropósito producto del descalabro tributario gestado durante años.

Un punto para nada despreciable, es el efecto que puede tener la modificación de estos impuestos sobre el humor social, influyendo incluso en el potencial voto de los electores: un incremento del Impuesto Inmobiliario es rápidamente detectado y rechazado por cualquier ciudadano debido a su visibilidad; sin embargo, un aumento de la alícuota de Ingresos Brutos es muy difícil de ser percibido por parte de los consumidores, ya que el gravamen está incorporado  en  el  precio  de  los  bienes  y  servicios,  no  existiendo  ningún  tipo  de discriminación en las facturas de compra-venta que permita identificar el incremento del costo.

Así y todo, con el objetivo de darle mayor racionalidad al sistema tributario, el Gobierno provincial ha emprendido el camino de la reforma, procurando, en consonancia con los lineamientos esbozados por Nación, una baja paulatina del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y una actualización de la base imponible del Inmobiliario.

De esta forma, también se acoplaría el sistema tributario local a la tendencia de los países desarrollados de incrementar la gravabilidad del patrimonio y disminuir la carga sobre la actividad económica.

En este sentido, el ministro de Economía provincial Hernán Lacunza sostuvo en declaraciones a la prensa: «Lo que había hasta ahora era populismo tributario. Se cobraba lo oculto y no lo más visible. Un pobre hoy paga varias veces Ingresos Brutos cuando va a comprar galletitas al kiosco. No es cierto que habrá aumento de precios, al revés, van a bajar» (3).

  1. Reforma impositiva 2018

II.1. Impuesto Inmobiliario

Como ya hemos mencionado, sobre este gravamen y sobre Ingresos Brutos se centra la mayoría de las reformas.

Según se desprende del texto de la Ley Impositiva del 2018  (4), aprobada el pasado 14 de noviembre, la principal modificación en relación al Impuesto Inmobiliario es la actualización del valor fiscal de las propiedades, muy retrasado debido a la alta inflación de los últimos 12 años.

De esta forma, el art. 2º de la ley sancionada, establece que nuevos valores del metro cuadrado de superficie cubierta, los cuales detallamos en el siguiente cuadro resumen:

Por su parte, el art. 4º propone una nueva escala de alícuotas para el pago del impuesto en el caso del Urbano Edificado y del Urbano Baldío, donde también es relevante el aumento de la carga fiscal. A los efectos comparativos, veamos las nuevas escalas y las existentes hasta el 2017:

Como se puede observar la base imponible ha aumentado.

En el primer caso, el del Urbano Edificado, el promedio de la base para el 2017 fue de

$72.489,42, mientras que la misma en 2018 promediará el $1.789.909,19, registrándose así una variación interanual de 2369%. En cuanto a la alícuota, el porcentaje de esta sobre excedente límite mínimo promedió el 2,94% en el 2017 y la correspondiente al 2018 será de

0,426%, registrándose una merma del 86%. Con respecto a la cuota fija, en 2017 la media fue de $2097,22 y para 2018 será de $9235,68, lo que refleja una variación positiva de 340%.

En el caso del Urbano Baldío, el promedio de la base para el 2017 fue de $ 72.489,42 y para el 2018 llega a $422.500, una variación de 483%. En cuanto a la alícuota, el porcentaje de esta sobre excedente límite mínimo promedió el 2,94% en el 2017 y la correspondiente a

2018  promediará  0,765%,  registrándose  una  variación  interanual  negativa  de  74%.  Con respecto a la cuota fija en 2017 la media fue de $2097,22 y para 2018 irá a $4796,94, un incremento de 129%.

Por último, en ambos casos se destacan la mayor cantidad de escalas y la implementación de una cuota fija para la escala más baja.

Si bien puede parecer un incremento elevado, debemos recordar, una vez más, la inflación acumulada desde el 2002, la cual superó, según estimaciones privadas, el 1300%. Y en dicho período la valuación fiscal de las propiedades apenas se ajustó.

Asimismo, este incremento de la presión tributaria sobre el patrimonio va en consonancia con el espíritu de la reforma del sistema impositivo, esto es: gravar más el patrimonio y disminuir paulatinamente la gravabilidad de la actividad económica, creando así un sistema más eficiente que procure mayor equidad y acelere el desarrollo económico.

De  todas  formas,  a  los  efectos  del  gradualismo  en  la  reforma  y  de  evitar  un  shock negativo, se establecen topes para el aumento del gravamen a abonar en el 2018.

