Comparto un resumen de mi Tesis de Maestría en Finanzas Públicas Provinciales y Municipales (FCE-UNLP-2020) sobre el Impuesto a las Ventas Netas. Al final dejo el enlace para su descarga.

En el presente Trabajo se abordarán los principales aspectos económicos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIB) vigente en las provincias argentinas, para luego contrastarlo con la alternativa del Impuesto a las Ventas Netas (IVN, o Business Value Tax – BVT), propuesto por el economista Richard M. Bird (2000-2014). Se verá cómo se implementó este tributo en otros países, y se proyectarán los efectos económicos y recaudatorios que tendría su puesta en marcha en nuestro país. Asimismo, se evaluarán las diferentes formas en que este nuevo impuesto podría simplificar la administración y recaudación tributaria, considerando también la posibilidad de coordinación entre los diferentes niveles gubernamentales (como, por ejemplo, el sistema de “Monotributo unificado”). Paralelamente, se analizará si el IVN implicaría un alivio económico para los contribuyentes, al simplificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Se puede leer desde el Repositorio SEDICI de la UNLP mediante el siguiente link. O descarga directa del documento acá.

 

   Publicado el 17/5/2021 en el sitio TaxLatam.

 

Desde enero de 2021 rigen en la provincia de Córdoba los cambios introducidos tanto en el Código Tributario provincial y en su reglamento, como en la Ley Impositiva, los cuales impactan en la operatoria con criptomonedas. Estas modificaciones se producen, principalmente, sobre tres actividades alcanzadas en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIB):

  1. Prestación de servicios vinculados con operatorias relacionadas con monedas digitales;
  2. Venta de monedas digitales y su base imponible diferencial; y
  3. Los ingresos derivados por la venta de moneda digital cuando éstas provengan del canje por la comercialización de bienes y/o servicios.

Antes de analizar cada uno de estos puntos, es importante destacar que el reglamento del Código Tributario definió qué se debe entender por “moneda digital”. De esta forma, el nuevo artículo 113 bis del Decreto 1205/2015 establece que:

A los efectos previstos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos equipárese a “monedas digitales”, los términos “moneda virtual”, “criptomonedas”, “criptoactivos”, “tokens”, “stablecoins” y demás conceptos que por su naturaleza y/o características constituyan y/o impliquen una representación digital de valor que puede ser objeto susceptible de comercio digital y cuyas funciones –directas y/o indirectas- son la de constituir un medio de intercambio y/o una unidad de cuenta y/o una reserva de valor.

Se aprecia aquí cómo, para la normativa cordobesa, el concepto de “moneda digital” comprende a activos tan disímiles como una moneda virtual o token de pago como bitcoin y un security token que puede representar una participación societaria (similar a una acción). Incluso se asimila una “moneda estable” (que, como su nombre lo indica, siempre posee el mismo valor, por lo general US$1) al resto de criptoactivos.

Podemos percibir que, ante el desconocimiento de la verdadera naturaleza de cada uno de estos activos, el legislador los ha equiparado a todos y les ha brindado el mismo tratamiento tributario, por lo que es probable que, en una futura reforma del Código, esto sea subsanado y contemos con una clasificación más clara y un tratamiento tributario diferenciado para cada clase de activo.

Ahora sí, efectuados estos comentarios, adentrémonos en cada una de las actividades afectadas por la reforma.

Prestación de servicios vinculados con operaciones con monedas digitales

El Código Tributario cordobés, en su artículo 178 inciso j) incorpora, desde el año 2021, como actividad gravada en el IIB a la prestación de servicios de cualquier naturaleza, vinculados directa o indirectamente con operatorias relacionadas con monedas digitales”sin que se deba cumplir el requisito de habitualidad. Asimismo, se aclara que esta disposición no será aplicable a personas humanas con ingresos inferiores a $26.000 mensuales o contribuyentes del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos de las categorías “A” y “B”.

Es importante destacar aquí varios aspectos:

  • Aquellos sujetos que previo al año 2021 ya ejercían esta actividad en forma habitual, a título oneroso y en la provincia de Córdoba (por ejemplo, exchanges o brokers de monedas digitales), ya se encontraban alcanzados por el gravamen y no se ven afectados por estas modificaciones (sólo que, como veremos más adelante, ahora tienen mayores precisiones sobre en qué código de actividad económica deben encuadrarse);
  • Aquellos sujetos que no ejercen esta actividad en forma habitual, desde 2021 sí comienzan a estar sujetos al impuesto, con la salvedad de que quedan excluidas las personas humanas con ingresos inferiores a $26.000 mensuales o que se encuentren en las categorías “A” o “B” del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos. Si bien se deja afuera a los contribuyentes más pequeños, se está incluyendo a sujetos que prestan o prestaron este tipo de servicios de manera esporádica, no respetándose así un principio básico del gravamen: la habitualidad.

Actividad de compraventa de monedas digitales

En caso de que un sujeto ejerza la actividad de compraventa de monedas digitales, tanto en forma previa al año 2021, como desde entonces, y siempre y cuando satisfaga los tres requisitos elementales del IIB (ejerza la actividad de manera habitual, a título oneroso y en provincia de Córdoba -aspecto espacial), estará alcanzado en el gravamen. En este sentido no hubo cambios en la normativa, lo que sí se modificó fue la forma de calcular el impuesto, más precisamente la base imponible: sólo para la actividad de compraventa de monedas digitales, realizada en forma habitual, la base imponible será la diferencia entre el precio de venta y el costo. Es decir, se tributa sobre el “spread”, evitando, de esta forma, gravar la totalidad del precio de venta y que así el impuesto no se torne excesivamente gravoso.

Independientemente de esto, hoy continúa presente la incertidumbre sobre el aspecto espacial del impuesto: ¿toda venta de moneda digital efectuada por un contribuyente en la provincia de Córdoba cumple este requisito? ¿Dónde están ubicadas las monedas digitales que se enajenan?

Por definición, muchos de estos activos (como bitcoin o ether) son registros en una base de datos descentralizada, distribuida por todo el mundo, no se “encuentran” en un lugar específico (para más información).

Ingresos derivados de la venta de monedas digitales provenientes del canje por la por la comercialización de bienes y/o servicios

Córdoba también comenzó a gravar desde el ejercicio 2021 a “los ingresos derivados por la venta de moneda digital cuando las mismas provengan del canje por la comercialización de bienes y/o servicios.” Es decir, aunque no se cumpla con el requisito de habitualidad, se está alcanzando en el gravamen a los ingresos por la venta de las monedas digitales cuando éstas hubiesen sido recibidas por el contribuyente como forma de cancelación de pago por la prestación de un servicio o venta de un bien.

Esto es similar a lo que ya ocurría (y sigue ocurriendo) con el pago en especie (actual artículo 113 del reglamento del Código Tributario):

Cuando el precio de una operación de venta de bienes, prestación de servicios y/o realización de obras se perciba -total o parcialmente- en especie –incluyendo el caso de las monedas digitales- la posterior venta por parte de quien lo recibe, constituye una nueva operación comprendida en el objeto del impuesto.

Por lo tanto, la normativa está asimilando el pago en cualquier tipo de moneda digital al pago en especie.

Por ejemplo, un contador residente en Córdoba cobra $20.000 de honorarios y en vez de recibir pesos recibe criptomonedas por un valor equivalente. Por el cobro de dichos honorarios, tributará el impuesto de forma tradicional. Sin embargo, al momento de vender las criptomonedas recibidas, volverá a tributar el gravamen: a una alícuota de 0,25% sobre los ingresos provenientes de la venta.

Por otra parte, cómo la provincia de Córdoba, ni ninguna otra jurisdicción, puedo modificar en forma unilateral el Nomenclador de Actividades Económicas (NAES), no tuvo otra opción que incorporar esta actividad en el código 649999, correspondiente a “Servicios de financiación y actividades financieras n.c.p.” (y en el caso de la “prestación de servicios vinculados con operatorias con monedas digitales”, el código de actividad que la incluye es el 620900: “Servicios de informática n.c.p.”).

Seguramente, cuando en algún futuro cercano se modifique el NAES, se tendrán en cuenta estas situaciones y se incorporarán explícitamente las actividades vinculadas con monedas digitales.

Otras cuestiones que requieren atención

Resulta interesante, también, detenerse un momento a analizar un aspecto de la determinación general de la base imponible. En su artículo 185, el Código Tributario establece que si la actividad desarrollada por el contribuyente (cualquier actividad, no sólo las estudiadas en los párrafos previos) es retribuida con monedas digitales, el importe “no podrá ser inferior al valor de mercado -emergente de la oferta y demanda- en cada sitio de moneda digital al momento en que se devenga o perciba, según corresponda, la operación”.

