Publicado el 4/2/2020 en CeSUR

 

Marcos Zocaro

La presión tributaria

La presión tributaria argentina (es decir, el monto total de impuestos recaudado por el Estado comparado con el PBI) se ubica actualmente en niveles del 30%. La pregunta sobre la que giran todas las discusiones referidas al tema es si este porcentaje es elevado. Si lo comparamos con los países más desarrollados, parecería que no. Sin embargo, ¿podemos afirmar que los ciudadanos argentinos recibimos por parte del Estado servicios públicos cuya calidad es equiparable a la que reciben los ciudadanos de, por ejemplo, Dinamarca? La respuesta es un rotundo no. Por tal motivo podríamos asegurar que la presión tributaria local es alta.

Y para empeorar el panorama, al analizar el sistema tributario advertimos que está conformado por una maraña de gravámenes, muchos de los cuales parecen tener sólo la funcionalidad de incrementar la carga burocrática de los contribuyentes.

Según cálculos efectuados por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), nuestro sistema tributario está compuesto por unos 163 tributos diferentes en todos los niveles de gobierno: 40 nacionales, 41 de las diferentes provincias y 82 de todos los municipios del país. Pero de este universo impositivo, sólo un puñado son los principales responsables de la recaudación.

Por ejemplo, en 2019 la recaudación tributaria nacional ascendió a $5.023.566,2 millones, siendo los tres pilares de este monto: el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Ganancias (IG) y la Seguridad Social, que en conjunto significaron el 75,7% de la recaudación total[i]. Dicho de otra forma, más de 35 impuestos nacionales recaudaron en su conjunto menos del 25% del total.

A nivel provincial, la situación es similar: por ejemplo, si tomamos los datos de la provincia de Buenos Aires (PBA), del total recaudado en el año 2019 (unos $366.005.390.776), cerca del 72% corresponde sólo al Impuesto sobre los Ingresos Brutos[ii].

¿Son necesarios el resto de los impuestos que recaudan un escaso porcentaje de la recaudación total (y que suelen ser distorsivos)? ¿O debería rediseñarse el sistema tributario, procurando reducir la cantidad de tributos inútiles y enfocándose en los que sí recaudan el mayor porcentaje de recursos?

También se suele medir la presión tributaria en los términos de cuántos días laborales necesita, por ejemplo, un empleado en relación de dependencia para saldar sus obligaciones fiscales totales: el “Día de la independencia tributaria” se ubica entre junio y julio de cada año.

Otra forma fácil de observar la presión fiscal puede ser analizando qué porcentaje del precio de un producto determinado es responsabilidad de los impuestos. Por ejemplo, el IARAF determinó que en una gaseosa cuyo precio de venta al público es de $82, unos $39,56 son explicados por tributos (Tasa municipal de Seguridad e Higiene, impuestos a los Débitos y Créditos bancarios, a las Ganancias, IVA, Seguridad Social, y la lista continúa).

 

La otra presión tributaria

Además de la presión fiscal “visible”, determinada por el efectivo pago de impuestos, nos encontramos también con la presión fiscal “oculta”: aquella que no nos demanda en forma directa el pago de impuestos, pero que de todas formas implica la pérdida de dinero y de tiempo.

Existen innumerables regímenes de recaudación a escala nacional, provincial y hasta municipal. Depositamos $1.000 en el banco, controlamos el movimiento en nuestro homebanking y automáticamente vemos que, como si fuese obra de algún virus informático, los $1.000 se transforman en $980. Y cuando consultamos, nos dicen que los $20 son a cuenta del pago de impuestos, y esos $20 se suman a otros montos que nos van reteniendo y/o percibiendo otros agentes de recaudación, y a la hora de pagar los impuestos vemos que los montos que nos fueron “sacando a cuenta” superan con creces los impuestos a pagar. Y ahí nacen los saldos a favor, y así nos transformamos en acreedores del Fisco. Y al querer solicitar la devolución de ese saldo, deberemos satisfacer una serie de requisitos muchas veces de difícil cumplimiento, por lo tanto, seguiremos acumulando saldos a favor. Y esto no hace más que acrecentar nuestra “carga fiscal”. Y mientras nos sucede todo esto, muchas veces rogamos no tener que actuar nosotros como agentes de recaudación, con toda la carga administrativa que esto implicaría.

Y si hablamos de la obligación de ser agentes de recaudación, debemos señalar que, en muchos casos, a pesar de la inflación del 2019, no se han actualizado los ingresos anuales que obligan a los contribuyentes a inscribirse como agentes. Esto llevaría a más contribuyentes a sumarse al universo de agentes.

Al referirnos a la presión tributaria “oculta” también tenemos que mencionar a los variopintos regímenes informativos (cuyo incumplimiento puede venir acompañado de duras sanciones), a las tediosas habilitaciones municipales, e incluso a los confusos y cambiantes marcos normativos.

 

La utopía de la estabilidad fiscal

Y si hay algo que agregarle a la presión tributaria comentada, es la falta de estabilidad fiscal, el constante cambio de las reglas de juego y el menosprecio por la seguridad jurídica, que no ayudan mucho a la planificación empresaria y a la seducción de las inversiones.

Convivimos con reformas permanentes en las leyes impositivas, creación de nuevos impuestos, e incluso la sanción de normas reglamentarias que en forma inconstitucional modifican el espíritu original de las leyes.

Un ejemplo, no sólo de la ausencia de estabilidad fiscal, sino de la poca planificación por parte del Estado, es la Reforma Tributaria sancionada a fines de 2017 mediante la Ley 27.430: para lograr la aprobación legislativa de la Reforma, el oficialismo tuvo que ceder ante el pedido de la oposición e incorporar el famoso Impuesto a la Renta Financiera en el nuevo paquete impositivo. Impuesto que recaudó muy poco, influyó en el inicio de la corrida cambiaria del 25 de abril de 2018 (cuando los Fondos Comunes de Inversión empezaron a desprenderse de sus tenencias de LEBAC para esquivar el impuesto), y que a fines de 2019, encima, fue prácticamente derogado.

Asimismo, a fines de 2019 también se suspendió la baja del Impuesto a las Ganancias empresarias: la mencionada Ley 27.430 había fijado una disminución gradual de la alícuota societaria en Ganancias, reduciéndose del 35% previo a 2018, al 30% en 2018 y 2019 y al 25% a partir del 2020; sin embargo, la reciente Ley 27.541 (Ley de “Solidaridad”) determinó que la tasa del 30% continúe también en 2020.

Lo que se escribe con la mano, se borra con el codo.

Y si hablamos de Ingresos Brutos, las provincias también suspendieron en 2020 la baja de alícuotas que había sido acordada en el Consenso Fiscal del año 2017.

Por último, y sin ánimos de acabar con los innumerables ejemplos de la carencia de estabilidad fiscal en Argentina, podemos mencionar lo que seguro sea el caso más emblemático: lo acontecido hace días con el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento (reemplazo del viejo Régimen de Promoción de la Industria del Software). Aprobado en el Congreso en 2019, casi por unanimidad, el nuevo Régimen estableció, desde el 2020, beneficios fiscales y previsionales a todo el sector del Conocimiento (desde empresas informáticas y de ciencias aplicadas, hasta servicios profesionales de exportación). Por ejemplo, una alícuota de sólo el 15% en el Impuesto a las Ganancias, reducción de contribuciones patronales y bonos fiscales para el pago de impuestos, entre otras ventajas. Pero, sin lugar a duda, uno de los principales atractivos lo representaba el hecho de que durante diez años todos los beneficiarios gozarían de estabilidad fiscal: por ningún motivo podrían ver incrementada su carga tributaria nacional total (calculada al momento de inscripción en el Régimen).

Sin embargo, el 20 de enero pasado, una Resolución suspendió virtualmente la aplicación del Régimen y se rumorea que en pocas semanas saldrá una nueva normativa modificando los beneficios originales e, incluso, disminuyendo el período de estabilidad fiscal a 5 años. En definitiva, un Régimen aprobado por el consenso de casi todas las fuerzas políticas y que aseguraba para sus beneficiarios la estabilidad fiscal por 10 años, apenas duró unos días intacto…

 

Palabras finales

De ninguna manera se está poniendo en discusión la necesidad de los impuestos y el rol que poseen como contrapartida principal del gasto público. Pero lo ideal (quizá utópico) sería diseñar un sistema tributario sencillo, progresivo y estable, que no asfixie a los contribuyentes (no sólo en el pago de los impuestos, sino en innecesarias obligaciones formales), donde no abunden los impuestos menores que no recaudan prácticamente nada y que sólo sirven para acrecentar el caos burocrático, y donde los continuos vaivenes de la coyuntura socioeconómica no se traduzcan siempre en la incorporación al sistema de nuevos y distorsivos tributos.