Sobre este punto, los autores Jorge A. Carmona y Andrés Duguine  (5) señalan; «…como el revalúo aumentó en forma considerable zonas que eran marginales en el 2005 y ya no lo son, se propone un tope de aumento máximo del impuesto que va de 40% para las partidas de menor valor, y subas escalonadas de 50%, 60% y 75% para las de mayor valor. Esta combinación producirá un aumento promedio del impuesto emitido de 56%…».

Así, cuando se trate del impuesto determinado para una planta Urbana Edificada, este no podrá exceder, respecto del determinado en el 2017, en los porcentajes que a continuación se detallan:

— 40% cuando se trate de inmuebles cuya valuación fiscal sea de hasta pesos quinientos ochenta y seis mil seiscientos sesenta y nueve ($586.669) inclusive.

— 50% cuando se trate de inmuebles cuya valuación fiscal sea superior a pesos quinientos ochenta y seis mil seiscientos sesenta y nueve ($586.669) y hasta pesos un millón ochenta y ocho mil setenta y uno ($1.088.071) inclusive.

— 60% cuando se trate de inmuebles cuya valuación fiscal sea superior a pesos un millón ochenta y ocho mil setenta y uno ($1.088.071) y hasta a pesos dos millones doscientos cincuenta mil ($2.250.000) inclusive.

— 75% cuando se trate de inmuebles cuya valuación fiscal sea superior a pesos dos millones doscientos cincuenta mil ($2.250.000).

De igual forma, en el caso del Urbano Baldío, el impuesto resultante por la aplicación de la nueva escala no podrá exceder, respecto del determinado en el 2017, los siguientes porcentajes:

— 50% cuando se trate de inmuebles cuya valuación fiscal sea de hasta pesos ochenta y cuatro mil ($84.000) inclusive.

— 60% cuando se trate de inmuebles cuya valuación fiscal sea superior a pesos ochenta y cuatro mil ($84.000) y hasta pesos doscientos un mil ($201.000) inclusive.

— 75% cuando se trate de inmuebles cuya valuación fiscal sea superior a pesos doscientos un mil ($201.000) y hasta pesos cuatrocientos veinte mil ($420.000) inclusive.

— 100% cuando se trate de inmuebles cuya valuación fiscal sea superior a pesos cuatrocientos veinte mil ($420.000).

En este mismo sentido, el art. 5º establece un crédito fiscal anual materializado en forma de descuento del 100% del impuesto Inmobiliario 2018 cuando se trate de inmuebles pertenecientes a la Planta Urbana Edificada cuya valuación fiscal no supere la suma de $228.000: esto refleja un aumento de $193.500, es decir, del 560,87% respecto del monto límite del 2017 ($34.500).

A su vez, el art. 13 eleva de $60.720 (2017) a $400.000 (un 558,76% más) el monto establecido en el art. 177 inc. n) del Código Fiscal, que establece el techo de la valuación fiscal debajo del cual el titular de la propiedad urbana edificada de un solo inmueble goza de una exención del 100% en el tributo.

Siguiendo  con  los  alivios  fiscales  para  los  sectores  más  vulnerables,  en  el  caso  de jubilados propietarios de inmuebles urbanos edificados, la exención recaerá sobre ellos, tal como dispone el art. 14, en la medida de que la valuación fiscal no supere los $5.000.000 y sus haberes previsionales sean sus únicos ingresos y, a su vez, no superen los $17.000. Esto representa un aumento del 624,64% y 21,43% respecto de los montos del 2017.

El art. 16, por su parte, establece que los ex combatientes de Malvinas y sus derechohabientes, siempre que se trate de vivienda única y destinada a uso familiar y la valuación fiscal no supere el monto de $1.282.000, dicha propiedad se encuentra exenta del impuesto inmobiliario. Esta exención se incrementó 559,57% respecto al 2017 (6).

En el art. 17 se prevé el mismo aumento señalado en el párrafo anterior, para la exención de los beneficiarios que durante la ley nacional de estado de sitio hayan sido puestas a disposición del PEN o hubiesen sido detenidas por tribunales militares (7).

En relación al impuesto inmobiliario rural, también se establecen nuevas escalas de alícuotas para el 2018, las cuales son:

 

Para estos casos, a los efectos de establecer la base imponible para la determinación del impuesto, se deberá aplicar un coeficiente del 0,75 sobre la valuación fiscal de la tierra libre de  mejoras,  esto  representa  un  aumento  del  50%  con  respecto  al  coeficiente  2017 determinado en 0.5 puntos.

