Publicado el 29/04/2020 en Ser Industria

 

Marcos Zocaro

En un intento por frenar el aumento de cotización de los “dólares bursátiles” (tanto dólar bolsa -MEP- como contado con liquidación -CCL-) la semana pasada la Comisión Nacional de Valores (CNV), mediante la Resolución General 835, ya había impuesto limitaciones a las inversiones de los Fondos Comunes de Inversión -FCI- (por ejemplo, la tenencia de moneda extranjera no podrá superar el 25% de la cartera del FCI, y la suscripción de cuotapartes debe efectuarse en la misma moneda en que se emite el Fondo).

Y en el día de ayer, martes 28 de abril, la CNV emitió la Resolución 836, estableciendo nuevas restricciones: los FCI deben invertir como mínimo un 75% de su patrimonio en activos financieros emitidos y negociados en Argentina o en países miembros del Mercosur y Chile.

Asimismo, los FCI emitidos en pesos están obligados a invertir al menos un 75% de su cartera en instrumentos financieros y valores negociables emitidos en el país y en pesos.

Los FCI tendrán plazo para adaptar sus patrimonios a las nuevas exigencias hasta el próximo 15 de mayo.

De esta forma se impide que los inversores puedan “dolarizarse” libremente suscribiendo cuotapartes de un FCI que invierte en activos dolarizados (como pueden ser bonos en dólares); al mismo tiempo que se pretende disminuir la presión alcista sobre el dólar bolsa y el contado con liquidación (que llegaron a cotizar alrededor de los $120).

Además, esta nueva obligación podría facilitarle al gobierno la colocación de próximas emisiones de deuda en pesos, que serían adquiridas por los Fondos.

Se aprecia cómo, al igual que ya se ha efectuado en el pasado, se intenta “desdolarizar” la economía a la fuerza, reduciendo las opciones de inversión en dólares e impidiendo que el pequeño ahorrista pueda protegerse de la constante disminución de valor del peso.

Y mientras tanto, el mercado de capitales (tan necesario para el desarrollo productivo del país) continúa siendo vapuleado y los pequeños inversores siguen alejándose.

Publicado el 17/04/2020 en Tributum

Por: Cr. Marcos Zocaro

Cada vez que empiezan a crujir las arcas fiscales, sea por alguna pandemia global o una simple y recurrente crisis económica autóctona,  los gobernantes de turno proponen el aumento de impuestos o la creación de otros  (o incluso dejar sin efecto algunos estímulos fiscales, como sucedió en enero pasado con el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento).

Cronología de impuestos que han mutado de “temporales” a “permanentes”: desde el “impuesto a los Réditos” -hoy Ganancias- (Julio de 1932) a aquel por una “Argentina inclusiva y solidaria” (Dic de 2019)

 

Difícilmente se plantea una disminución y/o redireccionamiento del gasto público para atender la emergencia económica, o la implementación de beneficios impositivos que colaboren con la actividad del contribuyente y que a su vez sirvan para paliar la crisis (por ejemplo, como propusieron varios tributaristas: permitir en el Impuesto a las Ganancias una mayor deducción por donaciones efectuadas a hospitales o escuelas).

Teniendo como regla principal la creación de nuevos impuestos a los fines de aumentar los recursos, estos tributos de “emergencia” por lo general nacen con una vida limitada:  su vigencia original puede ser de un año o diez años, sin embargo, es común que ese período de tiempo se prolongue una y otra vez . Y siempre la causa (excusa) es la “emergencia económica”. Así, la presión tributaria consolidada de los tres niveles de gobierno hace una década rondaba el 20% y hoy supera el 30%. Y la “curva” no se aplana…

 Veamos a continuación algunos de estos impuestos “temporales” que se han convertido en “permanentes” :

Impuesto a las Ganancias

Recordemos que la Constitución Nacional (art. 75, apartado 2) le confiere a las provincias las siguientes facultades tributarias:

1) Exclusivas y ejercidas en forma permanente: tributos directos, y

2) Concurrentes con Nación y ejercidas en forma permanente: tributos indirectos.

Sin embargo, el art. 75 de la Constitución también le da a la Nación la facultad de imponer contribuciones directas “por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan”. En base a esta prerrogativa constitucional, a lo largo de los años los diferentes gobiernos nacionales han establecido diversos impuestos de emergencia, los cuales continúan existiendo gracias a las constantes prórrogas de sus vigencias. Uno de ellos es justamente el Impuesto a las Ganancias.

Nacido en 1932 con el nombre de Impuesto a los Réditos (Leyes n° 11.586 y n° 11.682), su vigencia se iba a prolongar hasta el 31 de diciembre de 1934, pero hoy continúa con vida.

En diciembre de 1973, durante el gobierno de Perón, se creó el actual Impuesto a las Ganancias (Ley n° 20.628 – B.O. 31/12/1973), en reemplazo del Impuesto a los Réditos. Y múltiples reformas se fueron dando con el correr del tiempo.

Por ejemplo, en 1998 la tasa del impuesto se elevó del 33% al 35%; luego la Ley nº 26.893 (B.O. 23/09/2013) introdujo varias novedades, como la retención del 10% sobre dividendos (que rigió hasta 2016); a fines de 2017 la Ley 27.430 (B.O. 29/12/2017) amplió el objeto del impuesto (por ejemplo, gravando los resultados por la venta de ciertos inmuebles), modificó la estructura de liquidación y disminuyó la alícuota societaria, entre otros cambios; y recientemente la Ley n° 27.541 (B.O. 23/12/2019) volvió a modificar aspectos importantes del gravamen.

