Contadores en Red

Publicado el 24/12/2019 en Contadores en Red

 

Marcos Zocaro

El sábado a la madrugada el Senado aprobó un paquete de medidas (Ley 27.541, B.O. 23/12/2019), principalmente impositivas, con el objetivo de mejorar las alicaídas cuentas públicas. Entre las novedades se incluye una modificación del famoso Impuesto Cedular sobre la renta financiera (que, recordemos, no es más que una “cédula” dentro del Impuesto a las Ganancias).

Pero, ¿qué cambió en este aspecto? ¿Sigue existiendo el “impuesto sobre la renta financiera”?

Para las ganancias obtenidas durante el 2019 surge una duda: en el Proyecto de Ley aprobado en Diputados, se establecía la vigencia de las exenciones del nuevo Art. 26 inciso h) de la Ley de Impuesto a las Ganancias (LIG) desde el 2020; mientras que, en el texto aprobado en Senadores, y que finalmente se publicó en el Boletín Oficial el lunes 23, la vigencia es desde 2019. Muchos opinan que este fue un error/omisión al pasar el texto de Diputados a Senadores y que pronto se “solucionará” mediante la respectiva reglamentación. Otros, sin embargo, sostienen que no se modificará y la vigencia será desde 2019.

Ante esta situación, y dado lo cambiante de la normativa impositiva, veamos las dos posibilidades.

Supongamos que la vigencia del nuevo Art. 26 inciso h) de la LIG es desde 2019. ¿Cuáles son las exenciones que rigen durante el 2019, entonces? Están exentos todos los intereses de plazos fijos, siempre que sean sin ajuste: si fuese un plazo fijo UVA, por ejemplo, no estaría exento y tributaría por Impuesto Cedular (que en 2019 sigue vigente). Además, en este sentido, también se reestablecen las exenciones de la Ley de Obligaciones Negociables.

Es decir, los intereses de plazos fijos sin ajuste y las ganancias por títulos públicos y ONs obtenidas desde 2019 no pagarán el gravamen.

Incluso, en 2019 también rige la opción de imputar intereses de bonos y obligaciones negociables (ONs) a su costo de adquisición (tal como sucedió en 2018). Durante el 2018 la opción venía dada por el Art. 95 del Decreto 1170/2018; ahora, en 2019 el “beneficio” está establecido en el Art. 47 de la Ley 27.541. Igualmente, esta opción ya no tiene mucho sentido debido a que la exención por los intereses ya rige desde 2019…

Ahora, supongamos que la vigencia del nuevo Art. 26 inciso h) de la LIG es desde 2020. En este caso, nada cambia con relación al año 2019: a mediados de 2020 liquidaremos el Impuesto Cedular de 2019 tal como lo hicimos con la declaración jurada correspondiente al 2018. Incluso, también rige la opción ya comentada de imputar intereses de bonos y ONs a su costo de adquisición (Art. 47 de la Ley 27.541).

¿Y en 2020?

Con vigencia desde el año 2020 se derogan los ex artículos 90.1 y 90.2 (actuales 95 y 96 de la LIG): intereses de plazos fijos y rendimientos de títulos públicos, ONs, etc. O sea, la cédula correspondiente a intereses y rendimientos “deja de existir”.

A su vez, mediante el Art. 26 inciso h) de la LIG, se continúa eximiendo del Impuesto a las Ganancias a los intereses de plazos fijos, siempre que sean sin ajuste: si fuese un plazo fijo UVA, por ejemplo, no estaría exento y ahora tributaría por el régimen general, a una tasa que puede llegar al 35%, ya que el Impuesto Cedular por intereses ya no rige en 2020).

También permanecen las exenciones de la Ley de Obligaciones Negociables.

Por otra parte, el ex artículo 90.4 de la LIG (hoy Art. 98), correspondiente a la cédula por ganancias producto de la venta de activos financieros tales como acciones, bonos y monedas digitales, no se deroga; continúa vigente. Pero, los resultados por compraventa de acciones seguirán exentos del impuesto siempre y cuando las acciones coticen en bolsa argentina.

O sea, los beneficios (de fuente argentina) por venta de acciones que NO coticen en la bolsa local, pagarán el impuesto cedular del 15%, tal como lo venían haciendo (ejemplo: ADR de YPF que cotiza en Nueva York).

Además, estarán exentas las ganancias por venta de títulos públicos y ONs.

Por último, persiste la retención sobre dividendos (que en el 2020 seguirá siendo del 7%, ya que la alícuota societaria de Ganancias se mantendrá en 30% y no disminuirá al 25% como se había estipulado), y también continúa vigente el impuesto cedular sobre la venta de inmuebles.

Estas son las últimas modificaciones, al menos hasta dentro de un rato…

 

Actualización al 21 de abril de 2020: Pregunta Frecuente de AFIP sobre el tema tratado:

Publicado el 30/07/2019  en Diario Perfil

 

Marcos Zocaro

El nuevo Régimen de Promoción

El pasado 22 de mayo el Congreso nacional aprobó la Ley de Economía del Conocimiento (Ley 27.506), la cual entrará en vigencia el próximo 1 de enero y tendrá como misión reemplazar a la ya añeja Ley de Software. Se trata de una batería de incentivos fiscales cuyos destinatarios ya no son únicamente los integrantes de la industria de la programación, sino que abarca a otros sectores tan disruptivos como la biotecnología, la nanociencia o la ingeniería nuclear. Se pretende fomentar así a las actividades económicas que requieren un uso intensivo de tecnología, personal altamente calificado y que también tienen la característica de ser exportables.