 

 

 

 

[i] https://www.argentina.gob.ar/economia/ingresospublicos/recaudacion

[ii] www.gba.gob.ar/hacienda_y_finanzas/direccion_provincial_de_politica_tributaria/recaudacion_provincial

Publicado el 20/01/2020 en el Blog de Economía del Sector Público

 

Marcos Zocaro

En la actualidad se ha vuelto algo normal escuchar o leer sobre la Economía del Conocimiento y su impacto positivo en la productividad del país y, sobre todo, en nuestra vida cotidiana; ¿pero de qué se trata concretamente?

Aclaratoria: al momento de publicar este artículo, se dictó la Resolución 30/2020  que derogó las Resoluciones 1084/2019 y 449/2019 y suspendió los plazos para procesar las solicitudes de adhesión al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. Por lo tanto, hasta que no exista nueva norma reglamentaria, el Régimen queda virtualmente suspendido.

 

La Economía del Conocimiento es un término que se utiliza para referirse al universo de actividades productivas caracterizadas por el uso intensivo de tecnologías, conocimiento científico y capital humano altamente calificado, entre las cuales podemos encontrar a la robótica, la inteligencia artificial, la biotecnología, la geología, la industria aeroespacial o, incluso, los servicios profesionales de exportación (López, 2017).

Desde el año 2004 al 2019 estuvo vigente en la Argentina la Ley de Promoción de la Industria del Software, otorgándole considerables ventajas impositivas al sector informático. Pero esa norma, si bien fue beneficiosa para la industria del software (FIEL, 2018), se tornó insuficiente para los tiempos que corren. Es por este motivo, que los legisladores decidieron no prolongar su vigencia sino directamente reemplazarla desde el 1 de enero 2020 por la Ley 27.506, que crea el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, vigente hasta el 31/12/2029. Esta ley ya no favorece sólo a la industria informática, sino que amplía los beneficios a todo el sector del Conocimiento.

¿Pero por qué es importante impulsar y promover estas actividades? Las razones son múltiples: debido a la calidad y cantidad de empleo que pueden generar, como también al impacto positivo en todos los sectores de la economía; aumento de la eficiencia productiva, disminución de costos, mejora de los procesos y constantes innovaciones (desde nuevos sistemas informáticos hasta nanotecnología aplicada a intervenciones quirúrgicas). (López, 2018; y Belisario de Azevedo, 2018)

Asimismo, estas actividades pueden motorizar a sectores tradicionales de la economía, al obligarlos a ser más competitivos. Pensemos que vivimos en un mundo donde las aplicaciones móviles amenazan con reemplazar a los taxis, incluso a los bancos, y los obligan a mejorar sus servicios para no perder clientes[1]; un mundo donde la biotecnología colabora con el desarrollo de nuevos alimentos, o la ingeniería nuclear que se emplea en medicina, o drones utilizados en agricultura, impresiones 3D en la industria ortopédica, y hasta la computación cuántica que en un futuro próximo desarrollará computadoras extremadamente veloces (que luego serán usadas en todos los sectores de la economía, incluso en la vida cotidiana), creando así una verdadera sinergia entre todas las actividades.

Por eso se dice que es una ley transversal, ya que no está acotada a una sola industria, sino que abarca a una pluralidad de actividades caracterizadas por el uso del conocimiento y explotación de los avances científicos.

Realizados estos comentarios, veamos brevemente de que se trata la nueva Ley y qué beneficios ofrece al sector de la Economía del Conocimiento.

 

Actividades alcanzadas

La Ley de Economía del Conocimiento consiste en una batería de incentivos fiscales y previsionales que benefician directamente a sectores tales como informática, software, inteligencia artificial, ciencia aplicada, bioquímica, geología, nanotecnología, o servicios profesionales de exportación, y en forma indirecta a todo el ecosistema económico.

El detalle con todos los rubros alcanzados por el Régimen se encuentra en la normativa vigente (Ley 27.506/2019 y Resolución 449/2019, y modificatorias).

 

Beneficios impositivos y previsionales

Es probable que el principal atractivo del Régimen sea la Estabilidad Fiscal: durante la vigencia de la norma (al menos hasta el 31/12/2029), los sujetos comprendidos no podrán ver incrementada su carga tributaria nacional total, calculada al momento de inscripción en el Régimen (esto abarca a todos los impuestos directos, tasas y derechos, pero no incluye a los tributos indirectos, como el IVA). A su vez, la Estabilidad Fiscal podrá extenderse a la carga tributaria provincial en la medida que las provincias se vayan adhiriendo al Régimen (por ejemplo, ya lo ha hecho Jujuy, y otras ya cuentan con el proyecto de adhesión). Esto significa una importante medida en pos de la planificación empresaria.

Asimismo, ente los principales beneficios fiscales a los que pueden acceder los inscriptos en el Régimen nos encontramos con:

  • una alícuota reducida en el Impuesto a las Ganancias del 15% (para el resto de las empresas la alícuota hoy es del 30%), siempre y cuando la empresa no reduzca la nómina de personal;
  • la exclusión del sistema de retenciones y percepciones en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que resulta muy positivo desde el punto de vista financiero;
  • una reducción de las contribuciones patronales que deban pagar los empleadores; y
  • la obtención de un bono de crédito fiscal aplicable contra el pago de IVA y/o Ganancias: dicho bono estará ligado a la cantidad de empleados en relación de dependencia que posea la empresa, e incluso será mayor en caso de contar con empleados con el título de Doctor.

Con estos beneficios se pretende impulsar la capacitación de los empleados, y a su vez, al bajar los costos laborales, fomentar la contratación de trabajadores en relación de dependencia en desmedro de la tercerización.

 

Requisitos de adhesión

Para adherir al Régimen, los sujetos podrán ser únicamente personas jurídicas (no incluye personas humanas), y deberán desarrollar en el país, como actividad principal, alguna de las actividades promovidas (detalladas en la Ley 27.506/2019 y la Resolución 449/2019).

Es importante resaltar que el requisito de la actividad principal se verá satisfecho cuando el porcentaje de facturación de dicha actividad sea como mínimo del 70% de la facturación total.

Además de cumplir con este requisito de actividad principal, el artículo 4 agrega que se deberán verificar al menos dos de las siguientes condiciones:

1) Acreditar procesos de mejora continua en la calidad de sus servicios y productos (como, por ejemplo, las normas ISO), o

2) efectuar erogaciones en Investigación y Desarrollo (siempre en la actividad promovida y al menos en un 3% de la facturación total) y/o erogaciones en capacitación del personal (mínimo de 8% de la masa salarial total), o

3) realizar exportaciones de bienes o servicios que surjan de las actividades promovidas, de al menos un 13% de la facturación total correspondiente a esas actividades.

Es evidente como el legislador, mediante estos requisitos, persigue (entre otros objetivos) favorecer y estimular la investigación científica y el desarrollo de nuevos productos, con los beneficios económicos que esto puede traer aparejado; además de impulsar las exportaciones, con la consecuente mejora de la balanza comercial argentina, y también privilegiar la constante capacitación y perfeccionamiento de los empleados (procurando de esta forma un incremento de la productividad).

Por otra parte, con respecto a las microempresas con una antigüedad menor a 3 años desde su inicio de actividades, para acceder al Régimen sólo deberá acreditar el desarrollo de alguna de las actividades promovidas (siempre como actividad principal). Ningún otro requisito. Y transcurrido ese plazo, sí deberán ajustarse a los requisitos generales.

A los fines de categorizar como microempresa, se deberán cumplir los parámetros establecidos por la Resolución 563/2019 de la Secretaría de Emprendedores y PyME.

