Publicado en CeSUR el 31/03/2020 y en Ser Industria el 21/05/2020

Marcos Zocaro

 

La inclusión financiera es sinónimo de acceso a los servicios financieros, desde medios de cobro y pago hasta inversiones y créditos; y la educación financiera es la capacidad de comprender los conceptos básicos de las finanzas personales y del entorno económico, necesarios para administrar el dinero, ahorrar e invertir.

En otras palabras, educación financiera es saber cómo administrar el dinero y tomar buenas decisiones económicas, y la inclusión es el acceso al sistema financiero.

Ambos conceptos, esenciales para generar igualdad de oportunidades, son tareas pendientes en nuestro país. A modo de ejemplo, en el año 2017 el Índice de Educación financiera ubicó a la Argentina en la última posición entre los países de la región (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú). Y varios de los acontecimientos de los últimos días dejaron al descubierto esta preocupante carencia.

En medio del aislamiento social producido por el Coronavirus, el pasado viernes 27 de marzo muchas personas se amontonaron frente a los cajeros automáticos en cada rincón del país: ese día se cobraban desde jubilaciones y pensiones hasta asignaciones universales por hijo y otras ayudas oficiales.

Dejando de lado el distanciamiento social y arriesgándose a contagiarse el virus, las personas salieron en busca del dinero en efectivo. La necesidad de tener los billetes en forma inmediata en su poder no es explicada sólo por cuestiones culturales (como la comodidad que representa para muchos manejarse con efectivo o la tranquilidad que a otros les da tener el dinero en papel en sus casas), sino principalmente por el hecho de que hoy en día muchos comercios continúan aceptando sólo efectivo (por más que la normativa los obligue a contar con medios electrónicos de cobro).

A esta informalidad de la economía hay que sumarle otra cuestión: lamentablemente muchos trabajadores no se encuentran registrados y reciben su salario “en negro”, por lo que su nivel de bancarización es prácticamente nulo

Los pagos con medios electrónicos, desde tarjetas de débito hasta pagos con código QR, incrementan el “blanqueo” de la economía y ayuda a las administraciones fiscales a combatir la evasión: mediante los diferentes regímenes de información que deben cumplir las entidades financieras y las fintech, el Fisco cuenta con los datos actualizados de todas las transacciones efectuadas con estos sistemas (lo que obviamente no ocurre en caso de pagos en efectivo).

Pero en lugar de fomentar la adopción de estas herramientas, con el objetivo de que a mediano y largo plazo gran parte de las operaciones se efectúen a través de medios electrónicos y la economía se transparente lo suficiente como para dejar poco margen a la evasión tributaria, el cortoplacismo y la necesidad de caja llevó a la AFIP y a muchos fiscos provinciales a implementar en los últimos meses nuevos regímenes de retenciones sobre operaciones abonadas con billeteras digitales.

Dado el contexto actual, y para evitar el uso de billetes, ¿no sería adecuado suspender temporalmente estos regímenes de retención (al menos en el caso de pequeños y medianos comercios), incentivando así la adopción de pagos QR?

La falta de inclusión financiera y la informalidad económica de un amplio sector de la sociedad, también se manifestó en estos días con relación al cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). A raíz de la crisis económica desatada por el aislamiento social, el gobierno nacional otorgará una suma de $10.000 a los sectores más vulnerables (trabajadores informales, monotributistas categoría A y B, entre otros), pero al poner en marcha esta “asistencia” surgió un inconveniente que en estos momentos se está tratando de solucionar: muchos de los potenciales beneficiarios del “subsidio” no poseen cuenta bancaria donde se les puedan acreditar los $10.000.

Dada las circunstancias, se evalúa que el cobro del IFE se concrete mediante cajeros automáticos (utilizando un código) o hasta vía Correo Argentino. Aquí se manifiesta en forma clara cómo una mayor inclusión financiera hubiese facilitado que la ayuda del Estado llegué simple y rápidamente a los beneficiarios.

Las opciones no escasean, lo que sí escasea son la educación y la inclusión financiera.

Se advierte cómo un porcentaje considerable de la población todavía está al margen del sistema financiero, a pesar de que día a día se multiplican las opciones de billeteras digitales y bancos online (regulados por el BCRA, como cualquier banco tradicional), que permiten abrir una cuenta y obtener un CBU en minutos, desde el teléfono celular, sólo con el DNI y sin necesidad de ser un trabajador formal.

Y además de dar la posibilidad de recibir dinero de terceros y efectuar pagos en comercios, muchas billeteras digitales además permiten invertir (con apenas un par de clicks) el saldo disponible en las cuentas en Fondos Comunes de Inversión, pero sin dejar de tener siempre disponible el dinero.

Como se puede apreciar, resultaría simple para cualquier persona acceder a una cuenta bancaria o billetera digital que le permitiese administrar su dinero y controlar sus gastos, además de poder invertir fácilmente sus ahorros.

Asimismo, se debe tener en cuenta que para una correcta inclusión financiera es indispensable la educación financiera, dado que sin esta educación la inclusión financiera puede llegar a ser perjudicial: sin una correcta alfabetización financiera las personas podrían tomar decisiones erradas (por ejemplo, endeudarse por encima de sus capacidades o ser víctimas de estafas digitales o invertir en instrumentos no acordes a sus necesidades).

En 2018, mediante la Ley de Financiamiento Productivo (artículos 208 a 215 de la Ley 27440) se obligó al Estado a brindar educación financiera en las escuelas secundarias. Y en el marco de dicha exigencia, en el 2019 fue redactado el Plan Nacional de Educación Financiera, cuyos principales objetivos son: potenciar el uso de servicios financieros, incentivar la planificación financiera, el ahorro e impulsar el uso de pagos digitales, y difundir instrumentos financieros apropiados para individuos y empresas.

Sin embargo, aún no se han llevado a cabo acciones concretas que empiecen a materializar lo estipulado por este Plan. Incluso muchos expertos se cuestionan si esta educación debiera empezar a brindarse a los estudiantes recién en la secundaria o si lo mejor sería instruir a los alumnos desde los primeros años de la primaria, como todo conocimiento básico y necesario para la vida.

Quizá la cuarentena logre que nuestros legisladores y funcionarios adviertan la necesidad imperante de la educación y la inclusión financiera de la sociedad y aceleren y profundicen sus políticas en este sentido.

Publicado el 09/03/2020 en Criptonoticias y el 10/03/2020 en iProUp

Marcos Zocaro

A pesar de su incorporación en la Ley del Impuesto a las Ganancias mediante la Reforma Tributaria de fines de 2017 (con vigencia desde 2018), la tributación de las monedas digitales sigue generando un sinfín de dudas, que la legislación argentina todavía no ha respondido.

La Ley habla de las monedas digitales pero sin brindar una definición de qué se debe entender en términos legales con ese concepto.

Asumiendo que las criptomonedas como el bitcoin, ethereum y cualquier otra crypto entran en el concepto de moneda digital de la Ley, veamos cómo debemos liquidar/calcular el impuesto en el caso de las personas humanas (no empresas).

Antes que nada, es importante aclarar que a finales de 2019 se introdujeron modificaciones en el Impuesto a las Ganancias (como, por ejemplo, la exención de las ganancias por la venta de títulos públicos y otros valores que cotizan en la Bolsa local), pero estos cambios no afectaron a las monedas digitales, que siguen estando gravadas.

La liquidación del impuesto a las Ganancias derivada de la venta de cryptos variará dependiendo de la fuente de la ganancia: si es argentina o extranjera.

Según la Ley, serán de fuente argentina cuando el emisor de las cryptos se encuentre ubicado en el país. De lo contrario, serán de fuente extranjera.

Pero, ¿qué sucede con las monedas digitales como el bitcoin que no cuentan con un emisor centralizado, sino con mineros distribuidos por todo el mundo? ¿Cuándo se considerará que son de fuente argentina?