Entre los principales beneficios de esta nueva norma podemos encontrar:

*una tasa reducida del 15% en el impuesto a las Ganancias,

*la exclusión del sistema de retenciones y percepciones en el IVA,

*menores contribuciones patronales, y

*un bono fiscal equivalente al 1,6 de las cargas sociales (que puede elevarse a 2 en el caso de empleados con doctorado).

Asimismo, todos estos incentivos gozarán de estabilidad fiscal (al menos) hasta el año 2029, inclusive. Así, los beneficiarios no podrán ver nunca incrementada su carga tributaria total determinada al momento de su inscripción en el régimen. Y si bien esto se refiere a la carga tributaria a nivel nacional, las provincias también fueron invitadas a incorporarse al régimen de promoción (por ejemplo, en las Legislaturas bonaerense y entrerriana ya han ingresado los respectivos proyectos de adhesión).

Para poder acceder al régimen, las empresas que desarrollen algunas de las actividades comprendidas en éste (software, biotecnología, geología, servicios profesionales de exportación, industria aeroespacial, entre otros), deberán acreditar el cumplimiento de ciertos requisitos (en las condiciones que establezca la reglamentación) como, por ejemplo,  la realización de mejoras continuas en la calidad de sus servicios y productos, la concreción de una determinada cantidad de exportaciones, la inversión en investigación y desarrollo, y/o la capacitación de los empleados afectados a las actividades promovidas.

En el caso de pequeñas empresas, con una antigüedad menor a 3 años desde el inicio de actividades, para detentar los beneficios el único requerimiento será desarrollar en el país como actividad principal alguna de las promovidas por el régimen.

 

Impulso de actividades estratégicas para el país

En un mundo globalizado donde ya existen aplicaciones móviles que reemplazan a los taxis, al delivery y hasta a los bancos tradicionales (aplicaciones que en ciertos casos alcanzaron un valor de mercado mucho mayor que varias petroleras multinacionales juntas); en un mundo donde la biotecnología colabora con el desarrollo de alimentos o con la producción más eficiente de energía, o donde la tecnología nuclear posee aplicaciones prácticas en rubros tan variados como la medicina o el arte; es de suma importancia que Argentina no quede rezagada en esta vertiginosa carrera al futuro en la que participan los principales actores globales. De ahí surge la relevancia de la flamante Ley de Economía del Conocimiento, que amplía el universo de empresas beneficiadas por la Ley de Software.

El nuevo régimen de promoción será clave para la integración de nuestro país con el mundo y promete no sólo la creación de nuevas fuentes de empleo, junto con la capacitación constante de los trabajadores, sino también la generación de divisas y el mejoramiento de la balanza comercial argentina gracias al aumento cuantitativo y cualitativo de las exportaciones.

A su vez, podría dinamizar otros sectores productivos y no solo aquellos directamente favorecidos por la Ley: las nuevas tecnologías y la transformación digital atraviesan toda la cadena de valor de la economía.

Si bien la contrapartida de estos incentivos será el costo fiscal que deberá afrontar el Estado, y que los legisladores estiman en unos $10 mil millones para el 2020, se calcula que a mediano y largo plazo las ganancias en materia de productividad y desarrollo económico superen con creces dicho costo.

Esperemos tener pronto la correspondiente reglamentación de la Ley de Economía del Conocimiento y que ésta sea sencilla y no incluya trámites engorrosos que terminen obstaculizando el acceso de las empresas al régimen. Será responsabilidad de nuestros legisladores que el futuro no se nos escape.

 

 

 

Publicado el 24/12/2019 en Diario Perfil

 

Marcos Zocaro

Si hay algo que se modifica constantemente en la Argentina es el sistema impositivo, por lo que la planificación fiscal se ha convertido en una tarea casi utópica.

Con la aprobación de las últimas medidas, el panorama impositivo para el año 2020 ha variado en forma considerable, por eso es oportuno efectuar un breve repaso de las principales novedades que afectarán a los contribuyentes:

*La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva crea el “Impuesto para una argentina inclusiva y solidaria (PAIS)”, conocido también como “dólar turista”, el cual grava con una alícuota del 30% todo consumo en moneda extranjera, y no sólo el turismo (salvo escasas excepciones, como, por ejemplo, la compra de libros). Se estima que puede llegar a recaudar unos US$1.300 millones anuales, que se destinarán a Seguridad Social y a obras de infraestructura.

*Se incrementa el Impuesto sobre los Bienes personales desde el 2019, siendo el nuevo esquema similar al existente hasta 2015, con 4 tramos: alícuotas de 0,5%, 0,75%, 1% y 1,25% (y una tasa superior para activos del exterior). No abonarán el impuesto aquellas personas cuyos bienes no superen los $2 millones (y $18 millones en el caso de vivienda).

 

*Se suspende la movilidad jubilatoria por seis meses (salvo para docentes y científicos), luego de lo cual la fórmula de actualización será reemplazada por otra. La fórmula existente se actualizaba automáticamente de acuerdo a la inflación y a la variación salarial. Durante los próximos 6 meses los aumentos jubilatorios serán por decreto. Asimismo, los jubilados que cobren la mínima recibirán dos bonos de $5.000: uno en diciembre y otro en enero.

*La alícuota en el Impuesto a las Ganancias a la cual quedan alcanzadas las empresas durante el 2020 continuará siendo del 30%, suspendiéndose así la “rebaja” que previamente había sido establecida por la Reforma Tributaria de fines de 2017 (25%).