Es decir, supongamos que alguien presta un servicio en Córdoba (un médico, por ejemplo) y en lugar de recibir moneda nacional (pesos) como pago de sus honorarios recibe monedas digitales, la valuación de éstas, a los efectos del cálculo del IIB, no puede ser menor a su valor de mercado.

Sin embargo, aquí existe un inconveniente: ¿cuál es el valor de mercado de, por ejemplo, bitcoin? La cotización no es única y varía entre los diferentes exchanges o plataformas digitales. Asimismo, ¿qué debe entenderse concretamente por “sitio de moneda digital”? ¿Se referencia justamente a los exchanges o a otro tipo de “sitios”? Las características particulares de estos mercados requerirán de la existencia mayores definiciones reglamentarias, a los efectos de evitar conflictos innecesarios con el fisco.

Palabras finales

La provincia de Córdoba se ha convertido en la primera jurisdicción subnacional del país en posar sus ojos sobre las actividades que involucren a las monedas digitales. Y si bien la provincia de Neuquén ha demostrado intenciones de ir en este mismo sentido, no ha podido avanzar más allá de considerar a las criptomonedas como un “servicio digital”, equiparándolas (sin ningún tipo de fundamento) a bancos digitales y fintech.

No caben dudas de que representa un gran desafío legislar impositivamente sobre una actividad tan disruptiva y difícil de comprender, pero debido a esta situación es que se deben redoblar los esfuerzos de estudio y comprensión de la materia antes de emitir normas.

En la legislación analizada, por ejemplo, se asemeja a “moneda digital” a una gran variedad de criptoactivos, desde el ya famoso bitcoin a las monedas estables y los tokens que representan títulos valores. Y a su vez se incorporan, de una forma bastante discutible, determinados hechos al objeto del impuesto (prestación de servicios vinculados a la operatoria con monedas digitales -sin importar la habitualidad-, y los ingresos derivados de la venta de monedas digitales provenientes del canje por la comercialización de bienes y servicios).

De esta forma, el objetivo principal de estas modificaciones sólo parece ser satisfacer la voracidad fiscal.

Lo que sí resulta rescatable es la implementación de una base imponible diferencial para la actividad de compraventa de monedas digitales, aunque resta establecer parámetros objetivos para la determinación de la territorialidad, a los fines de evitar invadir las potestades fiscales de otros fiscos: ¿dónde se encuentra ubicada una criptomoneda?

Seguramente, con el correr de las semanas y meses tendremos más novedades normativas al respecto.

 

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Publicado el 10/4/2021 en Ser Industria

 

Este jueves el Senado aprobó importantes modificaciones en el Impuesto a las Ganancias y en el Monotributo, con vigencia retroactiva al 1 de enero 2021.

Ganancias

Con relación al Impuesto a las Ganancias, los cambios benefician a los trabajadores en relación de dependencia: se los exime de pagar el impuesto a aquellos trabajadores que cobren hasta $150.000 brutos mensuales; mientras que los que cobren entre $150.000 y $173.000, si bien pagarán el impuesto, gozarán de ciertas deducciones, evitando así un salto brusco entre los que pagan y los que no.

Además, el aguinaldo correspondiente a haberes inferiores a $150.000 también estarán exentos.

A su vez, entre otros beneficios, se duplica la deducción ya existente por hijo incapacitado para el trabajo y se eleva la deducción para jubilados de seis a ocho haberes mínimos garantizados (hoy en día, unos $152.280).

Como la vigencia de las modificaciones es retroactiva al pasado 1 de enero, los trabajadores y jubilados que hayan sufrido retenciones de ganancias entre enero y marzo de este año recibirán, seguramente, la correspondiente devolución junto con el pago de los haberes de abril.

Otra de las modificaciones importantes, con relación a este impuesto, es la posibilidad de deducir como “carga de familia” al conviviente (siempre que no tenga ingresos superiores al mínimo): hasta ahora sólo podía deducirse al cónyuge, es decir, era requisito que la pareja estuviese legalmente casada.

Monotributo

Por otra parte, también se han aprobado reformas al Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes, conocido como Monotributo.

Quizá la medida más esperada era la actualización de los valores correspondientes a cada categoría del régimen, algo que no había ocurrido en enero pasado: finalmente, con la reforma aprobada se actualiza en un 35,3% los valores de las escalas vigentes, también en forma retroactiva a enero 2021, por lo que AFIP procederá a recategorizar de oficio a los contribuyentes.

Asimismo, se introducen cambios facilitando el paso del monotributo al Régimen General: los contribuyentes que hayan superado los ingresos máximos del monotributo, pero que no lo hayan hecho en un porcentaje superior al 25% de dichos ingresos máximos, tendrán dos opciones: permanecer en el monotributo (ingresando la respectiva diferencia de impuesto y aportes previsionales) o pasar al Régimen General, en forma retroactiva.

Y aquellos que sí hayan excedido en más de un 25% los ingresos máximos del régimen de monotributo quedarán excluidos desde el día que superaron el límite de ingresos. Pero, si dichos montos no superaron el 50% de los ingresos correspondientes a la categoría de microempresa, el contribuyente podrá computarse créditos fiscales presuntos de IVA, gastos presuntos en Ganancias y una deducción especial.

Para este año 2021, los contribuyentes que pasen del monotributo al Régimen General tendrán un crédito fiscal extra de IVA y una deducción adicional en Ganancias.

Y desde el año próximo estará vigente un puente permanente (Procedimiento Permanente de Acceso al Régimen General), siempre que la facturación del monotributista que pasa al Régimen General no supere en un 50% los ingresos por venta de una microempresa. Este puente tendrá beneficios como, por ejemplo, que el contribuyente pueda computarse un crédito fiscal adicional en IVA equivalente al que se le hubiera facturado en el período de 12 meses previos a la fecha de su salida del monotributo.

Estas son las principales modificaciones y se espera que sean publicadas en el Boletín Oficial los primeros días de la próxima semana.

 

Publicado el 01/04/2021 en Derecho en Zapatillas

 

Por Marcos Zocaro. Edición a cargo de Sergio Mohadeb. Con el apoyo del equipo técnico de Erreius y Errepar

 

Tanto las personas como las empresas que realizan una actividad lucrativa (que no sea el trabajo en relación de dependencia) deben tributar el “Impuesto sobre los Ingresos Brutos”.

Este impuesto se paga en la provincia en la cual llevan adelante su actividad económica según su respectivo código fiscal. Si alguna vez te preguntaste porque excluyen de las promociones a Córdoba o Mendoza, este artículo puede dar algunas pistas…

Por ejemplo, imaginemos que Juan tiene una mueblería en la Provincia de Córdoba y vende sólo en esa jurisdicción. Para saber cuánto va a pagar mensualmente por este impuesto, deberá hacer el siguiente cálculo:

      Monto que facturó en el mes

      X% de alícuota impositiva correspondiente

      ———————————

      Impuesto determinado

      Menos: retenciones y percepciones

      Menos: saldo a favor del mes anterior

      ————————-

      Impuesto a pagar (o Saldo a favor)

 

Qué es el Convenio Multilateral

Ahora bien, ¿qué sucede si Juan también vende muebles a otras provincias? ¿Cómo asignará los ingresos obtenidos por su actividad entre las dos jurisdicciones?

Para estos casos, donde es necesario coordinar el ejercicio de los poderes fiscales de cada jurisdicción, existe el Convenio Multilateral: vigente desde 1977 (con antecedentes desde 1953), no es un nuevo impuesto, sino que representa un convenio entre todas las provincias estableciendo reglas de distribución de la base imponible del IIB en los casos de contribuyentes  que ejercen actividades en dos o más jurisdicciones.

O sea, si los ingresos de la mueblería de Juan fueron en total $100.000, provenientes de la venta de muebles en Córdoba y en Santa Fe, Juan deberá tributar Ingresos Brutos pero bajo las normas del Convenio Multilateral.

¿Eso significa que cada provincia le reclamará el impuesto sobre el total facturado? No, justamente para coordinar sobre qué “porción” del total facturado le corresponde cobrar el impuesto a cada jurisdicción es que existe el Convenio Multilateral.

De esta forma, mediante el cálculo de coeficientes (que, en términos generales, dependen de los ingresos y gastos de la mueblería de Juan), se determinará, por ejemplo, que de los $100.000 totales, a Córdoba le corresponden $60.000 y a Santa Fe unos $40.000.

Y ahora, ya “separada” y asignada la base imponible, cada provincia aplicará su respectiva normativa. Por ejemplo, Córdoba le podría cobrar a Juan un 4% sobre los $60.000 que corresponden a Córdoba, mientras que Santa Fe podría aplicarle un 5% sobre los $40.000.