Al día de la fecha no contamos con la respuesta legal, por lo que este aspecto fundamental del impuesto aún se encuentra envuelto en una nebulosa. Pero supongamos que podemos determinar la fuente y veamos las dos posibilidades que tenemos:

  • Fuente argentina: la alícuota del impuesto será del 15% cuando se enajenen monedas digitales en pesos con cláusula de ajuste o en moneda extranjera, o del 5% cuando sea en pesos (esto último fue aclarado a fines de diciembre de 2019 por la reglamentación de la Ley; de todas formas, acá surge otro inconveniente: las monedas digitales no se emiten en dólares u otra moneda, sino que son valores en sí mismos: la falta de claridad legal complica la correcta liquidación del impuesto).

El esquema de liquidación para estas ganancias de fuente argentina es el siguiente:

 

La Deducción Especial para el año 2018 fue de $66.917,91; para 2019 de $85.848,99, y para 2020 es de $ 123.861,17.

En estos casos (ganancia de fuente argentina) el gravamen se calcula en forma independiente al Impuesto a las Ganancias tradicional, por eso también se lo conoce como impuesto cedular. Por ejemplo, una persona con ingresos por su actividad profesional independiente, liquidará el Impuesto de manera habitual por ese concepto y, en paralelo, lo hará por las ganancias generadas con sus cryptos (pero las dos liquidaciones estarán dentro del mismo Impuesto a las Ganancias, no se trata de dos tributos diferentes).

  • Fuente extranjera: la alícuota siempre será del 15% pero el cálculo del impuesto será distinto, no se liquidará igual que en el caso de fuente argentina: se hará dentro del régimen general y tendremos derecho a otras deducciones, pero ya no podremos computarnos la comentada Deducción Especial.

 

Régimen informativo de AFIP

Mediante la Resolución General 4614/2019 de octubre de 2019 (y vigente desde noviembre), la AFIP ha establecido un régimen informativo mensual que deben cumplir (entre otros sujetos) los exchanges locales: deberán informar desde el nombre del titular de la cuenta hasta los montos operados y los saldos finales.

Cabe destacar que, obviamente, este régimen informativo incluye sólo a los exchanges que están bajo la órbita de las leyes argentinas.

 

Para más info: “Una Bolsa de impuestos“.

Publicado el 02/03/2020 en Contadores en Red

Marcos Zocaro

Una de las principales características de la economía argentina es la inestabilidad y el constante cambio de reglas: ante cada crisis recurrente, el gobierno de turno se las ingenia para crear nuevos impuestos, modificar los ya existentes, reinstaurar restricciones cambiarias y establecer cualquier otra medida (desesperada y poco estudiada) que ayude a sortear (al menos en el cortísimo plazo) las vicisitudes que se le presentan.

Es así como, a fines del 2019, dentro de un paquete de medidas impositivas de emergencia (rotulado como “Ley de Solidaridad social y reactivación productiva”), se crea el “Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria” (o simplemente, impuesto PAIS): se grava con una tasa del 30% la compra de bienes y servicios del exterior, incluyendo compra de divisas para atesoramiento. De esta forma, por ejemplo, si el dólar oficial cotiza $63,5, el “dólar solidario” (o sea, con el impuesto del 30%) cotiza $82,55 ($63,5X1,3).

Y aquí es cuando brota la creatividad para tratar de evitar el impuesto del 30% y el promedio de la población empieza a familiarizarse con conceptos tales como “contado con liquidación”, “dólar bolsa” e, incluso, “monedas digitales”.

Los primeros dos conceptos están relacionados con la actividad bursátil: el “contado con liquidación” es el tipo de cambio implícito que surge de comprar, por ejemplo, una acción en la Bolsa argentina (en pesos) y vender ese mismo activo en el mercado de Nueva York (en dólares); mientras que el “dólar bolsa” es el resultado de comprar un bono argentino en pesos y luego venderlo en dólares (siendo esta compraventa realizada en nuestra Bolsa).

Vale aclarar que todas estas operaciones son completamente legales y muy habituales, y en ninguno de los dos casos se aplica el impuesto PAIS.

Por ejemplo, si compramos una acción de YPF en Argentina a $767 y la vendemos en Estados Unidos a US$9,10 (sin contar gastos y comisiones), obtenemos dólares a un tipo de cambio implícito de $84,28 por dólar (o sea, $767/US$9,10). En otras palabras, aquí el “contado con liquidación” tiene un valor de $84,28.

Si comprásemos el bono AY24 en $2.990 y en la misma Bolsa argentina lo vendemos en dólares (AY24D) a US$36, obtenemos un “dólar bolsa” de casi $83.

Como puede observarse, estos dos “precios” del dólar que vimos están por encima de los $82,55 que cotiza el “dólar solidario” (dólar oficial más impuesto del 30%), por lo que no convendría “comprar” las divisas estadounidenses mediante este mecanismo. Sin embargo, apenas surgió el impuesto PAIS del 30%, tanto el “dólar bolsa” como el “contado con liquidación” estaban por debajo del valor del “dólar solidario”, y muchos aprovecharon la oportunidad para hacerse de dólares baratos. Pero con el tiempo, el mercado se fue nivelando y hoy en día es difícil que los “dólares bursátiles” se consigan más baratos que el “dólar solidario”.

Algo similar sucedió con las “monedas digitales” o “criptomonedas”, cuyo principal exponente es el famoso bitcoin. Al principio, si comprábamos una moneda digital en pesos y luego la vendíamos en dólares, obteníamos un tipo de cambio menor que el “solidario”. Pero hoy en día ya no se consigue este dólar barato. Ni siquiera operando con las “stable coin”: monedas digitales cuya cotización siempre es US$1, como es el caso de la moneda DAI.

Por ejemplo, hoy el “dólar solidario” cotiza $82,55, mientras que en una de las principales casas de cambio online de criptomonedas el DAI cotiza a $82,3. Otro ejemplo: el bitcoin cotiza a $814.132 o US$9.618, lo que equivale a un tipo de cambio implícito de $84,64 ($814.132/US$9.618), mucho más elevado que los $82,55 del dólar con impuesto.

Por lo tanto, hoy en día es muy difícil conseguir un tipo de cambio más “económico” a través de la Bolsa o de criptomonedas.

No obstante, ya que desde octubre de 2019 en la Argentina volvimos a convivir con el cepo cambiario, que nos impide comprar más de US$200 mensuales, sí podríamos utilizar tanto la compraventa de activos bursátiles como de monedas digitales para obtener dólares a un tipo de cambio cercano al “solidario”, de forma legal y sin el límite de US$200 mensuales. Pero aquí deberemos tener en cuenta las implicancias impositivas de cada operación (por ejemplo, el impuesto a las ganancias por la venta de monedas digitales).

En definitiva, las opciones comentadas pueden ayudarnos hoy a evitar el tope de compra de US$200 mensuales, pero no a adquirir dólares más baratos que el “solidario”; e incluso, algunas de estas operaciones podrían acarrear obligaciones tributarias.

Publicado el 20/02/2020 en CeSur

Marcos Zocaro

Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs[i]) argentinas representan cerca del 40% del Producto Bruto Interno (PBI) y explican más del 70% del empleo privado, entre otros factores relevantes que las transforman en una pieza clave en la economía argentina. Sin embargo, muchas veces no son beneficiadas por el contexto económico y normativo. Uno de los grandes inconvenientes que deben superar es el financiamiento para llevar a cabo sus actividades.

Si bien la fuente tradicional de financiamiento de las PyMEs es el sistema bancario y los recursos propios, durante los últimos años ha ido creciendo la alternativa del mercado de capitales.

Las principales herramientas utilizadas por este tipo de empresas son:

  • Cheques de pago diferido: una empresa que posee cheques a cobrar en un futuro (a un plazo máximo de 360 días) puede venderlos en el mercado y así adelantar su cobro. Es un sistema de descuento de cheques, donde las tasas de interés suelen ser elevadas, pero mucho más bajas que si el descuento del cheque se efectuara directamente en una entidad bancaria. Se pueden negociar bajo dos sistemas principales, según quien se responsabilice por el pago:

*sistema patrocinado: la empresa libradora del cheque patrocina y fomenta el descuento de su propio cheque en la bolsa.

*sistema avalado: las PyMEs pueden negociar cheques propios o de terceros, a través de una Sociedad de Garantía Recíproca que garantiza su pago.