*Los trabajadores en relación de dependencia, solteros y sin hijos, pagarán Ganancias desde los $55.262 de sueldo de bolsillo; monto que se eleva a $73.100 para los casados con dos hijos.

*Se derogó gran parte del impuesto cedular sobre la renta financiera para ganancias del año 2020 en adelante (o sea, las rentas obtenidas durante el 2019 pagarán el impuesto).

*El Decreto 37/2019, del 14 de diciembre pasado, modificó las retenciones sobre las exportaciones, eliminando el tope de $4 por dólar e incrementando las alícuotas: por ejemplo, las retenciones sobre la soja pasan del 24,7% al 30%. Y existe la posibilidad de que el Poder Ejecutivo la eleve aún más, al 33%.

*También se aumentan ciertos impuestos internos (afectando el precio, por ejemplo, de los automóviles de gama media y alta) y se suspende la reducción de las contribuciones patronales que había sido estipulada en la Reforma aprobada en 2017.

*Y en el 2020 dejará de tener vigencia la alícuota de 0% en el IVA, que durante los últimos meses incluyó a 13 alimentos de la canasta básica (leche, aceite, etc).

Mediante estas “reformas”, sumadas a otras medidas económicas (como el congelamiento de tarifas de luz y gas, o la implementación por parte de AFIP de un amplio plan de pagos para PyMEs), el Gobierno busca equilibrar las cuentas públicas y lograr la tan esperada reactivación económica. ¿Lo logrará? ¿O una vez más el aumento de la presión tributaria sólo servirá para asfixiar a la actividad económica?

 

 

 

 

Publicado el 18/12/2019 en Contadores en Red

 

Marcos Zocaro

A pocos días de finalizar un año bastante caótico en materia tributaria, no sólo por las modificaciones a las normativas aprobadas durante el 2019 (más el paquete impositivo que se aprobaría en los próximos días), sino también por el vencimiento de las declaraciones juradas del ejercicio 2018 (durante el cual comenzaron a regir las múltiples reformas introducidas por la Ley 27.430), parece oportuno efectuar un brevísimo racconto de lo sucedido en este año que se despide.

 

*Decreto 561/2019 (B.O. 15/08/2019) y RG 4546/2019 (B.O. 16/08/2019): se incrementó en un 20% el Mínimo No Imponible para trabajadores en relación de dependencia y jubilados, entre septiembre y diciembre de 2019. También se redujo un 50% el monto de los Anticipos de Ganancias de octubre y diciembre correspondientes a los trabajadores Autónomos, y se otorgó un beneficio de hasta $2.000 para los trabajadores en relación de dependencia (aportes previsionales).

 

*Decreto 567/2019 (B.O. 16/08/2019) y Decreto 603/2019 (B.O. 02/09/2019): se estableció hasta fin de año una alícuota del 0% en el IVA en caso de venta a consumidores finales, monotributistas y ciertos Responsables Inscriptos, de 13 alimentos de la canasta básica (leche, aceite, etc).

 

*RG 4597/2019 (B.O. 01/10/2019): se implementó (en forma gradual) el Libro IVA Digital. En octubre 2019 quedaron obligados aquellos que hayan sido notificados en su Domicilio Fiscal Electrónico; a partir de enero 2020 deberán utilizarlo los R.I. que se encuentren obligados a presentar el Régimen de Información de Compras y Ventas con anterioridad al 30/09/2019 y hayan realizado ventas durante el 2018 por un monto total igual o inferior a $ 500.000; las siguientes etapas de implementación serán en marzo, mayo y julio de 2020. (Micrositio de AFIP: http://www.afip.gob.ar/libro-iva-digital/conceptos-basicos/vigencia.asp). Los contribuyentes obligados al Libro de IVA Digital dejarán de presentar el Régimen de Información de Compras y Ventas.

 

*Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME: con todas sus idas y venidas, se continuó con su implementación. (Micrositio AFIP: http://www.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/default.asp).

 

*Monotributo Unificado: siendo Córdoba la provincia pionera en su adopción (julio 2018), en 2019 se sumaron Mendoza (enero), San Juan (abril), Jujuy (septiembre) y Río Negro (octubre).

 

*En 2019 venció la declaración jurada de Ganancias para personas humanas correspondiente al 2018, primer año de vigencia de la denominada “renta financiera” (además de la cédula por la venta de inmuebles), con todas las complicaciones interpretativas y operativas que suscitó. Se estima que a la fecha recaudó cerca de $10 mil millones de pesos. Y en el paquete impositivo que se acaba de enviar al Congreso, dejarán de pagar el impuesto los intereses derivados de instrumentos en pesos (ver último punto).

 

*RG 4627/2019 (B.O. 07/11/2019): se aprobaron nuevos requisitos para solicitar factura A. (Para su análisis completo, se recomienda: https://contadoresenred.com/rg-4627-nuevos-requisitos-para-solicitar-factura-a-video-y-cuadro-resumen/).

 

*Suspensión de embargos por parte de AFIP, desde mediados de agosto hasta fin del 2019. Y suspensión de las exclusiones de oficio de monotributistas, desde octubre 2019 a febrero 2020.

 

*RG 4614 (B.O. 25/10/2019): establece un nuevo Régimen Informativo mensual para los administradores de servicios de procesamiento de pagos a través de plataformas electrónicas o digitales (ej: MercadoPago) residentes o domiciliados en el país (art. 1); y para los sujetos que administran o procesan movimientos de activos a través de plataformas de gestión electrónicas o digitales (art. 3). Y aclara que, cuando dichos activos estén expresados en moneda digital o criptomoneda, deberán ser informados en pesos aplicando el último valor de cotización del tipo comprador que el operador obligado haya fijado al momento de tener que informar.