 

Proyecciones económicas

Se estima que el costo fiscal para el año 2020, producto de los beneficios y desgravaciones, rondaría los $8 mil millones. Pero este costo se vería plenamente “compensado” a mediano y largo plazo gracias al mejoramiento de las condiciones económicas impulsado por el Régimen. Entre los aspectos a resaltar podemos mencionar:

  • Hoy en día el sector de la Economía del Conocimiento representa un 22% del PBI: para el año 2025 se espera que este guarismo sea del 26%. (Por ejemplo, en el caso de los EE.UU. actualmente esta cifra ronda el 38%).
  • Exportaciones del sector en 2030 ascenderían a US$15 mil millones, según estimaciones de la Secretaría de Emprendedores y de Argencon, cámara que nuclea a los principales actores del sector (esto representaría un incremento del 150% en relación con el monto actual de US$6.200).
  • Se crearían unos 400.000 nuevos empleos en 2030 (duplicando la cantidad actual de empleos en el sector).
  • Aumentará considerablemente el empleo calificado y la productividad, junto con el salario de los trabajadores. Según estimaciones de Argencon y del Observatorio de la Economía del Conocimiento (Ministerio de Desarrollo Productivo nacional), hoy la remuneración bruta anual promedio de los asalariados registrados en empresas del sector varía entre US$15 mil y US$20 mil anuales, y se espera que este promedio se incremente al menos un 60% para el 2030. (En los EE.UU dichas remuneraciones brutas anuales hoy puede superar holgadamente los US$60 mil [2]).
  • Existirá una mayor vinculación entre las empresas y el Sistema Educativo, debido a la necesidad de las empresas de invertir en capacitación para acceder a los beneficios comentados anteriormente.
  • El impacto positivo se dará en todos los sectores de la economía (López, 2018; y Gayá, 2017). Como ejemplo de esto, podemos mencionar el de la empresa Amazon, que ya anunció en 2019 una inversión de US$ 800 millones en un centro de datos en Argentina (aunque en los últimos días, habría suspendido la inversión debido al contexto económico [3]).

 

Comentario final

Como vemos, el potencial argentino al desarrollar y fomentar el sector de la economía del conocimiento es elevado y puede convertirse en el nuevo motor de la economía y producción argentinos, en beneficio de toda la población. Esperemos, entonces, que nuestros gobernantes estén a la altura de las circunstancias y consideren el fomento al sector de la Economía del conocimiento como una verdadera política de estado.

 

Notas

[1] Ver, por ejemplo: https://www.clarin.com/zonales/taxis-remises-oeste-lanzan-app-competir-uber_0_hETiRnv4V.htmlhttps://www.eleconomista.com.ar/2017-12-bancos-invierten-competir-fintech/ y https://blogs.iadb.org/innovacion/es/innovacion-financiera-puede-aprender-la-banca-tradicional-las-fintech/

 

[2]https://www.procordoba.org/images_db/noticias_archivos/2442-SSI%20Estados%20Unidos.pdf

 

[3] www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/Amazon-Web-Services-define-una-inversion-de-us-800-millones-en-Bahia-Blanca-20191003-0001.html y www.cronista.com/tecnologia/Amazon-pone-una-pausa-a-su-inversion-de-us-800-millones-en-la-Argentina-20200107-0012.html

 

Referencias bibliográficas:

*López, A. (2017). Los servicios basados en conocimiento: ¿una oportunidad para la transformación productiva en Argentina? Documento de Trabajo Nº 3. Secretaría de Transformación Productiva. Ministerio de Producción de Argentina. (https://biblioteca.produccion.gob.ar/document/download/330)

 

* López, A. (2018). ¿Son los servicios el futuro del desarrollo productivo en la Argentina? Blog Alquimias Económicas. (https://alquimiaseconomicas.com/2018/02/14/son-los-servicios-el-futuro-del-desarrollo-productivo-en-la-argentina/#more-2656)

 

*Fundación FIEL (2018). La Ley de Promoción del Software y su impacto en la evolución del sector. Informe realizado por solicitud de la Cámara de la Industria del Software.  (https://www.cessi.org.ar/comunicados/docs/Reporte-ECONOMICO-Fundacion-FIEL-CESSI.pdf)

 

*De Azevedo, Belisario (2018). Los servicios basados en el conocimiento: ¿el futuro del desarrollo? Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (https://conexionintal.iadb.org/wp-content/themes/mobius/versionimpresionsingle.php?articleId=14677)

 

*Informe sobre Servicios Basados en el Conocimiento Nro 10 – Agosto 2019 (Ministerio de Desarrollo Productivo: https://biblioteca.produccion.gob.ar/buscar/?fid=16&cid=43#content)

 

*Gayá, Romina (2017). Automatización en servicios basados en el conocimiento. Observatorio de la Economía del Conocimiento (https://www.produccion.gob.ar/wp-content/uploads/2017/10/Automatizacion-SBC.pdf)

 

 

 

 

 

Publicado el 31/01/2020 en Contadores en Red

 

Marcos Zocaro

La Ley 27.541, publicada en el Boletín Oficial el 23 de diciembre de 2019, modificó (entre otras normativas impositivas) la Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales (LIBP).

El nuevo esquema de alícuotas y escala quedó fijado desde el ejercicio 2019 de la siguiente forma (artículo 25 de la LIBP):

Además, según el artículo 24, el mínimo no imponible quedó establecido en $2 millones (y $18 millones en el caso de vivienda).

Sin embargo, el cambio más resonante introducido por la Ley 27.541 fue la incorporación, en el artículo 25 de la LIBP, de una alícuota incremental en caso de bienes situados en el exterior.

Según el artículo 9 del Decreto n° 99/2019, esta nueva alícuota aumentada variará dependiendo de la siguiente escala:

A su vez, los artículos 10 y 11 del citado Decreto establecen que quedarán exceptuados del pago de la alícuota incremental los sujetos que hubieren repatriado activos financieros hasta el 31 de marzo de cada año, y que dichos activos representen, por lo menos un 5% del total del valor de los bienes situados en el exterior.

Estos activos podrán ser:

*las tenencias de moneda extranjera en el exterior y,

*los importes generados como resultado de la realización de los activos financieros pertenecientes a las personas humanas domiciliadas en el país y las sucesiones indivisas radicadas en el mismo.

Además de cumplir las condiciones comentadas, los fondos también deberán permanecer depositados hasta el 31 de diciembre, inclusive, del año calendario en que se hubiera verificado la repatriación, en entidades financieras de la Ley N° 21.526 y sus modificatorias, a nombre de su titular.

Originalmente, la única opción era repatriar los fondos e inmovilizarlos hasta el 31/12; sin embargo, el 30/01/2020, mediante el Decreto 116/2020 se modificó el Decreto 99/2019, permitiendo que, una vez repatriados, los fondos además puedan afectarse a:

*su venta en el mercado único y libre de cambios (MULC), a través de la entidad financiera que recibió la transferencia original desde el exterior (opción poco atractiva, al menos hoy en día, ya que al vender las divisas se obtienen casi $60 por dólar estadounidense, cuando recomprar ese dólar cuesta $82, debido al spread cambiario y al impuesto PAIS del 30%); o

*adquisición de certificados de participación y/o títulos de deuda de fideicomisos de inversión productiva que constituya el BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR (BICE) en carácter de fiduciario y bajo el contralor del Ministerio de Desarrollo Productivo, siempre que tal inversión se mantenga bajo la titularidad del contribuyente hasta el 31/12, inclusive, del año calendario en que se produjo la repatriación; o

*suscripción o adquisición de cuotapartes de FCI existentes o a crearse, en el marco de la Ley N° 24.083, que cumplan con los requisitos exigidos por la CNV, para dicho fin y que se mantengan bajo la titularidad del contribuyente hasta el 31/12, inclusive, del año calendario en que se produjo la repatriación. Los fondos aplicados deben provenir de la misma cuenta que recibió la transferencia original desde el exterior.

A su vez, la norma aclara que cuando los fondos que se hubieren depositado se destinaran, en forma parcial, a alguna de las operaciones mencionadas, el remanente no afectado a estas últimas debe continuar depositado en las cuentas y hasta el 31/12.

Se espera que estas medidas contribuyan, al menos en parte, a movilizar al vapuleado mercado de capitales. De todas formas, al momento de redactar estas líneas aún resta la reglamentación por parte de la AFIP.