Por último, para apreciar el carácter de emergencia de este tributo y su vigencia, transcribamos dos artículos del actual texto ordenado de la Ley (T.O. aprobado por el Decreto 824/2019):

Artículo 1° – Todas las ganancias obtenidas por personas humanas, jurídicas o demás sujetos indicados en esta ley, quedan alcanzados por el impuesto de emergencia previsto en esta norma…

Artículo 115°.- Las disposiciones de la presente ley, que regirá hasta el 31 de diciembre de 2022…

Bienes personales

Otro impuesto de “emergencia” nacido en 1991 mediante la Ley 23.966 (B.O. 20/08/1991). Su artículo 16 dispone que se establece “…con carácter de emergencia por el término de NUEVE (9) períodos fiscales a partir del 31 de diciembre de 1991, inclusive…”. Pero esos 9 años se convirtieron en muchos más, y actualmente la Ley n° 27.432 (B.O. 29/12/2017), artículo 2, prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2022 la vigencia del impuesto.

Anteriormente, la Ley nº 25.560 (B.O. 8/1/2002) había extendido la prórroga original hasta el 31/12/2005; la Ley nº 26.072 (B.O. 10/1/2006) la llevó hasta el 31/12/2009; y la Ley n° 26.545 (B.O. 3/12/2009) al 31/12/2019.

Desde su creación, el gravamen sufrió varias modificaciones importantes, siendo las últimas de éstas las introducidas por la Ley 27.541: incremento de alícuotas, tasas diferenciales para bienes en el exterior, principio de “residencia” reemplaza al de “domicilio”, entre otras.

 Impuesto a los créditos y débitos bancarios

Quizá uno de los tributos más distorsivos de la economía, el popularmente llamado impuesto al cheque fue instaurado en el año 2001 por la Ley 24.413 (B.O.26/03/2001), en medio de la crisis económica que afectaba al país. Si bien no fue instituido como impuesto de emergencia, se presentó como temporal y se prometía su eliminación en el año 2002: todos sabemos que esto no fue así y hoy el gravamen sigue existiendo. A lo largo de su vida se fue modificando la alícuota y el porcentaje que puede ser tomado como pago a cuenta de Ganancias, pero su existencia está asegurada por un largo tiempo: representa cerca del 10% de la recaudación impositiva nacional.

Tal como apreciamos, tres de los principales impuestos han nacido con la “promesa” de ser temporales, pero hoy en día continúan existiendo y representan un elevado porcentaje de la recaudación tributaria nacional (alrededor de un 30% del total en 2019[i]).

 En contraposición a esto, debemos mencionar que a lo largo de la historia sí han existido impuestos verdaderamente temporales o extraordinarios. Repasemos algunos de ellos :

Régimen de ahorro obligatorio

Creado durante el gobierno de Alfonsín por la Ley n° 23.549 (B.O. 26/01/1988) y conocido también como “ahorro forzoso”, técnicamente no se definió como un impuesto si no como un sistema (vigente en 1988 y 1989) que obligó a cientos de miles de contribuyentes a ahorrar depositando dinero en la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, por lo que a cambio, a los 60 meses, recibirían el reintegro de los fondos más un interés del 3% mensual: la inflación de la época licuó los ahorros y en muchos casos la devolución del dinero se completó en el año 2001.

Impuesto de Emergencia sobre las Altas Rentas

A través de la Ley 25.239 (B.O. 31/12/1999), se creó este tributo, aplicable por única vez, que recayó sobre aquellas personas humanas y sucesiones indivisas (contribuyentes del Impuesto a las Ganancias) que por los períodos 1998 o 1999 habían obtenido rentas netas superiores a $120.000 (recordemos que, en aquel entonces, ese monto equivalía a US$120.000). Consistió en una alícuota del 20% sobre el monto del Impuesto a las Ganancias determinado por el ejercicio1999.

Impuesto extraordinario al Dólar Futuro

El 27 de diciembre de 2016, se publicó en el Boletín Oficial la Ley 27.346, que además de introducir ciertas modificaciones en Ganancias y en el IVA, por ejemplo, también estableció un impuesto extraordinario a las operaciones financiera “especulativas” (Dólar Futuro), aplicable por única vez a las personas humanas, sucesiones indivisas y personas jurídicas, que hubieran obtenido utilidades por operaciones de compra y venta de contratos de futuros sobre subyacentes moneda extranjera, que no hubieren tenido como finalidad la cobertura respecto de una determinada operación de comercio exterior o financiera.

La tasa del gravamen fue del 15%, aplicable sobre las utilidades derivadas de diferencias positivas de precio por operaciones de compra y venta de contratos de futuros sobre subyacentes en moneda extranjera.

Impuesto a las Ganancias Mínimas Presunta

La Ley n° 25.063 (B.O. 30/12/1998), estableció este impuesto del 1% sobre los activos gravados, alcanzando a personas jurídicas (en el caso de personas humanas, sólo si eran titulares de inmuebles rurales y con relación a dichos inmuebles). En principio regiría por 10 ejercicios fiscales, pero la  Ley n° 26.426 (B.O. 19/12/2008) lo prorrogó hasta el 30/12/2009; y la  Ley n° 26.545 (B.O. 3/12/2009) volvió a dilatar su vigencia hasta el 30/12/2019. Sin embargo, posteriormente la Ley n° 27.260 (B.O. 22/07/2016) derogó el impuesto para los ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2019.

Impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria

Actualmente, tenemos el ya famoso Impuesto PAIS, aprobado por la Ley 27.541 (BO. 23/12/2019), que grava con un 30% ciertos consumos en moneda extranjera. Este gravamen de emergencia, según el artículo 35 de la citada norma, regirá por 5 períodos fiscales. Veremos que sucede al finalizar este plazo.