 

*RG 4621 y 4622/2019 (B.O. 30/10/2019): Régimen de Retención de IVA y Ganancias sobre billeteras digitales (ej: MercadoPago). Varios fiscos provinciales también implementaron un régimen similar (ej: en provincia de Bs. As. ARBA, por RN 19 y 25/2019; en CABA, por la Res. AGIP 305/2019 y vigente desde febrero 2020).

 

*La Res. 563/2019 (10/12/2019) de la secretaría PyME estableció los nuevos montos de ventas anuales para calificar como PyME.

 

*Ganancias y su Decreto Reglamentario: mediante los Decretos 824 (6/12/2019) y 862/2019 (9/12/2019), se aprobaron los nuevos textos de la Ley de Ganancias y de su Reglamentación, respectivamente. No fue sólo un reordenamiento de la norma, sino que se introdujeron ciertos cambios en el Impuesto, además de listar en el Decreto Reglamentario las jurisdicciones consideradas no cooperantes (entre las que encontramos a Paraguay, Bolivia y el Vaticano). El Proyecto de Ley de Emergencia enviado al Congreso el 17/12/2019 incorpora algunas modificaciones, como por ejemplo la alícuota societaria para el 2020, que continuará siendo 30% y no se reducirá al 25%, como estaba estipulado.

 

*Para 2020, el nuevo mínimo no imponible en Ganancias será de $123.862,92 (art. 30 de la LIG, ex artículo 23). Básicamente, las deducciones aumentarán un 44,28% respecto de 2019 (pero recordemos que para trabajadores en relación de dependencia y jubilados ya se habían incrementado un 20%, por Decreto 561/2019, por lo que este aumento será efectivamente de un 24,28%).

 

*RG Conjunta 4642 AFIP y SEPyME (B.O. 6/12/2019): desde 2020 la renovación del certificado MiPyME será automática.

 

*Decreto 37/2019 (B.O. 14/12/2019): se modificó el esquema de retenciones sobre las exportaciones. Se elimina el tope de $4 por dólar.

 

*DNU 34/2019 (B.O. 13/12/2019): se reinstaura por 6 meses la doble indemnización para despidos sin justa causa.

 

*Nueva Ley de Impuesto sobre los Bienes Personales, con nuevos mínimos y escalas de liquidación, vigente desde el 2019 (bienes al 31/12/2019). Mínimo no imponible de $2 millones ($18 millones para vivienda).

Valor total de los bienes que exceda el mínimo no imponible Pagarán $ Más el % Sobre el excedente de $
Más de $ A $
0 3.000.000, inclusive 0 0,25% 0
3.000.000 18.000.000, inclusive 7.500 0,50% 3.000.000
18.000.000 en adelante 82.500 0,75% 18.000.000

Fuente: AFIP.

 

Sin embargo, el Congreso modificará esta Ley para el 2019 inclusive (ver punto siguiente), reemplazando el anterior esquema por el siguiente:

 

*Ley de Emergencia Económica y de Solidaridad Social y Reactivación Productiva: el Proyecto de ley acaba de ingresar al Congreso (17/12/2019) en busca de su aprobación; incluye principalmente: impuesto del 30% por compras en moneda extranjera (“dólar turista”, pero que no abarcará sólo al turismo, sino a todo consumo en moneda extranjera, incluido el atesoramiento); suba de alícuotas en Bienes Personales (el esquema será similar al existente hasta 2015, con 4 tramos: alícuotas de 0,5%, 0,75%, 1% y 1,25%; y para bienes en el exterior la alícuota se incrementará); y un plan de pagos para PyMEs.

Otras medidas serán la devolución de IVA (tope de $700) a jubilados y beneficiarios de planes sociales; y la facultad del Ejecutivo para suspender el Consenso Fiscal y la obligación de provincias de bajar impuestos.

¿Cuál será el cambio en la normativa impositiva que aparecerá mañana en el Boletín Oficial?

 

 

 

Publicado el 24/09/2019 en Diario Perfil

 

Marcos Zocaro

Podríamos definir al mercado de capitales (o a la bolsa, para simplificar) como el punto de encuentro de los ahorristas con las empresas y el Estado: los primeros acercan su dinero buscando rentabilidad, mientras que los segundos toman prestado ese dinero para llevar adelante sus inversiones productivas. Y por lo general, todo se lleva a cabo a un costo mucho menor del que se incurriría financiándose con otras fuentes (como, por ejemplo, el crédito bancario).

En definitiva, la bolsa favorece que el ahorro de las personas se canalice hacia la concreción de proyectos productivos, siendo una importante herramienta para el progreso económico del país.

Prácticamente no existe ningún país desarrollado que no cuente con un robusto mercado de capitales.

En el caso de Argentina, la bolsa es muy pequeña. Y para advertir esto no es necesario efectuar la comparación con los mercados más avanzados, basta con ver a Chile, por ejemplo, para descubrir que el tamaño relativo de su bolsa es diez veces superior a la nuestra.

Pero, ¿por qué el mercado argentino no logra desarrollarse?

Si bien las causas son múltiples, una de las principales es el escaso acercamiento de las personas al sistema: alrededor de un 4% de la población invierte en bolsa, mientras que en EEUU el guarismo ronda el 70%.

El refugio favorito del ahorrista argentino siempre ha sido el dólar. Y no es extraño que así sea, dado que nuestra historia está plagada de crisis económicas, inflación, devaluaciones, confiscación de ahorros y defaults, acontecimientos que han dejado una marca indeleble en la mente de los argentinos.