Por último, es importante resaltar que el 8 de enero 2020 (previo a la sanción del comentado Decreto 116/2020) se celebró el primer «Encuentro Técnico Tributario», realizado entre las autoridades del Ministerio de economía, AFIP y entidades profesionales (AAEF, CPCECABA, CGCE y CACF), en el cual AFIP¨ aclaró algunas dudas respecto de estas últimas modificaciones, a saber:

 

*Consideración del mínimo no imponible para la determinación del impuesto con la alícuota del artículo 9° del Decreto 99/2019:  para conocer en qué tramo de la escala del artículo 9° del Decreto 99/2019 debe ubicarse el contribuyente, hay que considerar el valor total de los bienes del país y del exterior sin deducir el mínimo no imponible. Una vez establecida esa alícuota, ésta se aplica sobre el valor total de los bienes situados en el exterior que exceda el mínimo no imponible no computado contra los bienes del país.

 

*Repatriación del 5% en cada ejerciciola repatriación es por cada ejercicio fiscal; de ahí que el artículo 10 del Decreto 99/2019 señala que debe efectuarse hasta el 31/3 “…de cada año…” y el artículo 11, cuando fija la pauta del 5% lo hace mencionando que ello debe acaecer “…a la fecha señalada en el artículo anterior…”.

 

*Bienes sujetos a repatriaciónel activo financiero, definido como tal por la ley, debe estar en el patrimonio al 31/12/2019, dado que esa es la fecha, por el carácter de “instantáneo” del impuesto, en que se verifica el hecho imponible.  Tratándose de una participación societaria, no debe evaluarse esta disposición en torno a su subyacente, toda vez que la ley menciona como “activo financiero” a la participación.

 

 

Publicado el 11/09/2019 en el Blog de Economía del Sector Público

 

Marcos Zocaro

Es probable que la primera imagen que se nos venga a la mente cuando alguien menciona a la Bolsa sea la de un sujeto trajeado y adornado con cadenas de oro, recostado en el sillón de su oficina con los rascacielos de la city porteña de fondo, fumando habano mientras cuenta dólares sin pausa; o incluso la del hollywoodense Lobo de Wall Street arrojando billetes al aire desde su lujoso yate. Sin embargo, la realidad puede ser algo diferente. ¿Qué es y para qué sirve el mercado de capitales?

La Bolsa o Mercado de capitales (por simplificación, consideremos ambos conceptos como sinónimos) es el punto de encuentro de los inversores y ahorristas con las empresas: los primeros acercan sus ahorros (excedentes financieros) y los segundos toman esos fondos como financiamiento para llevar a cabo sus inversiones productivas (como la ampliación de fábricas o la compra de bienes de capital). A su vez, al recinto bursátil también concurren el Estado nacional y los estados provinciales y municipales.

De esta forma, por ejemplo, en la Bolsa se negocian títulos de deuda emitidos por empresas (Obligaciones Negociables) y por los Estados (Títulos Públicos), cheques de pago diferido, certificados de fideicomisos financieros, entre otros instrumentos de financiamiento, los cuales son adquiridos por los inversores a cambio de un rendimiento determinado. O incluso, con el objetivo de conseguir fondos, las empresas pueden vender títulos representativos de su capital (acciones), convirtiendo así a los inversores/ahorristas en sus nuevos socios.

Y este financiamiento bursátil suele ser mucho más económico que el bancario debido, principalmente, a la presencia de una menor cantidad de intermediarios [1].

En definitiva, la Bolsa favorece que el ahorro de las personas (además de acrecentarse) se canalice hacia la concreción de proyectos productivos (tanto privados como estatales), siendo una importante herramienta para el progreso económico del país. De ahí que resulte imperioso contar con un mercado de capitales desarrollado [2].

Situación actual del mercado argentino

A la hora de buscar financiamiento las empresas locales no suelen recurrir al mercado de capitales sino al crédito bancario (o incluso, sobre todo en pequeñas empresas, optan por el financiamiento con recursos propios).

Por ejemplo, un estudio del Observatorio PyME analizó las fuentes de financiamiento utilizadas por las PyMEs industriales y concluyó que para el año 2016 se financiaron: 68% con recursos propios, 22% con créditos bancarios, 5% con proveedores, 3% gracias a programas públicos, y un insignificante 2% con otras fuentes (entre las que se incluye el mercado de capitales). Estos valores no fueron muy diferentes en los años previos.

Del “otro lado del mostrador”, como contraparte de las empresas y del Estado que se acercan a la Bolsa en busca de financiamiento, nos topamos con aquellos inversores que intentan canalizar sus ahorros. En Argentina, el gran “déficit” son los inversores particulares: se estima que un escaso 4% de la población invierte en Bolsa, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos lo hace un 70%.

Atento este panorama, dado que el financiamiento vía mercado de capitales resulta muchas veces menos costoso que el bancario, podríamos preguntarnos por qué gran parte de las empresas locales se inclinan por esta última alternativa. Y en este mismo sentido: ¿cuál es la razón por la cual las personas tampoco se acercan a la Bolsa?

Aquí las causas son múltiples.

En el caso empresario, podríamos citar como uno de los factores la “formalidad” que exige el sistema para ser parte: al cotizar en Bolsa las empresas están sujetas a un estricto régimen de información periódico, el cual no sólo implica mayores gastos administrativos, sino que obliga a las empresas a transparentar su economía, en un país donde (lamentablemente) un gran porcentaje de la actividad empresarial está “en negro”.

Por otra parte, posando la mirada sobre los inversores particulares, podemos esbozar varias razones que justifican su escaso “acercamiento” al mercado bursátil:

  • la limitada cultura financiera y desconocimiento del mercado que poseen las personas: por ejemplo, la Encuesta de medición de capacidades financieras llevada a cabo por el Banco Central (BCRA) en el año 2017, posicionó a la Argentina en el puesto 37 del índice de Educación financiera (sobre un total de 39 países), llegando a ubicarse en la última posición entre los países de la región (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú);
  • el contexto macroeconómico y político (inflación, devaluaciones repentinas, incertidumbre política y falta de seguridad jurídica, conforman la “excusa ideal” para que el ciudadano de a pie se tranquilice comprando dólares); y
  • por último, tenemos que mencionar como condimento “anti-mercado” el actual marco tributario de la actividad. Sobre este punto nos explayaremos a continuación.

 

Qué se hace (y qué no) para estimular el mercado de capitales

Sin dudas, la novedad más significativa en materia tributaria que afecta a las inversiones financieras y bursátiles ha venido de la mano de la última Reforma, la cual instauró el denominado “Impuesto sobre la Renta Financiera”: desde enero 2018 las personas deben pagar Impuesto a las Ganancias por la mayoría de sus inversiones, desde intereses ganados por depósitos a plazo fijo hasta el rendimiento de títulos públicos, aunque las ganancias sean ficticias por estar debajo de la inflación [3].

De esta forma, por ejemplo, una persona que posea un plazo fijo y obtenga intereses a lo largo del año por un monto superior al mínimo establecido por la Ley, deberá abonar el “nuevo” impuesto, aplicando una tasa del 5% o del 15% (dependiendo de la moneda y de la cláusula de constitución) sobre la diferencia entre los intereses ganados y el citado mínimo (que para el año 2018 fue de casi $67.000). En este caso, la norma no permite el ajuste por inflación, por lo que se terminan gravando ganancias “ficticias”. Por ejemplo, la variación del índice IPC de enero a diciembre de 2018 ascendió a 47,6%, mientras que la tasa promedio de los plazos fijos en el mismo período rondó el 35% [4].

De la misma forma, abonarán el nuevo tributo aquellas personas que cobren intereses de bonos, o que obtengan resultados por la venta de esos instrumentos. Sólo estarán eximidos del impuesto aquellos resultados por la venta de acciones cotizantes en la Bolsa local.

Se agrega así una nueva distorsión al ya distorsionado sistema tributario argentino.

Si analizamos lo recaudado por esta “nueva” imposición anual, encontramos que hasta julio 2019 (habiendo vencido el plazo para el pago correspondiente al ejercicio 2018) han ingresado a las arcas fiscales alrededor de $8 mil millones: puede parecer una cifra elevada, pero si la comparamos con la recaudación nacional estimada para todo el 2019, este guarismo representa cerca del 0,16%. Vemos, entonces, como la importancia recaudatoria de este tributo es ínfima.