Percepciones, retenciones y el (poco amigable) SIRCREB

Arriba mencionamos a las retenciones percepciones, pero ¿qué son? En términos muy básicos, se podrían definir como “pagos a cuenta” del impuesto sobre los Ingresos Brutos. Le sirven al Fisco para “cobrar por adelantado” parte del tributo.

Por ejemplo, si Juan le compra mercadería (muebles) a un proveedor que además es “Agente de Percepción”, Juan le deberá pagar el precio del bien más un monto extra denominado “percepción” (y dicho monto “percibido”, el Agente luego lo ingresará a las arcas fiscales y Juan se lo podrá computar en su declaración jurada).

Y si ahora Juan le vende muebles a un cliente que además es “Agente de Retención”, este cliente le va a pagar a Juan el precio acordado menos la “retención”.

De esta forma, el fisco se asegura el cobro anticipado de parte del impuesto (y muchas veces estos “cobros por adelantado” son mayores al impuesto que efectivamente deberá pagar Juan, lo que le generará saldos a favor y Juan se convertirá (para su pesar) en un acreedor más del fisco).

Y si además de comprar y vender, Juan decide depositar dinero de su negocio en un banco, el banco también le retendrá un porcentaje (2%, por ejemplo) de lo depositado: acá estamos frente a las tan criticadas retenciones bancarias.

Y en este último punto aparece el SIRCREB (Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias): básicamente, el sistema de retenciones bancarias al que están sometidos los contribuyentes del Convenio Multilateral.

Desde principios de este 2021, con muy buen tino, se excluyó de este sistema de retenciones bancarias a los depósitos en moneda extranjera.

 

Dónde se entiende que se concreta la venta online

¿Y qué ocurre si Juan también comercializa sus muebles a través de medios electrónicos (como, por ejemplo, una página web)?

En este caso, el sustento territorial se configurará en la jurisdicción (provincia) del domicilio del adquirente de los bienes, siempre que Juan (su mueblería) posea presencia digital en dicha jurisdicción.

En otras palabras: para calcular el coeficiente de asignación de base imponible entre cada jurisdicción en la que actúe el negocio de Juan (artículo 2 del régimen de Convenio), en caso de comercialización por medios electrónicos, los ingresos se asignarán a la provincia donde tenga domicilio el comprador de los respectivos bienes.

La presencia digital se verificará teniendo en cuenta los siguientes parámetros, en relación al vendedor (en nuestro ejemplo, Juan y su mueblería):

  •  realice operaciones a través de cualquier medio electrónico, plataforma o aplicación tecnológica y/o dispositivo y/o plataforma digital y/o móvil o similares, en la jurisdicción del comprador, locatario, prestatario o usuario (art. 3 inciso a).
  •  utilice o contrate una o más empresas, entidades, agentes, contratistas o “proveedores de servicios” para la comercialización del bien y/o servicio, en la jurisdicción del domicilio del adquirente de los bienes y servicios.

Como por ejemplo: publicidad, comunicaciones, infraestructura, servicios de tecnologías de la información (TI) y/o procesadora de transacciones de las tarjetas de crédito y/o débito y/u otras formas de cobro) (art. 3 inciso b).

  •  efectúe -por sí o a través de terceros- el ofrecimiento del producto y/o servicio dentro del ámbito geográfico del domicilio del adquirente y/o tenga licencia para exhibir el contenido de ese producto y/o servicio en dicha jurisdicción.

Se considera verificada esta situación cuando, con la previa conformidad y suministro de la información necesaria del usuario domiciliado en una jurisdicción, se autoricen consumos de bienes y/o servicios a través de tarjetas de crédito o débito y/u otras formas de cobro (art. 3 inciso c).

  •  requiera para la comercialización de sus bienes y/o servicios, dentro de la jurisdicción, un punto de conexión y/o transmisión (wi-fi, dispositivo móvil, etc.) que se encuentre ubicado en dicha jurisdicción o de un proveedor de servicio de internet o telefonía con domicilio o actividad en la jurisdicción del adquirente (art. 3 inciso d).

 

Ello según el artículo 3 de la reciente Resolución General 5/2021 de la Comisión Arbitral, con vigencia desde el 2022.

 

Algunos consejos y/o sugerencias prácticas, preguntas frecuentes

-¿Sirve tener una o varias empresas?

En principio, respecto del impuesto sobre los ingresos brutos, no sería lo ideal tener dos o más empresas para desarrollar todo el proceso productivo/comercial.

Al contrario, este impuesto fomenta la integración vertical de las empresas: las grandes empresas se ven favorecidas al expandir sus actividades sobre el mercado de sus insumos, evitando así el costo adicional que significa el impuesto sobre impuesto (ya que el impuesto que acrecienta el precio de una etapa es parte del costo de la siguiente).

-¿Qué pasa si me retienen o perciben en una provincia donde no tengo actividad?

En ese caso existen mecanismos para poder reclamar la devolución de los montos retenidos/percibidos por error. O incluso, si efectivamente tuviese actividad en una provincia, en ciertas circunstancias (como, por ejemplo, excesivo saldo a favor) también se puede solicitar una reducción de las alícuotas de retención y percepción (aunque, por lo general, con poco éxito).

-¿Siempre se debe calcular el coeficiente para determinar qué proporción de los ingresos le corresponden a cada provincia?

No, para determinadas actividades existen regímenes especiales donde los porcentajes de asignación vienen dados por la norma.

Uno de ellos, por ejemplo, es el de profesionales que tienen su estudio, consultorio u oficina similar en una jurisdicción y desarrollen actividades profesionales en otras: la provincia en la cual se realiza la actividad grava el 80% de los honorarios en ella percibidos o devengados, y la otra jurisdicción el 20% restante.

Trabajo que publiqué en el CEAT (Centro de Estudios de la Administración Tributaria de la FCE- UBA) el 30/01/2021

 

Marcos Zocaro

 

Introducción

Motivados por el auge de las criptomonedas, cuyo principal estandarte es bitcoin, en los últimos tiempos los legisladores argentinos han intentado incorporar en las leyes impositivas locales la gravabilidad, principalmente, de la enajenación de estos activos.

Fue en la reforma impositiva aprobada en diciembre de 2017 (Ley 27.430) cuando se modificó la Ley del Impuesto a las Ganancias, comenzando a gravar desde 2018 la venta de “monedas digitales” efectuada por personas humanas no habitualistas (con todos los reparos que ya he comentado en un artículo previo).

Y tratando de avanzar en la conformación de un régimen informativo que incluya parte de la operatoria con criptomonedas, en octubre 2019 se aprobó la Resolución General (AFIP) 4614, que obliga (entre otros) a los exchanges y brokers de criptomonedas a informar mensualmente al Fisco los movimientos de sus clientes.

Luego, en lo que podría considerarse como otro hito en la carrera por legislar las operaciones con estos disruptivos activos, a finales de 2020 fueron elaborados dos proyectos de ley procurando “regular el ecosistema crypto”. Pero ambos proyectos recibieron una innumerable cantidad de críticas debido a sus notorias falencias.

Y si bien el ojo siempre estuvo puesto a nivel nacional, en 2021 surgieron algunas novedades a nivel provincial, específicamente respecto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIB). Y el foco de atención se posó sobre la provincia de Córdoba.

 

Para visualizar el trabajo completo ingresar a: Criptomonedas y el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en Córdoba

A mediados de noviembre de 2020 salió mi nuevo libro “Manual de criptomonedas” (Editorial Buyatti).

 

Se consigue en Librerías profesionales y/o en Mercadolibre. Por consultas a la Editorial: info@osmarbuyatti.com o al teléfono (011) 4371-2512.

Reseña publicada en Contadores en Red se puede leer acá.

 

Cada día que pasa más y más personas quieren incursionar en el mundo crypto, y muchos no saben por dónde empezar: este libro les servirá como guía paso a paso para hacerlo, para no cometer errores ni caer en la trampa de algunas estafas, mientras que entenderán todos los conceptos básicos necesarios.
Y a los que ya están utilizando criptomonedas también les ayudará a conocer los impuestos que deberían pagar en Argentina, analizando comparativamente la situación en otros países. ¿Se pagan impuestos por tenencia? ¿Y por vender? ¿Y la minería tributa?
Además, se describirán las CBDC o “monedas digitales de los Bancos Centrales”, cuya implementación en el mundo es inminente, y el uso de blockchain para transparentar las compras públicas.

Noticia en Cointelegraph: Lanzan en Argentina un nuevo libro sobre criptomonedas.

A finales de julio se publicó mi libro “Una Bolsa de impuestos” (Editorial Buyatti).

Se consigue en Librerías profesionales y/o en Mercadolibre. Por consultas a la Editorial: info@osmarbuyatti.com o al teléfono (011) 4371-2512.