Otro factor relevante a la hora de evaluar por qué muchas personas no optan por la bolsa a la hora de colocar sus ahorros, es la escasa cultura financiera y el desconocimiento de cómo funciona el mercado.

Incluso, a todo esto se le suma el condimento anti-mercado del Impuesto a la Renta Financiera.

Es así como el miedo generado por las tragedias económicas del pasado (y del presente), sumadas a la escasa cultura financiera y a los omnipresentes impuestos, conforman un cóctel explosivo que mantienen alejada de la bolsa a gran parte de la población.

Y lo acontecido últimamente no ha colaborado en mejorar este panorama.

El pasado 28 de agosto el ministro de Hacienda anunció que parte de la deuda argentina sufriría el ya famoso “reperfilamiento”: palabra ausente en el diccionario de la Real Academia, pero que en lenguaje criollo no significa más que una reprogramación de los plazos de pago. En este caso, las víctimas principales fueron los inversores institucionales tenedores de Letes y otras letras con vencimiento de corto plazo.

Por su parte, los Fondos Comunes de Inversión (FCI) debieron adaptar sus sistemas a las nuevas disposiciones y hubo un “corralito bursátil” de facto: por varios días muchos FCI no permitieron rescates.

Asimismo, también se propuso una reestructuración para los títulos públicos con mayor plazo de vencimiento.

Apareció así, una vez más, el fantasma del default.  Y la bolsa se desplomó. Cayeron bonos, acciones, se disparó el riesgo país y el capital administrado por los FCI disminuyó cerca de un 50%.

Y cuando creíamos que la bolsa ya estaba tirada sobre el ring sin posibilidad de ser golpeada de nuevo, el domingo 1 de septiembre llegó el nocaut en forma de Decreto de Necesidad y Urgencia: el control de cambios, el “cepo”, estaba de vuelta.

Y quizá, mientras esta columna esté siendo editada, sean lanzadas nuevas normas que empeoren aún más la salud del mercado de capitales. Normas que distancien aún más a las personas de la bolsa.

Esperemos que la situación se revierta pronto y los gobernantes tomen nota de la importancia de contar con un sólido mercado de capitales, que no le sea esquivo a las personas; un mercado de capitales con reglas claras y previsibles, que se convierta en un aliado estratégico de ahorristas, empresarios y del propio Estado, y que facilite así el desarrollo económico del país.

 

 

Publicado el 3/12/2019 en Diario Perfil, el 1/10/2019 en Contadores en Red y en SerIndustria.

 

Marcos Zocaro

Mucho se habla de la elevada presión tributaria en Argentina, entendida como la comparación entre el monto total de impuestos recaudado por el Estado y el PBI del país. Algunas estimaciones la ubican en el año 2019 en un porcentaje superior al 30%, en línea con los países más desarrollados, pero con la diferencia de que los ciudadanos de esos países reciben servicios públicos cuya calidad es incomparable a los prestados por el Estado argentino.

También se suele hablar de esta presión tributaria en los términos de cuántos días laborales necesita, por ejemplo, un empleado en relación de dependencia para saldar sus obligaciones fiscales totales, ubicando esa fecha entre junio y julio de cada año.

Se calcula que en los tres niveles estatales hay más de 160 tributos.

Sin embargo, el pago efectivo de los impuestos no representa la totalidad de la carga impositiva que terminan sufriendo los contribuyentes.

Existen múltiples regímenes de recaudación tanto a nivel nacional como provincial: retenciones de Ingresos Brutos sobre acreditaciones bancarias, percepciones sobre compras de mercadería e insumos, “impuesto al cheque”, percepciones en el resumen de la tarjeta de crédito, y la lista se vuelve interminable. Todos estos regímenes crean saldos a favor, muchas veces irrecuperables, convirtiendo a los contribuyentes en acreedores del Fisco.

Y si el contribuyente llegase a superar los parámetros de facturación anual establecidos por las diferentes normas (nacionales, provinciales y/o municipales), deberá ser agente de recaudación, con todo el gasto extra que esa nueva “obligación” implica, convirtiéndose así en un anexo no retribuido de las agencias de recaudación.

Si hablamos de “costos no tributarios” que incrementan el gasto total también debemos mencionar la existencia de diversos regímenes informativos que deben cumplir los contribuyentes, muchas veces informándole al Fisco lo que el Fisco ya sabe (por ejemplo, los empleados en relación de dependencia que superan el $1.500.000 de ingresos brutos anuales deben informar a AFIP sus ingresos, información con la que AFIP cuenta en casi la totalidad de los casos; o incluso el inefable Compras y Ventas, cuya eliminación es una de las grandes promesas fiscales).

Asimismo, nos encontramos con obligaciones aparentemente sin sentido que de no cumplirlas pueden acarrear sanciones (como, por ejemplo, que el Data Fiscal sea exhibido a color, y no en blanco y negro); o tediosas habilitaciones municipales; o la obligación de contar con nuevos y costosos controladores fiscales; o tener que lidiar con el mal funcionamiento de los aplicativos y de las páginas web de las agencias de recaudación; y los ejemplos siguen…

Y por último, al considerar la “carga extra” que soportan los contribuyentes, no puede dejarse de lado el confuso marco normativo imperante en el país: desde leyes carentes de definiciones básicas (como, por ejemplo, el Impuesto a las Ganancias que grava la venta de monedas digitales, pero sin definir dicho concepto), hasta leyes que pueden poseer variadas interpretaciones, cuya resolución muchas veces se debe dar en sede judicial.