Desde el lado empresario, la Reforma Tributaria intentó introducir un beneficio: disminuyó la alícuota del impuesto a las Ganancias que abonan las sociedades (sin importar si cotizan o no en Bolsa): pasó del 35% al 30% para los años 2018 y 2019, y al 25% para el año 2020 y siguientes. Sin embargo, en forma paralela, se implementó una retención del 7% (para los años 2018/2019) y del 13% (2020 y sig.) sobre los dividendos y utilidades que distribuyan las empresas a sus socios: es decir que, en caso de distribución de utilidades, la alícuota efectiva total será casi del 35%, como lo era antes de la Reforma [5]. Con esta medida, según los fundamentos del legislador, se intenta incentivar a las empresas a que reinviertan sus utilidades en el negocio, en desmedro de la distribución entre sus socios, favoreciendo así la actividad económica.

En contraposición al “castigo” que para muchos significa el impuesto sobre la Renta Financiera, la Reforma brinda un beneficio a aquellas personas que aporten a un fondo común de inversión (FCI) con fines de retiro laboral: podrán deducir de su declaración jurada del Impuesto a las Ganancias el aporte anual que efectúen al FCI (con un tope que varía año a año, y que para el 2019 asciende a $12.000). Esto trae un doble incentivo: por un lado, en relación a la persona que abonará menos impuesto y a su vez irá conformando un “ahorro” para su futuro; por el otro, favorecerá la creación de FCI que canalicen el aporte de las personas hacia inversiones de largo plazo a través del mercado de capitales. Y aquí el sistema impositivo tendrá nuevamente un rol fundamental para asegurar el mantenimiento de las inversiones en el largo plazo: si la persona que efectúa los aportes decide retirarlos antes del tiempo que se haya estipulado para su rescate, deberá abonar el impuesto a las Ganancias correspondiente.

Otra disposición reciente (Ley 27.440), y que puede tener impacto positivo en el mercado, es la que favorece impositivamente a la actividad de ciertos FCI cerrados y Fideicomisos Financieros. Por ejemplo, aquellos que se dediquen al desarrollo de viviendas sociales, si colocasen la totalidad de sus cuotapartes y certificados en el régimen de oferta pública, no tributarán Ganancias a su nombre, sino que cada inversor declarará el impuesto que le corresponda de acuerdo a su tenencia. Pero dichos inversores tendrán una alícuota reducida del 15% si conservasen la inversión por un plazo mayor a 5 años, y de 0% si el plazo superase los 10 años. Esta disposición procura fomentar las inversiones a largo plazo, “penalizando” impositivamente a las colocaciones cortoplacistas.

Por último, para terminar con esta breve descripción del marco tributario de la actividad financiera-bursátil, y cómo puede influir en las decisiones de los inversores, debemos mencionar lo sucedido con la entrada en vigor de las retenciones sobre la renta financiera local obtenida por los residentes del exterior. Como el 26 de abril de 2018 era el día a partir del cual estos sujetos iban a comenzar a sufrir retenciones por sus ganancias derivadas de LEBAC, el día anterior muchos FCI empezaron a desprenderse de estos instrumentos (ver gráfico), ocasionando una “corrida cambiaria” hacia el dólar que, a pesar de la intervención del Banco Central (vendiendo más de U$S 1.400 millones sólo el 25 de abril), no logró detener el inicio de una nueva devaluación.

Si bien al analizar lo sucedido debemos considerar también otros factores del contexto nacional e internacional imperante en ese momento (como, por ejemplo, la suba de tasas por parte de la Reserva Federal estadounidenses, ocasionando un “flight to quality”), es evidente que el impuesto sobre la renta financiera para beneficiarios del exterior fue un disparador crucial para la crisis cambiaria al influir sobre las decisiones de los inversores.

 

 

Comentarios finales

La Bolsa representa una gran herramienta para canalizar el ahorro de las personas y empresas hacia proyectos productivos, facilitando el acercamiento entre las partes y disminuyendo los costos de financiación tanto de las empresas como del Estado.

Asimismo, al aumentar la cantidad de empresas cotizantes, las cuales deberían cumplir con un riguroso sistema de información y auditorías, se podría lograr una merma de la economía informal, disminuyendo la evasión tributaria e incrementando, en consecuencia, los ingresos fiscales.

Además de ser fundamental la educación financiera de la población, hemos visto la importancia del marco tributario en el que se desenvuelve la actividad bursátil y cómo éste puede influir en las decisiones del inversor. En este sentido, sería valioso que se corrigiesen las distorsiones existentes a los efectos de contar con un sistema impositivo más racional, donde no sólo se persiga el fin recaudatorio, y donde no convivan disposiciones contradictorias entre sí, como aquellas que buscan beneficiar a los ahorristas (como los aportes a ciertos FCI) con otras que los alejan del mercado (como el impuesto a los plazos fijos).

Por lo pronto, las medidas impositivas comentadas en este trabajo rigen desde hace pocos meses, por lo que deberemos aguardar un tiempo prudencial para poder evaluar su impacto efectivo en el mercado.

 

Se agradecen los comentarios de Norberto Mangiacone.

 

Notas

[1] Por ejemplo, a inicios del 2019, para el descuento cheques los bancos cobraban una tasa promedio 15 puntos por encima de la tasa del mercado de capitales.

[2] Dapena, José Pablo (2007). “Rol del mercado de capitales en el crecimiento de la economía: literatura y evidencia para argentina”. UCEMA.

[3] En este aspecto la Reforma impacta sobre las personas “humanas”; las empresas siempre pagaron el impuesto a las Ganancias por este tipo de beneficios financieros.

[4] Este tema ya se trató, previo a la Reforma Tributaria, en otro artículo: www.blogeconosp.econo.unlp.edu.ar/wp/2017/09/04/hay-que-gravar-la-renta-financiera/

[5] Por ejemplo: supongamos que la ganancia neta en el 2018 es de $100, por lo que al aplicarle la alícuota de 30% se abonarán $30; los $70 restantes podrían ser reinvertidos o distribuidos entre los socios; si son distribuidos, tributarán el 7% sobre esos $70, o sea, $4,9; en total se habrán pagado $30 + $4,9 = $34,90 (34,9%), es decir, casi el 35% de los $100 originales.

 

 

 

Publicado el 30/01/2020 en SerIndustria

 

Marcos Zocaro

Al analizar la recientemente aprobada Ley Impositiva de la Provincia de Buenos Aires (Ley n° 15.170 -BO 10/01/2020), se advierte que el nuevo artículo 100 implementa para el año 2020 (y de forma extraordinaria) un incremento en el impuesto sobre los ingresos brutos en el caso de la explotación de terminales portuarias ubicadas en territorio bonaerense. De esta forma, se alcanza a actividades tales como “Servicios de manipulación de carga en el ámbito portuario”, “Servicios de almacenamiento y depósito en cámaras frigoríficas” o “Servicios de explotación de infraestructura para el transporte marítimo” (entre otras), siempre que se efectúen en el ámbito portuario.

Se trata de un importe fijo mensual que se abonará en forma adicional al impuesto sobre los ingresos brutos determinado según la actividad y su respectiva alícuota (que en 2020 variará entre 1,5% y 3,5%).

Este valor será de:

1)$47 por cada tonelada o fracción superior a 500Kgs de mercadería cargada en buques durante el mes.

2)$139 por cada tonelada o fracción superior a 500Kgs de mercadería descargada de buques durante el mes.

3)$23 por cada tonelada o fracción superior a 500Kgs de mercadería removida durante el mes.

A su vez, según el comentado artículo 100 este incremento no será aplicable “cuando se trate de: 1) Mercaderías en tránsito, reembarque para transbordo y/o en tráfico. 2) Arena, piedra y otros productos áridos en los términos y condiciones que determine la reglamentación. 3) Mercadería vinculada con la actividad pesquera de los buques y embarcaciones que operan desde los puertos y apostaderos bonaerenses, así como los productos de la pesca artesanal y acuicultura”.

El proyecto original de Ley impositiva estipulaba una tasa por tonelada cargada de 93$ o descargada de 273$ de cada puerto bonaerense, y 46$ por tonelada de mercadería removida durante el mes. Pero estos guarismos, luego de la negociación acontecida entre los diferentes bloques en la Legislatura provincial, fueron modificados para lograr la aprobación de la Ley.