Palabras finales

Se advierte como algunos impuestos fueron creados de manera temporal, para intentar sortear dificultades económicas, pero que continuaron existiendo, por más que (en muchas épocas) ya no existiera el contexto de emergencia que les diera origen.

Hoy en día, en medio de la crisis desatada por la pandemia del Coronavirus,  se habla otra vez de implementar un impuesto extraordinario  de emergencia para recaudar fondos. En caso de aprobarse, ¿se convertirá también en un impuesto de emergencia con vigencia constantemente prorrogada?

[i] https://www.afip.gob.ar/institucional/estudios/serie-anual/

 

Publicado el 16/04/2020 en SerIndustria

 

 

Marcos Zocaro

Desde que se decretó el aislamiento social el pasado 20 de marzo, producto de la pandemia desatada por el coronavirus, la economía ha profundizado sus problemas: salvo excepciones, las actividades productivas se encuentran paralizadas, comercios y empresas con las puertas cerradas y sin ingresos, al igual que los trabajadores independientes y los informales, la cadena de pagos peligra con cortarse, las líneas de crédito bancario para PyMEs son insuficientes, la recaudación tributaria se desploma y el panorama a corto y mediano plazo es bastante desalentador.

Antes esto, el gobierno ha tomado algunas medidas intentando atenuar la crisis. Una de las principales ha sido el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE): un bono de $10.000 destinado a los sectores más vulnerables, como son los trabajadores informales, trabajadores de casas particulares y monotributistas sociales y categorías A y B. Incluso, dado la extensión de la cuarentena, se estudia ampliar este beneficio a las categorías C y D del monotributo.

Asimismo, para ayudar al pago de salarios en el sector privado, la AFIP lanzó el «Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción-ATP», donde los empleadores deberán registrarse hasta el día de hoy jueves 16 de abril (en un primer momento la fecha límite era el 15 de abril, pero fue prorrogado a último momento), con el objetivo de ser potenciales acreedores de alguno de los beneficios del Programa: desde postergación por dos meses del pago de contribuciones patronales al SIPA hasta una asignación compensatoria al salario.

Por otra parte, AFIP corrió la fecha límite de la “adhesión temprana” al Plan de pagos de la Ley 27.541 hasta el 30 de mayo y extendió el Plan Permanente de Facilidades de pago hasta el 30 de junio; y suspendió la aplicación de medidas cautelares hasta el 30 de abril.

También se amplió por dos meses la vigencia de los certificados que acreditan la condición PyME de las empresas y se postergó hasta el 30 de abril la carga del formulario 572 (SIRADIG) que los empleados en relación de dependencia deben realizar a los efectos del Impuesto a las Ganancias del 2019.

A pesar de esto, el Fisco nacional no prorrogó la presentación y pago de los impuestos que vencen en estos días, como es el caso del IVA. Sin embargo, existen rumores de que se eximirá del Impuesto a las Ganancias a las actividades económicas más golpeadas por la crisis.

Muchos fiscos provinciales sí han aplazado el pago de sus impuestos. Tal es el caso de la provincia de Buenos Aires, donde ARBA, además de suspender embargos hasta el 31 de mayo, estableció prórrogas para el pago de Ingresos Brutos (el Anticipo 3 vencerá desde el 4 de mayo), del Inmobiliario (la cuota 2 vencerá el 14 de mayo) y corrió por 60 días el vencimiento de las cuotas de los Planes de pago vigentes.

A pesar de estas medidas paliativas, la economía siente fuertemente el impacto de la pandemia y el aislamiento social, y las arcas fiscales no quedan exentas de la crisis.

Según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en los primeros 12 días de abril la recaudación tributaria nacional, comparándola con el mismo período que el 2019, se desplomó un 28,2% en términos reales (es decir, considerando la inflación). Por su parte, la recaudación provincial cayó un 58,6% real.

Analizando este panorama, donde además el aislamiento social se ha extendido (al menos) hasta el 26 de abril y la mayoría de los negocios y empresas tienen sus puertas cerradas: ¿cuáles serán los ingresos fiscales en mayo? Las proyecciones no son alentadoras.

Con la intención de obtener recursos extras, en estos días también se presentaría ante el Congreso un proyecto para crear un impuesto extraordinario a “la riqueza”, alcanzando a patrimonios superiores a los US$3 millones.

Ante la merma de la recaudación tributaria, y la dificultad actual de contraer deuda en el mercado, el Estado debe recurrir a la emisión monetaria para financiar el déficit. Tengamos en cuenta que sólo el Ingreso Familiar de Emergencia del mes de abril representa una erogación cercana a los $80.000 millones. Es así como la base monetaria se ha incrementado un 40% desde principios de marzo y casi un 90% respecto de abril 2019, con el riesgo inflacionario que esto puedo acarrear en el mediano plazo.

Como se aprecia, la situación es por demás complicada. Con desequilibrios fiscales y freno de la actividad económica, más la necesidad de financiamiento (tanto para solventar los gastos extraordinarios que demanda el sistema de salud como los beneficios fiscales y demás ayudas a la población más vulnerable), los márgenes de maniobra son cada vez más escasos. Y la cuarentena económica aún no tiene fecha de salida.

Publicado en Diario Perfil el 07/04/2020

 

Marcos Zocaro

Debido a la pandemia y a la necesidad de mantener el distanciamiento social y disminuir los contagios, se fueron estableciendo algunas medidas tendientes a evitar que se repita lo ocurrido la semana pasada cuando las personas concurrieron masivamente a las entidades bancarias.

La Comunicación “A6949” del Banco Central de la República Argentina del 1° de abril, modificatoria de la Comunicación “A6942”, además de exceptuar del cierre de las sucursales bancarias hasta el final de la cuarentena obligatoria la atención de jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y demás ayudas oficiales, también prorroga los vencimientos de tarjetas de crédito hasta el 13 de abril y reduce la tasa de financiación del 55% al 49% como máximo.