Aquí no se pone en discusión la importancia de los impuestos y el rol recaudatorio que poseen, como contrapartida principal del gasto público. Pero sí debería considerarse su diseño y eficiencia. ¿Se podría recaudar el mismo monto (o más) pero con otros impuestos más simples de administrar y que generen menos distorsiones en la economía? A su vez, ¿se podrían evitar ciertos regímenes de información que sólo sirven para aumentar la carga administrativa (y, por lo tanto, el costo) de los impuestos?

En definitiva, habría que diseñar un sistema tributario que sirva para financiar el gasto público, pero sin asfixiar a los contribuyentes, no sólo en el pago de impuestos (en forma directa y a través de regímenes de recaudación), sino también en el innecesario caos burocrático en el que se ven envueltos.

 

 

Publicado en la Revista Impuestos n° 66 (La Ley Thomson Reuters), diciembre 2019.

Marcos Zocaro

 

 

Abstract: el objetivo del presente trabajo es analizar las nuevas reglas de Transparencia Fiscal Internacional (TFI) en el Impuesto a las Ganancias y su impacto impositivo sobre el contribuyente local, considerando los principales vehículos de inversión disponibles.

 

         

 

 

Publicado el 16/04/2019 en Contadores en Red

 

Marcos Zocaro

El nuevo texto de la Ley del Impuesto a las Ganancias -LIG (modificado por la Ley 27.430 de fines del 2017), introduce un nuevo concepto de fuente para determinadas ganancias financieras.

Recordemos que el criterio general para definir de qué fuente son las ganancias alcanzadas en el Impuesto (es decir, fuente argentina o extranjera), lo encontramos en el Art. 5 de la Ley: serán argentinas aquellas provenientes de bienes situados o utilizados en el país, o derivadas de la realización en nuestro territorio de cualquier hecho o actividad susceptible de producir beneficios, sin tener en cuenta ni la nacionalidad ni el lugar de residencia de los actores intervinientes. Sin embargo, los artículos siguientes nos brindan algunas “excepciones” a este criterio general.

En este sentido, el nuevo Art. 7 de la LIG es el que nos trae una nueva “regla” para establecer la fuente de ciertas rentas financieras: tratándose de beneficios provenientes tanto de la tenencia como de la enajenación de “acciones, cuotas y participaciones sociales —incluidas cuotapartes de fondos Comunes de inversión y certificados de participación de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares—, monedas digitales, Títulos, bonos y demás valor”, se considerarán de fuente argentina cuando el emisor de dichos valores se encuentre “domiciliado, establecido o radicado” en nuestro país.

Así, por ejemplo, si obtenemos ganancias por la venta de un título público emitido por el Estado Nacional, no interesa si la operatoria la efectuamos en la Bolsa de Buenos Aires o en Nueva York, siempre debemos considerar el resultado como de fuente local. A la inversa, la ganancia por la venta de un bono estadounidense en la Bolsa de Bs. As. será de fuente extranjera. O sea, lo que interesa es la “ubicación” del emisor y no dónde se concrete la operación.

Cabe resaltar que en el caso de las cuotapartes de fondos comunes de inversión (FCI) también interesa dónde se encuentra el emisor de la cuotaparte, sin importar los activos subyacentes. Por ejemplo, si un FCI es emitido en Argentina, pero sus activos subyacentes son todos bonos chinos, el resultado de la compraventa (o suscripción-rescate) de estos activos será siempre de fuente argentina.

Asimismo, el art. 7 aclara qué ocurre en el caso de operaciones con certificados de depósito de acciones. Antes de continuar, aclaremos que estos certificados cotizan en bolsa (por ejemplo, ADR en EEUU y CEDEAR en Argentina) y poseen como activo subyacente a acciones extranjeras. Por ejemplo, para cotizar en Wall Street, YPF (empresa argentina) debió recurrir a un banco estadounidense, el cual “tomó” la cantidad de acciones que YPF deseaba que cotizaran en EE. UU. y, en representación de ellas, emitió ADRs (“American Depositary Receipt”). Es decir, en Nueva York no cotiza directamente la acción de YPF, sino que lo hace el “certificado” denominado ADR. Si una empresa extranjera desea cotizar en la Bolsa de Bs. As., el procedimiento es similar, pero lo hará a través de un CEDEAR (“Certificado de Depósito Argentino”).

Si considerásemos la definición de Fuente que acabamos de ver, en el caso de los ADRs y CEDEARs, como el emisor de estos certificados es un banco, tendríamos que ver dónde está ubicada dicha entidad financiera a la hora de determinar la fuente. Sin embargo, el Art. 7 nos dice que, en el caso de ganancias derivadas de operaciones con certificados de depósito de acciones, tendremos que analizar dónde se encuentra radicado el emisor de las acciones y no ya del certificado. Así, por ejemplo, un ADR de YPF que cotiza en EE. UU. es emitido por un banco estadounidense, pero como el emisor de las acciones subyacentes (YPF) es argentino, las ganancias provenientes de dichos instrumentos serán de fuente argentina.

 

Importancia de la determinación de la Fuente

Determinar correctamente de qué fuente son nuestras ganancias financieras es sumamente relevante, debido a que en el caso de que las mencionadas rentas financieras (en cabeza de personas humanas y sucesiones indivisas) fuesen de fuente argentina estaríamos frente al Impuesto Cedular de los artículos 90.1 a 90.6 de la LIG (que también incluye la venta de inmuebles (Art. 90.5)), con un esquema de liquidación particular (cómputo de gastos y deducciones específicas y una alícuota impositiva del 5% o del 15%, dependiendo de la moneda y la existencia o no de cláusula de ajuste de los activos).