Con la introducción de esta tasa (o para muchos, “impuesto encubierto”) existe el riesgo de que parte de la actividad se “mude” a otros puertos fuera del alcance del fisco bonaerense (como, por ejemplo, el puerto de la ciudad de Buenos Aires o a alguna de las terminales santafesinas), afectando así no sólo la actividad sino también la recaudación fiscal.

Asimismo, existe el riesgo de que este nuevo “costo” sea trasladado hacia atrás en la cadena productiva, afectando incluso a la etapa primaria.

Sin embargo, debido a lo reciente de la medida, deberemos aguardar un tiempo prudencial para evaluar su efectivo impacto económico y recaudatorio.

 

 

Contadores en Red

Publicado el 24/12/2019 en Contadores en Red

 

Marcos Zocaro

El sábado a la madrugada el Senado aprobó un paquete de medidas (Ley 27.541, B.O. 23/12/2019), principalmente impositivas, con el objetivo de mejorar las alicaídas cuentas públicas. Entre las novedades se incluye una modificación del famoso Impuesto Cedular sobre la renta financiera (que, recordemos, no es más que una “cédula” dentro del Impuesto a las Ganancias).

Pero, ¿qué cambió en este aspecto? ¿Sigue existiendo el “impuesto sobre la renta financiera”?

Para las ganancias obtenidas durante el 2019 surge una duda: en el Proyecto de Ley aprobado en Diputados, se establecía la vigencia de las exenciones del nuevo Art. 26 inciso h) de la Ley de Impuesto a las Ganancias (LIG) desde el 2020; mientras que, en el texto aprobado en Senadores, y que finalmente se publicó en el Boletín Oficial el lunes 23, la vigencia es desde 2019. Muchos opinan que este fue un error/omisión al pasar el texto de Diputados a Senadores y que pronto se “solucionará” mediante la respectiva reglamentación. Otros, sin embargo, sostienen que no se modificará y la vigencia será desde 2019.

Ante esta situación, y dado lo cambiante de la normativa impositiva, veamos las dos posibilidades.

Supongamos que la vigencia del nuevo Art. 26 inciso h) de la LIG es desde 2019. ¿Cuáles son las exenciones que rigen durante el 2019, entonces? Están exentos todos los intereses de plazos fijos, siempre que sean sin ajuste: si fuese un plazo fijo UVA, por ejemplo, no estaría exento y tributaría por Impuesto Cedular (que en 2019 sigue vigente). Además, en este sentido, también se reestablecen las exenciones de la Ley de Obligaciones Negociables.

Es decir, los intereses de plazos fijos sin ajuste y las ganancias por títulos públicos y ONs obtenidas desde 2019 no pagarán el gravamen.

Incluso, en 2019 también rige la opción de imputar intereses de bonos y obligaciones negociables (ONs) a su costo de adquisición (tal como sucedió en 2018). Durante el 2018 la opción venía dada por el Art. 95 del Decreto 1170/2018; ahora, en 2019 el “beneficio” está establecido en el Art. 47 de la Ley 27.541. Igualmente, esta opción ya no tiene mucho sentido debido a que la exención por los intereses ya rige desde 2019…

Ahora, supongamos que la vigencia del nuevo Art. 26 inciso h) de la LIG es desde 2020. En este caso, nada cambia con relación al año 2019: a mediados de 2020 liquidaremos el Impuesto Cedular de 2019 tal como lo hicimos con la declaración jurada correspondiente al 2018. Incluso, también rige la opción ya comentada de imputar intereses de bonos y ONs a su costo de adquisición (Art. 47 de la Ley 27.541).

¿Y en 2020?

Con vigencia desde el año 2020 se derogan los ex artículos 90.1 y 90.2 (actuales 95 y 96 de la LIG): intereses de plazos fijos y rendimientos de títulos públicos, ONs, etc. O sea, la cédula correspondiente a intereses y rendimientos “deja de existir”.

A su vez, mediante el Art. 26 inciso h) de la LIG, se continúa eximiendo del Impuesto a las Ganancias a los intereses de plazos fijos, siempre que sean sin ajuste: si fuese un plazo fijo UVA, por ejemplo, no estaría exento y ahora tributaría por el régimen general, a una tasa que puede llegar al 35%, ya que el Impuesto Cedular por intereses ya no rige en 2020).

También permanecen las exenciones de la Ley de Obligaciones Negociables.

Por otra parte, el ex artículo 90.4 de la LIG (hoy Art. 98), correspondiente a la cédula por ganancias producto de la venta de activos financieros tales como acciones, bonos y monedas digitales, no se deroga; continúa vigente. Pero, los resultados por compraventa de acciones seguirán exentos del impuesto siempre y cuando las acciones coticen en bolsa argentina.

O sea, los beneficios (de fuente argentina) por venta de acciones que NO coticen en la bolsa local, pagarán el impuesto cedular del 15%, tal como lo venían haciendo (ejemplo: ADR de YPF que cotiza en Nueva York).

Además, estarán exentas las ganancias por venta de títulos públicos y ONs.

Por último, persiste la retención sobre dividendos (que en el 2020 seguirá siendo del 7%, ya que la alícuota societaria de Ganancias se mantendrá en 30% y no disminuirá al 25% como se había estipulado), y también continúa vigente el impuesto cedular sobre la venta de inmuebles.

Estas son las últimas modificaciones, al menos hasta dentro de un rato…

 

Actualización al 21 de abril de 2020: Pregunta Frecuente de AFIP sobre el tema tratado:

Publicado el 30/07/2019  en Diario Perfil

 

Marcos Zocaro

El nuevo Régimen de Promoción

El pasado 22 de mayo el Congreso nacional aprobó la Ley de Economía del Conocimiento (Ley 27.506), la cual entrará en vigencia el próximo 1 de enero y tendrá como misión reemplazar a la ya añeja Ley de Software. Se trata de una batería de incentivos fiscales cuyos destinatarios ya no son únicamente los integrantes de la industria de la programación, sino que abarca a otros sectores tan disruptivos como la biotecnología, la nanociencia o la ingeniería nuclear. Se pretende fomentar así a las actividades económicas que requieren un uso intensivo de tecnología, personal altamente calificado y que también tienen la característica de ser exportables.

Entre los principales beneficios de esta nueva norma podemos encontrar:

*una tasa reducida del 15% en el impuesto a las Ganancias,

*la exclusión del sistema de retenciones y percepciones en el IVA,

*menores contribuciones patronales, y

*un bono fiscal equivalente al 1,6 de las cargas sociales (que puede elevarse a 2 en el caso de empleados con doctorado).

Asimismo, todos estos incentivos gozarán de estabilidad fiscal (al menos) hasta el año 2029, inclusive. Así, los beneficiarios no podrán ver nunca incrementada su carga tributaria total determinada al momento de su inscripción en el régimen. Y si bien esto se refiere a la carga tributaria a nivel nacional, las provincias también fueron invitadas a incorporarse al régimen de promoción (por ejemplo, en las Legislaturas bonaerense y entrerriana ya han ingresado los respectivos proyectos de adhesión).

Para poder acceder al régimen, las empresas que desarrollen algunas de las actividades comprendidas en éste (software, biotecnología, geología, servicios profesionales de exportación, industria aeroespacial, entre otros), deberán acreditar el cumplimiento de ciertos requisitos (en las condiciones que establezca la reglamentación) como, por ejemplo,  la realización de mejoras continuas en la calidad de sus servicios y productos, la concreción de una determinada cantidad de exportaciones, la inversión en investigación y desarrollo, y/o la capacitación de los empleados afectados a las actividades promovidas.

En el caso de pequeñas empresas, con una antigüedad menor a 3 años desde el inicio de actividades, para detentar los beneficios el único requerimiento será desarrollar en el país como actividad principal alguna de las promovidas por el régimen.

 

Impulso de actividades estratégicas para el país

En un mundo globalizado donde ya existen aplicaciones móviles que reemplazan a los taxis, al delivery y hasta a los bancos tradicionales (aplicaciones que en ciertos casos alcanzaron un valor de mercado mucho mayor que varias petroleras multinacionales juntas); en un mundo donde la biotecnología colabora con el desarrollo de alimentos o con la producción más eficiente de energía, o donde la tecnología nuclear posee aplicaciones prácticas en rubros tan variados como la medicina o el arte; es de suma importancia que Argentina no quede rezagada en esta vertiginosa carrera al futuro en la que participan los principales actores globales. De ahí surge la relevancia de la flamante Ley de Economía del Conocimiento, que amplía el universo de empresas beneficiadas por la Ley de Software.