Para evitar que las personas deban ir en reiteradas oportunidades al cajero a extraer dinero, durante los últimos días, los bancos les permitieron a sus clientes aumentar el límite diario de extracción.

Asimismo, el BCRA, mediante la Comunicación “A6945” del 26 de marzo, suspendió hasta el 30 de junio de 2020 el cobro de comisiones por el uso de cajeros automáticos del país, sin discriminar por usuario. De esta forma, el cliente de un banco puede retirar dinero del cajero de otro banco sin abonar ningún tipo de comisión.

En este contexto, también es bueno recordar cómo se puede retirar efectivo delos cajeros sin contar con la tarjeta de débito, o incluso enviar dinero a personas no bancarizadas. El procedimiento es similar tanto en la Red Link como en Banelco. Por ejemplo, en Red Link se denomina Punto Efectivo y para retirar dinero se debe generar una “Orden de Extracción” desde el Homebanking, informando DNI del destinatario y el importe a retirar (múltiplo de 100): el sistema otorgará una clave PIN de 8 dígitos, y con esa clave más el DNI del destinatario se puede extraer el dinero en cualquier cajero de la red habilitado como Punto Efectivo.

A pesar de estas medidas, más y más gente se aglomeró para retirar dinero. Y esto era seguro que iba a suceder, dado que lo que falta en la Argentina no es sólo inclusión financiera (entendida como acceso al sistema financiero), sino también dos cuestiones básicas para todo país que en algún momento pretende ser desarrollado.

En primer lugar, educación financiera de las personas, para que puedan comprender los conceptos básicos de las finanzas personales y entender las herramientas que tienen a disposición para evitar el uso de efectivo, como pagos con tarjetas de débito o el uso de códigos QR y billeteras digitales.

Y en segundo término, formalidad en la economía. Muchos comercios, profesionales y prestadores de servicio sólo aceptan el efectivo a la hora del cobro, por más que la normativa los obligue a aceptar medios electrónicos.

Para empezar a cambiar esta realidad, se necesitan fuertes políticas de Estado, desde educación financiera a partir de los primeros años del colegio (la Ley 27.440, del 2018, obliga al Estado a brindarla desde la secundaria, pero hoy en día poco se ha hecho al respecto), hasta políticas que fomenten la bancarización de la economía y la adopción masiva de los nuevos medios de pago. Por ejemplo, se podrían morigerar los regímenes de retención que recaen sobre pagos electrónicos.

La crisis actual pone de manifiesto la imperiosa necesidad de una mayor bancarización de la economía, para lo cual será fundamental, entre otros aspectos, profundizar la educación financiera de toda la sociedad.

 

Publicado en CeSUR el 31/03/2020 y en Ser Industria el 21/05/2020

Marcos Zocaro

 

La inclusión financiera es sinónimo de acceso a los servicios financieros, desde medios de cobro y pago hasta inversiones y créditos; y la educación financiera es la capacidad de comprender los conceptos básicos de las finanzas personales y del entorno económico, necesarios para administrar el dinero, ahorrar e invertir.

En otras palabras, educación financiera es saber cómo administrar el dinero y tomar buenas decisiones económicas, y la inclusión es el acceso al sistema financiero.

Ambos conceptos, esenciales para generar igualdad de oportunidades, son tareas pendientes en nuestro país. A modo de ejemplo, en el año 2017 el Índice de Educación financiera ubicó a la Argentina en la última posición entre los países de la región (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú). Y varios de los acontecimientos de los últimos días dejaron al descubierto esta preocupante carencia.

En medio del aislamiento social producido por el Coronavirus, el pasado viernes 27 de marzo muchas personas se amontonaron frente a los cajeros automáticos en cada rincón del país: ese día se cobraban desde jubilaciones y pensiones hasta asignaciones universales por hijo y otras ayudas oficiales.

Dejando de lado el distanciamiento social y arriesgándose a contagiarse el virus, las personas salieron en busca del dinero en efectivo. La necesidad de tener los billetes en forma inmediata en su poder no es explicada sólo por cuestiones culturales (como la comodidad que representa para muchos manejarse con efectivo o la tranquilidad que a otros les da tener el dinero en papel en sus casas), sino principalmente por el hecho de que hoy en día muchos comercios continúan aceptando sólo efectivo (por más que la normativa los obligue a contar con medios electrónicos de cobro).

A esta informalidad de la economía hay que sumarle otra cuestión: lamentablemente muchos trabajadores no se encuentran registrados y reciben su salario “en negro”, por lo que su nivel de bancarización es prácticamente nulo

Los pagos con medios electrónicos, desde tarjetas de débito hasta pagos con código QR, incrementan el “blanqueo” de la economía y ayuda a las administraciones fiscales a combatir la evasión: mediante los diferentes regímenes de información que deben cumplir las entidades financieras y las fintech, el Fisco cuenta con los datos actualizados de todas las transacciones efectuadas con estos sistemas (lo que obviamente no ocurre en caso de pagos en efectivo).

Pero en lugar de fomentar la adopción de estas herramientas, con el objetivo de que a mediano y largo plazo gran parte de las operaciones se efectúen a través de medios electrónicos y la economía se transparente lo suficiente como para dejar poco margen a la evasión tributaria, el cortoplacismo y la necesidad de caja llevó a la AFIP y a muchos fiscos provinciales a implementar en los últimos meses nuevos regímenes de retenciones sobre operaciones abonadas con billeteras digitales.

Dado el contexto actual, y para evitar el uso de billetes, ¿no sería adecuado suspender temporalmente estos regímenes de retención (al menos en el caso de pequeños y medianos comercios), incentivando así la adopción de pagos QR?