Por otro lado, si la fuente de las ganancias fuese extranjera el esquema de liquidación para la persona humana sería diferente:

*tratándose de intereses y rendimientos de fuente extranjera, liquidaremos por Art. 90, 1er párrafo de la LIG (escala progresiva y personal, cuya alícuota puede llegar al 35%),

*y si la renta proviene de la enajenación de valores (e inmuebles) de fuente extranjera, nos ubicaremos en la “semi-cédula” del Art. 90, 3er párrafo de la LIG (15%).

De esta forma, vemos lo importante que es determinar correctamente la fuente de las ganancias, ya que de eso dependerá que liquidemos bien el Impuesto.

 

 

 

 

Publicado el 23/04/2019 en Contadores en Red

 

Marcos Zocaro

Desde su entrada en vigencia en enero de 2018, el flamante Impuesto Cedular sobre la “renta financiera” (dentro del Impuesto a las Ganancias) ha cosechado un sinfín de críticas por parte de tributaristas, inversores y público en general. La amplia gama de cuestionamientos va desde la falta de definiciones fundamentales para poder gravar ciertos activos (por ejemplo, el caso de las monedas digitales), hasta ciertas “injusticias” que ocasiona la normativa vigente. En relación con esto último, veamos un ejemplo sobre cómo el impuesto puede afectar menos a un inversor sofisticado que a uno pequeño.

Imaginemos que un pequeño ahorrista, el cual desconoce cómo funciona el mercado de bonos, o incluso le genera “miedo” o “desconfianza” comprar títulos públicos, decidió colocar sus únicos ahorros en varios plazos fijos en pesos y sin ajuste durante el año 2018 (en un banco local), percibiendo intereses a lo largo del año. Supongamos que el capital inicial ascendió a $300.000 y como tasa efectiva promedio por todo el año tomemos un 40%. Es decir, simplificando las cuentas, en el año habrá “ganado” y cobrado unos $120.000 de intereses.

Podemos advertir fácilmente que la tasa del 40% es inferior al 47% de inflación del 2018, es decir, que en términos reales no hubo ganancia alguna. Sin embargo, habrá que pagar impuesto por los intereses percibidos.

Sabemos que los intereses de plazo fijo no están exentos en el Impuesto a las Ganancias (Art. 20 h) de la Ley), y además están sujetos al Impuesto Cedular del Art. 90.1 de la Ley. En este caso, al ser un plazo fijo en pesos y sin ajuste, la alícuota será del 5%. Considerando los $120.000 y restándole la Deducción Especial del Art. 90.6 de la Ley ($66.917,91 para el 2018), tenemos una “Base Imponible” de $53.082,09. Aplicándole el 5% nos da como resultado un impuesto cedular de $2.654,10, originado en sus “ganancias” de intereses.

Ahora bien, imaginemos que en enero 2018 otro inversor (algo más sofisticado) y que también tiene disponibles $300.000, o incluso $1 millón o más, decide volcar sus ahorros a un título público (dolarizado) Bonar 2020 (AO20). Este bono paga una tasa nominal del 8% anual en dólares (en dos cuotas: abril y octubre).

Sin realizar muchos cálculos matemáticos, podemos apreciar cómo nuestro segundo inversor, que posee un activo dolarizado y que paga elevados intereses en dólares, no sólo se cubrió de la devaluación del peso argentino frente a la moneda estadounidense (que pasó de valer $19 a valer $39 en el 2018), sino que además no pagará el Impuesto Cedular por los intereses percibidos. Veamos por qué.

El Decreto 1.170/2018, en su Art. 95, 2do párrafo, establece:

 

“… cuando se trate de títulos públicos y obligaciones negociables comprendidos en los incisos a) y b) del primer párrafo del cuarto artículo incorporado sin número a continuación del artículo 90 de la ley, podrá optarse por afectar los intereses o rendimientos del período fiscal 2018 al costo computable del título u obligación que los generó, en cuyo caso el mencionado costo deberá disminuirse en el importe del interés o rendimiento afectado.”

 

De esta forma, el inversor puede optar (sólo por el 2018) por imputar todos los intereses percibidos en 2018 por su tenencia de AO20 al costo computable de dicho bono, y así no gravar ningún interés del ejercicio 2018. Cuando venda el bono, al haber disminuido el costo computable de éste, podría determinar una ganancia mayor y, por lo tanto, un impuesto mayor; sin embargo, si no vendió el bono en el 2018 (o incluso no lo vende nunca y lo mantiene hasta su amortización total en el 2020), obviamente no generará tampoco ninguna ganancia (sujeta a impuesto) por enajenación.

En conclusión, el inversor que colocó su dinero en un plazo fijo en pesos terminó perdiendo poder adquisitivo a causa de la devaluación y la inflación del 2018, y además deberá pagar impuesto a las ganancias por los intereses cobrados; mientras que el sujeto que compró bonos dolarizados no solo no “sufrió” la devaluación, sino que además no tributará el impuesto por los intereses percibidos en el 2018.

Si vamos un paso más allá, y suponemos que el inversor más sofisticado no invierte en bonos sino que compra y vende acciones cotizantes en la Bolsa local, en este caso todas las ganancias obtenidas (por más cuantiosas que fuesen) gozarán de la exención del Art. 20 w) de la Ley.