 

  • Pagarés bursátiles: similar a los cheques de pago diferido, pero su plazo puede ser de hasta 3 años.

 

  • Obligaciones Negociables: consisten en una promesa de pago por medio de la cual una empresa se compromete a devolver, en un plazo determinado, el capital que los inversores le prestan, más los respectivos intereses. Su funcionamiento es equivalente a los bonos públicos.

 

  • Facturas de Crédito Electrónica[ii]: facturas emitidas por PyMEs a grandes empresas, las cuales posteriormente pueden descontarse y negociarse en Bolsa. Es un instrumento vigente desde el año pasado.

 

A lo largo del 2019, cerca de 25.000 PyMEs obtuvieron fondeo bursátil, principalmente mediante la negociación de Cheques de pago diferido y, en menor medida, de Pagarés, Obligaciones Negociables y las flamantes Facturas de Crédito Electrónicas.

En ese período, el financiamiento total en el mercado de capitales alcanzó los $325.943 millones[iii] (unos US$ 6.635 millones), de los cuales $106.230[iv] millones (US$2.218 millones) correspondieron a financiamiento PyME.

Durante 2018, estos guarismos fueron de US$7.991 para el financiamiento total y de US$1.529 millones para el segmento PyME.

Comparando las cifras del año 2019 contra las del 2018, se aprecia como el financiamiento total vía mercado de capitales decayó; sin embargo, en el caso de las empresas pequeñas y medianas el fondeo se incrementó considerablemente: un 45% en dólares.

Si indagamos en los números relativos al 2019, vemos que se negoció un monto de $96.419 millones en Cheques de pago diferido (se descontaron un total de 310.578 cheques), $8.952 millones en Pagarés y $861 millones en Facturas de Crédito Electrónicas. Claramente la herramienta más utilizada por las PyMEs fue el descuento de cheques, incrementándose un 147% respecto del 2018.

Este aumento del financiamiento PyME en el mercado de capitales se explica en gran medida por los menores costos relativos en comparación al habitual sistema bancario. Sólo a modo de ejemplo: en marzo de 2019, se negociaron en la Bolsa cheques de pago diferido avalados a tasas cercanas al 30%, un 50% más bajas que en los bancos.

A su vez, la nueva regulación de la Superintendencia de Seguros de la Nación (Resolución n° 187) también favoreció la suba del volumen negociado en el mercado: desde marzo de 2019 las compañías de seguros debieron incrementar el porcentaje de su cartera destinado a instrumentos PyMEs (hasta alcanzar el 5% como mínimo desde mediados de 2019).

De todas formas, a pesar de la tendencia creciente año a año, el financiamiento PyME vía mercado de capitales continúa siendo insignificante, predominando el fondeo con recursos propios (utilidades y aportes de los socios), con porcentajes que durante la última década promediaron más del 50% del total del financiamiento. Le siguen de cerca el crédito bancario y con proveedores[v].

En definitiva, dada la importancia de las PyMEs en el desarrollo económico del país, se debería no solo facilitar y ampliar el acceso al crédito (siendo el mercado de capitales fundamental en este sentido), sino también asegurar un marco regulatorio e impositivo que colabore con la actividad PyME y no que se convierta en un obstáculo más (pero este último tema, seguramente, será parte de otro artículo…).

 

 

[i] Parámetros para ser calificados como PyMEs: Resoluciones 220 y 563 del 2019 (Secretaría de emprendedores y de la pequeña y mediana empresa).

[ii] Ley 27.440. Y micrositio AFIP: https://www.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/default.asp

[iii] https://www.cnv.gov.ar/SitioWeb/Prensa/Post/1387/1387financiamiento-en-el-mercado-de-capitales—diciembre-2019

[iv] http://www.mav-sa.com.ar/uploads/tx_sbdownloader/Informe_MAV_2019.pdf

[v]Fundación Observatorio PYME: https://www.observatoriopyme.org.ar/espacio-pyme/las-pyme-diversificaron-las-fuentes-de-financiamiento-durante-la-ultima-decada-mito/

Publicado el 20/02/2020 en SerIndustria

 

Marcos Zocaro

Límite al costo de las tarjetas

En la tarde del miércoles, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aprobó dos importantes disposiciones con el objetivo de reactivar el consumo. Por un lado, estableció el tope de 55% nominal anual a la tasa de interés que cobran las tarjetas de crédito para financiar compras (Comunicación A6911); y por otro lado, congeló por 180 días hábiles las comisiones que las entidades financieras cobran por los diferentes servicios (Comunicación A6912).

De esta forma, se pretende alivianar el costo que soportan los usuarios de tarjetas de crédito y así fomentar el retraído consumo.

Por ejemplo, el Banco Nación ya anunció que desde marzo reducirá la tasa de interés que cobra para financiar las compras con tarjetas del 67% al 49% nominal, quedando el costo financiero total (intereses más gastos) en valores inferiores al 80%.

Paralelamente a estas medidas adoptadas por el BCRA, legisladores oficialistas han presentado en el Congreso un proyecto de reforma de la Ley de tarjetas de crédito n° 25.065. Proponen implementar también un tope para las tasas de interés que cobran las tarjetas de crédito: en este caso, la tasa no podría superar a la de referencia establecida por el Banco Central, la cual será la correspondiente a las LELIQ o la tasa que el BCRA determine como Tasa de Política Monetaria.

 

La tasa de las LELIQ sigue bajando

En un miércoles muy movido, la Autoridad Monetaria también disminuyó la tasa de las LELIQ, llevándola del 44% al 40% nominal anual. Recordemos que hace apenas 2 meses la tasa se ubicaba en 63%.

Si bien con este combo de medidas se busca impulsar el consumo y reactivar el crédito productivo, en el contexto actual de la economía argentina, la rápida disminución de la tasa de interés no está exenta de riesgos: la inflación continúa en niveles elevados y las tasas reales podrían quedar en terreno negativo, fomentando que los inversores se desprendan de los pesos y busquen dolarizar sus carteras, presionando así la cotización de la moneda estadounidense. Y todo esto teñido de incertidumbre por el futuro de la deuda soberana argentina.

El equilibrio es bastante frágil y exige la máxima prudencia por parte del Banco Central.

Publicado en Diario Perfil el 18/02/2020

 

Marcos Zocaro

Los precios de acciones y bonos están muy atados a la política y cualquier acontecimiento o rumor, por mínimo que sea, puede generar violentas variaciones en las cotizaciones. La volatilidad será una constante en este 2020.Y el riesgo para los activos argentinos permanecerá demasiado elevado.

El panorama, de esta forma, no está para nada claro. Como el más osado de los equilibristas, el Gobierno nacional necesita lograr una exitosa reestructuración de la deuda antes de marzo próximo (lo que incluye al FMI), al mismo tiempo que debe mejorar las cuentas públicas, disminuyendo el déficit fiscal y procurando la reactivación de la economía. ¿Lo logrará?

Esperemos que sí y que el año próximo podamos publicar un artículo sobre “El milagro argentino de 2020” y no sobre el desastre económico que nos dejó el 2019 y que, en consonancia, también involucró al año bursátil.

De hecho, si bien en las últimas ruedas del año pasado se vivió un rally ascendente, con subas superiores al 10% mensual en muchos activos, esto no fue más que un aliciente para tanta baja acumulada: el S&P Merval (índice que mide el desempeño de las acciones locales) se desplomó casi un 30% en dólares en el período mencionado.

Desde inicios de 2019, el mercado venía mostrando un rendimiento aceptable, hasta que el lunes 12 de agosto, el día posterior a las elecciones PASO, se produjo uno de los derrumbes bursátiles más grandes de nuestra historia. Algunas acciones cayeron hasta un 50% en dólares y los títulos públicos, un 20%, todo esto acompañado de una disparada de la cotización del dólar oficial (que subió casi un 20% sólo ese día).

Si ampliamos el rango de análisis a los cuatro años de mandato de Cambiemos, las empresas argentinas cotizantes en Bolsa perdieron cerca del 56% de su valor de mercado, lo que representa más de 30.000 millones de dólares.