La falta de inclusión financiera y la informalidad económica de un amplio sector de la sociedad, también se manifestó en estos días con relación al cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). A raíz de la crisis económica desatada por el aislamiento social, el gobierno nacional otorgará una suma de $10.000 a los sectores más vulnerables (trabajadores informales, monotributistas categoría A y B, entre otros), pero al poner en marcha esta “asistencia” surgió un inconveniente que en estos momentos se está tratando de solucionar: muchos de los potenciales beneficiarios del “subsidio” no poseen cuenta bancaria donde se les puedan acreditar los $10.000.

Dada las circunstancias, se evalúa que el cobro del IFE se concrete mediante cajeros automáticos (utilizando un código) o hasta vía Correo Argentino. Aquí se manifiesta en forma clara cómo una mayor inclusión financiera hubiese facilitado que la ayuda del Estado llegué simple y rápidamente a los beneficiarios.

Las opciones no escasean, lo que sí escasea son la educación y la inclusión financiera.

Se advierte cómo un porcentaje considerable de la población todavía está al margen del sistema financiero, a pesar de que día a día se multiplican las opciones de billeteras digitales y bancos online (regulados por el BCRA, como cualquier banco tradicional), que permiten abrir una cuenta y obtener un CBU en minutos, desde el teléfono celular, sólo con el DNI y sin necesidad de ser un trabajador formal.

Y además de dar la posibilidad de recibir dinero de terceros y efectuar pagos en comercios, muchas billeteras digitales además permiten invertir (con apenas un par de clicks) el saldo disponible en las cuentas en Fondos Comunes de Inversión, pero sin dejar de tener siempre disponible el dinero.

Como se puede apreciar, resultaría simple para cualquier persona acceder a una cuenta bancaria o billetera digital que le permitiese administrar su dinero y controlar sus gastos, además de poder invertir fácilmente sus ahorros.

Asimismo, se debe tener en cuenta que para una correcta inclusión financiera es indispensable la educación financiera, dado que sin esta educación la inclusión financiera puede llegar a ser perjudicial: sin una correcta alfabetización financiera las personas podrían tomar decisiones erradas (por ejemplo, endeudarse por encima de sus capacidades o ser víctimas de estafas digitales o invertir en instrumentos no acordes a sus necesidades).

En 2018, mediante la Ley de Financiamiento Productivo (artículos 208 a 215 de la Ley 27440) se obligó al Estado a brindar educación financiera en las escuelas secundarias. Y en el marco de dicha exigencia, en el 2019 fue redactado el Plan Nacional de Educación Financiera, cuyos principales objetivos son: potenciar el uso de servicios financieros, incentivar la planificación financiera, el ahorro e impulsar el uso de pagos digitales, y difundir instrumentos financieros apropiados para individuos y empresas.

Sin embargo, aún no se han llevado a cabo acciones concretas que empiecen a materializar lo estipulado por este Plan. Incluso muchos expertos se cuestionan si esta educación debiera empezar a brindarse a los estudiantes recién en la secundaria o si lo mejor sería instruir a los alumnos desde los primeros años de la primaria, como todo conocimiento básico y necesario para la vida.

Quizá la cuarentena logre que nuestros legisladores y funcionarios adviertan la necesidad imperante de la educación y la inclusión financiera de la sociedad y aceleren y profundicen sus políticas en este sentido.

Publicado el 09/03/2020 en Criptonoticias y el 10/03/2020 en iProUp

Marcos Zocaro

A pesar de su incorporación en la Ley del Impuesto a las Ganancias mediante la Reforma Tributaria de fines de 2017 (con vigencia desde 2018), la tributación de las monedas digitales sigue generando un sinfín de dudas, que la legislación argentina todavía no ha respondido.

La Ley habla de las monedas digitales pero sin brindar una definición de qué se debe entender en términos legales con ese concepto.

Asumiendo que las criptomonedas como el bitcoin, ethereum y cualquier otra crypto entran en el concepto de moneda digital de la Ley, veamos cómo debemos liquidar/calcular el impuesto en el caso de las personas humanas (no empresas).

Antes que nada, es importante aclarar que a finales de 2019 se introdujeron modificaciones en el Impuesto a las Ganancias (como, por ejemplo, la exención de las ganancias por la venta de títulos públicos y otros valores que cotizan en la Bolsa local), pero estos cambios no afectaron a las monedas digitales, que siguen estando gravadas.

La liquidación del impuesto a las Ganancias derivada de la venta de cryptos variará dependiendo de la fuente de la ganancia: si es argentina o extranjera.

Según la Ley, serán de fuente argentina cuando el emisor de las cryptos se encuentre ubicado en el país. De lo contrario, serán de fuente extranjera.

Pero, ¿qué sucede con las monedas digitales como el bitcoin que no cuentan con un emisor centralizado, sino con mineros distribuidos por todo el mundo? ¿Cuándo se considerará que son de fuente argentina?

Al día de la fecha no contamos con la respuesta legal, por lo que este aspecto fundamental del impuesto aún se encuentra envuelto en una nebulosa. Pero supongamos que podemos determinar la fuente y veamos las dos posibilidades que tenemos:

  • Fuente argentina: la alícuota del impuesto será del 15% cuando se enajenen monedas digitales en pesos con cláusula de ajuste o en moneda extranjera, o del 5% cuando sea en pesos (esto último fue aclarado a fines de diciembre de 2019 por la reglamentación de la Ley; de todas formas, acá surge otro inconveniente: las monedas digitales no se emiten en dólares u otra moneda, sino que son valores en sí mismos: la falta de claridad legal complica la correcta liquidación del impuesto).