Mediante este sencillo ejemplo vemos cómo el Impuesto Cedular puede contener disposiciones que son más beneficiosas para el inversor sofisticado, dejando en desventaja al pequeño ahorrista.

 

 

 

Publicado el 27/04/2019 en Contadores en Red

 

Marcos Zocaro

Mediante la Reforma Tributaria aprobada por la Ley 27.430, vigente desde el 01/01/2018, se introdujeron varias modificaciones en la Ley de Impuesto a las Ganancias (LIG), siendo quizá la más importante la implementación del ya famoso Impuesto Cedular (Arts. 90.1 a 90.7 de la LIG).

En esta oportunidad describiré los aspectos más sobresalientes de la denominada Deducción Especial del Art. 90.6 de la LIG.

Antes que nada, recordemos que el Impuesto Cedular engloba tanto a la denominada “renta financiera” (desde intereses de plazo fijo hasta la compraventa de acciones) como también a la enajenación de inmuebles, siempre que estas ganancias sean de fuente argentina y hayan sido obtenidas por personas humanas o sucesiones indivisas.

Y recordemos también cómo es el esquema de liquidación de esta nueva cédula; para eso, tomemos como ejemplo la venta de un bono en dólares:

 

Mediante este esquema vemos que, contra el precio de venta del bono, podemos computar tanto su costo de adquisición como los gastos directos e indirectos relacionados con la operación (último párrafo del Art. 90.6 de la LIG), más quebrantos de ejercicios anteriores (en caso de existir), más la Deducción Especial del primer párrafo del citado Art. 90.6, en la cual nos enfocaremos a continuación.

El Art. 90.6 de la LIG establece que las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país podrán computarse una Deducción Especial contra las siguientes ganancias de fuente argentina enmarcadas en el Impuesto Cedular:

*intereses del inciso a) del Art. 90.1 de la LIG (por ejemplo: intereses de plazos fijos en pesos y sin cláusula de ajuste),

*intereses del inciso b) del Art. 90.1 de la LIG (por ejemplo: intereses de plazos fijos en dólares),

*ganancias brutas por enajenación de los conceptos del inciso a) del Art. 90.4 de la LIG (por ejemplo: enajenación de bonos en pesos y sin ajuste), y

*ganancias brutas por enajenación de los conceptos del inciso b) del Art. 90.4 de la LIG (por ejemplo: venta de bonos en dólares).

Es importante resaltar que no se incluye al Art. 90.4 inciso c): es decir, no podremos computar la Deducción Especial contra ninguna de las ganancias derivadas la enajenación de acciones, certificados de fideicomisos financieros ni cuotapartes de fondos comunes de inversión cerrados. Tampoco se aplicará contra los resultados positivos por la venta de inmuebles del Art. 90.5 ni contra los dividendos del Art. 90.3 de la LIG.

Asimismo, los beneficiarios del exterior no podrán hacer uso de esta Deducción, en ninguna circunstancia.

El monto de esta Deducción Especial será “…equivalente a la suma a la que alude el inc. a) del Art. 23, por período fiscal y que se proporcionará de acuerdo con la renta atribuible a cada uno de esos conceptos“. Es decir, para el año 2018 tenemos un valor total de $66.917,91, el cual deberemos proporcionar.

Para efectuar el cálculo de la mencionada proporción nos remitimos a lo dispuesto por el Art. 149.17 del Decreto Reglamentario (DR) de la LIG, según el cual se considerarán de manera individual cada una de las diferentes “categorías” de ganancias detalladas previamente (Art. 90.1 inc. a), Art. 90.1 inc. b), Art. 90.4 inc. a), y Art. 90.4 inc. b) de la LIG). 

Veámoslo con un simple ejemplo. Supongamos que una persona humana obtuvo en 2018 un total de $100.000 de “rentas financieras”, las cuales fueron: $10.000 (10% del total) de intereses por un plazo fijo en pesos sin cláusula de ajuste, y $90.000 (90%) por la enajenación de bonos en dólares.

Sabemos que la Deducción Especial para el 2018 es de $66.917,91, por lo que proporcionaremos este valor de la siguiente forma:

*$6.691,791 (10% de los $66.917,91) contra intereses de PF, y

*$60.226,119 (90% de la DE) contra ganancia por la venta de bonos en dólares.

Tengamos en cuenta que, en el caso de los intereses en pesos y sin ajuste, la alícuota del impuesto será del 5%; mientras que para las ganancias derivadas de la venta de bonos en dólares, la tasa a aplicar asciende al 15%. A raíz de la existencia de diferentes alícuotas (y de diferentes gastos asociados a cada clase de renta), vemos la importancia de proporcionar bien la Deducción Especial, a los efectos de liquidar correctamente cada cédula.

Por último, el Art. 90.6 de la LIG dispone que el cómputo de la Deducción Especial “no podrá dar lugar a quebranto y tampoco podrá considerarse en períodos fiscales posteriores, de existir, el remanente no utilizado”.

Resumiendo, la Deducción Especial del Art. 90.6 de la LIG:

*se aplica a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en Argentina (No incluye a Beneficiarios del Exterior);

*computable contra las ganancias del Art. 90.1 y del 90.4 incisos a) y b) de la LIG (fuente argentina);

*su monto es equivalente al mínimo no imponible del Art. 23 inc. a) de la LIG (para 2018: $66.917,91);

*el monto debe proporcionarse de acuerdo con cada uno de los tipos de ganancias citados; y

*su cómputo no podrá dar lugar a quebranto, y tampoco podrá considerarse en períodos fiscales posteriores (de existir) el remanente no utilizado.