El nuevo régimen de promoción será clave para la integración de nuestro país con el mundo y promete no sólo la creación de nuevas fuentes de empleo, junto con la capacitación constante de los trabajadores, sino también la generación de divisas y el mejoramiento de la balanza comercial argentina gracias al aumento cuantitativo y cualitativo de las exportaciones.

A su vez, podría dinamizar otros sectores productivos y no solo aquellos directamente favorecidos por la Ley: las nuevas tecnologías y la transformación digital atraviesan toda la cadena de valor de la economía.

Si bien la contrapartida de estos incentivos será el costo fiscal que deberá afrontar el Estado, y que los legisladores estiman en unos $10 mil millones para el 2020, se calcula que a mediano y largo plazo las ganancias en materia de productividad y desarrollo económico superen con creces dicho costo.

Esperemos tener pronto la correspondiente reglamentación de la Ley de Economía del Conocimiento y que ésta sea sencilla y no incluya trámites engorrosos que terminen obstaculizando el acceso de las empresas al régimen. Será responsabilidad de nuestros legisladores que el futuro no se nos escape.

 

 

 

Publicado el 24/12/2019 en Diario Perfil

 

Marcos Zocaro

Si hay algo que se modifica constantemente en la Argentina es el sistema impositivo, por lo que la planificación fiscal se ha convertido en una tarea casi utópica.

Con la aprobación de las últimas medidas, el panorama impositivo para el año 2020 ha variado en forma considerable, por eso es oportuno efectuar un breve repaso de las principales novedades que afectarán a los contribuyentes:

*La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva crea el “Impuesto para una argentina inclusiva y solidaria (PAIS)”, conocido también como “dólar turista”, el cual grava con una alícuota del 30% todo consumo en moneda extranjera, y no sólo el turismo (salvo escasas excepciones, como, por ejemplo, la compra de libros). Se estima que puede llegar a recaudar unos US$1.300 millones anuales, que se destinarán a Seguridad Social y a obras de infraestructura.

*Se incrementa el Impuesto sobre los Bienes personales desde el 2019, siendo el nuevo esquema similar al existente hasta 2015, con 4 tramos: alícuotas de 0,5%, 0,75%, 1% y 1,25% (y una tasa superior para activos del exterior). No abonarán el impuesto aquellas personas cuyos bienes no superen los $2 millones (y $18 millones en el caso de vivienda).

 

*Se suspende la movilidad jubilatoria por seis meses (salvo para docentes y científicos), luego de lo cual la fórmula de actualización será reemplazada por otra. La fórmula existente se actualizaba automáticamente de acuerdo a la inflación y a la variación salarial. Durante los próximos 6 meses los aumentos jubilatorios serán por decreto. Asimismo, los jubilados que cobren la mínima recibirán dos bonos de $5.000: uno en diciembre y otro en enero.

*La alícuota en el Impuesto a las Ganancias a la cual quedan alcanzadas las empresas durante el 2020 continuará siendo del 30%, suspendiéndose así la “rebaja” que previamente había sido establecida por la Reforma Tributaria de fines de 2017 (25%).

*Los trabajadores en relación de dependencia, solteros y sin hijos, pagarán Ganancias desde los $55.262 de sueldo de bolsillo; monto que se eleva a $73.100 para los casados con dos hijos.

*Se derogó gran parte del impuesto cedular sobre la renta financiera para ganancias del año 2020 en adelante (o sea, las rentas obtenidas durante el 2019 pagarán el impuesto).

*El Decreto 37/2019, del 14 de diciembre pasado, modificó las retenciones sobre las exportaciones, eliminando el tope de $4 por dólar e incrementando las alícuotas: por ejemplo, las retenciones sobre la soja pasan del 24,7% al 30%. Y existe la posibilidad de que el Poder Ejecutivo la eleve aún más, al 33%.

*También se aumentan ciertos impuestos internos (afectando el precio, por ejemplo, de los automóviles de gama media y alta) y se suspende la reducción de las contribuciones patronales que había sido estipulada en la Reforma aprobada en 2017.

*Y en el 2020 dejará de tener vigencia la alícuota de 0% en el IVA, que durante los últimos meses incluyó a 13 alimentos de la canasta básica (leche, aceite, etc).

Mediante estas “reformas”, sumadas a otras medidas económicas (como el congelamiento de tarifas de luz y gas, o la implementación por parte de AFIP de un amplio plan de pagos para PyMEs), el Gobierno busca equilibrar las cuentas públicas y lograr la tan esperada reactivación económica. ¿Lo logrará? ¿O una vez más el aumento de la presión tributaria sólo servirá para asfixiar a la actividad económica?

 

 

 

 

Publicado el 18/12/2019 en Contadores en Red

 

Marcos Zocaro

A pocos días de finalizar un año bastante caótico en materia tributaria, no sólo por las modificaciones a las normativas aprobadas durante el 2019 (más el paquete impositivo que se aprobaría en los próximos días), sino también por el vencimiento de las declaraciones juradas del ejercicio 2018 (durante el cual comenzaron a regir las múltiples reformas introducidas por la Ley 27.430), parece oportuno efectuar un brevísimo racconto de lo sucedido en este año que se despide.

 

*Decreto 561/2019 (B.O. 15/08/2019) y RG 4546/2019 (B.O. 16/08/2019): se incrementó en un 20% el Mínimo No Imponible para trabajadores en relación de dependencia y jubilados, entre septiembre y diciembre de 2019. También se redujo un 50% el monto de los Anticipos de Ganancias de octubre y diciembre correspondientes a los trabajadores Autónomos, y se otorgó un beneficio de hasta $2.000 para los trabajadores en relación de dependencia (aportes previsionales).

 

*Decreto 567/2019 (B.O. 16/08/2019) y Decreto 603/2019 (B.O. 02/09/2019): se estableció hasta fin de año una alícuota del 0% en el IVA en caso de venta a consumidores finales, monotributistas y ciertos Responsables Inscriptos, de 13 alimentos de la canasta básica (leche, aceite, etc).

 

*RG 4597/2019 (B.O. 01/10/2019): se implementó (en forma gradual) el Libro IVA Digital. En octubre 2019 quedaron obligados aquellos que hayan sido notificados en su Domicilio Fiscal Electrónico; a partir de enero 2020 deberán utilizarlo los R.I. que se encuentren obligados a presentar el Régimen de Información de Compras y Ventas con anterioridad al 30/09/2019 y hayan realizado ventas durante el 2018 por un monto total igual o inferior a $ 500.000; las siguientes etapas de implementación serán en marzo, mayo y julio de 2020. (Micrositio de AFIP: http://www.afip.gob.ar/libro-iva-digital/conceptos-basicos/vigencia.asp). Los contribuyentes obligados al Libro de IVA Digital dejarán de presentar el Régimen de Información de Compras y Ventas.

 

*Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME: con todas sus idas y venidas, se continuó con su implementación. (Micrositio AFIP: http://www.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/default.asp).

 

*Monotributo Unificado: siendo Córdoba la provincia pionera en su adopción (julio 2018), en 2019 se sumaron Mendoza (enero), San Juan (abril), Jujuy (septiembre) y Río Negro (octubre).

 

*En 2019 venció la declaración jurada de Ganancias para personas humanas correspondiente al 2018, primer año de vigencia de la denominada “renta financiera” (además de la cédula por la venta de inmuebles), con todas las complicaciones interpretativas y operativas que suscitó. Se estima que a la fecha recaudó cerca de $10 mil millones de pesos. Y en el paquete impositivo que se acaba de enviar al Congreso, dejarán de pagar el impuesto los intereses derivados de instrumentos en pesos (ver último punto).

 

*RG 4627/2019 (B.O. 07/11/2019): se aprobaron nuevos requisitos para solicitar factura A. (Para su análisis completo, se recomienda: https://contadoresenred.com/rg-4627-nuevos-requisitos-para-solicitar-factura-a-video-y-cuadro-resumen/).

 

*Suspensión de embargos por parte de AFIP, desde mediados de agosto hasta fin del 2019. Y suspensión de las exclusiones de oficio de monotributistas, desde octubre 2019 a febrero 2020.

