Publicado el 14/05/2020 en Contadores en RedContadores en Red

 

Marcos Zocaro

Dentro del paquete de medidas impositivas sancionado en diciembre de 2019 por la Ley 27.541 o “Ley de Solidaridad”, casi camufladas entre el nuevo impuesto PAIS a las compras en el exterior y la reforma en Bienes Personales, se aprobaron importantes modificaciones al “Impuesto Cedular sobre la Renta Financiera” que vence en el mes de junio (salvo que exista prórroga).

Recordemos que con la Reforma de 2018 se había establecido, dentro del propio Impuesto a las Ganancias, que tanto los intereses de plazos fijos como los resultados positivos por compraventa de títulos públicos, entre otros, dejaban de estar exentos para las personas humanas y sucesiones indivisas.

A su vez, se dispuso un mecanismo diferente de liquidación del impuesto para personas humanas, que se divide en dos partes:

  • por un lado, la liquidación “general”, que puede alcanzar una alícuota del 35% (artículo 94 de la Ley) y que incluye a la mayoría de las ganancias (sueldos, alquileres, etc); y
  • por otro lado, el denominado “Impuesto Cedular”, con alícuotas del 5% o 15% y que incorpora sólo a la renta financiera local (y la venta de inmuebles locales adquiridos desde el 01/01/2018).

Pero ¿cuáles fueron los cambios implementados desde 2019? Básicamente, se reinstauran viejas exenciones y cambia la forma en que se liquida el impuesto sobre determinados beneficios.

Para las ganancias obtenidas por las personas humanas durante el 2019 quedan exentos todos los intereses de plazos fijos en pesos, siempre que sean sin ajuste (inciso h) del artículo 26 de la Ley): si fuese, por ejemplo, un plazo fijo UVA (que se ajusta por inflación), no estaría exento y tributaría por el Impuesto Cedular vigente en 2019. Además, en este sentido, también se reestablecen las exenciones sobre bonos y obligaciones negociables.

Con respecto a las exenciones del mencionado inciso h) del artículo 26 hubo cierta controversia acerca de cuándo entraban en vigencia: a fines de abril AFIP sostuvo, mediante la “pregunta frecuente” ID 25310502, que su vigencia coincide con la de la Ley 27.541 (23/12/2019); sin embargo, la mayoría de la Doctrina opina que como Ganancias es un impuesto de ejercicio y la modificación es sobre un hecho imponible vigente, la exención debe regir para todo el 2019.

¿Y en 2020?

En este año continúan exentos los intereses de plazos fijos en pesos sin ajuste y los intereses de bonos, así como también las ganancias por venta de títulos públicos, obligaciones negociables y acciones (siempre y cuando estas operaciones de venta se efectúen en la Bolsa local) (incisos h) y u) del artículo 26 de la Ley).

Pero desde 2020 cambia la forma de liquidar el impuesto en los casos en que no rija la exención: deja de existir el Impuesto Cedular, pero sólo en la parte correspondiente a intereses de plazos fijos y rendimientos de títulos públicos (se deroga el artículo 95 de la Ley), y sigue vigente para ganancias por compraventa de activos financieros (artículo 98 de la Ley).

¿Y los dividendos? En 2020 los dividendos distribuidos por empresas locales a personas humanas y sucesiones indivisas están sujetos a una retención del 7% (artículo 97 de la Ley).

Veamos algunos ejemplos simples para clarificar el panorama.

Supongamos que obtuvimos intereses por plazos fijos UVA, que sabemos que no están exentos:

  • si los “ganamos” en 2019, tributamos Ganancias mediante el Impuesto Cedular a una tasa del 15%;
  • pero si correspondiesen al 2020, como la “cédula” en estos casos ya no existe, esos intereses se sumarían al resto de nuestras ganancias y se calcularía el impuesto a través del régimen general, a una tasa que puede llegar al 35%.

Pero si la ganancia corresponde a la venta de, por ejemplo, acciones de una empresa argentina que no cotiza en Bolsa local (y que por lo tanto no goza de la exención), tanto en 2019 como en 2020 liquidaríamos el Impuesto Cedular a una tasa del 15%.

Por ejemplo, la venta de acciones de YPF en la Bolsa de Buenos Aires está exenta, pero si esas mismas acciones se venden en Estados Unidos (ADR) se tributaría el Impuesto Cedular del 15%.

En el caso de que una persona jurídica obtuviese, por ejemplo, intereses por un plazo fijo, siempre estará gravado, por más que sea en pesos y sin cláusula de ajuste: para las empresas no rige la exención.

Como vemos, a la hora de evaluar dónde invertir nuestro dinero, o si conviene un plazo fijo tradicional o uno ajustado por UVA, no sólo debemos tener en cuenta la tasa de rendimiento que nos ofrecen, sino también los impuestos que deberíamos pagar, lo que puede hacernos variar la rentabilidad total.

 

Para más info: “Una Bolsa de impuestos“.