El esquema de liquidación para estas ganancias de fuente argentina es el siguiente:

 

La Deducción Especial para el año 2018 fue de $66.917,91; para 2019 de $85.848,99, y para 2020 es de $ 123.861,17.

En estos casos (ganancia de fuente argentina) el gravamen se calcula en forma independiente al Impuesto a las Ganancias tradicional, por eso también se lo conoce como impuesto cedular. Por ejemplo, una persona con ingresos por su actividad profesional independiente, liquidará el Impuesto de manera habitual por ese concepto y, en paralelo, lo hará por las ganancias generadas con sus cryptos (pero las dos liquidaciones estarán dentro del mismo Impuesto a las Ganancias, no se trata de dos tributos diferentes).

  • Fuente extranjera: la alícuota siempre será del 15% pero el cálculo del impuesto será distinto, no se liquidará igual que en el caso de fuente argentina: se hará dentro del régimen general y tendremos derecho a otras deducciones, pero ya no podremos computarnos la comentada Deducción Especial.

 

Régimen informativo de AFIP

Mediante la Resolución General 4614/2019 de octubre de 2019 (y vigente desde noviembre), la AFIP ha establecido un régimen informativo mensual que deben cumplir (entre otros sujetos) los exchanges locales: deberán informar desde el nombre del titular de la cuenta hasta los montos operados y los saldos finales.

Cabe destacar que, obviamente, este régimen informativo incluye sólo a los exchanges que están bajo la órbita de las leyes argentinas.

Publicado el 02/03/2020 en Contadores en Red

Marcos Zocaro

Una de las principales características de la economía argentina es la inestabilidad y el constante cambio de reglas: ante cada crisis recurrente, el gobierno de turno se las ingenia para crear nuevos impuestos, modificar los ya existentes, reinstaurar restricciones cambiarias y establecer cualquier otra medida (desesperada y poco estudiada) que ayude a sortear (al menos en el cortísimo plazo) las vicisitudes que se le presentan.

Es así como, a fines del 2019, dentro de un paquete de medidas impositivas de emergencia (rotulado como “Ley de Solidaridad social y reactivación productiva”), se crea el “Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria” (o simplemente, impuesto PAIS): se grava con una tasa del 30% la compra de bienes y servicios del exterior, incluyendo compra de divisas para atesoramiento. De esta forma, por ejemplo, si el dólar oficial cotiza $63,5, el “dólar solidario” (o sea, con el impuesto del 30%) cotiza $82,55 ($63,5X1,3).

Y aquí es cuando brota la creatividad para tratar de evitar el impuesto del 30% y el promedio de la población empieza a familiarizarse con conceptos tales como “contado con liquidación”, “dólar bolsa” e, incluso, “monedas digitales”.

Los primeros dos conceptos están relacionados con la actividad bursátil: el “contado con liquidación” es el tipo de cambio implícito que surge de comprar, por ejemplo, una acción en la Bolsa argentina (en pesos) y vender ese mismo activo en el mercado de Nueva York (en dólares); mientras que el “dólar bolsa” es el resultado de comprar un bono argentino en pesos y luego venderlo en dólares (siendo esta compraventa realizada en nuestra Bolsa).

Vale aclarar que todas estas operaciones son completamente legales y muy habituales, y en ninguno de los dos casos se aplica el impuesto PAIS.

Por ejemplo, si compramos una acción de YPF en Argentina a $767 y la vendemos en Estados Unidos a US$9,10 (sin contar gastos y comisiones), obtenemos dólares a un tipo de cambio implícito de $84,28 por dólar (o sea, $767/US$9,10). En otras palabras, aquí el “contado con liquidación” tiene un valor de $84,28.

Si comprásemos el bono AY24 en $2.990 y en la misma Bolsa argentina lo vendemos en dólares (AY24D) a US$36, obtenemos un “dólar bolsa” de casi $83.

Como puede observarse, estos dos “precios” del dólar que vimos están por encima de los $82,55 que cotiza el “dólar solidario” (dólar oficial más impuesto del 30%), por lo que no convendría “comprar” las divisas estadounidenses mediante este mecanismo. Sin embargo, apenas surgió el impuesto PAIS del 30%, tanto el “dólar bolsa” como el “contado con liquidación” estaban por debajo del valor del “dólar solidario”, y muchos aprovecharon la oportunidad para hacerse de dólares baratos. Pero con el tiempo, el mercado se fue nivelando y hoy en día es difícil que los “dólares bursátiles” se consigan más baratos que el “dólar solidario”.

Algo similar sucedió con las “monedas digitales” o “criptomonedas”, cuyo principal exponente es el famoso bitcoin. Al principio, si comprábamos una moneda digital en pesos y luego la vendíamos en dólares, obteníamos un tipo de cambio menor que el “solidario”. Pero hoy en día ya no se consigue este dólar barato. Ni siquiera operando con las “stable coin”: monedas digitales cuya cotización siempre es US$1, como es el caso de la moneda DAI.

Por ejemplo, hoy el “dólar solidario” cotiza $82,55, mientras que en una de las principales casas de cambio online de criptomonedas el DAI cotiza a $82,3. Otro ejemplo: el bitcoin cotiza a $814.132 o US$9.618, lo que equivale a un tipo de cambio implícito de $84,64 ($814.132/US$9.618), mucho más elevado que los $82,55 del dólar con impuesto.

Por lo tanto, hoy en día es muy difícil conseguir un tipo de cambio más “económico” a través de la Bolsa o de criptomonedas.

No obstante, ya que desde octubre de 2019 en la Argentina volvimos a convivir con el cepo cambiario, que nos impide comprar más de US$200 mensuales, sí podríamos utilizar tanto la compraventa de activos bursátiles como de monedas digitales para obtener dólares a un tipo de cambio cercano al “solidario”, de forma legal y sin el límite de US$200 mensuales. Pero aquí deberemos tener en cuenta las implicancias impositivas de cada operación (por ejemplo, el impuesto a las ganancias por la venta de monedas digitales).