Asimismo, como se puede observar, al igual que sucede con el inmobiliario Urbano, la base imponible ha aumentado también aquí.

En el primer caso, el promedio de la base para el 2017 fue de $ 946.815 y en 2018 será de

$ 1.029.146,83, registrándose una variación entre año y año de 9%. En cuanto a la alícuota, el porcentaje sobre excedente límite mínimo promedió 1,65% en el 2017 y la correspondiente a

2018 será de 2,27%, registrándose un aumento de 38%. Con respecto a la cuota fija en 2017 el promedio fue de $13.441,96 y para 2018 llegará a $ 20.234,33, lo que refleja una variación del 51%.

En el segundo caso, el promedio de la base para el 2017 fue de $ 311.312,85 y en 2018 alcanzará los $ 557.118,36 (+ 79%). En cuanto a la alícuota, el porcentaje de esta sobre excedente límite mínimo promedió 1,87% en el 2017 y la correspondiente a 2018 será de

0,545%, registrándose una disminución de 71%. Con respecto a la cuota fija, en 2017 el promedio fue de $ 6301,27 y para 2018 de $ 3095,105, lo que refleja una variación negativa de 51%. Además, en 2018 se comienza a aplicar una cuota fija de 165$ para la escala más baja.

II.2. Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Como ya comentamos, en este impuesto radica la mayor apuesta transformadora del sistema, cuyo principal objetivo es disminuir la carga tributaria mediante la baja de alícuotas, para de esta forma alentar la actividad económica, lo que a su vez, en el mediano y largo plazo,  redundaría  en  una  mayor  recaudación  que  compensaría  en  parte  el  costo  fiscal incurrido en la actualidad.

En este sentido, el art. 19, al ocuparse de las alícuotas generales del impuesto, rebaja fuertemente de 4% a 1,75% la alícuota que recae sobre las actividades vinculadas al cultivo de diferentes granos, forrajeras, cereales, verduras, frutas; la explotación de cría de peces, ganado ovino, caprino, bobino, animales de granja; producción de huevos; apicultura; extracción de petróleo crudo, gas natural, minerales de hierro, uranio, arena, arcilla, sal, entre otras actividades primarias. A su vez, establece en 1,5% la alícuota para actividades vinculadas a la matanza de ganado bovino; elaboración de pescados, crustáceos y productos marinos, tanto de mar como de rio; elaboración de jugos naturales y sus concentrados; elaboración de quesos, aceites, cacao y chocolate, yerba mate, vinagres; elaboración de productos químicos, ladrillos, productos de vidrio; y fabricación de tejidos, objetos de plata, tractores, entre otras.

Esta disminución de alícuotas representa una importante variación interanual, del orden de los -56,25% y -62,50% respectivamente. Un claro alivio impositivo para el sector primario.

Por su parte, siguiendo con la rebaja de alícuotas, el art. 20 lleva de un 4% a un 3% (variación de 25%) las alícuotas de las actividades relacionadas a la demolición, perforación, movimiento de suelos, construcción, aislamientos térmicos, acústicos e hídricos, e instalaciones eléctricas, entre otras.

Como  contrapartida,  el  mismo  art.  20,  si  bien  mantiene  el  resto  de  las  alícuotas  en idénticos guarismos que en el 2017, incrementa un 25% la alícuota correspondiente a los servicios de explotación de salas de bingo y servicios de explotación de máquinas tragamonedas: pasa del 12% al 15%.

En este último punto deberíamos realizar una observación. Si bien por cuestiones de equidad y justicia tributaria nos parece adecuado el incremento de esta alícuota, debido a las características propias de dichas actividades, consideramos oportuno evaluar correctamente la posibilidad de que las empresas de juegos de azar trasladen este mayor costo directamente a los apostadores (disminuyendo, por ejemplo, la periodicidad en que éstos ganan premios en los tragamonedas).