Publicado el 1/5/2020 en CeSur

 

Marcos Zocaro

La corrupción es uno de los mayores males que azota a nuestra sociedad, siendo su principal exponente la que rodea a la Obra Pública y a las contrataciones públicas en general.

Se han intentado una innumerable cantidad de medidas para evitarla, o al menos disminuirla: desde “Oficinas Anticorrupción” hasta el establecimiento de severas penas y sanciones. Pero la corrupción casi siempre sale airosa.

Dado este panorama, ¿cómo podrían utilizarse las nuevas tecnologías en la lucha contra este flagelo? El abanico de posibilidades es amplio, pero la herramienta que aparece como más interesante y disruptiva es la blockchain o “cadena de bloques”, creada hace más de una década.

Pero, ¿de qué se trata esta tecnología? Podemos pensar a la blockchain como una enorme base de datos virtual y compartida por todos los usuarios del sistema: cada uno tiene una copia actualizada y totalmente sincronizada de esa base en su computadora.

O imaginémoslo como un libro contable digital, cuyas hojas o registros de información (bloques) pasan a formar parte del libro (cadena de bloques) luego de obtener la aprobación del resto de los usuarios. Y cada nuevo bloque tiene una identificación numérica que lo hace correlativo al bloque anterior, otorgándole trazabilidad al sistema.

Es decir, en lugar de existir un escribano que certifique cada acta o registro, esta validación la efectúa el conjunto de usuarios, sin necesidad de agentes externos o intermediarios. Y una vez plasmada en la blockchain, la información no puede ser borrada ni modificada.

Además de inalterable, la información contenida en estos bloques es de acceso público para todos los usuarios: así se posibilita el control sobre las transacciones.

En otras palabras, el sistema funciona en forma descentralizada y la incorporación de nueva información se produce por el consenso de todos los usuarios, lo que prácticamente impide la manipulación o falsificación de los registros (imaginemos que quisiéramos falsificar alguno: deberíamos lograr que miles de usuarios distribuidos por el mundo se pusieran de acuerdo).

Hoy en día, por ejemplo, la blockchain es la base para el funcionamiento del Bitcoin y otras monedas digitales, y su uso se está extendiendo a otros sectores, desde la medicina y el registro de las historias clínicas, hasta la logística y cadena de suministros de varias industrias.

Esta tecnología también podría implementarse en las licitaciones y contrataciones estatales, quedando grabada en este registro (invariable y de acceso público) cada operación realizada, desde las propuestas recibidas en las licitaciones hasta la más mínima erogación de dinero, desde el inicio del proyecto hasta su culminación. Cualquier ciudadano podría auditar las operaciones y estar seguro de que los registros no han podido ser modificados por nadie. Se trataría de una contabilidad pública totalmente transparente.

Muchos gobiernos del mundo ya lo implementan, como, por ejemplo, la ciudad brasilera de San Pablo para las obras de infraestructura, o Estonia para sus registros fiscales, o el gobierno español de Aragón para sus licitaciones.

En Argentina existen algunos casos de aplicación, como por ejemplo el municipio santafesino de San Lorenzo que lo utiliza en su Presupuesto Participativo; y a nivel nacional el Boletín Oficial se registra en la blockchain, al igual que el proceso de licitación del programa COMPR.AR, todos ellos con el apoyo del proyecto Blockchain Federal Argentina (BFA).

Sin embargo, el uso de este instrumento dista de ser masivo y generalizado, más bien son casos puntuales, poco desarrollados y que en general no abarcan todo el proceso de la obra pública. Además, lamentablemente, a principios del mes de abril se ha autorizado en Argentina cierto “regreso” a la utilización de los expedientes en papel…

Dejando de lado cuestiones coyunturales, a los fines de que el día de mañana cualquier ciudadano tenga la posibilidad de auditar el proceso de la obra pública “registrado” en la blockchain, y dado que se trata de un sistema muy reciente y complejo, el Estado debería asegurarse que la población acceda a un mínimo de educación y capacitación sobre el tema.

Sin dudas, la trazabilidad brindada por la blockchain podría implicar mucha más transparencia en todo el proceso de la obra pública y ser una gran herramienta para combatir la corrupción. Esperemos que el Estado acompañe y promueva su estudio e implementación.

 

 

Publicado el 29/04/2020 en Ser Industria

 

Marcos Zocaro

En un intento por frenar el aumento de cotización de los “dólares bursátiles” (tanto dólar bolsa -MEP- como contado con liquidación -CCL-) la semana pasada la Comisión Nacional de Valores (CNV), mediante la Resolución General 835, ya había impuesto limitaciones a las inversiones de los Fondos Comunes de Inversión -FCI- (por ejemplo, la tenencia de moneda extranjera no podrá superar el 25% de la cartera del FCI, y la suscripción de cuotapartes debe efectuarse en la misma moneda en que se emite el Fondo).