El segundo semestre de 2019 también estuvo signado por la escalada del riesgo país (sobre tasa de interés que debería pagar la Argentina para endeudarse, en comparación con los Estados Unidos), el cual empezó el 2019 por debajo de los 800 puntos, llegando a superar los 2.500 durante el año y finalizándolo en casi 1.800.

Incluso, luego de la renuncia del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, su reemplazo, Hernán Lacunza, anunció el famoso “reperfilamiento” de deuda, reprogramando las fechas de pago de parte de las obligaciones de corto plazo.

Después de ese “virtual” default, para frenarla sangría de dólares del Banco Central, tuvimos el regreso del viejo y conocido cepo cambiario. Para apuntalar las medidas, en paralelo se dispuso una serie de restricciones a la operatoria con títulos públicos (parking bursátil) y el más reciente impuesto PAIS del 30% sobre los consumos en moneda extranjera.

En los últimos días del año pasado, el alza en las cotizaciones bursátiles se debió principalmente a la buena aceptación por parte del mercado del paquete fiscal aprobado en el Congreso.

Sin embargo, siguiendo paso a paso la novela de la deuda (no sólo nacional, sino también de la provincia de Buenos Aires), en enero la situación se revirtió y la Bolsa volvió a terreno negativo: cayó más del 16% en dólares y las empresas locales perdieron cerca de 1.700 millones de dólares de su capitalización bursátil.

Publicado el 4/2/2020 en CeSUR

 

Marcos Zocaro

La presión tributaria

La presión tributaria argentina (es decir, el monto total de impuestos recaudado por el Estado comparado con el PBI) se ubica actualmente en niveles del 30%. La pregunta sobre la que giran todas las discusiones referidas al tema es si este porcentaje es elevado. Si lo comparamos con los países más desarrollados, parecería que no. Sin embargo, ¿podemos afirmar que los ciudadanos argentinos recibimos por parte del Estado servicios públicos cuya calidad es equiparable a la que reciben los ciudadanos de, por ejemplo, Dinamarca? La respuesta es un rotundo no. Por tal motivo podríamos asegurar que la presión tributaria local es alta.

Y para empeorar el panorama, al analizar el sistema tributario advertimos que está conformado por una maraña de gravámenes, muchos de los cuales parecen tener sólo la funcionalidad de incrementar la carga burocrática de los contribuyentes.

Según cálculos efectuados por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), nuestro sistema tributario está compuesto por unos 163 tributos diferentes en todos los niveles de gobierno: 40 nacionales, 41 de las diferentes provincias y 82 de todos los municipios del país. Pero de este universo impositivo, sólo un puñado son los principales responsables de la recaudación.

Por ejemplo, en 2019 la recaudación tributaria nacional ascendió a $5.023.566,2 millones, siendo los tres pilares de este monto: el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Ganancias (IG) y la Seguridad Social, que en conjunto significaron el 75,7% de la recaudación total[i]. Dicho de otra forma, más de 35 impuestos nacionales recaudaron en su conjunto menos del 25% del total.

A nivel provincial, la situación es similar: por ejemplo, si tomamos los datos de la provincia de Buenos Aires (PBA), del total recaudado en el año 2019 (unos $366.005.390.776), cerca del 72% corresponde sólo al Impuesto sobre los Ingresos Brutos[ii].

¿Son necesarios el resto de los impuestos que recaudan un escaso porcentaje de la recaudación total (y que suelen ser distorsivos)? ¿O debería rediseñarse el sistema tributario, procurando reducir la cantidad de tributos inútiles y enfocándose en los que sí recaudan el mayor porcentaje de recursos?

También se suele medir la presión tributaria en los términos de cuántos días laborales necesita, por ejemplo, un empleado en relación de dependencia para saldar sus obligaciones fiscales totales: el “Día de la independencia tributaria” se ubica entre junio y julio de cada año.

Otra forma fácil de observar la presión fiscal puede ser analizando qué porcentaje del precio de un producto determinado es responsabilidad de los impuestos. Por ejemplo, el IARAF determinó que en una gaseosa cuyo precio de venta al público es de $82, unos $39,56 son explicados por tributos (Tasa municipal de Seguridad e Higiene, impuestos a los Débitos y Créditos bancarios, a las Ganancias, IVA, Seguridad Social, y la lista continúa).

 

La otra presión tributaria

Además de la presión fiscal “visible”, determinada por el efectivo pago de impuestos, nos encontramos también con la presión fiscal “oculta”: aquella que no nos demanda en forma directa el pago de impuestos, pero que de todas formas implica la pérdida de dinero y de tiempo.

Existen innumerables regímenes de recaudación a escala nacional, provincial y hasta municipal. Depositamos $1.000 en el banco, controlamos el movimiento en nuestro homebanking y automáticamente vemos que, como si fuese obra de algún virus informático, los $1.000 se transforman en $980. Y cuando consultamos, nos dicen que los $20 son a cuenta del pago de impuestos, y esos $20 se suman a otros montos que nos van reteniendo y/o percibiendo otros agentes de recaudación, y a la hora de pagar los impuestos vemos que los montos que nos fueron “sacando a cuenta” superan con creces los impuestos a pagar. Y ahí nacen los saldos a favor, y así nos transformamos en acreedores del Fisco. Y al querer solicitar la devolución de ese saldo, deberemos satisfacer una serie de requisitos muchas veces de difícil cumplimiento, por lo tanto, seguiremos acumulando saldos a favor. Y esto no hace más que acrecentar nuestra “carga fiscal”. Y mientras nos sucede todo esto, muchas veces rogamos no tener que actuar nosotros como agentes de recaudación, con toda la carga administrativa que esto implicaría.

Y si hablamos de la obligación de ser agentes de recaudación, debemos señalar que, en muchos casos, a pesar de la inflación del 2019, no se han actualizado los ingresos anuales que obligan a los contribuyentes a inscribirse como agentes. Esto llevaría a más contribuyentes a sumarse al universo de agentes.

Al referirnos a la presión tributaria “oculta” también tenemos que mencionar a los variopintos regímenes informativos (cuyo incumplimiento puede venir acompañado de duras sanciones), a las tediosas habilitaciones municipales, e incluso a los confusos y cambiantes marcos normativos.

 

La utopía de la estabilidad fiscal

Y si hay algo que agregarle a la presión tributaria comentada, es la falta de estabilidad fiscal, el constante cambio de las reglas de juego y el menosprecio por la seguridad jurídica, que no ayudan mucho a la planificación empresaria y a la seducción de las inversiones.

Convivimos con reformas permanentes en las leyes impositivas, creación de nuevos impuestos, e incluso la sanción de normas reglamentarias que en forma inconstitucional modifican el espíritu original de las leyes.

Un ejemplo, no sólo de la ausencia de estabilidad fiscal, sino de la poca planificación por parte del Estado, es la Reforma Tributaria sancionada a fines de 2017 mediante la Ley 27.430: para lograr la aprobación legislativa de la Reforma, el oficialismo tuvo que ceder ante el pedido de la oposición e incorporar el famoso Impuesto a la Renta Financiera en el nuevo paquete impositivo. Impuesto que recaudó muy poco, influyó en el inicio de la corrida cambiaria del 25 de abril de 2018 (cuando los Fondos Comunes de Inversión empezaron a desprenderse de sus tenencias de LEBAC para esquivar el impuesto), y que a fines de 2019, encima, fue prácticamente derogado.

Asimismo, a fines de 2019 también se suspendió la baja del Impuesto a las Ganancias empresarias: la mencionada Ley 27.430 había fijado una disminución gradual de la alícuota societaria en Ganancias, reduciéndose del 35% previo a 2018, al 30% en 2018 y 2019 y al 25% a partir del 2020; sin embargo, la reciente Ley 27.541 (Ley de “Solidaridad”) determinó que la tasa del 30% continúe también en 2020.

Lo que se escribe con la mano, se borra con el codo.

Y si hablamos de Ingresos Brutos, las provincias también suspendieron en 2020 la baja de alícuotas que había sido acordada en el Consenso Fiscal del año 2017.