Avanzando con la ley, vemos como el art. 22 fija en 2,5% la alícuota para las actividades detalladas en el inc. a) del art. 19 (comercio mayorista y minorista), cuando el total de ingresos gravados, no gravados y exentos, obtenidos por el contribuyente en el período fiscal anterior, por el desarrollo de cualquier actividad dentro o fuera de la Provincia, no supere los

$2.000.000. Y cuando se trate de contribuyentes que hayan iniciado actividades durante el ejercicio fiscal en curso, establece que quedarán sujetos al mismo tratamiento, siempre que el monto de ingresos gravados, no gravados y exentos obtenidos durante los dos primeros meses a partir del inicio de las mismas, no superen los $340.000. Estos dos montos representan un incremento de 53,85% en ambos casos.

Además, si estos ingresos superan los $2.000.000 ($340.000) pero son inferiores a los

$52.000.000 ($6.500.000), la alícuota para las referidas actividades será de 3,5%.

Cabe destacar que, superados dichos límites, la alícuota a tributar será la general para las actividades comprendidas en el inc. a) del art. 19, o sea 5%.

Siguiendo con las modificaciones, la nueva Ley eleva el monto mínimo del impuesto para anticipos mensuales: pasa de $175 a $203.

También se establece, en relación a la actividad de alquiler de inmuebles, y a los efectos de gozar de la respectiva exención, una nueva suma tope de $13.000 mensuales o $156.000 anuales en caso de locadores de un único inmueble destinado a vivienda. Esto representa un incremento interanual de 21,55%.

Asimismo,  se  exime  del  pago  de  este  gravamen  a  todos  los  ingresos  obtenidos  por personas con discapacidad, hasta un monto anual de $180.000 (anteriormente la suma era de

$154.366).

Como podemos apreciar, la disminución de la carga fiscal correspondiente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos disminuirá sensiblemente desde el 2018.

Como observación extra, podemos mencionar un hecho relevante acaecido a mediados de

2017, donde la Provincia de Buenos Aires (al igual que otras jurisdicciones) disminuyó desde un 8% a un 1,5% la alícuota del impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a la actividad  «Servicios  de  la  banca  minorista,  excepto  los  correspondientes  a  los  intereses ajustes de capital de los préstamos hipotecarios otorgados a personas físicas, con destino a la compra, construcción, ampliación o refacción de vivienda única, familiar y de ocupación permanente».  Así,  procuró  generar  una  baja  en  el  costo  de  los  créditos  hipotecarios, facilitando el acceso de las familias a la casa propia.

Creemos muy acertada esta decisión, y también nos parece relevante que en un futuro se revean la totalidad de alícuotas que recaen sobre la actividad bancaria, bursátil y financiera, las que por lo general rondan el 8%. Si bien será tema de un futuro trabajo, es dable destacar la importancia de este sector en la dinamización de la economía; y todo costo impositivo que recaiga sobre este puede ser fácilmente trasladado, provocando un incremento de las tasas de interés y el consecuente encarecimiento de los créditos otorgados, tanto productivos como para consumo.

II.3. Impuesto Automotor

En el caso de los automóviles, no se observan variaciones en relación al 2017. En cambio, sí se fijó una nueva escala para camiones, camionetas y pick ups. A continuación, la comparamos con el 2017:

Como se puede observar la escala al impuesto ha aumentado para los distintos modelos según los años y en toda la gama de modelos según kilogramos.

Para un análisis más expansivo y abarcador se procedió a calcular el promedio teniendo como referencia tanto el año (columna de promedios verticales) como los kilogramos (columna de promedios horizontales). Una vez calculado esto, se realizó el porcentaje de variación de ambas referencias, dando como resultado que el impacto del aumento implica una variación en la suma promedio por año de 23,30% en cada año y una variación entre

42,83 y 42,89 % para modelo según kilogramos.

En lo que respecta a las categorías «Acoplados, casillas rodantes sin propulsión propia, trailers y similares», «Vehículos de transporte colectivo de pasajeros», «Casillas rodantes con propulsión propia», «Autoambulancias y coches fúnebres que no puedan ser incluidos en el inc. a), microcoupés, vehículos rearmados y vehículos armados fuera de fábrica y similares» los porcentajes de variación se mantienen en los mismos valores, un 23,30% tomando como referencia el promedio por año y entre un 42,5% y 43,2% tomando como referencia los kilogramos.

Tal como se puede apreciar, la variación está acorde a la evolución del valor de mercado de los vehículos, por lo que la presión fiscal en este impuesto no variará.

II.4. Impuesto de Sellos

En el caso de este gravamen, también se registran disminuciones de alícuotas y montos imponibles en la nueva Ley.