Y en el día de ayer, martes 28 de abril, la CNV emitió la Resolución 836, estableciendo nuevas restricciones: los FCI deben invertir como mínimo un 75% de su patrimonio en activos financieros emitidos y negociados en Argentina o en países miembros del Mercosur y Chile.

Asimismo, los FCI emitidos en pesos están obligados a invertir al menos un 75% de su cartera en instrumentos financieros y valores negociables emitidos en el país y en pesos.

Los FCI tendrán plazo para adaptar sus patrimonios a las nuevas exigencias hasta el próximo 15 de mayo.

De esta forma se impide que los inversores puedan “dolarizarse” libremente suscribiendo cuotapartes de un FCI que invierte en activos dolarizados (como pueden ser bonos en dólares); al mismo tiempo que se pretende disminuir la presión alcista sobre el dólar bolsa y el contado con liquidación (que llegaron a cotizar alrededor de los $120).

Además, esta nueva obligación podría facilitarle al gobierno la colocación de próximas emisiones de deuda en pesos, que serían adquiridas por los Fondos.

Se aprecia cómo, al igual que ya se ha efectuado en el pasado, se intenta “desdolarizar” la economía a la fuerza, reduciendo las opciones de inversión en dólares e impidiendo que el pequeño ahorrista pueda protegerse de la constante disminución de valor del peso.

Y mientras tanto, el mercado de capitales (tan necesario para el desarrollo productivo del país) continúa siendo vapuleado y los pequeños inversores siguen alejándose.

Publicado el 17/04/2020 en Tributum

Por: Cr. Marcos Zocaro

Cada vez que empiezan a crujir las arcas fiscales, sea por alguna pandemia global o una simple y recurrente crisis económica autóctona,  los gobernantes de turno proponen el aumento de impuestos o la creación de otros  (o incluso dejar sin efecto algunos estímulos fiscales, como sucedió en enero pasado con el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento).

Cronología de impuestos que han mutado de “temporales” a “permanentes”: desde el “impuesto a los Réditos” -hoy Ganancias- (Julio de 1932) a aquel por una “Argentina inclusiva y solidaria” (Dic de 2019)

 

Difícilmente se plantea una disminución y/o redireccionamiento del gasto público para atender la emergencia económica, o la implementación de beneficios impositivos que colaboren con la actividad del contribuyente y que a su vez sirvan para paliar la crisis (por ejemplo, como propusieron varios tributaristas: permitir en el Impuesto a las Ganancias una mayor deducción por donaciones efectuadas a hospitales o escuelas).

Teniendo como regla principal la creación de nuevos impuestos a los fines de aumentar los recursos, estos tributos de “emergencia” por lo general nacen con una vida limitada:  su vigencia original puede ser de un año o diez años, sin embargo, es común que ese período de tiempo se prolongue una y otra vez . Y siempre la causa (excusa) es la “emergencia económica”. Así, la presión tributaria consolidada de los tres niveles de gobierno hace una década rondaba el 20% y hoy supera el 30%. Y la “curva” no se aplana…

 Veamos a continuación algunos de estos impuestos “temporales” que se han convertido en “permanentes” :

Impuesto a las Ganancias

Recordemos que la Constitución Nacional (art. 75, apartado 2) le confiere a las provincias las siguientes facultades tributarias:

1) Exclusivas y ejercidas en forma permanente: tributos directos, y

2) Concurrentes con Nación y ejercidas en forma permanente: tributos indirectos.

Sin embargo, el art. 75 de la Constitución también le da a la Nación la facultad de imponer contribuciones directas “por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan”. En base a esta prerrogativa constitucional, a lo largo de los años los diferentes gobiernos nacionales han establecido diversos impuestos de emergencia, los cuales continúan existiendo gracias a las constantes prórrogas de sus vigencias. Uno de ellos es justamente el Impuesto a las Ganancias.

Nacido en 1932 con el nombre de Impuesto a los Réditos (Leyes n° 11.586 y n° 11.682), su vigencia se iba a prolongar hasta el 31 de diciembre de 1934, pero hoy continúa con vida.

En diciembre de 1973, durante el gobierno de Perón, se creó el actual Impuesto a las Ganancias (Ley n° 20.628 – B.O. 31/12/1973), en reemplazo del Impuesto a los Réditos. Y múltiples reformas se fueron dando con el correr del tiempo.

Por ejemplo, en 1998 la tasa del impuesto se elevó del 33% al 35%; luego la Ley nº 26.893 (B.O. 23/09/2013) introdujo varias novedades, como la retención del 10% sobre dividendos (que rigió hasta 2016); a fines de 2017 la Ley 27.430 (B.O. 29/12/2017) amplió el objeto del impuesto (por ejemplo, gravando los resultados por la venta de ciertos inmuebles), modificó la estructura de liquidación y disminuyó la alícuota societaria, entre otros cambios; y recientemente la Ley n° 27.541 (B.O. 23/12/2019) volvió a modificar aspectos importantes del gravamen.