 

*RG 4614 (B.O. 25/10/2019): establece un nuevo Régimen Informativo mensual para los administradores de servicios de procesamiento de pagos a través de plataformas electrónicas o digitales (ej: MercadoPago) residentes o domiciliados en el país (art. 1); y para los sujetos que administran o procesan movimientos de activos a través de plataformas de gestión electrónicas o digitales (art. 3). Y aclara que, cuando dichos activos estén expresados en moneda digital o criptomoneda, deberán ser informados en pesos aplicando el último valor de cotización del tipo comprador que el operador obligado haya fijado al momento de tener que informar.

 

*RG 4621 y 4622/2019 (B.O. 30/10/2019): Régimen de Retención de IVA y Ganancias sobre billeteras digitales (ej: MercadoPago). Varios fiscos provinciales también implementaron un régimen similar (ej: en provincia de Bs. As. ARBA, por RN 19 y 25/2019; en CABA, por la Res. AGIP 305/2019 y vigente desde febrero 2020).

 

*La Res. 563/2019 (10/12/2019) de la secretaría PyME estableció los nuevos montos de ventas anuales para calificar como PyME.

 

*Ganancias y su Decreto Reglamentario: mediante los Decretos 824 (6/12/2019) y 862/2019 (9/12/2019), se aprobaron los nuevos textos de la Ley de Ganancias y de su Reglamentación, respectivamente. No fue sólo un reordenamiento de la norma, sino que se introdujeron ciertos cambios en el Impuesto, además de listar en el Decreto Reglamentario las jurisdicciones consideradas no cooperantes (entre las que encontramos a Paraguay, Bolivia y el Vaticano). El Proyecto de Ley de Emergencia enviado al Congreso el 17/12/2019 incorpora algunas modificaciones, como por ejemplo la alícuota societaria para el 2020, que continuará siendo 30% y no se reducirá al 25%, como estaba estipulado.

 

*Para 2020, el nuevo mínimo no imponible en Ganancias será de $123.862,92 (art. 30 de la LIG, ex artículo 23). Básicamente, las deducciones aumentarán un 44,28% respecto de 2019 (pero recordemos que para trabajadores en relación de dependencia y jubilados ya se habían incrementado un 20%, por Decreto 561/2019, por lo que este aumento será efectivamente de un 24,28%).

 

*RG Conjunta 4642 AFIP y SEPyME (B.O. 6/12/2019): desde 2020 la renovación del certificado MiPyME será automática.

 

*Decreto 37/2019 (B.O. 14/12/2019): se modificó el esquema de retenciones sobre las exportaciones. Se elimina el tope de $4 por dólar.

 

*DNU 34/2019 (B.O. 13/12/2019): se reinstaura por 6 meses la doble indemnización para despidos sin justa causa.

 

*Nueva Ley de Impuesto sobre los Bienes Personales, con nuevos mínimos y escalas de liquidación, vigente desde el 2019 (bienes al 31/12/2019). Mínimo no imponible de $2 millones ($18 millones para vivienda).

Valor total de los bienes que exceda el mínimo no imponible Pagarán $ Más el % Sobre el excedente de $
Más de $ A $
0 3.000.000, inclusive 0 0,25% 0
3.000.000 18.000.000, inclusive 7.500 0,50% 3.000.000
18.000.000 en adelante 82.500 0,75% 18.000.000

Fuente: AFIP.

 

Sin embargo, el Congreso modificará esta Ley para el 2019 inclusive (ver punto siguiente), reemplazando el anterior esquema por el siguiente:

 

*Ley de Emergencia Económica y de Solidaridad Social y Reactivación Productiva: el Proyecto de ley acaba de ingresar al Congreso (17/12/2019) en busca de su aprobación; incluye principalmente: impuesto del 30% por compras en moneda extranjera (“dólar turista”, pero que no abarcará sólo al turismo, sino a todo consumo en moneda extranjera, incluido el atesoramiento); suba de alícuotas en Bienes Personales (el esquema será similar al existente hasta 2015, con 4 tramos: alícuotas de 0,5%, 0,75%, 1% y 1,25%; y para bienes en el exterior la alícuota se incrementará); y un plan de pagos para PyMEs.

Otras medidas serán la devolución de IVA (tope de $700) a jubilados y beneficiarios de planes sociales; y la facultad del Ejecutivo para suspender el Consenso Fiscal y la obligación de provincias de bajar impuestos.

¿Cuál será el cambio en la normativa impositiva que aparecerá mañana en el Boletín Oficial?

 

 

 

Publicado el 24/09/2019 en Diario Perfil

 

Marcos Zocaro

Podríamos definir al mercado de capitales (o a la bolsa, para simplificar) como el punto de encuentro de los ahorristas con las empresas y el Estado: los primeros acercan su dinero buscando rentabilidad, mientras que los segundos toman prestado ese dinero para llevar adelante sus inversiones productivas. Y por lo general, todo se lleva a cabo a un costo mucho menor del que se incurriría financiándose con otras fuentes (como, por ejemplo, el crédito bancario).

En definitiva, la bolsa favorece que el ahorro de las personas se canalice hacia la concreción de proyectos productivos, siendo una importante herramienta para el progreso económico del país.

Prácticamente no existe ningún país desarrollado que no cuente con un robusto mercado de capitales.

En el caso de Argentina, la bolsa es muy pequeña. Y para advertir esto no es necesario efectuar la comparación con los mercados más avanzados, basta con ver a Chile, por ejemplo, para descubrir que el tamaño relativo de su bolsa es diez veces superior a la nuestra.

Pero, ¿por qué el mercado argentino no logra desarrollarse?

Si bien las causas son múltiples, una de las principales es el escaso acercamiento de las personas al sistema: alrededor de un 4% de la población invierte en bolsa, mientras que en EEUU el guarismo ronda el 70%.

El refugio favorito del ahorrista argentino siempre ha sido el dólar. Y no es extraño que así sea, dado que nuestra historia está plagada de crisis económicas, inflación, devaluaciones, confiscación de ahorros y defaults, acontecimientos que han dejado una marca indeleble en la mente de los argentinos.

Otro factor relevante a la hora de evaluar por qué muchas personas no optan por la bolsa a la hora de colocar sus ahorros, es la escasa cultura financiera y el desconocimiento de cómo funciona el mercado.

Incluso, a todo esto se le suma el condimento anti-mercado del Impuesto a la Renta Financiera.

Es así como el miedo generado por las tragedias económicas del pasado (y del presente), sumadas a la escasa cultura financiera y a los omnipresentes impuestos, conforman un cóctel explosivo que mantienen alejada de la bolsa a gran parte de la población.

Y lo acontecido últimamente no ha colaborado en mejorar este panorama.

El pasado 28 de agosto el ministro de Hacienda anunció que parte de la deuda argentina sufriría el ya famoso “reperfilamiento”: palabra ausente en el diccionario de la Real Academia, pero que en lenguaje criollo no significa más que una reprogramación de los plazos de pago. En este caso, las víctimas principales fueron los inversores institucionales tenedores de Letes y otras letras con vencimiento de corto plazo.

Por su parte, los Fondos Comunes de Inversión (FCI) debieron adaptar sus sistemas a las nuevas disposiciones y hubo un “corralito bursátil” de facto: por varios días muchos FCI no permitieron rescates.

Asimismo, también se propuso una reestructuración para los títulos públicos con mayor plazo de vencimiento.

Apareció así, una vez más, el fantasma del default.  Y la bolsa se desplomó. Cayeron bonos, acciones, se disparó el riesgo país y el capital administrado por los FCI disminuyó cerca de un 50%.

Y cuando creíamos que la bolsa ya estaba tirada sobre el ring sin posibilidad de ser golpeada de nuevo, el domingo 1 de septiembre llegó el nocaut en forma de Decreto de Necesidad y Urgencia: el control de cambios, el “cepo”, estaba de vuelta.

Y quizá, mientras esta columna esté siendo editada, sean lanzadas nuevas normas que empeoren aún más la salud del mercado de capitales. Normas que distancien aún más a las personas de la bolsa.

Esperemos que la situación se revierta pronto y los gobernantes tomen nota de la importancia de contar con un sólido mercado de capitales, que no le sea esquivo a las personas; un mercado de capitales con reglas claras y previsibles, que se convierta en un aliado estratégico de ahorristas, empresarios y del propio Estado, y que facilite así el desarrollo económico del país.