Se puede leer una reseña publicada en Contadores en Red, en el siguiente enlace.

 

¿Qué impuestos pagamos al comprar y vender un título público? ¿Y si utilizamos bitcoin? ¿Y los fondos comunes de inversión?

En una época en la que hasta los plazos fijos pagan impuestos, esta obra se vuelve indispensable para conocer el marco impositivo tanto de la actividad bursátil como de las nuevas inversiones, como es el caso de las criptomonedas.

Y no solo de impuestos habla el libro, también se ocupa de explicar el funcionamiento de los diferentes instrumentos financieros, logrando que los temas tratados sean de interés para los profesionales y el público en general.

Una aproximación al tratamiento contable de las criptomonedas en Argentina

Marcos Zocaro

Trabajo presentado en el XVI Simposio Regional de Investigación Contable y XXVI Encuentro Nacional de Investigadores Universitarios del Área Contable (Modalidad virtual, 3 de diciembre de 2020) llevado a cabo en la FCE de la UNLP.

 

Resumen

Atento el impacto disruptivo que ha significado la aparición de las criptomonedas en la economía mundial, y dado la carencia de regulación específica en la materia, como también así la escasa literatura que aborda el tema, el presente trabajo tiene como finalidad presentar una primera aproximación al tratamiento contable de las criptomonedas en la República Argentina. Para lograr este objetivo, al inicio se describirá el origen y funcionamiento de estos activos, analizando la tecnología subyacente que permite su existencia: la blockchain. Posteriormente, habiendo logrado una correcta conceptualización de las criptomonedas, se comentarán los principales antecedentes regulatorios en la materia (leyes impositivas, normativa de prevención de lavado de activos), para luego dar lugar al estudio de su tratamiento contable. Teniendo como referencia a las normas de información financiera internacional y a las opiniones doctrinarias existentes, se procurará arribar a un posible encuadre contable de las criptomonedas en Argentina, que ayude a cumplir el objetivo principal de la información contable: ser de utilidad para la toma de decisiones.

Para leer el trabajo completo: Repositorio SEDICI.

 

También te puede interesar: “Manual de criptomonedas”.

Publicado en Tributum el 19/10/2020. 

Fuente: https://tributum.news/inversiones-financieras-y-depositos-exenciones-2020-cuadro-comparativo-comentado-y-efectos/ 

Y actualización 2021: https://tributum.news/inversiones-financieras-y-depositos-exenciones-2021-cuadro-comparativo-comentado-y-efectos-media-sancion-diputados/

 

Marcos Zocaro

Cuadro comparativo del proyecto de ley con fecha 16/10/2020 elevado por el poder Ejecutivo, modificando el  tratamiento fiscal de determinados instrumentos financieros a los fines de fomentar su inversión en moneda nacional . (NOTA ACLARATORIA posterior a la publicación del artículo: el proyecto de Ley no fue tratado en el año 2020; pero sí comenzó a ser tratado en junio de 2021 y sufrió modificaciones: el artículo 3 que se lee a continuación fue eliminado del proyecto al recibir media sanción en Diputados (1/7/2021) y se dejó en manos de la Reglamentación la fijación del porcentaje al que se refiere el art. 21 inc. k de la Ley del Imp. sobre los Bienes Personales).

 

LEY S/N
Medidas relativas a Impuesto a las Ganancias e Impuesto sobre los Bienes Personales
Proyecto Poder Ejecutivo: 16/10/2020

 TÍTULO I. IMPUESTO A LAS GANANCIAS
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese, con aplicación a partir del período fiscal 2020 y siguientes, el segundo párrafo del inciso h) del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, por el siguiente:

 

TEMA IMPUESTO A LAS GANANCIAS. TO. DEC 824/2019.  TEXTO VIGENTE Proyecto PE 16/10/2020.
 

 

EXENCIONES

 

Art. 26.- Estarán exentos del gravamen:
….
Quedan excluidos de esta exención los intereses provenientes de depósitos con cláusula de ajuste.
Art. 26.- Estarán exentos del gravamen:
….
La exención dispuesta en este inciso también comprende a los intereses o la denominación que tuviere el rendimiento producto de la colocación de capital en los instrumentos emitidos en moneda nacional destinados a fomentar la inversión productiva, que establezca el PODER EJECUTIVO NACIONAL, siempre que así lo disponga la norma que los regule, y en la medida en que no resulten comprendidos en el párrafo anterior.

Comentario: se propone sustituir el último párrafo del inciso h) del artículo 26 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (LIG) (T.O. 2019), dejando intacto el primer párrafo.

Recordemos que, según el texto actual del primer párrafo del artículo 26 inciso h), están exentos (en cabeza de personas humanas y sucesiones indivisas[1]) los intereses originados por los siguientes depósitos efectuados en instituciones financieras locales (regidas por la Ley 21.526): en caja de ahorro, cuentas especiales de ahorro, a plazo fijo en moneda nacional y los depósitos de terceros u otras formas de captación de fondos del público, conforme lo determine el BCRA.

A su vez, el primer párrafo del art. 26 inciso h) actual también restablece la vigencia de las normas derogadas por los incisos b), c) y d) del artículo 81 de la ley 27.430. Es decir, también gozan de la exención los rendimientos derivados de obligaciones negociables y títulos públicos con oferta pública (art. 36 bis de la Ley 23.576), rentas de cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión con oferta púbica (inciso b) del artículo 25 de la Ley 24.083) y rendimientos de certificados de fideicomisos con oferta pública (inciso b) del artículo 83 de la Ley 24.441).

Es importante destacar que la citada exención sobre los intereses por colocaciones a plazo fijo sólo alcanza a depósitos en moneda nacional, no están exentos los intereses de plazos fijos en moneda extranjera. Asimismo, el actual segundo párrafo del inciso h) también excluye de la exención a los depósitos con cláusula de ajuste (como, por ejemplo, un plazo fijo UVA): sin embargo, de prosperar el proyecto de reforma y ser aprobado por el Congreso, este segundo párrafo será reemplazado, eliminando la comentada exclusión y permitiendo que también gocen de la exención los intereses derivados de plazos fijos con ajuste (siempre que sean en moneda nacional).

De prosperar la modificación del segundo párrafo del inciso h), también gozarían de la exención los intereses y rendimientos de instrumentos emitidos en moneda nacional destinados a fomentar la inversión productiva (que establezca el Poder Ejecutivo nacional).

Por último, se especifica que la vigencia de esta modificación rige para todo el período 2020.

Con estas modificaciones se denota la intención de fomentar el ahorro en pesos (incorporando a la exención, incluso, a los plazos fijos en pesos y con ajuste UVA), en contraste con los plazos fijos en moneda extranjera que continúan sin el beneficio de la exención. De todas formas, si con esta propuesta se busca que las personas opten por invertir sus ahorros en depósitos y/o instrumentos en moneda nacional en lugar de hacerlo en moneda extranjera (para así reducir mínimamente su carga impositiva), el éxito de la medida puede ser acotado debido al contexto económico del país, donde en los últimos tiempos la depreciación del peso en general ha sido mayor que los rendimientos que se puedan conseguir con inversiones en moneda local. No obstante, las limitaciones cambiarias actuales han volcado (a la fuerza) a muchas personas a ahorrar en instrumentos en pesos, y la reforma los beneficiaría.

Desde el punto de vista meramente tributario, creemos que la propuesta de reforma del inciso h) del art. 26) de la LIG va en el sendero correcto.

 

 TÍTULO II. IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES

ARTÍCULO 2°.- Incorpóranse, con aplicación a partir del período fiscal 2020 y siguientes, como incisos i), j) y k) al artículo 21 del Capítulo I del Título VI de la Ley Nº 23.966 de Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, los siguientes:

 

TEMA IMPUESTO SOBRE LO BIENES PERSONALES.  TEXTO VIGENTE Proyecto PE 16/10/2020.
 

 

EXENCIONES

 

Art. 21.- Estarán exentos del impuesto:
….
Art. 21.- Estarán exentos del impuesto:
….
i) Las obligaciones negociables emitidas en moneda nacional que cumplan con los requisitos del artículo 36 de la Ley N° 23.576 y sus modificatorias.j) Los instrumentos emitidos en moneda nacional destinados a fomentar la inversión productiva, que establezca el PODER EJECUTIVO NACIONAL, siempre que así lo disponga la norma que los regule.k) Las cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión comprendidos en el artículo 1° de la Ley N° 24.083 y sus modificatorias, y los certificados de participación y valores representativos de deuda fiduciaria de fideicomisos financieros constituidos en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación, que hubiesen sido colocados por oferta pública con autorización de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, y cuyo activo subyacente principal esté integrado, como mínimo, en un SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%), por los depósitos y bienes a los que se refieren los incisos g),h), i) y j) de este artículo.No se tendrá por cumplido el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) que menciona el primer párrafo de este inciso, si se produjera una modificación en la composición de los depósitos y bienes allí citados que los disminuyera por debajo de ese porcentaje, durante un período continuo o discontinuo de, como mínimo, TREINTA (30) días en un año calendario o el equivalente a la proporción de días considerando el momento de ingreso al patrimonio de las cuotapartes o certificados de participación o valores representativos de deuda fiduciaria hasta el 31 de diciembre.