Por último, para apreciar el carácter de emergencia de este tributo y su vigencia, transcribamos dos artículos del actual texto ordenado de la Ley (T.O. aprobado por el Decreto 824/2019):

Artículo 1° – Todas las ganancias obtenidas por personas humanas, jurídicas o demás sujetos indicados en esta ley, quedan alcanzados por el impuesto de emergencia previsto en esta norma…

Artículo 115°.- Las disposiciones de la presente ley, que regirá hasta el 31 de diciembre de 2022…

Bienes personales

Otro impuesto de “emergencia” nacido en 1991 mediante la Ley 23.966 (B.O. 20/08/1991). Su artículo 16 dispone que se establece “…con carácter de emergencia por el término de NUEVE (9) períodos fiscales a partir del 31 de diciembre de 1991, inclusive…”. Pero esos 9 años se convirtieron en muchos más, y actualmente la Ley n° 27.432 (B.O. 29/12/2017), artículo 2, prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2022 la vigencia del impuesto.

Anteriormente, la Ley nº 25.560 (B.O. 8/1/2002) había extendido la prórroga original hasta el 31/12/2005; la Ley nº 26.072 (B.O. 10/1/2006) la llevó hasta el 31/12/2009; y la Ley n° 26.545 (B.O. 3/12/2009) al 31/12/2019.

Desde su creación, el gravamen sufrió varias modificaciones importantes, siendo las últimas de éstas las introducidas por la Ley 27.541: incremento de alícuotas, tasas diferenciales para bienes en el exterior, principio de “residencia” reemplaza al de “domicilio”, entre otras.

 Impuesto a los créditos y débitos bancarios

Quizá uno de los tributos más distorsivos de la economía, el popularmente llamado impuesto al cheque fue instaurado en el año 2001 por la Ley 25.413 (B.O.26/03/2001), en medio de la crisis económica que afectaba al país. Si bien no fue instituido como impuesto de emergencia, se presentó como temporal y se prometía su eliminación en el año 2002: todos sabemos que esto no fue así y hoy el gravamen sigue existiendo. A lo largo de su vida se fue modificando la alícuota y el porcentaje que puede ser tomado como pago a cuenta de Ganancias, pero su existencia está asegurada por un largo tiempo: representa cerca del 10% de la recaudación impositiva nacional.

Tal como apreciamos, tres de los principales impuestos han nacido con la “promesa” de ser temporales, pero hoy en día continúan existiendo y representan un elevado porcentaje de la recaudación tributaria nacional (alrededor de un 30% del total en 2019[i]).

 En contraposición a esto, debemos mencionar que a lo largo de la historia sí han existido impuestos verdaderamente temporales o extraordinarios. Repasemos algunos de ellos :

Régimen de ahorro obligatorio

Creado durante el gobierno de Alfonsín por la Ley n° 23.549 (B.O. 26/01/1988) y conocido también como “ahorro forzoso”, técnicamente no se definió como un impuesto si no como un sistema (vigente en 1988 y 1989) que obligó a cientos de miles de contribuyentes a ahorrar depositando dinero en la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, por lo que a cambio, a los 60 meses, recibirían el reintegro de los fondos más un interés del 3% mensual: la inflación de la época licuó los ahorros y en muchos casos la devolución del dinero se completó en el año 2001.

Impuesto de Emergencia sobre las Altas Rentas

A través de la Ley 25.239 (B.O. 31/12/1999), se creó este tributo, aplicable por única vez, que recayó sobre aquellas personas humanas y sucesiones indivisas (contribuyentes del Impuesto a las Ganancias) que por los períodos 1998 o 1999 habían obtenido rentas netas superiores a $120.000 (recordemos que, en aquel entonces, ese monto equivalía a US$120.000). Consistió en una alícuota del 20% sobre el monto del Impuesto a las Ganancias determinado por el ejercicio1999.

Impuesto extraordinario al Dólar Futuro

El 27 de diciembre de 2016, se publicó en el Boletín Oficial la Ley 27.346, que además de introducir ciertas modificaciones en Ganancias y en el IVA, por ejemplo, también estableció un impuesto extraordinario a las operaciones financiera “especulativas” (Dólar Futuro), aplicable por única vez a las personas humanas, sucesiones indivisas y personas jurídicas, que hubieran obtenido utilidades por operaciones de compra y venta de contratos de futuros sobre subyacentes moneda extranjera, que no hubieren tenido como finalidad la cobertura respecto de una determinada operación de comercio exterior o financiera.

La tasa del gravamen fue del 15%, aplicable sobre las utilidades derivadas de diferencias positivas de precio por operaciones de compra y venta de contratos de futuros sobre subyacentes en moneda extranjera.