Por último, y sin ánimos de acabar con los innumerables ejemplos de la carencia de estabilidad fiscal en Argentina, podemos mencionar lo que seguro sea el caso más emblemático: lo acontecido hace días con el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento (reemplazo del viejo Régimen de Promoción de la Industria del Software). Aprobado en el Congreso en 2019, casi por unanimidad, el nuevo Régimen estableció, desde el 2020, beneficios fiscales y previsionales a todo el sector del Conocimiento (desde empresas informáticas y de ciencias aplicadas, hasta servicios profesionales de exportación). Por ejemplo, una alícuota de sólo el 15% en el Impuesto a las Ganancias, reducción de contribuciones patronales y bonos fiscales para el pago de impuestos, entre otras ventajas. Pero, sin lugar a duda, uno de los principales atractivos lo representaba el hecho de que durante diez años todos los beneficiarios gozarían de estabilidad fiscal: por ningún motivo podrían ver incrementada su carga tributaria nacional total (calculada al momento de inscripción en el Régimen).

Sin embargo, el 20 de enero pasado, una Resolución suspendió virtualmente la aplicación del Régimen y se rumorea que en pocas semanas saldrá una nueva normativa modificando los beneficios originales e, incluso, disminuyendo el período de estabilidad fiscal a 5 años. En definitiva, un Régimen aprobado por el consenso de casi todas las fuerzas políticas y que aseguraba para sus beneficiarios la estabilidad fiscal por 10 años, apenas duró unos días intacto…

 

Palabras finales

De ninguna manera se está poniendo en discusión la necesidad de los impuestos y el rol que poseen como contrapartida principal del gasto público. Pero lo ideal (quizá utópico) sería diseñar un sistema tributario sencillo, progresivo y estable, que no asfixie a los contribuyentes (no sólo en el pago de los impuestos, sino en innecesarias obligaciones formales), donde no abunden los impuestos menores que no recaudan prácticamente nada y que sólo sirven para acrecentar el caos burocrático, y donde los continuos vaivenes de la coyuntura socioeconómica no se traduzcan siempre en la incorporación al sistema de nuevos y distorsivos tributos.

 

 

 

 

[i] https://www.argentina.gob.ar/economia/ingresospublicos/recaudacion

[ii] www.gba.gob.ar/hacienda_y_finanzas/direccion_provincial_de_politica_tributaria/recaudacion_provincial

Publicado el 20/01/2020 en el Blog de Economía del Sector Público

 

Marcos Zocaro

En la actualidad se ha vuelto algo normal escuchar o leer sobre la Economía del Conocimiento y su impacto positivo en la productividad del país y, sobre todo, en nuestra vida cotidiana; ¿pero de qué se trata concretamente?

Aclaratoria: al momento de publicar este artículo, se dictó la Resolución 30/2020  que derogó las Resoluciones 1084/2019 y 449/2019 y suspendió los plazos para procesar las solicitudes de adhesión al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. Por lo tanto, hasta que no exista nueva norma reglamentaria, el Régimen queda virtualmente suspendido.

 

La Economía del Conocimiento es un término que se utiliza para referirse al universo de actividades productivas caracterizadas por el uso intensivo de tecnologías, conocimiento científico y capital humano altamente calificado, entre las cuales podemos encontrar a la robótica, la inteligencia artificial, la biotecnología, la geología, la industria aeroespacial o, incluso, los servicios profesionales de exportación (López, 2017).

Desde el año 2004 al 2019 estuvo vigente en la Argentina la Ley de Promoción de la Industria del Software, otorgándole considerables ventajas impositivas al sector informático. Pero esa norma, si bien fue beneficiosa para la industria del software (FIEL, 2018), se tornó insuficiente para los tiempos que corren. Es por este motivo, que los legisladores decidieron no prolongar su vigencia sino directamente reemplazarla desde el 1 de enero 2020 por la Ley 27.506, que crea el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, vigente hasta el 31/12/2029. Esta ley ya no favorece sólo a la industria informática, sino que amplía los beneficios a todo el sector del Conocimiento.

¿Pero por qué es importante impulsar y promover estas actividades? Las razones son múltiples: debido a la calidad y cantidad de empleo que pueden generar, como también al impacto positivo en todos los sectores de la economía; aumento de la eficiencia productiva, disminución de costos, mejora de los procesos y constantes innovaciones (desde nuevos sistemas informáticos hasta nanotecnología aplicada a intervenciones quirúrgicas). (López, 2018; y Belisario de Azevedo, 2018)

Asimismo, estas actividades pueden motorizar a sectores tradicionales de la economía, al obligarlos a ser más competitivos. Pensemos que vivimos en un mundo donde las aplicaciones móviles amenazan con reemplazar a los taxis, incluso a los bancos, y los obligan a mejorar sus servicios para no perder clientes[1]; un mundo donde la biotecnología colabora con el desarrollo de nuevos alimentos, o la ingeniería nuclear que se emplea en medicina, o drones utilizados en agricultura, impresiones 3D en la industria ortopédica, y hasta la computación cuántica que en un futuro próximo desarrollará computadoras extremadamente veloces (que luego serán usadas en todos los sectores de la economía, incluso en la vida cotidiana), creando así una verdadera sinergia entre todas las actividades.

Por eso se dice que es una ley transversal, ya que no está acotada a una sola industria, sino que abarca a una pluralidad de actividades caracterizadas por el uso del conocimiento y explotación de los avances científicos.

Realizados estos comentarios, veamos brevemente de que se trata la nueva Ley y qué beneficios ofrece al sector de la Economía del Conocimiento.

 

Actividades alcanzadas

La Ley de Economía del Conocimiento consiste en una batería de incentivos fiscales y previsionales que benefician directamente a sectores tales como informática, software, inteligencia artificial, ciencia aplicada, bioquímica, geología, nanotecnología, o servicios profesionales de exportación, y en forma indirecta a todo el ecosistema económico.

El detalle con todos los rubros alcanzados por el Régimen se encuentra en la normativa vigente (Ley 27.506/2019 y Resolución 449/2019, y modificatorias).

 

Beneficios impositivos y previsionales

Es probable que el principal atractivo del Régimen sea la Estabilidad Fiscal: durante la vigencia de la norma (al menos hasta el 31/12/2029), los sujetos comprendidos no podrán ver incrementada su carga tributaria nacional total, calculada al momento de inscripción en el Régimen (esto abarca a todos los impuestos directos, tasas y derechos, pero no incluye a los tributos indirectos, como el IVA). A su vez, la Estabilidad Fiscal podrá extenderse a la carga tributaria provincial en la medida que las provincias se vayan adhiriendo al Régimen (por ejemplo, ya lo ha hecho Jujuy, y otras ya cuentan con el proyecto de adhesión). Esto significa una importante medida en pos de la planificación empresaria.

Asimismo, ente los principales beneficios fiscales a los que pueden acceder los inscriptos en el Régimen nos encontramos con:

  • una alícuota reducida en el Impuesto a las Ganancias del 15% (para el resto de las empresas la alícuota hoy es del 30%), siempre y cuando la empresa no reduzca la nómina de personal;
  • la exclusión del sistema de retenciones y percepciones en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que resulta muy positivo desde el punto de vista financiero;
  • una reducción de las contribuciones patronales que deban pagar los empleadores; y
  • la obtención de un bono de crédito fiscal aplicable contra el pago de IVA y/o Ganancias: dicho bono estará ligado a la cantidad de empleados en relación de dependencia que posea la empresa, e incluso será mayor en caso de contar con empleados con el título de Doctor.

Con estos beneficios se pretende impulsar la capacitación de los empleados, y a su vez, al bajar los costos laborales, fomentar la contratación de trabajadores en relación de dependencia en desmedro de la tercerización.

 

Requisitos de adhesión

Para adherir al Régimen, los sujetos podrán ser únicamente personas jurídicas (no incluye personas humanas), y deberán desarrollar en el país, como actividad principal, alguna de las actividades promovidas (detalladas en la Ley 27.506/2019 y la Resolución 449/2019).

Es importante resaltar que el requisito de la actividad principal se verá satisfecho cuando el porcentaje de facturación de dicha actividad sea como mínimo del 70% de la facturación total.