 

Comentario: a las exenciones existentes en el Impuesto sobre los Bienes Personales, el proyecto de reforma propone incorporar la exención sobre la tenencia de los siguientes instrumentos:

  • (inciso i) obligaciones negociables, siempre que sean emitidas en moneda nacional y cumplan los requisitos estipulados por el art. 36 de la Ley 23.576 (Ley de Obligaciones Negociables): tengan oferta pública y los fondos obtenidos por la emisora sean destinados al desarrollo de sus negocios e inversiones (de acuerdo con un plan cuyo cumplimiento debe ser acreditado frente a la Comisión Nacional de Valores). Recordemos que la tenencia de títulos públicos ya está exenta por art. 21 inciso g) de la Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales;
  • (inciso j) aquellos instrumentos emitidos en moneda nacional destinados a fomentar la inversión productiva (que establezca el Poder Ejecutivo nacional y siempre que así lo disponga la norma que los regule); y
  • (inciso k) las cuotapartes de fondos comunes de inversión (FCI) y los certificados de fideicomisos financieros, colocados por oferta pública (CNV), y cuyo activo subyacente principal esté integrado como mínimo, en un 75%, por los depósitos y bienes mencionados en los incisos g), h), i) y j) del artículo 21, los cuales son:
  • títulos, bonos y demás títulos valores emitidos por el Estado nacional, las provincias, municipios y CABA (inciso g)
  • depósitos en pesos y en moneda extranjera (a plazos fijos, en caja de ahorro o en cuentas especiales de ahorro) efectuados en entidades financieras locales regidas por la Ley 21.526 (inciso h)
  • obligaciones negociables en pesos (inciso i)
  • los instrumentos destinados a fomentar la inversión productiva, ya comentados (inciso j)

Limitación en la exención del inciso k):  el porcentaje del 75% al que hace referencia el inciso k) no se tendrá por cumplido si se modificase la composición de los depósitos y/o bienes allí citados que los disminuyera por debajo del 75%  durante un período (continuo o discontinuo) de, como mínimo, 30 días durante el año calendario (o el equivalente a la proporción de días considerando el momento de ingreso al patrimonio de las cuotapartes o certificados de participación o valores representativos de deuda fiduciaria hasta el 31 de diciembre).

Ejemplos del inciso k) del art. 21:

  • si un FCI está compuesto sólo por títulos públicos nacionales (inciso g) y no varía su composición durante el año calendario, cualquier persona que adquiera/suscriba cuotapartes de dicho FCI verá exenta al 31/12 su tenencia en el Impuesto sobre los Bienes Personales (se cumple el porcentaje de al menos un 75% de composición del FCI en los instrumentos referenciados en el inciso k).
  • si otro FCI está compuesto todo el año en un 50% por acciones cotizantes en bolsa local y un 50% por obligaciones negociables en pesos, en este caso si una persona es titular de cuotapartes de este FCI no gozará de la exención del inciso k), ya que el FCI no estuvo compuesto en el año por un 75% de algunos de los instrumentos exentos de los incisos g), h), i) y j) del artículo 21.
  • en el caso de otro FCI que fue variando la composición de su cartera a lo largo del año, comprando y vendiendo diferentes instrumentos, algunos exentos (como bonos públicos) y otros no (como acciones), por lo cual en algunos momentos sus activos subyacentes eran un 80% títulos públicos y un 20% acciones cotizantes, y por otros un 60% de títulos públicos y un 40% de acciones, en ese caso, la persona que tenga en su poder cuotapartes de dicho FCI deberá evaluar (con información que proporcione oportunamente el FCI) si en el año calendario durante más de 335 días (o 336 si es año bisiesto) el FCI estuvo compuesto por más de un 75% por los mencionados activos exentos.

Cabe destacar que este mecanismo de cálculo del porcentaje requerido de activo subyacente principal es similar al existente en el Decreto Reglamentario del Impuesto a las Ganancias (artículo 247).

Aquí también se aprecia la intención de utilizar la herramienta tributaria para fomentar las inversiones en moneda nacional (por ejemplo, eximiendo a la tenencia de obligaciones negociables en pesos, hoy plenamente gravadas), y a su vez, en cierta medida, se corrige el sinsentido de eximir, por ejemplo, a los bonos públicos pero no hacerlo con la tenencia de cuotapartes de FCI que invierten en estos mismos instrumentos. De todas maneras, si bien es una buena medida tributaria, que corrige desajustes importantes, el impacto efectivo en las inversiones en pesos que puedan realizar las personas dependerá del contexto económico y de la constante pérdida de confianza en la moneda nacional.

 

ARTÍCULO 3°.- Sustitúyese, con aplicación a partir del período fiscal 2020 y siguientes, el primer párrafo del artículo 21 bis del Capítulo I del Título VI de la Ley Nº 23.966 de Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por los cuatro siguientes:

 

TEMA IMPUESTO SOBRE LO BIENES PERSONALES.  TEXTO VIGENTE Proyecto PE 16/10/2020.
 

 

EXENCIONES

 

Art. 21 bis.- La exención dispuesta para las obligaciones negociables en la ley 23.576 y sus modificaciones, no será de aplicación respecto del presente impuesto, cuando la adquisición o incorporación al patrimonio de los referidos bienes se hubiere verificado con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 24.468.

Art. 21 bis.- Tratándose de los sujetos mencionados en el inciso a) del artículo 17, si estos hubieran adquirido los bienes o efectuado los depósitos, a los que se refieren los incisos g), h), i), j) y k) del artículo 21, las exenciones allí dispuestas solo resultarán de aplicación en la medida en que dichos bienes o depósitos permanezcan en su patrimonio, como mínimo, el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de los días – contados en forma continua o discontinua- del año calendario correspondiente al período fiscal por el que se declaran.

 

La limitación señalada en el párrafo precedente no resultará de aplicación para aquellas adquisiciones o depósitos realizados dentro del plazo allí señalado pero que se hubieran efectuado con fondos y resultados derivados de esos mismos bienes o depósitos.

 

En caso de no cumplimentarse lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo, las exenciones allí mencionadas resultarán de aplicación solo si esos bienes o depósitos permanecen de forma continuada en ese mismo destino, al menos desde el 1º de diciembre del período fiscal de que se trata hasta el 31 de mayo del año siguiente, inclusive.

 

La moneda nacional depositada en instituciones comprendidas en el régimen establecido por la Ley N° 21.526 y sus modificaciones, en cajas de ahorro, correspondiente a los ingresos contemplados en el artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, y los obtenidos por los sujetos inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo), se encuentra exenta del impuesto sin que le resulten de aplicación las disposiciones de los párrafos precedentes.

Comentario: el proyecto de reforma propone reemplazar el texto del actual artículo 21 bis disponiendo, para las personas humanas (y sucesiones indivisas) residentes en el país (art. 17 inciso a de la Ley del Imp. sobre los Bienes Personales), una limitación a las exenciones por sus tenencias en los depósitos e instrumentos de los incisos g), h), i), j) y k) del artículo 21: estas exenciones solo resultarán de aplicación en la medida en que dichos depósitos e instrumentos permanezcan en su patrimonio como mínimo el 75% de los días (contados en forma continua o discontinua) del año calendario (unos 274 días, o 275 si es año bisiesto).

No se aplicará la limitación señalada en forma previa para aquellas adquisiciones o depósitos realizados dentro del plazo indicado (274 días) pero que se hubieran efectuado con fondos y resultados derivados de esos mismos bienes o depósitos. Es decir, se permite la rotación de la cartera de inversiones: por ejemplo, se puede tener durante 270 días bonos públicos exentos y luego venderlos el 15 de diciembre y colocar el dinero en un plazo fijo en un banco local, y de esta forma, ya que se superó el plazo total de 274 días, gozar de la exención del art. 21 por la tenencia del plazo fijo al 31 de diciembre.