Impuesto a las Ganancias Mínimas Presunta

La Ley n° 25.063 (B.O. 30/12/1998), estableció este impuesto del 1% sobre los activos gravados, alcanzando a personas jurídicas (en el caso de personas humanas, sólo si eran titulares de inmuebles rurales y con relación a dichos inmuebles). En principio regiría por 10 ejercicios fiscales, pero la  Ley n° 26.426 (B.O. 19/12/2008) lo prorrogó hasta el 30/12/2009; y la  Ley n° 26.545 (B.O. 3/12/2009) volvió a dilatar su vigencia hasta el 30/12/2019. Sin embargo, posteriormente la Ley n° 27.260 (B.O. 22/07/2016) derogó el impuesto para los ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2019.

Impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria

Actualmente, tenemos el ya famoso Impuesto PAIS, aprobado por la Ley 27.541 (BO. 23/12/2019), que grava con un 30% ciertos consumos en moneda extranjera. Este gravamen de emergencia, según el artículo 35 de la citada norma, regirá por 5 períodos fiscales. Veremos que sucede al finalizar este plazo.

Palabras finales

Se advierte como algunos impuestos fueron creados de manera temporal, para intentar sortear dificultades económicas, pero que continuaron existiendo, por más que (en muchas épocas) ya no existiera el contexto de emergencia que les diera origen.

Hoy en día, en medio de la crisis desatada por la pandemia del Coronavirus,  se habla otra vez de implementar un impuesto extraordinario  de emergencia para recaudar fondos. En caso de aprobarse, ¿se convertirá también en un impuesto de emergencia con vigencia constantemente prorrogada?

[i] https://www.afip.gob.ar/institucional/estudios/serie-anual/

 

Publicado el 16/04/2020 en SerIndustria

 

 

Marcos Zocaro

Desde que se decretó el aislamiento social el pasado 20 de marzo, producto de la pandemia desatada por el coronavirus, la economía ha profundizado sus problemas: salvo excepciones, las actividades productivas se encuentran paralizadas, comercios y empresas con las puertas cerradas y sin ingresos, al igual que los trabajadores independientes y los informales, la cadena de pagos peligra con cortarse, las líneas de crédito bancario para PyMEs son insuficientes, la recaudación tributaria se desploma y el panorama a corto y mediano plazo es bastante desalentador.

Antes esto, el gobierno ha tomado algunas medidas intentando atenuar la crisis. Una de las principales ha sido el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE): un bono de $10.000 destinado a los sectores más vulnerables, como son los trabajadores informales, trabajadores de casas particulares y monotributistas sociales y categorías A y B. Incluso, dado la extensión de la cuarentena, se estudia ampliar este beneficio a las categorías C y D del monotributo.

Asimismo, para ayudar al pago de salarios en el sector privado, la AFIP lanzó el “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción-ATP”, donde los empleadores deberán registrarse hasta el día de hoy jueves 16 de abril (en un primer momento la fecha límite era el 15 de abril, pero fue prorrogado a último momento), con el objetivo de ser potenciales acreedores de alguno de los beneficios del Programa: desde postergación por dos meses del pago de contribuciones patronales al SIPA hasta una asignación compensatoria al salario.

Por otra parte, AFIP corrió la fecha límite de la “adhesión temprana” al Plan de pagos de la Ley 27.541 hasta el 30 de mayo y extendió el Plan Permanente de Facilidades de pago hasta el 30 de junio; y suspendió la aplicación de medidas cautelares hasta el 30 de abril.

También se amplió por dos meses la vigencia de los certificados que acreditan la condición PyME de las empresas y se postergó hasta el 30 de abril la carga del formulario 572 (SIRADIG) que los empleados en relación de dependencia deben realizar a los efectos del Impuesto a las Ganancias del 2019.

A pesar de esto, el Fisco nacional no prorrogó la presentación y pago de los impuestos que vencen en estos días, como es el caso del IVA. Sin embargo, existen rumores de que se eximirá del Impuesto a las Ganancias a las actividades económicas más golpeadas por la crisis.

Muchos fiscos provinciales sí han aplazado el pago de sus impuestos. Tal es el caso de la provincia de Buenos Aires, donde ARBA, además de suspender embargos hasta el 31 de mayo, estableció prórrogas para el pago de Ingresos Brutos (el Anticipo 3 vencerá desde el 4 de mayo), del Inmobiliario (la cuota 2 vencerá el 14 de mayo) y corrió por 60 días el vencimiento de las cuotas de los Planes de pago vigentes.

A pesar de estas medidas paliativas, la economía siente fuertemente el impacto de la pandemia y el aislamiento social, y las arcas fiscales no quedan exentas de la crisis.

Según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en los primeros 12 días de abril la recaudación tributaria nacional, comparándola con el mismo período que el 2019, se desplomó un 28,2% en términos reales (es decir, considerando la inflación). Por su parte, la recaudación provincial cayó un 58,6% real.

Analizando este panorama, donde además el aislamiento social se ha extendido (al menos) hasta el 26 de abril y la mayoría de los negocios y empresas tienen sus puertas cerradas: ¿cuáles serán los ingresos fiscales en mayo? Las proyecciones no son alentadoras.