Además de cumplir con este requisito de actividad principal, el artículo 4 agrega que se deberán verificar al menos dos de las siguientes condiciones:

1) Acreditar procesos de mejora continua en la calidad de sus servicios y productos (como, por ejemplo, las normas ISO), o

2) efectuar erogaciones en Investigación y Desarrollo (siempre en la actividad promovida y al menos en un 3% de la facturación total) y/o erogaciones en capacitación del personal (mínimo de 8% de la masa salarial total), o

3) realizar exportaciones de bienes o servicios que surjan de las actividades promovidas, de al menos un 13% de la facturación total correspondiente a esas actividades.

Es evidente como el legislador, mediante estos requisitos, persigue (entre otros objetivos) favorecer y estimular la investigación científica y el desarrollo de nuevos productos, con los beneficios económicos que esto puede traer aparejado; además de impulsar las exportaciones, con la consecuente mejora de la balanza comercial argentina, y también privilegiar la constante capacitación y perfeccionamiento de los empleados (procurando de esta forma un incremento de la productividad).

Por otra parte, con respecto a las microempresas con una antigüedad menor a 3 años desde su inicio de actividades, para acceder al Régimen sólo deberá acreditar el desarrollo de alguna de las actividades promovidas (siempre como actividad principal). Ningún otro requisito. Y transcurrido ese plazo, sí deberán ajustarse a los requisitos generales.

A los fines de categorizar como microempresa, se deberán cumplir los parámetros establecidos por la Resolución 563/2019 de la Secretaría de Emprendedores y PyME.

 

Proyecciones económicas

Se estima que el costo fiscal para el año 2020, producto de los beneficios y desgravaciones, rondaría los $8 mil millones. Pero este costo se vería plenamente “compensado” a mediano y largo plazo gracias al mejoramiento de las condiciones económicas impulsado por el Régimen. Entre los aspectos a resaltar podemos mencionar:

  • Hoy en día el sector de la Economía del Conocimiento representa un 22% del PBI: para el año 2025 se espera que este guarismo sea del 26%. (Por ejemplo, en el caso de los EE.UU. actualmente esta cifra ronda el 38%).
  • Exportaciones del sector en 2030 ascenderían a US$15 mil millones, según estimaciones de la Secretaría de Emprendedores y de Argencon, cámara que nuclea a los principales actores del sector (esto representaría un incremento del 150% en relación con el monto actual de US$6.200).
  • Se crearían unos 400.000 nuevos empleos en 2030 (duplicando la cantidad actual de empleos en el sector).
  • Aumentará considerablemente el empleo calificado y la productividad, junto con el salario de los trabajadores. Según estimaciones de Argencon y del Observatorio de la Economía del Conocimiento (Ministerio de Desarrollo Productivo nacional), hoy la remuneración bruta anual promedio de los asalariados registrados en empresas del sector varía entre US$15 mil y US$20 mil anuales, y se espera que este promedio se incremente al menos un 60% para el 2030. (En los EE.UU dichas remuneraciones brutas anuales hoy puede superar holgadamente los US$60 mil [2]).
  • Existirá una mayor vinculación entre las empresas y el Sistema Educativo, debido a la necesidad de las empresas de invertir en capacitación para acceder a los beneficios comentados anteriormente.
  • El impacto positivo se dará en todos los sectores de la economía (López, 2018; y Gayá, 2017). Como ejemplo de esto, podemos mencionar el de la empresa Amazon, que ya anunció en 2019 una inversión de US$ 800 millones en un centro de datos en Argentina (aunque en los últimos días, habría suspendido la inversión debido al contexto económico [3]).

 

Comentario final

Como vemos, el potencial argentino al desarrollar y fomentar el sector de la economía del conocimiento es elevado y puede convertirse en el nuevo motor de la economía y producción argentinos, en beneficio de toda la población. Esperemos, entonces, que nuestros gobernantes estén a la altura de las circunstancias y consideren el fomento al sector de la Economía del conocimiento como una verdadera política de estado.

 

Notas

[1] Ver, por ejemplo: https://www.clarin.com/zonales/taxis-remises-oeste-lanzan-app-competir-uber_0_hETiRnv4V.htmlhttps://www.eleconomista.com.ar/2017-12-bancos-invierten-competir-fintech/ y https://blogs.iadb.org/innovacion/es/innovacion-financiera-puede-aprender-la-banca-tradicional-las-fintech/

 

[2]https://www.procordoba.org/images_db/noticias_archivos/2442-SSI%20Estados%20Unidos.pdf

 

[3] www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/Amazon-Web-Services-define-una-inversion-de-us-800-millones-en-Bahia-Blanca-20191003-0001.html y www.cronista.com/tecnologia/Amazon-pone-una-pausa-a-su-inversion-de-us-800-millones-en-la-Argentina-20200107-0012.html

 

Referencias bibliográficas:

*López, A. (2017). Los servicios basados en conocimiento: ¿una oportunidad para la transformación productiva en Argentina? Documento de Trabajo Nº 3. Secretaría de Transformación Productiva. Ministerio de Producción de Argentina. (https://biblioteca.produccion.gob.ar/document/download/330)

 

* López, A. (2018). ¿Son los servicios el futuro del desarrollo productivo en la Argentina? Blog Alquimias Económicas. (https://alquimiaseconomicas.com/2018/02/14/son-los-servicios-el-futuro-del-desarrollo-productivo-en-la-argentina/#more-2656)

 

*Fundación FIEL (2018). La Ley de Promoción del Software y su impacto en la evolución del sector. Informe realizado por solicitud de la Cámara de la Industria del Software.  (https://www.cessi.org.ar/comunicados/docs/Reporte-ECONOMICO-Fundacion-FIEL-CESSI.pdf)

 

*De Azevedo, Belisario (2018). Los servicios basados en el conocimiento: ¿el futuro del desarrollo? Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (https://conexionintal.iadb.org/wp-content/themes/mobius/versionimpresionsingle.php?articleId=14677)

 

*Informe sobre Servicios Basados en el Conocimiento Nro 10 – Agosto 2019 (Ministerio de Desarrollo Productivo: https://biblioteca.produccion.gob.ar/buscar/?fid=16&cid=43#content)

 

*Gayá, Romina (2017). Automatización en servicios basados en el conocimiento. Observatorio de la Economía del Conocimiento (https://www.produccion.gob.ar/wp-content/uploads/2017/10/Automatizacion-SBC.pdf)

 

 

 

 

 

Publicado el 31/01/2020 en Contadores en Red

 

Marcos Zocaro

La Ley 27.541, publicada en el Boletín Oficial el 23 de diciembre de 2019, modificó (entre otras normativas impositivas) la Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales (LIBP).

El nuevo esquema de alícuotas y escala quedó fijado desde el ejercicio 2019 de la siguiente forma (artículo 25 de la LIBP):

Además, según el artículo 24, el mínimo no imponible quedó establecido en $2 millones (y $18 millones en el caso de vivienda).

Sin embargo, el cambio más resonante introducido por la Ley 27.541 fue la incorporación, en el artículo 25 de la LIBP, de una alícuota incremental en caso de bienes situados en el exterior.

Según el artículo 9 del Decreto n° 99/2019, esta nueva alícuota aumentada variará dependiendo de la siguiente escala:

A su vez, los artículos 10 y 11 del citado Decreto establecen que quedarán exceptuados del pago de la alícuota incremental los sujetos que hubieren repatriado activos financieros hasta el 31 de marzo de cada año, y que dichos activos representen, por lo menos un 5% del total del valor de los bienes situados en el exterior.

Estos activos podrán ser:

*las tenencias de moneda extranjera en el exterior y,

*los importes generados como resultado de la realización de los activos financieros pertenecientes a las personas humanas domiciliadas en el país y las sucesiones indivisas radicadas en el mismo.

Además de cumplir las condiciones comentadas, los fondos también deberán permanecer depositados hasta el 31 de diciembre, inclusive, del año calendario en que se hubiera verificado la repatriación, en entidades financieras de la Ley N° 21.526 y sus modificatorias, a nombre de su titular.