 

En caso de no cumplimentarse lo mencionado en forma previa (la tenencia de los depósitos y bienes de los incisos g), h), i), j) y k) del art. 21 como mínimo durante 274 días), las exenciones mencionadas en dichos incisos sólo serán de aplicación si esos activos permanecen de forma continuada en ese mismo destino, al menos desde el 1º de diciembre del período fiscal de que se trata hasta el 31 de mayo del año siguiente, inclusive. Dicho de otra forma: si por ejemplo una persona es titular de bonos públicos cotizantes y detenta su titularidad por un plazo menor a 274 días en el año calendario, para ver si al 31 de diciembre su tenencia estará exenta, deberá cumplir con el requisito del tercer párrafo de este art. 21 bis: deberá poseer dichos títulos públicos en forma continuada (sin posibilidad de rotar la cartera de inversiones) desde el 1 de diciembre hasta el 31 de mayo siguiente (182 días).

 

Por último, el proyecto del nuevo artículo 21 bis, en su último párrafo dispone que la moneda nacional depositada en instituciones financieras locales (Ley N° 21.526), en cajas de ahorro, y correspondiente a los ingresos contemplados en el artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (ganancias de cuarta categoría, como por ejemplo, sueldos y jubilaciones), y los obtenidos monotributistas, se encuentra exenta del impuesto sin que le resulten de aplicación las disposiciones comentadas en forma precedente. De esta forma, de acuerdo con lo que también se comenta en los últimos párrafos de los Fundamentos que acompañan al proyecto de ley, se pretende no afectar los intereses de los pequeños ahorristas, aunque en esta exclusión solo se incluye a las cajas de ahorro y no, por ejemplo, a los plazos fijos.

 

De acuerdo con lo comentado en el párrafo previo, si por ejemplo un empleado en relación de dependencia posee depositado en su caja de ahorro dinero proveniente de su salario, dicha tenencia al 31 de diciembre estará exenta sin importar si se cumplen los plazos de tenencia de 274 o 182 días. Pero si además de ser empleado es responsable inscripto (RI) en el IVA por su profesión independiente, al 31 de diciembre deberá discernir qué porcentaje de su tenencia en caja de ahorro corresponde a su salario en relación de dependencia (que estará siempre exento) y cuál a su condición de RI (que estará exento sólo si cumple los plazos analizados).

 

Otro ejemplo sería un empleado en relación de dependencia que posee dinero (proveniente de su salario) depositado una parte en su caja de ahorro y otra parte colocada a plazo fijo: el dinero en la caja de ahorro estará exento al 31/12, mientras que el plazo fijo dependerá de si se cumplen o no los plazos ya analizados.

 

Independientemente de lo complejo y engorroso que será para el contribuyente y su contador tanto el cálculo de los plazos establecidos, como así también obtener la información sobre la composición de los FCI, o incluso determinar qué proporción de los depósitos en caja de ahorro se corresponden con ganancias de cuarta categoría o monotributo, la finalidad de las limitaciones temporales descriptas es darle fuerza de ley a la norma antielusión presente en el artículo 30 del Decreto Reglamentario de la Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales[2]. Se pretende evitar que algunos sujetos efectúen reordenamientos de su cartera de inversiones en los últimos días del año, procurando eludir el impuesto (“ahuecar la base imponible).

 

Dejando de lado las buenas intenciones del proyecto (fomentar el ahorro en pesos, al menos desde el punto de vista tributario), quizá sería conveniente disminuir los arbitrarios y quizá exagerados plazos exigidos de permanencia de las inversiones, para que esta limitación no se convierta en la práctica en una verdadera eliminación de las exenciones, junto con el consiguiente incremento de la presión fiscal.

 

TITULO III. VIGENCIA

 

ARTÍCULO 4°.- La presente ley comenzará a regir a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL

[1] Según lo dispuesto por el art. 108 de la LIG, a los sujetos que deban realizar el Ajuste por Inflación no gozarán de la exención del art. 26 inciso h).

[2] “Cuando las variaciones operadas durante el año calendario en los bienes sujetos al gravamen, hicieran presumir un propósito de evasión del tributo, la Dirección General Impositiva […] podrá disponer que, a los efectos de la determinación de éste, dichas variaciones se proporcionen en función del tiempo transcurrido desde que se operen estos hechos hasta el 31 de diciembre de cada año, ajustándose los importes establecidos siguiendo las normas de la ley y del presente decreto.”

 

Más info en “Una Bolsa de impuestos“.

Publicado en el CEAT (FCE-UBA) el 14/09/2020

Marcos Zocaro

(Para descargar en PDF: web del CEAT-Fac. de Cs. Económicas-UBA)

 

Abstract

El objetivo de este trabajo es analizar al posible marco impositivo de la actividad de minería de criptomonedas, siendo éste un artículo complementario de “El marco regulatorio de las criptomonedas en Argentina” (Marcos Zocaro – CEAT, 2020). En primer lugar, se describirá en forma sucinta las características de esta actividad, para luego poner el foco en los tres impuestos principales que la pueden afectar: Ganancias, IVA e Ingresos Brutos.

I. ¿Qué es la minería de criptomonedas?

A fines de 2008, un desconocido (y anónimo) Satoshi Nakamoto creó la primera criptomoneda (bitcoin), a la que pronto le siguieron cientos de competidores.

La base del funcionamiento de estos activos disruptivos es la criptografía (Rybnik, 2019) y la tecnología que lo materializa es la blockchain o cadena de bloques.

Tal como ya se ha explicado (Zocaro, 2020), la blockchain “se trata de una enorme base de datos almacenada en forma virtual y donde ciertos usuarios del sistema tienen una copia actualizada y totalmente sincronizada en su computadora. Se puede pensar como un libro de contabilidad digital, cuyas hojas o registros individuales de información (bloques) pasan a formar parte del libro (cadena de bloques) luego de obtener la aprobación del resto de los usuarios del sistema. Y cada bloque nuevo tiene una identificación numérica, equivalente a una firma digital, que lo hace correlativo al bloque anterior”.

Se puede imaginar también como un gran libro electrónico de actas donde se registran operaciones o sucesos, pero en lugar de existir un escribano que certifique estas actas una a una, esta validación la efectúan ciertos usuarios del sistema (mineros), sin necesidad de agentes externos o intermediarios y gracias al uso de la criptografía. Y una vez plasmada en la blockchain, la información no puede ser borrada ni modificada”.

¿Y cómo es utilizada esta cadena de bloques en el funcionamiento de las principales criptomonedas? Estos activos son registros en la blockchain; es decir, un bitcoin, por ejemplo, no es un archivo digital (ni un activo tangible) que se transfiere de un sujeto a otro, sino que, simplemente, es un asiento contable grabado en la blockchain.

En este punto será útil un ejemplo simple que ilustre el concepto. En primer lugar, suponemos que una persona X le envía 5 bitcoins a otra persona A. El “envío” no es más que una registración en la blockchain donde queda plasmado que X le cede 5 bitcoins a A. Luego, A le “entrega” 3 bitcoin a B (nuevamente, esto representa otra registración en la cadena de bloques o “libro de actas”); posteriormente B le da 2 bitcoins a C, y este último le envía 1 bitcoin a A.

Gráficamente:

 

Figura 1.

O sea, para ver cuántos bitcoins “posee” cada persona, se debe estimar el saldo en el “registro contable”. Es decir: A tendrá 3 bitcoins, y B y C tendrán 1 bitcoin cada uno.

Aclarados estos conceptos básicos sobre qué son las criptomonedas, centrémonos en la minería y en los mineros, responsables de verificar e incorporar en al blockchain todas estas “transacciones”.

Es importante aclarar que la minería de criptomonedas no se trata de descubrir nuevas criptomonedas, sino que se denomina así a los procesos que los mineros llevan a cabo para validar las ya comentadas transacciones. Y no todos los usuarios de criptomonedas serán mineros, sino sólo aquellos que han decidido invertir en equipos informáticos para llevar a cabo dicha actividad, buscando obtener cierta rentabilidad.

Sin profundizar en cuestiones técnicas, el funcionamiento de la minería se puede describir de la siguiente manera: gracias a internet, el minero (persona humana o empresa) conecta determinado tipo de hardware a la red y se descarga el correspondiente software, conformando así un “nodo”[1]; y en forma automática (sin mayor intervención humana) el equipo informático competirá contra otros mineros intentando descifrar ciertos algoritmos[2] (“acertijos” matemáticos). El primero que logre resolver el algoritmo, se le permitirá anexar un nuevo bloque con información a la blockchain y recibir, como “recompensa”, nuevas criptomonedas. Y así es como se “generan” nuevas unidades de estos activos.[3]

En la red de bitcoin, por ejemplo, se crea un nuevo bloque cada 10 minutos, aproximadamente (y cada bloque contiene muchas transacciones). Y como recompensa el minero que logra incorporar ese bloque a la cadena obtiene 6,25 bitcoins[4].