Así, por ejemplo, en relación a los contratos referidos a locación y sublocación de inmuebles destinados a vivienda única, familiar y de ocupación permanente se tributará el cinco por mil solo en caso de superar los $962.000 de valuación fiscal, un incremento del monto mínimo en relación al 2017 del orden de 559,91%.

A su vez, por las escrituras públicas de compraventa de inmuebles o cualquier otro contrato por el que se transfiere el dominio de inmuebles, excepto los que tengan previsto un tratamiento especial, el porcentaje a aplicar pasará de un el treinta y seis por mil a un veinte por mil, lo que representa una disminución de 44,44%, una merma considerable para un impuesto tan distorsivo.

II.5. Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes

En relación a este gravamen también se ha fijado una nueva escala, la cual transcribimos a continuación (comparándola con la vigente al 2017):

Como puede observarse, la variación del promedio de la base imponible será de un 150%.

Con respecto a la cuota fija para los distintos segmentos, la variación interanual supone una disminución del 11%. Y por último, para el porcentaje de excedente límite mínimo se registra una variación de 60% para todos los segmentos.

Asimismo, se eleva a de $269.000 el monto exento del impuesto, llegando a $1.120.000 cuando se trate de transmisiones gratuitas entre padres, hijos y cónyuge. Esto representa un incremento de 149%, en ambos casos, en comparación al 2017.

III. Conclusiones

Tal como apreciamos en las páginas anteriores, el Gobierno bonaerense ha tomado la decisión de reformar el distorsionado sistema tributario existente, disminuyendo la presión tributaria sobre los sectores productivos e incrementando el peso de los gravámenes que recaen sobre los patrimonios, creando así un sistema más moderno, eficiente y equitativo.

Si bien se estima que esta reforma tendrá un costo cercano a los $10.000 millones, se espera que sea compensado en parte por el aumento de la recaudación derivada del Impuesto Inmobiliario y, en el mediano plazo, por un incremento de la actividad económica.

Asimismo,  el  pasado  16  de  noviembre,  como  consecuencia  del  nuevo  Pacto  Fiscal firmado entre el Gobierno Nacional y las provincias (salvo San Luis), la Provincia de Buenos Aires se aseguró un ingreso de fondos extra: entre las múltiples implicancias a nivel federal de este acuerdo, resalta el compromiso provincial de desistir del reclamo judicial por el Fondo del Conurbano (monto congelado en $650 millones desde 1996), a cambio de recibir $

40.000 millones en 2018 y $ 65.000 millones en 2019.

Dejando de lado la necesidad de satisfacer la obligación constitucional de contar con una verdadera Ley de Coparticipación federal, creemos que es muy importante que, en materia de impuestos, exista una aceitada coordinación entre la Nación y las provincias, de las cuales la de Buenos Aires, debido a la cantidad de habitantes y al peso que representa en el PBI nacional, es una pieza clave. Así, se podrían evitar las guerras tributarias entre jurisdicciones vecinas, las aduanas interiores, la duplicidad de las bases imponibles y demás efectos indeseados de la falta de coordinación federal. En este sentido, el flamante Pacto Fiscal promete ser un pequeño paso en la dirección correcta.

Para terminar, y como puntos relevantes a considerar en una próxima modificación de las leyes tributarias locales, podemos sugerir:

— Fijar por ley un mecanismo automático para la actualización anual de la valuación fiscal de los inmuebles, a los efectos de evitar una merma de la recaudación, un desfasaje con lo recaudado por Ingreso Brutos y un nuevo desajuste en el sistema impositivo. De esta forma, también se evitaría la arbitrariedad de los gobernantes de turno a la hora de tomar decisiones sobre las mencionadas actualizaciones.

— Analizar inequidades que pueden emanar del Impuesto Inmobiliario Complementario. Por ejemplo, ¿es razonable que el propietario de dos pequeños departamentos abone este complemento y, en cambio, no lo haga el propietario de una casona céntrica que a su vez posee un campo?

— Efectuar un profundo estudio del impacto sobre el sistema productivo (créditos al consumo  y  a  la  producción)  de  las  elevadas  alícuotas  (8%)  que  rigen  sobre  el  sector financiero   y  bancario   en   general   (con   la   excepción   mencionada   para   los   créditos hipotecarios).