Con la intención de obtener recursos extras, en estos días también se presentaría ante el Congreso un proyecto para crear un impuesto extraordinario a “la riqueza”, alcanzando a patrimonios superiores a los US$3 millones.

Ante la merma de la recaudación tributaria, y la dificultad actual de contraer deuda en el mercado, el Estado debe recurrir a la emisión monetaria para financiar el déficit. Tengamos en cuenta que sólo el Ingreso Familiar de Emergencia del mes de abril representa una erogación cercana a los $80.000 millones. Es así como la base monetaria se ha incrementado un 40% desde principios de marzo y casi un 90% respecto de abril 2019, con el riesgo inflacionario que esto puedo acarrear en el mediano plazo.

Como se aprecia, la situación es por demás complicada. Con desequilibrios fiscales y freno de la actividad económica, más la necesidad de financiamiento (tanto para solventar los gastos extraordinarios que demanda el sistema de salud como los beneficios fiscales y demás ayudas a la población más vulnerable), los márgenes de maniobra son cada vez más escasos. Y la cuarentena económica aún no tiene fecha de salida.

Publicado en Diario Perfil el 07/04/2020

 

Marcos Zocaro

Debido a la pandemia y a la necesidad de mantener el distanciamiento social y disminuir los contagios, se fueron estableciendo algunas medidas tendientes a evitar que se repita lo ocurrido la semana pasada cuando las personas concurrieron masivamente a las entidades bancarias.

La Comunicación “A6949” del Banco Central de la República Argentina del 1° de abril, modificatoria de la Comunicación “A6942”, además de exceptuar del cierre de las sucursales bancarias hasta el final de la cuarentena obligatoria la atención de jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y demás ayudas oficiales, también prorroga los vencimientos de tarjetas de crédito hasta el 13 de abril y reduce la tasa de financiación del 55% al 49% como máximo.

Para evitar que las personas deban ir en reiteradas oportunidades al cajero a extraer dinero, durante los últimos días, los bancos les permitieron a sus clientes aumentar el límite diario de extracción.

Asimismo, el BCRA, mediante la Comunicación “A6945” del 26 de marzo, suspendió hasta el 30 de junio de 2020 el cobro de comisiones por el uso de cajeros automáticos del país, sin discriminar por usuario. De esta forma, el cliente de un banco puede retirar dinero del cajero de otro banco sin abonar ningún tipo de comisión.

En este contexto, también es bueno recordar cómo se puede retirar efectivo delos cajeros sin contar con la tarjeta de débito, o incluso enviar dinero a personas no bancarizadas. El procedimiento es similar tanto en la Red Link como en Banelco. Por ejemplo, en Red Link se denomina Punto Efectivo y para retirar dinero se debe generar una “Orden de Extracción” desde el Homebanking, informando DNI del destinatario y el importe a retirar (múltiplo de 100): el sistema otorgará una clave PIN de 8 dígitos, y con esa clave más el DNI del destinatario se puede extraer el dinero en cualquier cajero de la red habilitado como Punto Efectivo.

A pesar de estas medidas, más y más gente se aglomeró para retirar dinero. Y esto era seguro que iba a suceder, dado que lo que falta en la Argentina no es sólo inclusión financiera (entendida como acceso al sistema financiero), sino también dos cuestiones básicas para todo país que en algún momento pretende ser desarrollado.

En primer lugar, educación financiera de las personas, para que puedan comprender los conceptos básicos de las finanzas personales y entender las herramientas que tienen a disposición para evitar el uso de efectivo, como pagos con tarjetas de débito o el uso de códigos QR y billeteras digitales.

Y en segundo término, formalidad en la economía. Muchos comercios, profesionales y prestadores de servicio sólo aceptan el efectivo a la hora del cobro, por más que la normativa los obligue a aceptar medios electrónicos.

Para empezar a cambiar esta realidad, se necesitan fuertes políticas de Estado, desde educación financiera a partir de los primeros años del colegio (la Ley 27.440, del 2018, obliga al Estado a brindarla desde la secundaria, pero hoy en día poco se ha hecho al respecto), hasta políticas que fomenten la bancarización de la economía y la adopción masiva de los nuevos medios de pago. Por ejemplo, se podrían morigerar los regímenes de retención que recaen sobre pagos electrónicos.

La crisis actual pone de manifiesto la imperiosa necesidad de una mayor bancarización de la economía, para lo cual será fundamental, entre otros aspectos, profundizar la educación financiera de toda la sociedad.

 

Publicado en CeSUR el 31/03/2020 y en Ser Industria el 21/05/2020

Marcos Zocaro

 

La inclusión financiera es sinónimo de acceso a los servicios financieros, desde medios de cobro y pago hasta inversiones y créditos; y la educación financiera es la capacidad de comprender los conceptos básicos de las finanzas personales y del entorno económico, necesarios para administrar el dinero, ahorrar e invertir.