Para conseguir semejantes ganancias por minería, se requiere mucha inversión en equipos y un elevado consumo eléctrico, por lo que hoy en día (al menos en la red Bitcoin) los mineros pueden llegar a ser, incluso, grandes empresas destinadas a tal fin.

Para finalizar con esta sucinta descripción de la actividad minera, también debe mencionarse la existencia de empresas que se dedican al alquiler del poder de minado (poder de hash): en lugar de adquirir costosos equipos informáticos y solventar un elevado consumo energético, una persona puede “alquilar” el servicio a un tercero que sí posee la infraestructura adecuada[5]. Esto se conoce como cloud mining o minería en la nube: mediante el pago de un canon, la persona tiene derecho a participar, en un determinado porcentaje, de las ganancias (criptomonedas) obtenidas por una empresa de minería o un pool de mineros[6].

II. Tratamiento impositivo

II.a. Impuesto a las Ganancias

A los efectos de analizar el impacto del Impuesto a las Ganancias sobre la actividad de minería de criptomonedas, en primer lugar, debemos considerar quién lleva adelante la actividad (una persona humana o una jurídica); y en segundo lugar cómo lo lleva a cabo (por cuenta propia o mediante el alquiler del servicio a un tercero (cloud mining)).

Y a su vez existirán dos momentos a evaluar: por un lado, el minado propiamente dicho y, por el otro, la posterior enajenación de las criptomonedas minadas.

Antes de iniciar el análisis, es importante destacar que se considerará a la actividad minera como un servicio, es decir, como la “prestación del servicio de verificación de las transacciones” a la red de blockchain de que se trate (por ejemplo, Bitcoin). Dejando asentado el criterio a utilizar a continuación, vale aclarar que otra posibilidad podría ser calificar a la minería de criptomonedas no ya como un servicio, sino como un proceso de “creación” de un bien inmaterial (ya que gracias al minado se obtienen criptomonedas, las cuales son “creadas”); aunque hoy esta postura no tiene muchos adeptos.

 

Persona jurídica que efectúa la actividad por cuenta propia

Si estamos frente a una persona jurídica que realiza la actividad por cuenta propia, tanto el minado como la enajenación de la criptomoneda estará alcanzada a la alícuota societaria del art. 73 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (LIG): 30% para los ejercicios iniciados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2020, y del 25% para los ejercicios que se inicien a partir del año 2021.

En el caso del minado, la fuente de la ganancia será argentina si la actividad se realiza en territorio nacional (art. 5 de la LIG[7]). Mientras que, en el caso de la posterior venta de las criptomonedas[8] obtenidas mediante el minado, estamos frente a la encrucijada doctrinaria de considerarlo de fuente argentina o extranjera (art. 7 de la LIG).

El citado artículo 7 establece que las ganancias por enajenación de monedas digitales serán de fuente argentina si el emisor se encuentra domiciliado, establecido o radicado en el país. Pero, ¿cómo se determina la fuente en el caso de operaciones con monedas digitales si la mayoría no posee un emisor centralizado? (Zocaro, 2020)

Retornado al minado, para determinar la ganancia neta, las criptomonedas obtenidas como “retribución” por los servicios prestados a la red se valuarán al valor de plaza a la fecha de ingreso (expresado en moneda nacional)[9], y contra esto la empresa podrá computarse todos los gastos necesarios para “obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto” (art. 83 de la LIG), entre los cuales se pueden incluir los gastos de energía eléctrica, amortizaciones de equipos, sueldos de personal, entre otros.

Aquí el inconveniente radica en cómo determinar correctamente el valor de mercado de la criptomoneda (bitcoin, por ejemplo), cuando no existe ni en Argentina ni en el mundo un mercado transparente, siendo la dispersión de precios un rasgo distintivo de estos criptoactivos.

 

Persona jurídica que ofrece el servicio de minado a terceros

Una empresa local que cuenta con los equipos informáticos y sólo alquila el poder de minado a terceros (depositando las criptomonedas “minadas” directamente en la billetera de su cliente), a cambio de una tarifa (fija o variable) tributará el Impuesto a las Ganancias (fuente argentina) por el cobro de dicha suma.

 

Persona humana que efectúa la actividad por cuenta propia

Si la persona humana decide invertir en equipos informáticos, softwares y demás elementos necesarios para llevar a cabo la actividad de minado, conformando así una explotación unipersonal[10], verá gravadas sus ganancias por la obtención de las criptomonedas correspondientes, producto del “servicio” que (mediante el minado) le brinda a la red (art. 2 apartado 2 de la LIG). Si la actividad la realiza desde suelo argentino, la ganancia será de fuente argentina (Art. 5 de la LIG).

La posterior enajenación de las criptomonedas a un tercero también será ganancia gravada en cabeza de la explotación unipersonal.

Las ganancias totales alcanzadas por la explotación unipersonal serán asignadas en cabeza de la persona humana titular de la explotación (art. 54 de la LIG), y tributarán junto con la mayoría de las restantes ganancias de la persona humana por la escala del art. 94 de la LIG (que puede llegar a una alícuota del 35%).

 

Persona humana que contrata el servicio de minado a un tercero

En este caso, la persona humana alquila el poder de minado a un tercero, obteniendo como “beneficio” una cierta cantidad de criptomonedas. ¿Podría asemejarse este acto a una simple compra de criptomonedas?

¿O debería interpretarse como la “tercerización” de la obtención de criptomonedas (tercerización del minado) dentro de una “organización comercial” destinada a la posterior venta de estos activos? Dando por válida esta hipótesis, al estar frente a una explotación unipersonal, la situación sería similar a la analizada para la persona humana que realiza la actividad de minado por cuenta propia (aquí, en vez de minar con sus propios equipos e infraestructura, simplemente “contrata” ese servicio a un tercero).

¿O se estaría frente a rentas de segunda categoría, obtenidas por la persona humana (no por una explotación unipersonal), producto de una colocación de capital? En este caso, en principio, no encuadraría, ya que se está “alquilando”, contratando, el poder de minado, y no se está, por ejemplo, frente a un “préstamo” de dinero.

Ante esta situación bastante particular, y aunque todo indicaría que se está frente a ganancias de tercera categoría, sería recomendable, de todas formas, la respectiva aclaración normativa.

 

Persona jurídica que contrata el servicio de minado a un tercero

En esta situación, todo el beneficio obtenido será renta de tercera categoría y tributará a la alícuota societaria vigente.

 

II.b. Impuesto al Valor Agregado

Frente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) tenemos dos situaciones principales.

Por un lado, se encuentran las empresas que prestan el servicio de alquiler del poder de minado, a cambio de una comisión o tarifa: tributarán el IVA sobre dicho monto, y prácticamente no habría problemas interpretativos.

Por otro lado, la situación más común es la de aquellos mineros que efectúan la actividad por cuenta propia. Aquí es donde se pueden presentar dudas importantes que hacen al correcto encuadre de la actividad de minería.

La minería (entendida como el “servicio” prestado a la red) podría definirse como una actividad alcanzada por el IVA, ya que cumple con los elementos tipificantes del impuesto: los aspecto objetivo y espacial (art. 1 inciso b) de la Ley: “Las obras, locaciones y prestaciones de servicios incluidas en el artículo 3°, realizadas en el territorio de la Nación….”), y el aspecto subjetivo (art. 4 inciso e) de la Ley: sujetos que “presten servicios gravados”).

Y la minería sería un servicio incluido en el art. 3 de la Ley. En dicho artículo se enumeran en forma taxativa ciertas obras, locaciones y prestaciones de servicio, desde el inciso a) al inciso e) punto 20). Luego, en el inciso e) punto 21) se incluyen a las restantes locaciones y prestaciones, siempre que cumplan con dos condiciones: se realicen sin relación de dependencia y a título oneroso. De esta forma, este último punto abarca a todas las restantes locaciones y prestaciones de servicio, sin importar si son nombradas taxativamente en el artículo 3. Y la minería cumple con el requisito de ser ejercida sin relación de dependencia y a título oneroso.

Sólo a modo ejemplificativo (no taxativo), el artículo 3) inciso e) apartado 21) indica otros servicios alcanzados, entre los cuales menciona en el apartado 21) subapartado m) a los servicios digitales:

“Se consideran servicios digitales, cualquiera sea el dispositivo utilizado para su descarga, visualización o utilización, aquellos llevados a cabo a través de la red Internet o de cualquier adaptación o aplicación de los protocolos, plataformas o de la tecnología utilizada por Internet u otra red a través de la que se presten servicios equivalentes que, por su naturaleza, estén básicamente automatizados y requieran una intervención humana mínima, comprendiendo, entre otros, los siguientes…”

 

Y en el punto 6) de ese subapartado cita a los “servicios de software, incluyendo, entre otros, los servicios de software prestados en Internet (“software como servicio” o “SaaS”) a través de descargas basadas en la nube”. Y en el punto 8) a “La puesta a disposición de bases de datos y cualquier servicio generado automáticamente desde un ordenador, a través de Internet o de una red electrónica, en respuesta a una introducción de datos específicos efectuada por el cliente”.