*Evaluar la factibilidad económico-financiera de establecer un régimen simplificado de Ingresos Brutos en la Provincia de Buenos Aires, destinado a pequeños contribuyentes, tal como ya existe en la Ciudad de Buenos Aires. Esto podría acarrear un ahorro de costos tanto para la Agencia de Recaudación como para los contribuyentes (costos administrativos y contables).

— Una reestructuración/adecuación de los regímenes de recaudación en el impuesto sobre los Ingresos Brutos, a los efectos de disminuir las distorsiones generadas, que no hacen más que aumentar la presión tributaria, como por ejemplo las múltiples retenciones bancarias y las retenciones y percepciones en el cobro y pago de bienes y servicios, que ocasionan excesivos saldos a favor de los contribuyentes, muchas veces difícil de recuperar, provocando que en la práctica estos contribuyentes se conviertan en acreedores involuntarios del Fisco. Asimismo, estos sistemas de recaudación también desincentivan, en cierta medida, la bancarización de la economía y, consecuentemente, dificultan el control del Fisco sobre los contribuyentes.

— Otro aspecto a considerar en cuanto a los regímenes de recaudación de Ingresos Brutos, es la carga excesiva de trabajo con que se castiga a los Agentes de Recaudación, quienes en la mayoría de los casos deben incluso disponer de personal adicional a los fines de cumplimentar  sus  obligaciones  extras,  convirtiéndose  así  en  un  anexo  no  retribuido  de ARBA.

— Si bien a corto y mediano plazo la eliminación del impuesto sobre los Ingresos Brutos es una tarea utópica, debido al peso que posee sobre la recaudación tributaria total, se podrían estudiar alternativas para reemplazarlo (gradualmente y en el largo plazo) por otro/s gravamen/es menos distorsivos (8).

Estos son solo algunos ejemplos de los temas sobre los cuales sería oportuno posar la atención a la hora de continuar mejorando el sistema tributario. Claramente, la lista puede ser mucho más extensa.

 

(*) Contadores Públicos y Especialistas en Tributación (UNLP).

(1) Ver los recientes fallos de la CS: «Bayer SA c. Prov. de Santa Fe s/ acción declarativa de certeza» y «Harriet y Donnelly SA c. Prov. del Chaco s/ acción declarativa de certeza».

(2) www.ec.gba.gov.ar//areas/ hacienda/PolTributaria/recaudacion_provincial.php. (3) Radio Mitre, 27/10/2017.

(4) www.parlamentario.com/db/000/000540_pe-3_impositiva_2018.pdf.

(5) CARMONA, Jorge — DUGUINE, Andrés, «Provincia de Buenos Aires. Modificaciones aprobadas a la ley impositiva y al Código Fiscal para el ejercicio 2018», Práctica Integral Buenos Aires, Ed. Errepar, Diciembre 2017.

(6) El Código Fiscal, en su art. 177, inc. r), a su vez dispone: «Los límites de valuación fiscal y el de única vivienda referidos […] no serán aplicables cuando quienes hayan participado de dichas acciones bélicas fueran ex soldados conscriptos y civiles».

(7) Leyes Nacionales 24.043 y 25.914

(8) Ver, por ejemplo, el artículo de Alberto Porto, Marcelo Garriga y Walter Rosales: «Dado        que        se        habla        de        cambiar        Ingresos        Brutos»        (2017). http://www.blogeconosp.econo.unlp.edu.ar/wp/2017/09/11/dado-que-se-habla-de-cambiar-ingresos-brutos/.

 

 

 

Publicado en diciembre 2016 en la Revista Contexto Profesional (Consejo de Cs. Económicas, Delegación La Plata)

 

Marcos Zocaro

En una época donde se discute si gravar o no la llamada “renta financiera”, si es justo que los inversores paguen impuestos por las ganancias obtenidas en la compraventa de acciones, títulos públicos y demás instrumentos financieros, es bueno preguntarnos cuál es realmente el actual marco impositivo de la actividad bursátil en Argentina y cuál es el impacto que pueden tener los impuestos sobre dicha actividad y sobre la “economía real”. A continuación intentaremos responder muy brevemente a estas preguntas.

La Bolsa o Mercado de capitales (por simplificación, aquí tomaremos ambos conceptos como sinónimos) es el recinto donde confluyen los inversores y ahorristas, por un lado, y las empresas por el otro: los primeros buscando rentabilidad, y los otros con el fin de obtener financiamiento para llevar a cabo sus inversiones productivas (ampliación de fábricas, compra de bienes de capital, etc.). Básicamente, las empresas obtienen dinero ofreciendo Obligaciones Negociables, cheques de pago diferido o, simplemente, emitiendo acciones. También podrían recurrir a créditos bancarios, pero soportando, en general, un costo mucho más elevado.