Originalmente, la única opción era repatriar los fondos e inmovilizarlos hasta el 31/12; sin embargo, el 30/01/2020, mediante el Decreto 116/2020 se modificó el Decreto 99/2019, permitiendo que, una vez repatriados, los fondos además puedan afectarse a:

*su venta en el mercado único y libre de cambios (MULC), a través de la entidad financiera que recibió la transferencia original desde el exterior (opción poco atractiva, al menos hoy en día, ya que al vender las divisas se obtienen casi $60 por dólar estadounidense, cuando recomprar ese dólar cuesta $82, debido al spread cambiario y al impuesto PAIS del 30%); o

*adquisición de certificados de participación y/o títulos de deuda de fideicomisos de inversión productiva que constituya el BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR (BICE) en carácter de fiduciario y bajo el contralor del Ministerio de Desarrollo Productivo, siempre que tal inversión se mantenga bajo la titularidad del contribuyente hasta el 31/12, inclusive, del año calendario en que se produjo la repatriación; o

*suscripción o adquisición de cuotapartes de FCI existentes o a crearse, en el marco de la Ley N° 24.083, que cumplan con los requisitos exigidos por la CNV, para dicho fin y que se mantengan bajo la titularidad del contribuyente hasta el 31/12, inclusive, del año calendario en que se produjo la repatriación. Los fondos aplicados deben provenir de la misma cuenta que recibió la transferencia original desde el exterior.

A su vez, la norma aclara que cuando los fondos que se hubieren depositado se destinaran, en forma parcial, a alguna de las operaciones mencionadas, el remanente no afectado a estas últimas debe continuar depositado en las cuentas y hasta el 31/12.

Se espera que estas medidas contribuyan, al menos en parte, a movilizar al vapuleado mercado de capitales. De todas formas, al momento de redactar estas líneas aún resta la reglamentación por parte de la AFIP.

Por último, es importante resaltar que el 8 de enero 2020 (previo a la sanción del comentado Decreto 116/2020) se celebró el primer “Encuentro Técnico Tributario”, realizado entre las autoridades del Ministerio de economía, AFIP y entidades profesionales (AAEF, CPCECABA, CGCE y CACF), en el cual AFIP¨ aclaró algunas dudas respecto de estas últimas modificaciones, a saber:

 

*Consideración del mínimo no imponible para la determinación del impuesto con la alícuota del artículo 9° del Decreto 99/2019:  para conocer en qué tramo de la escala del artículo 9° del Decreto 99/2019 debe ubicarse el contribuyente, hay que considerar el valor total de los bienes del país y del exterior sin deducir el mínimo no imponible. Una vez establecida esa alícuota, ésta se aplica sobre el valor total de los bienes situados en el exterior que exceda el mínimo no imponible no computado contra los bienes del país.

 

*Repatriación del 5% en cada ejerciciola repatriación es por cada ejercicio fiscal; de ahí que el artículo 10 del Decreto 99/2019 señala que debe efectuarse hasta el 31/3 “…de cada año…” y el artículo 11, cuando fija la pauta del 5% lo hace mencionando que ello debe acaecer “…a la fecha señalada en el artículo anterior…”.

 

*Bienes sujetos a repatriaciónel activo financiero, definido como tal por la ley, debe estar en el patrimonio al 31/12/2019, dado que esa es la fecha, por el carácter de “instantáneo” del impuesto, en que se verifica el hecho imponible.  Tratándose de una participación societaria, no debe evaluarse esta disposición en torno a su subyacente, toda vez que la ley menciona como “activo financiero” a la participación.

 

 

Publicado el 11/09/2019 en el Blog de Economía del Sector Público

 

Marcos Zocaro

Es probable que la primera imagen que se nos venga a la mente cuando alguien menciona a la Bolsa sea la de un sujeto trajeado y adornado con cadenas de oro, recostado en el sillón de su oficina con los rascacielos de la city porteña de fondo, fumando habano mientras cuenta dólares sin pausa; o incluso la del hollywoodense Lobo de Wall Street arrojando billetes al aire desde su lujoso yate. Sin embargo, la realidad puede ser algo diferente. ¿Qué es y para qué sirve el mercado de capitales?

La Bolsa o Mercado de capitales (por simplificación, consideremos ambos conceptos como sinónimos) es el punto de encuentro de los inversores y ahorristas con las empresas: los primeros acercan sus ahorros (excedentes financieros) y los segundos toman esos fondos como financiamiento para llevar a cabo sus inversiones productivas (como la ampliación de fábricas o la compra de bienes de capital). A su vez, al recinto bursátil también concurren el Estado nacional y los estados provinciales y municipales.

De esta forma, por ejemplo, en la Bolsa se negocian títulos de deuda emitidos por empresas (Obligaciones Negociables) y por los Estados (Títulos Públicos), cheques de pago diferido, certificados de fideicomisos financieros, entre otros instrumentos de financiamiento, los cuales son adquiridos por los inversores a cambio de un rendimiento determinado. O incluso, con el objetivo de conseguir fondos, las empresas pueden vender títulos representativos de su capital (acciones), convirtiendo así a los inversores/ahorristas en sus nuevos socios.

Y este financiamiento bursátil suele ser mucho más económico que el bancario debido, principalmente, a la presencia de una menor cantidad de intermediarios [1].

En definitiva, la Bolsa favorece que el ahorro de las personas (además de acrecentarse) se canalice hacia la concreción de proyectos productivos (tanto privados como estatales), siendo una importante herramienta para el progreso económico del país. De ahí que resulte imperioso contar con un mercado de capitales desarrollado [2].

Situación actual del mercado argentino

A la hora de buscar financiamiento las empresas locales no suelen recurrir al mercado de capitales sino al crédito bancario (o incluso, sobre todo en pequeñas empresas, optan por el financiamiento con recursos propios).

Por ejemplo, un estudio del Observatorio PyME analizó las fuentes de financiamiento utilizadas por las PyMEs industriales y concluyó que para el año 2016 se financiaron: 68% con recursos propios, 22% con créditos bancarios, 5% con proveedores, 3% gracias a programas públicos, y un insignificante 2% con otras fuentes (entre las que se incluye el mercado de capitales). Estos valores no fueron muy diferentes en los años previos.

Del “otro lado del mostrador”, como contraparte de las empresas y del Estado que se acercan a la Bolsa en busca de financiamiento, nos topamos con aquellos inversores que intentan canalizar sus ahorros. En Argentina, el gran “déficit” son los inversores particulares: se estima que un escaso 4% de la población invierte en Bolsa, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos lo hace un 70%.

Atento este panorama, dado que el financiamiento vía mercado de capitales resulta muchas veces menos costoso que el bancario, podríamos preguntarnos por qué gran parte de las empresas locales se inclinan por esta última alternativa. Y en este mismo sentido: ¿cuál es la razón por la cual las personas tampoco se acercan a la Bolsa?

Aquí las causas son múltiples.

En el caso empresario, podríamos citar como uno de los factores la “formalidad” que exige el sistema para ser parte: al cotizar en Bolsa las empresas están sujetas a un estricto régimen de información periódico, el cual no sólo implica mayores gastos administrativos, sino que obliga a las empresas a transparentar su economía, en un país donde (lamentablemente) un gran porcentaje de la actividad empresarial está “en negro”.

Por otra parte, posando la mirada sobre los inversores particulares, podemos esbozar varias razones que justifican su escaso “acercamiento” al mercado bursátil:

  • la limitada cultura financiera y desconocimiento del mercado que poseen las personas: por ejemplo, la Encuesta de medición de capacidades financieras llevada a cabo por el Banco Central (BCRA) en el año 2017, posicionó a la Argentina en el puesto 37 del índice de Educación financiera (sobre un total de 39 países), llegando a ubicarse en la última posición entre los países de la región (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú);
  • el contexto macroeconómico y político (inflación, devaluaciones repentinas, incertidumbre política y falta de seguridad jurídica, conforman la “excusa ideal” para que el ciudadano de a pie se tranquilice comprando dólares); y
  • por último, tenemos que mencionar como condimento “anti-mercado” el actual marco tributario de la actividad. Sobre este punto nos explayaremos a continuación.