¿Podría encuadrar la minería como servicio de software? ¿O incluso como el servicio de base de datos del punto 8)? Independientemente de si puede o no calificar como tal, por lo comentado en forma previa, la minería será un servicio gravado ya que se ejecuta sin relación de dependencia y a título oneroso.

Por otro lado, al concretar la actividad de minado, ¿se estaría frente a una exportación de servicio? Por ejemplo, en Bitcoin, ¿dónde estaría situada la red blockchain a la cual el minero le está “prestando el servicio”?

Por las peculiares características de esta blockchain, resulta imposible definir una ubicación particular de la red, ya que justamente está distribuida por todo el mundo. Entonces, ¿dónde se considera que es utilizado económicamente el servicio prestado? (Art. 1 inciso b) de la Ley).

En caso de definir a la actividad como una exportación, la alícuota a la cual quedaría alcanzada en IVA sería del 0%, permitiendo el cómputo del crédito fiscal vinculado.[11]

Por último, la posterior venta de las criptomonedas minadas, no estará alcanzada en el IVA (Zocaro, 2020).

 

II.c. Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo)

Siempre y cuando la actividad de minado sea llevada adelante por una persona humana, se podrá adherir al Régimen Simplificado si no supera los parámetros establecidos: en esta actividad, por obvios motivos, los parámetros principales a controlar serán los ingresos y la energía consumida.

Las sociedades de personas o cualquier persona jurídica tienen vedada la posibilidad de optar por el monotributo, cualquiera sea la actividad realizada.

Por último, con relación a la enajenación de las criptomonedas minadas, no se podrán incluir los respectivos ingresos en el monotributo en ningún caso (Zocaro, 2020) y tributará el Impuesto a las Ganancias (régimen general o cedular, dependiendo la fuente del beneficio).

 

II.d. Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Este impuesto provincial grava el ejercicio habitual y a título oneroso del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, obras y servicios, o de cualquier otra actividad a título oneroso -lucrativo o no- cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste (persona humana, empresa, cooperativa, etc).

Los elementos centrales del tributo son: habitualidad, onerosidad y el elemento espacial.

En el caso de la minería de criptomonedas, llevada a cabo desde territorio de cualquiera de las provincias argentinas, en forma directa por una persona humana o empresa, se cumplirían los tres requisitos: la actividad se realiza en forma habitual, no esporádica; a título oneroso, no gratuito, ya que a cambio se reciben criptomonedas; y, por último, se realiza en suelo provincial.

Pero, la actividad de minería de criptomonedas ¿configuraría una exportación de servicio? ¿Dónde se encuentra ubicada la “red” que recibe el servicio? Si se considerase como exportación, según el Código Fiscal de la provincia en la cual se esté desarrollando la actividad, la minería se encontrará gravada pero exenta o directamente no gravada en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Situación similar a la estudiada previamente con el IVA.

Por último, para un análisis del encuadre tributario de la posterior enajenación de las criptomonedas minadas, se recomienda nuevamente la lectura del trabajo “El marco regulatorio de las criptomonedas en Argentina” (Zocaro, 2020).

 

III. Palabras finales

Al igual que sucede con el marco tributario de la compraventa de criptomonedas, en lo concerniente a la minería de estos activos, al ser una actividad bastante reciente, también sería necesario que se brindaran algunas precisiones sobre su tratamiento impositivo.

Por ejemplo, de acuerdo con el correcto encuadre tributario que se le dé a la actividad de minería de criptomonedas (incluyendo su vinculación con un determinado nomenclador de actividades económicas), ésta podrá gozar de los beneficios de algunas leyes de promoción. Un claro ejemplo es la Ley de Economía del Conocimiento (que, si bien fue aprobada en el año 2019, durante mediados de este 2020 se está discutiendo su reforma): si la empresa que se dedica a la minería pudiera acceder a este régimen de promoción vería, entre otros aspectos favorables, una reducción de la alícuota societaria en Ganancias y la exclusión del régimen de retenciones del IVA.

Se advierte, de esta manera, la importancia de un correcto encuadre tributario de la actividad de minería de criptomonedas.

 

IV. Bibliografía

Nakamoto, Satoshi (2008). Bitcoin: un sistema de dinero en efectivo electrónico peerto-peer. (https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_es.pdf).

Rybnik, Daniel (2019). Una aproximación a la tributación de las criptomonedas (Capítulo 18), en Tributación de la economía digital (Braccia, Mariano). Editorial La Ley. 2019.

Zocaro, Marcos (2020). El marco regulatorio de las criptomonedas en Argentina. CEAT (FCE-UBA). Julio 2020. (http://www.economicas.uba.ar/wp-content/uploads/2020/07/El-marco-regulatorio-de-las-criptomonedas-en-Argentina.pdf)

Zocaro, Marcos (2020). Una Bolsa de impuestos. Editorial Buyatti. Julio 2020.

 

 

[1] Dependiendo de la red blockchain de que se trate, pueden existir diferentes tipos de nodos.

[2] Existen principalmente dos tipos de algoritmos: el algoritmo de prueba de participación (PoS) y el de prueba de trabajo (PoW). La red de bitcoin se basa en PoW.

[3] Para ampliar: https://www.bitcoinmining.com/es/

[4] En Bitcoin, esta recompensa se reduce un 50% cada 210.000 bloques creados, y cuando sucede esto (cada 4 años, aproximadamente) se habla de un “halving”; el último sucedió en mayo 2020. Asimismo, para que cada transacción de bitcoin sea procesada, el usuario abona un “fee” o comisión. En el resto de las blockchain sucede algo similar (en Ethereum, por ejemplo, esa comisión se denomina “gas”).

[5] Muchas empresas conforman grandes estructuras de minado y reciben el nombre de “granjas”. Por lo general se ubican en zonas frías y donde el costo de la electricidad no es elevado. La mayoría están en China. (Ver: https://eleconomista.com.ar/2019-12-mineros-chinos-ya-son-mayoria/)

[6] Existen varios tipos de cloud mining. Aquí se considerará sólo la variante más conocida que es la de “alquiler” del poder de minado, es decir, la persona no alquila los equipos informáticos a un tercero, sino que simplemente obtiene de ese tercero (a cambio de una tarifa determinada) una cierta cantidad de “poder de hash” (gracias a la cual la persona irá recibiendo criptomonedas como si ella misma estuviese minando).

[7] “…son ganancias de fuente argentina aquellas que provienen de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la República, de la realización en el territorio de la Nación de cualquier acto o actividad susceptible de producir beneficios, o de hechos ocurridos dentro del límite de la misma, sin tener en cuenta nacionalidad, domicilio o residencia del titular o de las partes que intervengan en las operaciones, ni el lugar de celebración de los contratos.”

[8] Es importante resaltar que, según lo establece el último párrafo del art. 56 de la LIG, las “monedas digitales” no son consideradas Bienes de cambio.

[9] Artículo 110 de la Ley 11.683

[10] Dictamen 7/1980 (AFIP) y Pregunta Frecuente (AFIP) ID 4581596 (29/01/2007). A los efectos fiscales, se considera empresa a toda “Organización industrial, comercial, financiera, de servicios, profesional, agropecuaria o de cualquier otra índole que, generada para el ejercicio habitual de una actividad económica basada en la producción, extracción o cambio de bienes o en la prestación de servicios, utiliza como elemento fundamental para el cumplimiento de dicho fin la inversión del capital y/o el aporte de mano de obra, asumiendo en la obtención del beneficio el riesgo propio de la actividad que desarrolla”.

[11] Si no calificase como exportación, habría que analizar cómo considerar “a la red” receptora del servicio: ¿al no ser un sujeto determinado, se asemejaría a un consumidor final? O, al contrario de lo que se sostuvo en forma previa, ¿sería una actividad no gravada y, por lo tanto, no cabría la posibilidad de computar el respectivo crédito fiscal? A modo comparativo, es interesante la opinión del Fisco español sobre la actividad de minado de criptomonedas frente al IVA (Consultas Vinculantes V1274/2020 y V3625/2016): “…en la actividad de minado no puede identificarse un destinatario o cliente efectivo de la misma, en la medida que los nuevos bitcoins son automáticamente generados por la red. En consecuencia, la falta de una relación directa entre el servicio prestado y la contraprestación recibida en los términos señalados los servicios de minado objeto de consulta no estarán sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido.”.