En definitiva, las opciones comentadas pueden ayudarnos hoy a evitar el tope de compra de US$200 mensuales, pero no a adquirir dólares más baratos que el “solidario”; e incluso, algunas de estas operaciones podrían acarrear obligaciones tributarias.

Publicado el 20/02/2020 en CeSur

Marcos Zocaro

Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs[i]) argentinas representan cerca del 40% del Producto Bruto Interno (PBI) y explican más del 70% del empleo privado, entre otros factores relevantes que las transforman en una pieza clave en la economía argentina. Sin embargo, muchas veces no son beneficiadas por el contexto económico y normativo. Uno de los grandes inconvenientes que deben superar es el financiamiento para llevar a cabo sus actividades.

Si bien la fuente tradicional de financiamiento de las PyMEs es el sistema bancario y los recursos propios, durante los últimos años ha ido creciendo la alternativa del mercado de capitales.

Las principales herramientas utilizadas por este tipo de empresas son:

  • Cheques de pago diferido: una empresa que posee cheques a cobrar en un futuro (a un plazo máximo de 360 días) puede venderlos en el mercado y así adelantar su cobro. Es un sistema de descuento de cheques, donde las tasas de interés suelen ser elevadas, pero mucho más bajas que si el descuento del cheque se efectuara directamente en una entidad bancaria. Se pueden negociar bajo dos sistemas principales, según quien se responsabilice por el pago:

*sistema patrocinado: la empresa libradora del cheque patrocina y fomenta el descuento de su propio cheque en la bolsa.

*sistema avalado: las PyMEs pueden negociar cheques propios o de terceros, a través de una Sociedad de Garantía Recíproca que garantiza su pago.

 

  • Pagarés bursátiles: similar a los cheques de pago diferido, pero su plazo puede ser de hasta 3 años.

 

  • Obligaciones Negociables: consisten en una promesa de pago por medio de la cual una empresa se compromete a devolver, en un plazo determinado, el capital que los inversores le prestan, más los respectivos intereses. Su funcionamiento es equivalente a los bonos públicos.

 

  • Facturas de Crédito Electrónica[ii]: facturas emitidas por PyMEs a grandes empresas, las cuales posteriormente pueden descontarse y negociarse en Bolsa. Es un instrumento vigente desde el año pasado.

 

A lo largo del 2019, cerca de 25.000 PyMEs obtuvieron fondeo bursátil, principalmente mediante la negociación de Cheques de pago diferido y, en menor medida, de Pagarés, Obligaciones Negociables y las flamantes Facturas de Crédito Electrónicas.

En ese período, el financiamiento total en el mercado de capitales alcanzó los $325.943 millones[iii] (unos US$ 6.635 millones), de los cuales $106.230[iv] millones (US$2.218 millones) correspondieron a financiamiento PyME.

Durante 2018, estos guarismos fueron de US$7.991 para el financiamiento total y de US$1.529 millones para el segmento PyME.

Comparando las cifras del año 2019 contra las del 2018, se aprecia como el financiamiento total vía mercado de capitales decayó; sin embargo, en el caso de las empresas pequeñas y medianas el fondeo se incrementó considerablemente: un 45% en dólares.

Si indagamos en los números relativos al 2019, vemos que se negoció un monto de $96.419 millones en Cheques de pago diferido (se descontaron un total de 310.578 cheques), $8.952 millones en Pagarés y $861 millones en Facturas de Crédito Electrónicas. Claramente la herramienta más utilizada por las PyMEs fue el descuento de cheques, incrementándose un 147% respecto del 2018.

Este aumento del financiamiento PyME en el mercado de capitales se explica en gran medida por los menores costos relativos en comparación al habitual sistema bancario. Sólo a modo de ejemplo: en marzo de 2019, se negociaron en la Bolsa cheques de pago diferido avalados a tasas cercanas al 30%, un 50% más bajas que en los bancos.

A su vez, la nueva regulación de la Superintendencia de Seguros de la Nación (Resolución n° 187) también favoreció la suba del volumen negociado en el mercado: desde marzo de 2019 las compañías de seguros debieron incrementar el porcentaje de su cartera destinado a instrumentos PyMEs (hasta alcanzar el 5% como mínimo desde mediados de 2019).

De todas formas, a pesar de la tendencia creciente año a año, el financiamiento PyME vía mercado de capitales continúa siendo insignificante, predominando el fondeo con recursos propios (utilidades y aportes de los socios), con porcentajes que durante la última década promediaron más del 50% del total del financiamiento. Le siguen de cerca el crédito bancario y con proveedores[v].

En definitiva, dada la importancia de las PyMEs en el desarrollo económico del país, se debería no solo facilitar y ampliar el acceso al crédito (siendo el mercado de capitales fundamental en este sentido), sino también asegurar un marco regulatorio e impositivo que colabore con la actividad PyME y no que se convierta en un obstáculo más (pero este último tema, seguramente, será parte de otro artículo…).

 

 

[i] Parámetros para ser calificados como PyMEs: Resoluciones 220 y 563 del 2019 (Secretaría de emprendedores y de la pequeña y mediana empresa).