 

Qué se hace (y qué no) para estimular el mercado de capitales

Sin dudas, la novedad más significativa en materia tributaria que afecta a las inversiones financieras y bursátiles ha venido de la mano de la última Reforma, la cual instauró el denominado “Impuesto sobre la Renta Financiera”: desde enero 2018 las personas deben pagar Impuesto a las Ganancias por la mayoría de sus inversiones, desde intereses ganados por depósitos a plazo fijo hasta el rendimiento de títulos públicos, aunque las ganancias sean ficticias por estar debajo de la inflación [3].

De esta forma, por ejemplo, una persona que posea un plazo fijo y obtenga intereses a lo largo del año por un monto superior al mínimo establecido por la Ley, deberá abonar el “nuevo” impuesto, aplicando una tasa del 5% o del 15% (dependiendo de la moneda y de la cláusula de constitución) sobre la diferencia entre los intereses ganados y el citado mínimo (que para el año 2018 fue de casi $67.000). En este caso, la norma no permite el ajuste por inflación, por lo que se terminan gravando ganancias “ficticias”. Por ejemplo, la variación del índice IPC de enero a diciembre de 2018 ascendió a 47,6%, mientras que la tasa promedio de los plazos fijos en el mismo período rondó el 35% [4].

De la misma forma, abonarán el nuevo tributo aquellas personas que cobren intereses de bonos, o que obtengan resultados por la venta de esos instrumentos. Sólo estarán eximidos del impuesto aquellos resultados por la venta de acciones cotizantes en la Bolsa local.

Se agrega así una nueva distorsión al ya distorsionado sistema tributario argentino.

Si analizamos lo recaudado por esta “nueva” imposición anual, encontramos que hasta julio 2019 (habiendo vencido el plazo para el pago correspondiente al ejercicio 2018) han ingresado a las arcas fiscales alrededor de $8 mil millones: puede parecer una cifra elevada, pero si la comparamos con la recaudación nacional estimada para todo el 2019, este guarismo representa cerca del 0,16%. Vemos, entonces, como la importancia recaudatoria de este tributo es ínfima.

Desde el lado empresario, la Reforma Tributaria intentó introducir un beneficio: disminuyó la alícuota del impuesto a las Ganancias que abonan las sociedades (sin importar si cotizan o no en Bolsa): pasó del 35% al 30% para los años 2018 y 2019, y al 25% para el año 2020 y siguientes. Sin embargo, en forma paralela, se implementó una retención del 7% (para los años 2018/2019) y del 13% (2020 y sig.) sobre los dividendos y utilidades que distribuyan las empresas a sus socios: es decir que, en caso de distribución de utilidades, la alícuota efectiva total será casi del 35%, como lo era antes de la Reforma [5]. Con esta medida, según los fundamentos del legislador, se intenta incentivar a las empresas a que reinviertan sus utilidades en el negocio, en desmedro de la distribución entre sus socios, favoreciendo así la actividad económica.

En contraposición al “castigo” que para muchos significa el impuesto sobre la Renta Financiera, la Reforma brinda un beneficio a aquellas personas que aporten a un fondo común de inversión (FCI) con fines de retiro laboral: podrán deducir de su declaración jurada del Impuesto a las Ganancias el aporte anual que efectúen al FCI (con un tope que varía año a año, y que para el 2019 asciende a $12.000). Esto trae un doble incentivo: por un lado, en relación a la persona que abonará menos impuesto y a su vez irá conformando un “ahorro” para su futuro; por el otro, favorecerá la creación de FCI que canalicen el aporte de las personas hacia inversiones de largo plazo a través del mercado de capitales. Y aquí el sistema impositivo tendrá nuevamente un rol fundamental para asegurar el mantenimiento de las inversiones en el largo plazo: si la persona que efectúa los aportes decide retirarlos antes del tiempo que se haya estipulado para su rescate, deberá abonar el impuesto a las Ganancias correspondiente.

Otra disposición reciente (Ley 27.440), y que puede tener impacto positivo en el mercado, es la que favorece impositivamente a la actividad de ciertos FCI cerrados y Fideicomisos Financieros. Por ejemplo, aquellos que se dediquen al desarrollo de viviendas sociales, si colocasen la totalidad de sus cuotapartes y certificados en el régimen de oferta pública, no tributarán Ganancias a su nombre, sino que cada inversor declarará el impuesto que le corresponda de acuerdo a su tenencia. Pero dichos inversores tendrán una alícuota reducida del 15% si conservasen la inversión por un plazo mayor a 5 años, y de 0% si el plazo superase los 10 años. Esta disposición procura fomentar las inversiones a largo plazo, “penalizando” impositivamente a las colocaciones cortoplacistas.

Por último, para terminar con esta breve descripción del marco tributario de la actividad financiera-bursátil, y cómo puede influir en las decisiones de los inversores, debemos mencionar lo sucedido con la entrada en vigor de las retenciones sobre la renta financiera local obtenida por los residentes del exterior. Como el 26 de abril de 2018 era el día a partir del cual estos sujetos iban a comenzar a sufrir retenciones por sus ganancias derivadas de LEBAC, el día anterior muchos FCI empezaron a desprenderse de estos instrumentos (ver gráfico), ocasionando una “corrida cambiaria” hacia el dólar que, a pesar de la intervención del Banco Central (vendiendo más de U$S 1.400 millones sólo el 25 de abril), no logró detener el inicio de una nueva devaluación.

Si bien al analizar lo sucedido debemos considerar también otros factores del contexto nacional e internacional imperante en ese momento (como, por ejemplo, la suba de tasas por parte de la Reserva Federal estadounidenses, ocasionando un “flight to quality”), es evidente que el impuesto sobre la renta financiera para beneficiarios del exterior fue un disparador crucial para la crisis cambiaria al influir sobre las decisiones de los inversores.

 

 

Comentarios finales

La Bolsa representa una gran herramienta para canalizar el ahorro de las personas y empresas hacia proyectos productivos, facilitando el acercamiento entre las partes y disminuyendo los costos de financiación tanto de las empresas como del Estado.

Asimismo, al aumentar la cantidad de empresas cotizantes, las cuales deberían cumplir con un riguroso sistema de información y auditorías, se podría lograr una merma de la economía informal, disminuyendo la evasión tributaria e incrementando, en consecuencia, los ingresos fiscales.

Además de ser fundamental la educación financiera de la población, hemos visto la importancia del marco tributario en el que se desenvuelve la actividad bursátil y cómo éste puede influir en las decisiones del inversor. En este sentido, sería valioso que se corrigiesen las distorsiones existentes a los efectos de contar con un sistema impositivo más racional, donde no sólo se persiga el fin recaudatorio, y donde no convivan disposiciones contradictorias entre sí, como aquellas que buscan beneficiar a los ahorristas (como los aportes a ciertos FCI) con otras que los alejan del mercado (como el impuesto a los plazos fijos).

Por lo pronto, las medidas impositivas comentadas en este trabajo rigen desde hace pocos meses, por lo que deberemos aguardar un tiempo prudencial para poder evaluar su impacto efectivo en el mercado.

 

Se agradecen los comentarios de Norberto Mangiacone.

 

Notas

[1] Por ejemplo, a inicios del 2019, para el descuento cheques los bancos cobraban una tasa promedio 15 puntos por encima de la tasa del mercado de capitales.

[2] Dapena, José Pablo (2007). “Rol del mercado de capitales en el crecimiento de la economía: literatura y evidencia para argentina”. UCEMA.

[3] En este aspecto la Reforma impacta sobre las personas “humanas”; las empresas siempre pagaron el impuesto a las Ganancias por este tipo de beneficios financieros.

[4] Este tema ya se trató, previo a la Reforma Tributaria, en otro artículo: www.blogeconosp.econo.unlp.edu.ar/wp/2017/09/04/hay-que-gravar-la-renta-financiera/

[5] Por ejemplo: supongamos que la ganancia neta en el 2018 es de $100, por lo que al aplicarle la alícuota de 30% se abonarán $30; los $70 restantes podrían ser reinvertidos o distribuidos entre los socios; si son distribuidos, tributarán el 7% sobre esos $70, o sea, $4,9; en total se habrán pagado $30 + $4,9 = $34,90 (34,9%), es decir, casi el 35% de los $100 originales.