En otras palabras, educación financiera es saber cómo administrar el dinero y tomar buenas decisiones económicas, y la inclusión es el acceso al sistema financiero.

Ambos conceptos, esenciales para generar igualdad de oportunidades, son tareas pendientes en nuestro país. A modo de ejemplo, en el año 2017 el Índice de Educación financiera ubicó a la Argentina en la última posición entre los países de la región (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú). Y varios de los acontecimientos de los últimos días dejaron al descubierto esta preocupante carencia.

En medio del aislamiento social producido por el Coronavirus, el pasado viernes 27 de marzo muchas personas se amontonaron frente a los cajeros automáticos en cada rincón del país: ese día se cobraban desde jubilaciones y pensiones hasta asignaciones universales por hijo y otras ayudas oficiales.

Dejando de lado el distanciamiento social y arriesgándose a contagiarse el virus, las personas salieron en busca del dinero en efectivo. La necesidad de tener los billetes en forma inmediata en su poder no es explicada sólo por cuestiones culturales (como la comodidad que representa para muchos manejarse con efectivo o la tranquilidad que a otros les da tener el dinero en papel en sus casas), sino principalmente por el hecho de que hoy en día muchos comercios continúan aceptando sólo efectivo (por más que la normativa los obligue a contar con medios electrónicos de cobro).

A esta informalidad de la economía hay que sumarle otra cuestión: lamentablemente muchos trabajadores no se encuentran registrados y reciben su salario “en negro”, por lo que su nivel de bancarización es prácticamente nulo

Los pagos con medios electrónicos, desde tarjetas de débito hasta pagos con código QR, incrementan el “blanqueo” de la economía y ayuda a las administraciones fiscales a combatir la evasión: mediante los diferentes regímenes de información que deben cumplir las entidades financieras y las fintech, el Fisco cuenta con los datos actualizados de todas las transacciones efectuadas con estos sistemas (lo que obviamente no ocurre en caso de pagos en efectivo).

Pero en lugar de fomentar la adopción de estas herramientas, con el objetivo de que a mediano y largo plazo gran parte de las operaciones se efectúen a través de medios electrónicos y la economía se transparente lo suficiente como para dejar poco margen a la evasión tributaria, el cortoplacismo y la necesidad de caja llevó a la AFIP y a muchos fiscos provinciales a implementar en los últimos meses nuevos regímenes de retenciones sobre operaciones abonadas con billeteras digitales.

Dado el contexto actual, y para evitar el uso de billetes, ¿no sería adecuado suspender temporalmente estos regímenes de retención (al menos en el caso de pequeños y medianos comercios), incentivando así la adopción de pagos QR?

La falta de inclusión financiera y la informalidad económica de un amplio sector de la sociedad, también se manifestó en estos días con relación al cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). A raíz de la crisis económica desatada por el aislamiento social, el gobierno nacional otorgará una suma de $10.000 a los sectores más vulnerables (trabajadores informales, monotributistas categoría A y B, entre otros), pero al poner en marcha esta “asistencia” surgió un inconveniente que en estos momentos se está tratando de solucionar: muchos de los potenciales beneficiarios del “subsidio” no poseen cuenta bancaria donde se les puedan acreditar los $10.000.

Dada las circunstancias, se evalúa que el cobro del IFE se concrete mediante cajeros automáticos (utilizando un código) o hasta vía Correo Argentino. Aquí se manifiesta en forma clara cómo una mayor inclusión financiera hubiese facilitado que la ayuda del Estado llegué simple y rápidamente a los beneficiarios.

Las opciones no escasean, lo que sí escasea son la educación y la inclusión financiera.

Se advierte cómo un porcentaje considerable de la población todavía está al margen del sistema financiero, a pesar de que día a día se multiplican las opciones de billeteras digitales y bancos online (regulados por el BCRA, como cualquier banco tradicional), que permiten abrir una cuenta y obtener un CBU en minutos, desde el teléfono celular, sólo con el DNI y sin necesidad de ser un trabajador formal.

Y además de dar la posibilidad de recibir dinero de terceros y efectuar pagos en comercios, muchas billeteras digitales además permiten invertir (con apenas un par de clicks) el saldo disponible en las cuentas en Fondos Comunes de Inversión, pero sin dejar de tener siempre disponible el dinero.

Como se puede apreciar, resultaría simple para cualquier persona acceder a una cuenta bancaria o billetera digital que le permitiese administrar su dinero y controlar sus gastos, además de poder invertir fácilmente sus ahorros.

Asimismo, se debe tener en cuenta que para una correcta inclusión financiera es indispensable la educación financiera, dado que sin esta educación la inclusión financiera puede llegar a ser perjudicial: sin una correcta alfabetización financiera las personas podrían tomar decisiones erradas (por ejemplo, endeudarse por encima de sus capacidades o ser víctimas de estafas digitales o invertir en instrumentos no acordes a sus necesidades).