[ii] Ley 27.440. Y micrositio AFIP: https://www.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/default.asp

[iii] https://www.cnv.gov.ar/SitioWeb/Prensa/Post/1387/1387financiamiento-en-el-mercado-de-capitales—diciembre-2019

[iv] http://www.mav-sa.com.ar/uploads/tx_sbdownloader/Informe_MAV_2019.pdf

[v]Fundación Observatorio PYME: https://www.observatoriopyme.org.ar/espacio-pyme/las-pyme-diversificaron-las-fuentes-de-financiamiento-durante-la-ultima-decada-mito/

Publicado el 20/02/2020 en SerIndustria

 

Marcos Zocaro

Límite al costo de las tarjetas

En la tarde del miércoles, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aprobó dos importantes disposiciones con el objetivo de reactivar el consumo. Por un lado, estableció el tope de 55% nominal anual a la tasa de interés que cobran las tarjetas de crédito para financiar compras (Comunicación A6911); y por otro lado, congeló por 180 días hábiles las comisiones que las entidades financieras cobran por los diferentes servicios (Comunicación A6912).

De esta forma, se pretende alivianar el costo que soportan los usuarios de tarjetas de crédito y así fomentar el retraído consumo.

Por ejemplo, el Banco Nación ya anunció que desde marzo reducirá la tasa de interés que cobra para financiar las compras con tarjetas del 67% al 49% nominal, quedando el costo financiero total (intereses más gastos) en valores inferiores al 80%.

Paralelamente a estas medidas adoptadas por el BCRA, legisladores oficialistas han presentado en el Congreso un proyecto de reforma de la Ley de tarjetas de crédito n° 25.065. Proponen implementar también un tope para las tasas de interés que cobran las tarjetas de crédito: en este caso, la tasa no podría superar a la de referencia establecida por el Banco Central, la cual será la correspondiente a las LELIQ o la tasa que el BCRA determine como Tasa de Política Monetaria.

 

La tasa de las LELIQ sigue bajando

En un miércoles muy movido, la Autoridad Monetaria también disminuyó la tasa de las LELIQ, llevándola del 44% al 40% nominal anual. Recordemos que hace apenas 2 meses la tasa se ubicaba en 63%.

Si bien con este combo de medidas se busca impulsar el consumo y reactivar el crédito productivo, en el contexto actual de la economía argentina, la rápida disminución de la tasa de interés no está exenta de riesgos: la inflación continúa en niveles elevados y las tasas reales podrían quedar en terreno negativo, fomentando que los inversores se desprendan de los pesos y busquen dolarizar sus carteras, presionando así la cotización de la moneda estadounidense. Y todo esto teñido de incertidumbre por el futuro de la deuda soberana argentina.

El equilibrio es bastante frágil y exige la máxima prudencia por parte del Banco Central.

Publicado en Diario Perfil el 18/02/2020

 

Marcos Zocaro

Los precios de acciones y bonos están muy atados a la política y cualquier acontecimiento o rumor, por mínimo que sea, puede generar violentas variaciones en las cotizaciones. La volatilidad será una constante en este 2020.Y el riesgo para los activos argentinos permanecerá demasiado elevado.

El panorama, de esta forma, no está para nada claro. Como el más osado de los equilibristas, el Gobierno nacional necesita lograr una exitosa reestructuración de la deuda antes de marzo próximo (lo que incluye al FMI), al mismo tiempo que debe mejorar las cuentas públicas, disminuyendo el déficit fiscal y procurando la reactivación de la economía. ¿Lo logrará?

Esperemos que sí y que el año próximo podamos publicar un artículo sobre “El milagro argentino de 2020” y no sobre el desastre económico que nos dejó el 2019 y que, en consonancia, también involucró al año bursátil.

De hecho, si bien en las últimas ruedas del año pasado se vivió un rally ascendente, con subas superiores al 10% mensual en muchos activos, esto no fue más que un aliciente para tanta baja acumulada: el S&P Merval (índice que mide el desempeño de las acciones locales) se desplomó casi un 30% en dólares en el período mencionado.

Desde inicios de 2019, el mercado venía mostrando un rendimiento aceptable, hasta que el lunes 12 de agosto, el día posterior a las elecciones PASO, se produjo uno de los derrumbes bursátiles más grandes de nuestra historia. Algunas acciones cayeron hasta un 50% en dólares y los títulos públicos, un 20%, todo esto acompañado de una disparada de la cotización del dólar oficial (que subió casi un 20% sólo ese día).

Si ampliamos el rango de análisis a los cuatro años de mandato de Cambiemos, las empresas argentinas cotizantes en Bolsa perdieron cerca del 56% de su valor de mercado, lo que representa más de 30.000 millones de dólares.

El segundo semestre de 2019 también estuvo signado por la escalada del riesgo país (sobre tasa de interés que debería pagar la Argentina para endeudarse, en comparación con los Estados Unidos), el cual empezó el 2019 por debajo de los 800 puntos, llegando a superar los 2.500 durante el año y finalizándolo en casi 1.800.

Incluso, luego de la renuncia del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, su reemplazo, Hernán Lacunza, anunció el famoso “reperfilamiento” de deuda, reprogramando las fechas de pago de parte de las obligaciones de corto plazo.

Después de ese “virtual” default, para frenarla sangría de dólares del Banco Central, tuvimos el regreso del viejo y conocido cepo cambiario. Para apuntalar las medidas, en paralelo se dispuso una serie de restricciones a la operatoria con títulos públicos (parking bursátil) y el más reciente impuesto PAIS del 30% sobre los consumos en moneda extranjera.

En los últimos días del año pasado, el alza en las cotizaciones bursátiles se debió principalmente a la buena aceptación por parte del mercado del paquete fiscal aprobado en el Congreso.

Sin embargo, siguiendo paso a paso la novela de la deuda (no sólo nacional, sino también de la provincia de Buenos Aires), en enero la situación se revirtió y la Bolsa volvió a terreno negativo: cayó más del 16% en dólares y las empresas locales perdieron cerca de 1.700 millones de dólares de su capitalización bursátil.