Paralelamente, a la Bolsa también recurren los Estados Nacional, provinciales y municipales, quienes emiten títulos públicos en busca de financiamiento.

En definitiva, la Bolsa favorece el incremento del ahorro de las personas y su canalización hacia la concreción de proyectos productivos (tanto privados como estatales), propiciando el desarrollo económico del país. De ahí que resulte imperioso contar con un mercado de capitales desarrollado. A tal fin, además de gozar con una vasta cultura financiera en la población, es importante que esta actividad se enmarque en un cuadro impositivo si no benévolo, al menos no asfixiante.

Ahora bien, ¿cuál es el panorama actual en Argentina? Si bien, a juzgar por las recientes discusiones políticas, podría suponerse que no se pagan impuestos a la renta financiera, esto no es del todo exacto: las empresas tributan el impuesto a las ganancias por los beneficios que obtienen en sus operaciones bursátiles (compraventa de acciones, por ejemplo), e incluso por el interés que le devenguen sus plazos fijos bancarios. O sea que en el país ya se pagan impuestos a la renta financiera en cabeza de las empresas, las que a su vez son las que movilizan la mayor cantidad de capital en el mercado.

Los que no tributan el impuesto a las ganancias por la mayoría de este tipo de operaciones son las personas físicas: así, por ejemplo, cualquiera de nosotros podría comprar hoy una acción cotizante en Bolsa y venderla dentro de seis meses un 30% más cara y no abonaría ningún impuesto por tal beneficio. Si bien podríamos coincidir en la razonabilidad del cobro de un impuesto a semejante ganancia, además de centrarnos en temas de “justicia” y “equidad” deberíamos analizar el impacto económico de dicha medida.

Antes de avanzar, es importante destacar que si bien la Bolsa local en los últimos años ha dado ganancias muy elevadas, esto no es la normalidad. En el mundo, en general, se considera una excelente rentabilidad anual un 4% o 5% en dólares, y no las tasas de 15% o 20% en dólares que se han visto en nuestro país. Sin entrar a discutir en detalle las causas, podemos afirmar que la razón principal de este fenómeno se encuentra en las adversas perspectivas económicas y vaivenes políticos en la que estuvo (y en algunos aspectos continúa estando) sumergida la Argentina, lo que le ha dado una gran volatilidad al mercado. No obstante, en un contexto político-económico más estable y previsible, estas ganancias serían mucho más acotadas y acordes a las del promedio mundial.

Atento a lo descripto: ¿cómo influiría una ampliación de la base imponible del impuesto a las Ganancias para las rentas financieras/bursátiles obtenidas por personas físicas? Incluso, ¿qué beneficios para la economía podría desprenderse de una desgravación generalizada de este tipo de rentas en cabeza de las empresas?

Supongamos, por ejemplo, que las personas físicas empiecen a tributar por los beneficios emanados de bonos públicos y/o privados: este “costo extra” se trasladaría a la tasa exigida por los inversores, lo que conllevaría a  un incremento del costo de endeudamiento tanto del sector público como del privado. Además, este nuevo gravamen ahuyentaría de la Bolsa a muchos ahorristas/inversores, quienes podrían volcar sus ahorros hacia la compra de divisas, algo muy común en la idiosincrasia argentina. En definitiva, este aumento de la presión tributaria podría disminuir el número de participantes en el mercado bursátil, cercenando la capacidad de financiamiento de muchos proyectos productivos; y, simultáneamente, en caso de que la compra de divisas sea la alternativa elegida, aumentarían las presiones sobre el tipo de cambio y, con ello, el riesgo de una devaluación de nuestra moneda.

Algo similar sucedería en caso de gravar, también en cabeza de personas físicas, la tenencia de plazos fijos y/o el interés generado por estos instrumentos: los bancos verían una merma considerable de los depósitos, y esta escases de recursos complicaría su ya alicaída capacidad de otorgar créditos: las tasas de interés subirían sensiblemente, se encarecería el costo de financiamiento de los proyectos productivos, y el incremento de las tasas de los créditos hipotecarios alejaría cada vez más a las familias argentinas del sueño de la casa propia, entre otras consecuencias negativas.