En 2018, mediante la Ley de Financiamiento Productivo (artículos 208 a 215 de la Ley 27440) se obligó al Estado a brindar educación financiera en las escuelas secundarias. Y en el marco de dicha exigencia, en el 2019 fue redactado el Plan Nacional de Educación Financiera, cuyos principales objetivos son: potenciar el uso de servicios financieros, incentivar la planificación financiera, el ahorro e impulsar el uso de pagos digitales, y difundir instrumentos financieros apropiados para individuos y empresas.

Sin embargo, aún no se han llevado a cabo acciones concretas que empiecen a materializar lo estipulado por este Plan. Incluso muchos expertos se cuestionan si esta educación debiera empezar a brindarse a los estudiantes recién en la secundaria o si lo mejor sería instruir a los alumnos desde los primeros años de la primaria, como todo conocimiento básico y necesario para la vida.

Quizá la cuarentena logre que nuestros legisladores y funcionarios adviertan la necesidad imperante de la educación y la inclusión financiera de la sociedad y aceleren y profundicen sus políticas en este sentido.

Publicado el 09/03/2020 en Criptonoticias y el 10/03/2020 en iProUp

Marcos Zocaro

A pesar de su incorporación en la Ley del Impuesto a las Ganancias mediante la Reforma Tributaria de fines de 2017 (con vigencia desde 2018), la tributación de las monedas digitales sigue generando un sinfín de dudas, que la legislación argentina todavía no ha respondido.

La Ley habla de las monedas digitales pero sin brindar una definición de qué se debe entender en términos legales con ese concepto.

Asumiendo que las criptomonedas como el bitcoin, ethereum y cualquier otra crypto entran en el concepto de moneda digital de la Ley, veamos cómo debemos liquidar/calcular el impuesto en el caso de las personas humanas (no empresas).

Antes que nada, es importante aclarar que a finales de 2019 se introdujeron modificaciones en el Impuesto a las Ganancias (como, por ejemplo, la exención de las ganancias por la venta de títulos públicos y otros valores que cotizan en la Bolsa local), pero estos cambios no afectaron a las monedas digitales, que siguen estando gravadas.

La liquidación del impuesto a las Ganancias derivada de la venta de cryptos variará dependiendo de la fuente de la ganancia: si es argentina o extranjera.

Según la Ley, serán de fuente argentina cuando el emisor de las cryptos se encuentre ubicado en el país. De lo contrario, serán de fuente extranjera.

Pero, ¿qué sucede con las monedas digitales como el bitcoin que no cuentan con un emisor centralizado, sino con mineros distribuidos por todo el mundo? ¿Cuándo se considerará que son de fuente argentina?

Al día de la fecha no contamos con la respuesta legal, por lo que este aspecto fundamental del impuesto aún se encuentra envuelto en una nebulosa. Pero supongamos que podemos determinar la fuente y veamos las dos posibilidades que tenemos:

  • Fuente argentina: la alícuota del impuesto será del 15% cuando se enajenen monedas digitales en pesos con cláusula de ajuste o en moneda extranjera, o del 5% cuando sea en pesos (esto último fue aclarado a fines de diciembre de 2019 por la reglamentación de la Ley; de todas formas, acá surge otro inconveniente: las monedas digitales no se emiten en dólares u otra moneda, sino que son valores en sí mismos: la falta de claridad legal complica la correcta liquidación del impuesto).

El esquema de liquidación para estas ganancias de fuente argentina es el siguiente:

 

La Deducción Especial para el año 2018 fue de $66.917,91; para 2019 de $85.848,99, y para 2020 es de $ 123.861,17.

En estos casos (ganancia de fuente argentina) el gravamen se calcula en forma independiente al Impuesto a las Ganancias tradicional, por eso también se lo conoce como impuesto cedular. Por ejemplo, una persona con ingresos por su actividad profesional independiente, liquidará el Impuesto de manera habitual por ese concepto y, en paralelo, lo hará por las ganancias generadas con sus cryptos (pero las dos liquidaciones estarán dentro del mismo Impuesto a las Ganancias, no se trata de dos tributos diferentes).

  • Fuente extranjera: la alícuota siempre será del 15% pero el cálculo del impuesto será distinto, no se liquidará igual que en el caso de fuente argentina: se hará dentro del régimen general y tendremos derecho a otras deducciones, pero ya no podremos computarnos la comentada Deducción Especial.

 

Régimen informativo de AFIP

Mediante la Resolución General 4614/2019 de octubre de 2019 (y vigente desde noviembre), la AFIP ha establecido un régimen informativo mensual que deben cumplir (entre otros sujetos) los exchanges locales: deberán informar desde el nombre del titular de la cuenta hasta los montos operados y los saldos finales.

Cabe destacar que, obviamente, este régimen informativo incluye sólo a los exchanges que están bajo la órbita de las leyes argentinas.

 

Para más info: “Una Bolsa de impuestos“.