A su vez, un detalle no menor, es el hecho de que tampoco tendría sentido (al menos en la Argentina actual, donde no está vigente el mecanismo de actualización por inflación), cobrar un impuesto a los intereses generados por los plazos fijos, debido a que la tasa obtenida es menor a la tasa de inflación y por ende no existiría ganancia real alguna.

Muchos políticos también proponen la implementación de un impuesto a los dividendos y utilidades empresarias recibidos por personas físicas, tal como existió desde septiembre de 2013 y hasta mediados de 2016. En aquel entonces, debido a lo estipulado por la Ley de Ganancias, toda distribución de dividendos en efectivo sufría una retención del 10% en carácter de pago único y definitivo.

Si bien puede parecer correcto en términos de equidad y justicia social, este tipo de gravamen tampoco sería ideal, al menos en el mercado argentino. En primer lugar, la mayoría de las ganancias obtenidas por los inversores bursátiles locales se originan en la compraventa de activos y no en la obtención de dividendos, siendo estos últimos de ínfima significación. En segundo lugar, gravar de esta forma la distribución de utilidades generaría una tasa efectiva del impuesto a las ganancias del 41,5%. (Veamos un ejemplo: si una empresa gana $1.000.000, paga el 35% de impuesto a las ganancias, quedándole $650.000; y si distribuye todo el monto remanente, el 10% sobre esa cifra representa un impuesto de $65.000. O sea, se abonan $350.000 + $65.000= $415.000, lo que representa una tasa del 41,5%: uno de los impuestos más altos del mundo).

Por otra parte, también resulta importante la influencia del mercado de capitales en la lucha contra la informalidad en la economía: al cotizar en Bolsa, las empresas quedan sujetas a un estricto régimen de información periódico, como por ejemplo la presentación de balances trimestrales o el deber de informar a la Bolsa en forma casi inmediata cualquier novedad que las afecte. Al estar las empresas obligadas a mantener regularizada su situación y asumir una alta exposición a los ojos de los organismos de contralor, el Estado lograría disminuir la economía informal y la consecuente evasión impositiva, lo que a largo plazo podría redundar en un incremento de la recaudación, la cual compense la disminución de ingresos fiscales originados en las desgravaciones sobre las transacciones bursátiles.

Asimismo, al aumentar el número de empresas cotizantes, el Fisco vería disminuida su carga de trabajo en la fiscalización, gracias a la colaboración de terceros: debido a la alta exposición pública de los Balances de las sociedades cotizantes, tanto la competencia de estas empresas, como cualquier otra persona, puede auditarlas y denunciar cualquier irregularidad que detecte.

También resulta muy importante que el Gobierno tenga en cuenta el efecto de una alta presión impositiva en el movimiento internacional de los capitales. Así, los grandes inversores podrían decidir mudar su capital a un país con un régimen más benévolo, lo que ocasionaría un mercado de capitales local mucho más acotado y una menor posibilidad de que la economía se desarrolle. Por ejemplo, en 1986 Suecia aumentó en un 100% la tasa del impuesto que gravaba ciertas operaciones bursátiles. ¿El resultado? Un incremento de la recaudación de sólo un 22% y una masiva fuga de inversores hacia otros países.  Luego, en 1990 el Fisco sueco abolió estos impuestos y los capitales comenzaron a retornar.

Sin ir tan lejos, actualmente, y gracias a un sostenido esfuerzo en el tiempo tendiente a desarrollar su mercado de capitales, Chile cuenta con una capitalización bursátil en relación a su PBI diez veces superior a la Argentina.

De esta forma, gracias a una disminución suficiente de la presión impositiva en las operaciones bursátiles, las empresas optarían por dicha alternativa a la hora de buscar financiamiento, lo que sería menos costoso que recurrir a bancos; además, al tener la posibilidad de conseguir una mayor cantidad de financiamiento y a un costo menor, podrían incrementar sus proyectos productivos, con el consecuente impacto positivo en la economía real. Por otro lado, el Fisco lograría aumentar la recaudación y ser más eficiente al disminuir su carga de trabajo, gracias a la simplificación de sus tareas de fiscalización.

En conclusión, en la Argentina sí se pagan impuestos sobre las ganancias originadas en operaciones bursátiles, principalmente en cabeza de las empresas; y si bien una desgravación de dichas rentas puede resultar injusta e inequitativa, esto podría verse compensado por el beneficio a mediano y largo plazo para la economía real.